María Teresa Soledad Arvizu
Expediente 906/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Teresa Soledad Arvizu
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Decimosexto Circuito, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja laboral 71/2021, interpuesto por ****************, por conducto de su apoderado, en contra del auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***********, contra el auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en los autos del juicio amparo indirecto número 906/2021-II. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que remite el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele informando que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ****************, por conducto de su apoderado legal *************, en contra del auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por ******************, apoderado legal de la quejosa María Teresa Soledad Arvizu; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene al promovente interponiendo recurso de queja contra el proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, capital, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este tribunal determinó el uno de diciembre del año en curso, desechar la demanda de amparo promovida por *************, apoderado legal de la quejosa **************, por resultar notoriamente improcedente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******************, apoderado legal de *********************, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio laboral ************** de su índice, contra actos de la propia Junta; con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021 y 20/2021; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 906/2021-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, es: La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de pronunciarse respecto de la solicitud presentada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral ******************. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede:" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, como previamente se estableció la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la la falta de contestación del escrito que presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral **************, por medio de la cual pide la regularización del procedimiento, a efecto de tenerle por cumplido el requerimiento formulado en la audiencia de siete de mayo del año que transcurre. Por tanto, como se puede observar, la omisión de la responsable de pronunciarse respecto de su solicitud presentada el dieciséis de julio del año en curso, no puede ser considerado como un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera de la quejosa en el dictado del laudo; por lo que, no se le puede considerar como un acto de imposible reparación, y por tanto, no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. De ahí que, la actuación reclamada sólo implique la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la quejosa obtiene laudo favorable y, en caso contrario, de resultar opuesto a sus intereses, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracciones I y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Sin que este juzgador advirtiera del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso, el juicio si sería procedente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, en virtud de tratarse de un asunto en materia laboral en la que la quejosa aparece como la parte trabajadora. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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