María Teresa Tapia Mendez
Expediente 543/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2021
Partes del expediente
- María Teresa Tapia Mendez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla quince de junio de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración los anexos que fueron remitidos por las autoridades en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución de lo siguiente: Al Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *** de su índice (I tomo). Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 26 DE MAYO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Quejosa no desahoga prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante acuerdo del veintinueve de abril de dos mil veintiuno se requirió a la quejosa para que en el plazo de cinco días realizara lo siguiente: "1) De forma, clara, concreta y evitando calificativos precise el acto reclamado, esto es, si controvierte la falta o el emplazamiento que se le efectuó en el juicio ejecutivo mercantil 705/2018 y, como consecuencia, todo lo actuado, o bien, reclama alguna actuación en específico, en cuyo caso deberá precisar exactamente cuál es. 2) Bajo protesta de decir verdad aclare la fecha en que conoció de los actos reclamados, en el entendido de que si no es su intención controvertir el llamamiento a juicio, sino actuaciones específicas deberá detallar cuando conoció de cada una de ellas, para lo cual deberá considerar que expuso que el cinco de abril de dos mil veintiuno únicamente conoció del requerimiento de entrega de un inmueble. 3) Con esa misma protesta, informe si atendió personalmente la diligencia de requerimiento de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento y, por ende, en ese momento se enteró de la existencia del juicio ejecutivo mercantil 705/2018. 4) Igualmente, bajo protesta de decir verdad narre lo sucedido en el aludido expediente, especificando la etapa procesal en que se encuentra, informando qué se resolvió en sentencia definitiva y detallando la cantidad liquida que se cuantificó en el incidente de liquidación. 5) Exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes; conforme lo establece el artículo 110 de la Ley de Amparo, que en el caso serían seis copias." Posteriormente, mediante escrito presentado el siete de mayo del presente año la quejosa desahogó parcialmente la prevención, pues en el acuerdo del once del mismo mes y año se detalló que cumplió con los incisos 2), 3) 4) y 5), toda vez que especificó la fecha en que conoció del juicio ejecutivo mercantil 705/2018, aclaró que entendió personalmente la diligencia de emplazamiento que se le realizó en ese procedimiento, precisó la etapa procesal exacta en que se encontraba el juicio, informó la cantidad liquida a la que se le condenó y exhibió copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y aperturar el incidente de suspensión. Sin embargo, omitió cumplir cabalmente con lo requerido en el inciso 1), pues si bien expresó ". que el acto reclamado consiste en: el emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil número 705/2018 y como consecuencia dentro del mismo juicio", lo cierto es que al desahogar el inciso 2) de la prevención hizo manifestaciones en torno a que a partir de octubre de dos mil veinte ya no se le notificó cuestión alguna y que fue hasta el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno que revisó el expediente y se enteró que se había rematado un inmueble de su propiedad. En consecuencia, se le requirió nuevamente para que aclarara el acto o actos que reclamaba, en específico: "De forma clara y concreta precise el acto que reclama, esto es, si únicamente controvierte el emplazamiento que se le efectuó en el juicio ejecutivo mercantil 705/2018 y, como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad (lo que incluiría la liquidación de sentencia y el procedimiento de remate), o bien, si también pretende reclamar de forma destacada e independiente el auto que decretó la adjudicación del inmueble embargado en dicho procedimiento, y en vía de conceptos de violación las violaciones que estima que ocurrieron durante el procedimiento de remate, como lo es que no se le notificó cuestión alguna desde octubre de dos mil veinte. En el entendido de que es importante que la justiciable se concrete a precisar los actos reclamados evitando el uso de calificativos o introduciendo conceptos de violación que únicamente generen confusión. (.)." Asimismo, se le apercibió que de no cumplir con lo anterior únicamente se le tendría reclamado el emplazamiento que se le realizó en el juicio mercantil de origen y, como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad, y se le comunicó que le restaba íntegramente su plazo de cinco días para cumplir en su totalidad la prevención. Sin embargo, como se ha puesto de relieve con la certificación efectuada al inicio de este acuerdo, la justiciable no realizó manifestación alguna, por lo que no se tiene por desahogada la prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que se le hizo y únicamente se tiene como acto reclamado el mencionado en el párrafo anterior. