María Teresa Valderrama Herrera
Expediente 1943/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1943/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/02/2019
Partes del expediente
- María Teresa Valderrama Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
** Tepic, Nayarit, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena (fojas 151 a 153), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintidós de enero de la presente anualidad (foja 154), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 103 a la 122), se determinó sobreseer y conceder a la quejosa María Teresa Valderrama Herrera, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los numerales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $8,926.80 (ocho mil novecientos veintiséis pesos 80/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. ** De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinal 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $8,926.80 (ocho mil novecientos veintiséis pesos 80/100 moneda nacional), restándole la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de cuota fija mínima, así como la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de "derechos de inscripción de crédito hipotecario hasta 25 V.S.M.", por no haberla reclamado en esta instancias constitucional; asimismo, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/275/2019 de siete de enero de la presente anualidad, presentado en la oficialía de partes de este juzgado, el veintiuno de enero siguiente (fojas 151 a 153), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el oficio en cita, insertó cheque de dieciséis de enero del año en curso, a nombre de la parte quejosa María Teresa Valderrama Herrera y del que se advierte que devolvió la cantidad de $8,517.58 (ocho mil quinientos diecisiete pesos 58/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de cuota fija mínima, así como la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de "derechos de inscripción de crédito hipotecario hasta 25 V.S.M.", por no haberla reclamado en esta instancias constitucional. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de 8.366.80 (ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 80/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el siete de septiembre de dos mil dieciocho y el diecisiete de enero de este año, se entregó el cheque generado a favor de la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil dieciocho a diciembre de ese año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto del año pasado entre el índice para el mes de diciembre de esa anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492; y para el mes de diciembre de esa anualidad fue de 103.020. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02515. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $8,577.22 (ocho mil quinientos setenta y siete pesos 22/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $210.42 (doscientos diez pesos 42/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió al quejoso la cantidad $8,517.58 (ocho mil quinientos diecisiete pesos 58/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $8,577.22 (ocho mil quinientos setenta y siete pesos 22/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $8,517.58 (ocho mil quinientos diecisiete pesos 58/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $59.64 (cincuenta y nueve pesos con 64/100 moneda nacional); pues la parte quejosa no realizó manifestación alguna sobre el faltante que tenía que devolver la autoridad con motivo de la vista otorgada por auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve; por ende, respecto del numerario faltante de $59.64 (cincuenta y nueve pesos con 64/100 moneda nacional); dígasele a la parte quejosa que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer a través del recurso de inconformidad en contra de la presente determinación conforme lo dispuesto al artículo 201 de la Ley de Amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
** Tepic, Nayarit, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena (fojas 151 a 153), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintidós de enero de la presente anualidad (foja 154), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el seis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 103 a la 122), se determinó sobreseer y conceder a la quejosa María Teresa Valderrama Herrera, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los numerales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $8,926.80 (ocho mil novecientos veintiséis pesos 80/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. ** De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinal 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $8,926.80 (ocho mil novecientos veintiséis pesos 80/100 moneda nacional), restándole la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de cuota fija mínima, así como la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de "derechos de inscripción de crédito hipotecario hasta 25 V.S.M.", por no haberla reclamado en esta instancias constitucional; asimismo, el referido monto debía ser actualizado. Luego, a través del oficio DJC/275/2019 de siete de enero de la presente anualidad, presentado en la oficialía de partes de este juzgado, el veintiuno de enero siguiente (fojas 151 a 153), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada Karla Marvelly Gudiño Dena, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el oficio en cita, insertó cheque de dieciséis de enero del año en curso, a nombre de la parte quejosa María Teresa Valderrama Herrera y del que se advierte que devolvió la cantidad de $8,517.58 (ocho mil quinientos diecisiete pesos 58/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la citada autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el cobro de cuota fija mínima, así como la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de "derechos de inscripción de crédito hipotecario hasta 25 V.S.M.", por no haberla reclamado en esta instancias constitucional. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de 8.366.80 (ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 80/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el siete de septiembre de dos mil dieciocho y el diecisiete de enero de este año, se entregó el cheque generado a favor de la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil dieciocho a diciembre de ese año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto del año pasado entre el índice para el mes de diciembre de esa anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492; y para el mes de diciembre de esa anualidad fue de 103.020. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02515. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $8,577.22 (ocho mil quinientos setenta y siete pesos 22/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $210.42 (doscientos diez pesos 42/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable devolvió al quejoso la cantidad $8,517.58 (ocho mil quinientos diecisiete pesos 58/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Sin que pase inadvertido, que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $8,577.22 (ocho mil quinientos setenta y siete pesos 22/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $8,517.58 (ocho mil quinientos diecisiete pesos 58/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $59.64 (cincuenta y nueve pesos con 64/100 moneda nacional); pues la parte quejosa no realizó manifestación alguna sobre el faltante que tenía que devolver la autoridad con motivo de la vista otorgada por auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve; por ende, respecto del numerario faltante de $59.64 (cincuenta y nueve pesos con 64/100 moneda nacional); dígasele a la parte quejosa que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer a través del recurso de inconformidad en contra de la presente determinación conforme lo dispuesto al artículo 201 de la Ley de Amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, como está ordenado en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 2025), remítase copia certificada de las actuaciones del presente juicio que se estimen convenientes, así como el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables denominadas Presidente, Sindico, Secretaria General, Tesorero Municipal y Jefe del Departamento de Catastro, todos adscritos al Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, contra la interlocutoria emitida el trece de diciembre de la anualidad anterior (fojas 1991 a 2005). CÚMPLASE.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
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