María Teresa Zavala Santos

Expediente 241/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
241/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • María Teresa Zavala Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, doce de noviembre de dos mil veinte. Vista de la certificación de esta fecha, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar a que las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que el sentido de la sentencia no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, doce de noviembre de dos mil veinte. Vista de la certificación de esta fecha, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar a que las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que el sentido de la sentencia no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  3. Principal

    .En Córdoba, Veracruz, a las diez horas con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 241/2020, promovido por. con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, quien actúa con la licenciada. secretaria de la Sección de Amparo que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Acto seguido, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: Demanda de amparo presentado por. e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio. Se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas en este juicio. A lo que la Jueza acuerda: Toda vez que no existen pruebas ofrecidas por las partes procédase a la conclusión del presente periodo. Abierto el período de alegatos. Se hace constar que la partes, no formularon alegatos en el juicio en que se actúa, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 241/2020, promovido por. contra actos reclamados del 1. Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de mayo de dos mil veinte, en este órgano jurisdiccional. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados del 1. Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades, señalando como actos reclamados los siguientes. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda en auto de ocho de mayo de dos mil veinte, en sus términos, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante proveídos de ocho de julio y veintidós de septiembre del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las autoridades 11. Titular de la Unidad Integral Córdoba, Veracruz; 18. Titular de la Policía Ministerial destacamento Córdoba, Veracruz; 22. Titular de la Policía Ministerial, con sede en Córdoba, Veracruz; 7. Titular de la Fiscalía Regional Zona Norte Poza Rica, Veracruz; 12. Titular de la Unidad Integral Orizaba, Veracruz; 13. Titular de la Unidad Integral Zongolica, Veracruz y 14. Titular de la Sub Unidad Nogales, Veracruz, por lo que la presente determinación no se ocupará de ellas. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. en razón de que el acto reclamado, de ser cierto, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en La orden de aprehensión y/o detención y/o búsqueda y/o presentación y/o arresto, y su ejecución. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional... TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El 1. Fiscal General del Estado; 2. Fiscal de Investigaciones Ministeriales y 3. Fiscal Regional de la Zona Centro-Xalapa, los tres con sede en Xalapa, Veracruz; 4. Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Regional Zona Centro-Veracruz, en Veracruz; 5. Fiscal Regional de Justicia Zona Centro- Cosamaloapan, en Cosamaloapan, Veracruz; 6. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro-Córdoba, Veracruz; 8. Fiscal Regional Zona Norte, con sede en Tantoyuca, Veracruz; 9. Encargado del Despacho de la Fiscalía Regional Zona Norte, con sede en Tuxpan, Veracruz; 10. Fiscal Regional Zona Sur, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz; 16., 15. y 17. licenciado Juan Alberto Alba Pérez, por sí y en representación de los licenciados. Jueces de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento el Juzgado Penal de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; 19. y 21. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives en Orizaba, Veracruz, y 20. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Ciudad Mendoza, Veracruz; al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve. R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, seis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por el 1. Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe y como delegados a los profesionistas que menciona, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.

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