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda, su escrito aclaratorio y las constancias remitidas por la Juez responsable para mejor proveer sobre la medida cautelar, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En ese contexto, se observa que la quejosa reclama el emplazamiento que se le realizó en el juicio mercantil 705/2018 del índice de Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y, como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad. Así, respecto al acto en cuestión, oficiosamente se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El precepto transcrito si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, lo cierto es que debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se aduce que la improcedencia del juicio de amparo promovido por el quejoso, se deduce del artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, éstos últimos interpretados a contrario sensu, los cuales dicen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de constitucional es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el procedimiento judicial como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso, en razón de que sólo coadyuvan o participan en él, sin tener una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu, es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, la persona a la que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación, es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: Que sea parte formal en el procedimiento. Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, sin embargo, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño por equiparación simple, no basta con que el emplazamiento se realice de forma defectuosa, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la parte demandada que se ostente como tercero extraño deberá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer los recursos legales ordinarios que resulten procedentes. De lo anterior se concluye que la persona que, ostentándose como tercera extraña a juicio por equiparación simple, comparezca al juicio natural -en el que aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada-, no podrá tener tal carácter, pues como consecuencia de dicha comparecencia estará en posibilidad de hacer valer todos los mecanismos ordinarios de defensa legalmente previstos para defenderse, resultando en consecuencia improcedente el juicio de amparo indirecto; aunado a que, como ya se señaló, en tanto no se haya emitido sentencia definitiva en el juicio natural, tampoco puede actualizarse la institución de referencia. Sentado lo anterior, de la copia certificada del juicio mercantil de origen se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, Automotriz Reyes Huerta, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada Andrea Suárez Morales, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de María Teresa Tapia Méndez, a quien reclamó el pago de diversas prestaciones derivadas de la suscripción de dos pagarés (fojas 1 a 3 del tomo anexo). Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, quien mediante acuerdo del veintinueve de agosto posterior la radicó con el número 705/2018, y la admitió a trámite, por lo que ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada (fojas 13 a 19 ídem). En cumplimiento a lo anterior, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho el Diligenciario responsable se constituyó en el domicilio señalado en autos para notificar a la quejosa y previo requerimiento de pago y embargo de un inmueble la emplazó a juicio, en el entendido de que asentó haber entendido la diligencia directamente con ella (foja 16 ídem). Tomando en cuenta que la quejosa no formuló su contestación respectiva, el tres de octubre de dos mil dieciocho se declaró perdido su derecho para hacerlo, y se ordenó que las subsecuentes notificaciones se le efectuaran por lista (foja 19 ídem). No obstante, el veintiséis de noviembre siguiente se advirtió que el computo para contestar la demanda no se había realizado correctamente, por lo que se regularizó el procedimiento y se dejó sin efectos lo actuado a partir del proveído mencionado en el inciso anterior (fojas 27 y 28 ídem). Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho la quejosa María Teresa Tapia Méndez se apersonó en el juicio, ya que señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones, además de nombrar profesionistas para tal efecto, lo cual se acordó favorablemente el cuatro del mismo mes y año (fojas 29 y 30 ídem). El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho nuevamente se declaró perdido el derecho de la demandada para formular su contestación, se ordenó que las subsecuentes notificaciones se le efectuaran por lista y se procedió a admitir las pruebas de la actora (foja 31 ídem). Por escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve la quejosa formuló alegatos; sin embargo, por auto de esa misma fecha se desecharon, bajo el argumento de que se debieron realizar verbalmente en la audiencia respectiva (fojas 35 a 37) Seguidas las etapas procesales correspondientes el veintinueve de enero de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó que la parte actora había probado su acción, y se condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones (fojas 38 a 51 ídem). Inconforme con lo anterior la quejosa promovió recurso de apelación, el cual le fue desechado el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve en virtud de la cuantía reclamada como suerte principal (foja 55 ídem). Asimismo, la demandada también promovió juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número 129/2019, y lo resolvió