Maria Teresa Valenzuela Franco

Expediente 268/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
268/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Maria Teresa Valenzuela Franco

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta procedente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, mediante el cual comunica que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo 268/2019-3A, promovido por MARÍA TERESA VALENZUELA FRANCO, el cual quedó bajo registrado con el número 186/2019-V-B; lo anterior, para los efectos legales conducentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. RADICACIÓN Vista la demanda inicial formulada por MARIA TERESA VALENZUELA FRANCO, en contra de las autoridades responsables precisadas en la misma, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 268/2019-3A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. INCOMPETENCIA Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra las actuaciones dentro del expediente laboral 94/2007, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, específicamente contra orden de otorgamiento de escritura de adjudicación, así como la entrega del bien inmueble rematado en su cincuenta por ciento, identificado como lote 2, manzana 8, ubicado en la Colonia Fraccionamiento Chapultepec II, Poligono 1, del Municipio de Ensenada, Baja California, con superficie de 792.43 M2, y clave catastral ET-008-002, con folio real 643214. Ahora, tomando en consideración lo anterior, es oportuno verificar la competencia objetiva del Órgano Jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ésta constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 37, de la ley de amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la interpretación literal del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo sometidos a su consideración; reglas que se puntualizan a continuación: Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda; y, Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Con base en lo anterior, y en atención a las reglas que para la fijación de la competencia prevé el artículo citado, se advierte que es la ejecución material del acto reclamado la originadora de la competencia jurisdiccional en el amparo, ya que si se trata de un acto que requiere ejecución material, entonces, se atenderá a la primera parte de dicho artículo dándose competencia al Juez de Distrito del lugar donde resida la autoridad responsable ejecutora. Acorde a lo anteriormente expuesto, y a fin de procurar la pronta impartición de justicia a que se refiere el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional considera que conforme al numeral 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del trámite del juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, en turno, pues en su jurisdicción reside el juez que conoce del juicio laboral 94/2007, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Ensenada, Baja California, aunado a que en dicha ciudad tendrá verificativo la orden de otorgamiento de escritura de adjudicación, así como la entrega del bien inmueble rematado en su cincuenta por ciento, identificado como lote 2, manzana 8, ubicado en la Colonia Fraccionamiento Chapultepec II, Poligono 1, del Municipio de Ensenada, Baja California, con superficie de 792.43 M2, y clave catastral ET-008-002, con folio real 643214. Luego, partiendo de que el acto reclamado deriva de la prosecución de un juicio laboral substanciado en la ciudad de Ensenada, Baja California; aunado a que tanto los actos reclamados, como los que deriven del amparo requieren de una ejecución material, por lo que se estima que el Juez legalmente competente para conocer del amparo que se interpone será el del lugar en donde reside la Junta que conoce del litigio de origen. En efecto, conforme a lo enunciado, el acto reclamado impacta en un proceso laboral que tiene tramitación en Ensenada, Baja California, esto es, la ejecución material de los actos en dicho juicio se materializa, precisamente, en el lugar de residencia de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ensenada, Baja California; por lo que, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra algún acto resultante de dicho procedimiento laboral se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad responsable. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.192/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En tal virtud, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de la materia, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo cual, se ordena remitir la presente demanda y siete copias que anexó la parte quejosa al Juez de Distrito en turno con sede en Ensenada, Baja California, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en aquella ciudad; previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes, seguro de reprocidad en casos análogos.

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