en sesión del doce de septiembre posterior, en el sentido de negar la protección constitucional solicitada (fojas 73 a 121 ídem). En consecuencia, el catorce de octubre de dos mil diecinueve se declaró que el fallo definitivo había causado ejecutoria, y se tuvo a la actora promoviendo incidente de liquidación de sentencia (foja 126 ídem), el cual se resolvió el doce de noviembre posterior, en el sentido de aprobar la planilla propuesta por la cantidad de quinientos setenta y cuatro mil pesos (fojas 130 y 131). No conforme con lo anterior la quejosa promovió recurso de apelación, el cual se desechó el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve (foja 132 ídem). Dado que la demandada no efectuó el pago de lo condenado, y previa exhibición del certificado de gravámenes y avaluó correspondiente, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se decretó la adjudicación del inmueble embargado a favor de la parte actora (foja 200 ídem). Finalmente, el veintinueve de marzo siguiente se aclaró el proveído mencionado en el inciso anterior en cuanto a los datos de ubicación del inmueble y la cantidad por la que se adjudicó (foja 205 ídem). Sentado lo anterior, se aprecia que la quejosa María Teresa Tapia Méndez promueve el presente medio de control constitucional con el carácter de persona extraña por equiparación simple, dado que le reviste el carácter de demandada dentro del juicio civil de origen, pero reclama que no fue correctamente emplazada y, en vía de consecuencia, todo lo actuado con posterioridad. Sin embargo, tal como se aprecia de los antecedentes relatados, se advierte que mediante escritos presentados ante el Juez responsable el tres de diciembre de dos mil dieciocho y quince de enero de dos mil diecinueve, compareció al juicio ejecutivo mercantil 705/2018 antes del dictado de la sentencia definitiva, pues con el primer escrito señaló domicilio para recibir notificaciones y autorizados para tal efecto y con el segundo pretendió formular alegatos. Asimismo, se tiene certeza de que fue la justiciable la que presentó esos ocursos pues incluso ella así lo aceptó en su escrito de aclaración de la demanda de amparo, pues literalmente dijo: ". El día tres de diciembre de dos mil dieciocho la hoy quejosa presenté promoción ante el juzgado mercantil, con el fin de que se me notificaran los acuerdos correspondientes; desconociendo por completo todo lo sucedido en el mes de diciembre; asimismo el quince de enero de dos mi diecinueve, la suscrita presenté escrito de alegatos. Por lo anterior, no puede reconocerse a la promovente el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación simple y, por ende, el juicio de amparo promovido en contra del emplazamiento al juicio mercantil de origen, así como todo lo actuado con posterioridad resulta improcedente, pues como se ha puesto en evidencia la justiciable compareció al referido juicio antes del dictado de la sentencia, por lo que estuvo en condiciones de impugnar a través del medio de defensa ordinario correspondiente la diligencia de emplazamiento de que se duele, así como cualquier otra actuación sucedida durante el procedimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Consideración adicional. Por otra parte, no se soslaya que la quejosa en su escrito aclaratorio de la demanda de amparo haya hecho manifestaciones relativas a que desde octubre de dos mil veinte no se le notificó cuestión alguna, y que el veintinueve de marzo del presente año se presentó a consultar el juicio de origen y se percató que ya se había adjudicado a la actora el inmueble que se le embargó. Asimismo, como se precisó al inicio de este acuerdo se requirió a la quejosa para que aclarara si también controvertía la adjudicación y esas violaciones que aduce se cometieron durante la fase de remate; sin embargo, no hizo manifestación alguna, por lo que no se tuvieron como actos reclamados. Sin embargo, -tan solo a título de a mayor abundamiento- en el supuesto de que se le hubiere tenido controvirtiendo los actos en comento, de todas formas sería procedente desechar su demanda de amparo, pues se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados -indistintamente-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por su parte, tratándose de procedimientos de remate la última resolución será entendida como que aquella que de forma indistinta ordena la entrega o escrituración del inmueble rematado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 13/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, Libro 29, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 2016, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." Una vez establecidas las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en el procedimiento de remate, se colige que en el juicio de origen no se ha dictado la última resolución en esa etapa, sin que se actualice alguna de las hipótesis de excepción señaladas que lo haga procedente, por lo que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Para corroborar lo anterior, conviene recordar que de los antecedentes del acto reclamado se desprende que en el juicio mercantil de origen ya se dictó la sentencia definitiva, en la que se condenó a la quejosa al pago de diversas prestaciones. Asimismo, dado que la justiciable no efectuó el pago de lo adeudado, se inició el procedimiento de remate del inmueble embargado en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Además, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se adjudicó a favor de la parte actora en el inmueble en cuestión, y se dijo que una vez que causara estado esa determinación se ordenaría remitir los autos a la Notaría respectiva para el tiraje de la escritura de adjudicación, lo cual no ha sucedido. Por tanto, se estima que en el juicio natural no se ha dictado la última resolución en el procedimiento de remate, pues no se ha ordenado la entrega del inmueble rematado o el otorgamiento de la escritura de adjudicación. Bajo ese panorama, si la quejosa hubiera reclamado el auto en el que se adjudicó el inmueble embargado, y lo que estimó como violaciones procesales ocurridas en el remate, como lo es el hecho que a partir de octubre de dos mil veinte ya no se le notificó nada en esa fase, el juicio de amparo sería notoriamente improcedente, pues se insiste que en el procedimiento de remate no se ha dictado la última resolución para efectos del juicio constitucional. Lo anterior, ya que como se ha explicado, el juicio de amparo únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, en donde se podrán reclamar todas las violaciones procesales cometidas durante el desarrollo de esa etapa. Además, cabe destacar que no se aprecia que se actualice alguno de los supuestos de excepción que hagan procedente el juicio de amparo indirecto contra actos intermedios de la etapa de remate, pues no se reclama algún acto que resuelva -en definitiva- alguna excepción sustancial o perentoria tendente a detener o interrumpir la ejecución de sentencia. Asimismo, no se trata de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, y tampoco se trata de actos definitivos que de manera total, impidan u obstaculicen el procedimiento de remate y, por ende, la ejecución de la sentencia, de ahí que si se hubieran reclamado los actos en cuestión de todas formas se debería desechar la demanda de amparo. En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia; por lo que lo procedente sería DESECHAR la demanda de amparo promovida por María Teresa Tapia Méndez. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado en auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el que se le solicitó los siguientes datos a fin de que la autoridad responsable esté en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, es decir, proporcionar los siguientes datos: a) Nombre completo de la moral quejosa; b) Institución bancaria de la cuenta a la que se le debe depositar con clabe interbancaria; c) Registro Federal Contribuyentes de la quejosa; y, d) Domicilio fiscal. No obstante que se ordenó notificar tanto vía electrónica, así como al correo electrónico que proporcionó como canal de comunicación no oficial, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que se provee lo siguiente: Vista con las constancias remitidas por la responsable. Con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con los oficios remitidos responsable del Proceso de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Centro Oriente y el Tesorero del Municipio de Cuautlancingo, recibidas en proveídos de tres y treinta de marzo, así como de seis de abril de dos mil veintiuno, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Notificación electrónica. Ahora bien, dado que por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se localizó un usuario relacionado con la parte quejosa y a fin de que esté en aptitud de desahogar la vista proporcionada en este proveído, se ordena realizar la notificación de los proveídos de tres y treinta de marzo, así como de seis de abril de dos mil veintiuno, de manera electrónica a la promovente del amparo. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa. En atención a lo ordenado, se notifica electrónicamente los siguintes acuerdos: "San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. CFE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del responsable del Proceso de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Centro Oriente, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Al respecto, remite las pantallas del sistema comercial SICOM, referente a los servicios de energía eléctrica materia del presente juicio de amparo a nombre de la parte quejosa, en donde se evidencia que se ha dejado de requerir el concepto del DAP a la moral quejosa; asimismo, se advierten los importes erogados por el concepto de Derecho de Alumbrado Público, por lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil veinte, se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. Domicilio y delegados. Por otra parte, la oficiante señala domicilio procesal y designa delegados. Se toma conocimiento de su domicilio y sus delegados; sin embargo, se precisa que no tiene el carácter de autoridad en el presente juicio. Determinación. Por otro lado, una vez que el Tesorero de Cuautlancingo, Puebla, desahogue el requerimiento formulado, se emitirá la determinación sobre la cantidad total que habrá de devolverse a la quejosa por derechos de alumbrado público; no obstante, se ordena remitirle copia de la promoción que se atiende para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. Por otra parte, requiérase nuevamente al Tesorero Municipal de Cuautlancingo, Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído informe el cumplimiento total a la ejecutoria emitida en el presente juicio, apercibido que en caso de ser omiso, con base en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Notifíquese. San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Tesorero señala juicio en línea. Agréguense a los autos el oficio del Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla y atento a su contenido se acuerda: Delegados y domicilio. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que se indica en el informe. Juicio en línea. En otro aspecto, en atención a su solicitud y en vista de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizaron los nombres de usuarios "*** que corresponde a Diego de Jesús Huerta Romero; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza: A) Consultar el expediente electrónico vía internet; B) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho; y, C) Notificarse de las resoluciones en forma electrónica, a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comunicación no procesal. Por otro lado, se tiene a la autoridad responsable informando canales de comunicación directa no procesal. .... Requerimiento a la parte quejosa. Por otra parte, en atención a su petición con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196, requiérase a la parte quejosa para que en el término tres días manifieste los siguientes datos: a) Nombre completo de la moral quejosa; b) Institución bancaria de la cuenta a la que se le debe depositar con clabe interbancaria; c) Registro Federal Contribuyentes de la quejosa; y, d) Domicilio fiscal. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y estar en posibilidad de depositar la cantidad liquida a la que fue condenada. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo solicitado en el término legal y sin causa justificada, este juzgador se encontrará en imposibilidad de poder calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. Delegado solicita prórroga. Agréguense a los autos el oficio del Tesorero Municipal de Cuatlancingo, Puebla, mediante el cual solicita que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo se requiera a la parte quejosa, los siguientes datos: a) Nombre completo de la moral quejosa; b) Institución bancaria de la cuenta a la que se le debe depositar con clabe interbancaria; c) Registro Federal Contribuyentes de la quejosa; y, d) Domicilio fiscal. Se informa a la autoridad que mediante acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se realizó el requerimiento respectivo a la promovente del amparo. Por otro lado, se reserva acordar lo conducente a la prórroga que solicita para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, hasta en tanto cumpla la parte quejosa con el requerimiento formulado en el proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese".
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EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Prevención. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil de Puebla y el Diligenciario de su adscripción; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 543/2021-VIII. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la ley de la materia prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en las fracciones IV y V, que disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." Sentado lo anterior, de la lectura integral de la demanda se aprecia que la justiciable refiere reclamar "todo lo actuado dentro del expediente número *** de los del índice del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil de Puebla". Asimismo, en el punto dos del capítulo de antecedentes manifiesta "que nunca se me había notificado o requerido sobre el procedimiento judicial mercantil, ni mucho menos había sido requerido de pago de ninguna persona". Por su parte, en los conceptos de violación expresa que las actuaciones efectuadas en el juicio de origen tuvieron diversas irregularidades, que no se encuentran debidamente fundadas ni motivadas, y formula diversos argumentos en contra de la resolución de una planilla de liquidación. Todas las expresiones anteriores tornan inentendible la demanda de amparo, pues ante tantas expresiones no es posible definir el o los actos reclamados, ya que pareciera que la quejosa pretende reclamar la falta o el emplazamiento que se le realizó al juicio ejecutivo mercantil *** y, como consecuencia, todo lo actuado; no obstante, por lo que expresa en sus conceptos de violación se desconoce si pretende reclamar alguna actuación en particular, en cuyo caso deberá definir exactamente cuál es. De igual forma, es importante que la justiciable aclare la fecha en que se enteró de los actos reclamados, pues si bien en el punto de antecedentes de la demanda refiere que eso sucedió el cinco de abril de dos mil veintiuno, lo cierto es que después hace manifestaciones que contrarían esa aseveración, pues en su tercer concepto de violación expresa ".que en momentos de requerimiento de pago, embargo y el debido emplazamiento, y de acuerdo al proceso comentado y en los precisos instantes del requerimiento, prácticamente y de forma por demás voluntaria, le comenté tanto a la ciudadana Diligenciaria adscrita al juzgado en comento y a la parte actora, que el pago requerido se iba a hacer mediante el ofrecimiento del inmueble descrito dentro del acta de funcionamiento actuante.", lo que hace pensar que la propia quejosa atendió la diligencia de emplazamiento y que en ese momento se enteró del juicio de origen. Lo anterior se patentiza con lo que expresa en su segundo concepto de violación en donde aduce que ya había acordado con la parte actora el pago del adeudo mediante una dación de pago, y que por ese motivo, y al confiar en la parte actora no se compareció a juicio. Finalmente, a pesar de que la quejosa da a entender que es la parte demandada, omite narrar lo sucedido en el juicio natural, especificando la etapa procesal en que se encuentra y detallando qué se condenó en sentencia, y la cantidad liquida que se cuantificó en el incidente de liquidación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: De forma, clara, concreta y evitando calificativos precise el acto reclamado, esto es, si controvierte la falta o el emplazamiento que se le efectuó en el juicio ejecutivo mercantil 705/2018 y, como consecuencia, todo lo actuado, o bien, reclama alguna actuación en específico, en cuyo caso deberá precisar exactamente cuál es. Bajo protesta de decir verdad aclare la fecha en que conoció de los actos reclamados, en el entendido de que si no es su intención controvertir el llamamiento a juicio, sino actuaciones específicas deberá detallar cuando conoció de cada una de ellas, para lo cual deberá considerar que expuso que el cinco de abril de dos mil veintiuno únicamente conoció del requerimiento de entrega de un inmueble. Con esa misma protesta, informe si atendió personalmente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento y, por ende, en ese momento se enteró de la existencia del juicio ejecutivo mercantil 705/2018. Igualmente, bajo protesta de decir verdad narre lo sucedido en el aludido expediente, especificando la etapa procesal en que se encuentra, informando qué se resolvió en sentencia definitiva y detallando la cantidad liquida que se cuantificó en el incidente de liquidación. Exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes; conforme lo establece el artículo 110 de la Ley de Amparo, que en el caso serían seis copias. Es importante destacar que en caso de que la parte quejosa afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados se le podría imponer una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, lo anterior en términos del artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Lo que deberá hacer bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa no pueden desahogar la prevención relativa a que se expresen bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados omitidos. Lo anterior, en virtud de que precisar dichos antecedentes es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido en el presente proveído, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se requieren constancias. En otra tesitura, dado que la promovente solicitó la suspensión de los actos reclamados y a fin de mejor proveer sobre la medida cautelar, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en que transcribe este acuerdo remita copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 705/2018 de su índice, cuidando que las mismas se encuentren debidamente rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo. No pasa inadvertido que en términos del artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, por regla general, el momento oportuno para que el Juez de Distrito pueda recabar las constancias relativas al acto reclamado es cuando se admite a trámite la demanda y se solicite su informe justificado a las autoridades responsables; no obstante, no debe soslayarse que jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en el caso de que se solicite la suspensión de los actos y se prevenga al justiciable para que subsane alguna irregularidad de su demanda, es posible recabar constancias oficiosamente para mejor proveer sobre la medida cautelar, siempre que ello no implique postergar la decisión de admitir la demanda una vez desahogada la prevención relativa, tal como se pone de relieve con el siguiente criterio: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados." Asimismo, cabe destacar que el criterio en cuestión al ser una jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de aplicación obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, por así manifestarlo expresamente. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Mejora en la comunicación. Por lo que hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona la justiciable, dígasele que no es posible realizar las notificaciones por esa vías, dado que el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dispone que ese medio únicamente es útil para mejorar la comunicación no procesal con las partes; sin embargo, se tienen por señalados para ese tipo de comunicación. Exhorto para seguir en juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, se aprecia que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales. En ese sentido, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, manifieste si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberá cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observe lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentre en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles: Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización: Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia: Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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