María Teresa Segovia Zavala
Expediente 842/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Teresa Segovia Zavala
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad de México, treinta de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por María Teresa Segovia Zavala, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y otra autoridad. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 842/2017. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, es importante destacar que en este asunto la parte quejosa reclama los actos siguientes: Las infracciones de tránsito con números de folios 09042820645, 09042820868 y 09047110048, impuestas a la quejosa, por conducir excediendo los límites de velocidad permitidos. Cómo se había adelantado, en contra de dichos actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX., de la Ley de Amparo. En la parte que interesa, en dicho precepto se prevé: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". En el artículo transcrito de la Ley de Amparo se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, el cual constituye un medio ordinario de defensa. No pasa inadvertido para este Juzgador que la parte quejosa también enuncia como acto reclamado el contrato S SP/BE/S/312/2015, celebrado ante la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México y Autotraffic, sociedad anónima de capital variable, relativo al servicio de "Subrogación de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema Integral de Fotomultas"; sin embargo, de una interpretación integra de la demanda de amparo, se advierte que dicho contrato no es el acto que pudiera depararle perjuicio al quejoso, sino que lo es la multa que se le impuso, pues sus argumentos en torno a la legalidad de la subrogación referida buscan precisamente la anulación de esa multa. Lo anterior, implica que los planteamientos que hace valer no trascienden a la validez del contrato, sino a la legalidad de la multa; de ahí que no se tenga como acto reclamado específico ese contrato. Ahora bien, previamente a la promoción del juicio de amparo esa multa debió impugnarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica de ese tribunal, cuyo texto dice: "Artículo 31. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;" Así las cosas, si las autoridades señaladas como responsables forman parte de la Administración Pública de la Ciudad de México, es indudable que sus actos son impugnables a través del juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la misma ciudad, medio de defensa en el que se puede lograr su anulación, modificación o revocación. Debe precisarse que en dicho juicio no se prevén mayores requisitos que los establecidos por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual se cumple la condición establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J.125/2011, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL". Incluso, este Juzgador advierte que en el juicio contencioso referido, se puede obtener la suspensión de los actos impugnados con los mismos alcances que la Ley de Amparo, razón por la cual, se cumple con la exigencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley referida y, en consecuencia, se vuelve obligatorio agotar ese medio de defensa. En efecto, al interpretar ese artículo de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos, implica que la sola posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva -que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible- es únicamente un alcance que tiende a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. De hecho, la propia Segunda Sala ha sostenido que dicha disposición no tiene como propósito que el texto de la Ley de Amparo se repita en todos los demás ordenamientos, razón por la cual, si en el juicio contencioso se puede obtener la suspensión del acto impugnado para preservar la materia del juicio, es indudable que tiene los mismos alcances que la suspensión en el juicio de amparo. En efecto, en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, se prevé lo siguiente: "100. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo. Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución. No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio real del predio, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio a terceros". Cómo se ve, de dicho precepto se advierte que por regla general, la suspensión del acto impugnado tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o bien, evitar que se continúe con su ejecución ya iniciada. Ese efecto de la suspensión en el juicio contencioso administrativo tiende a preservar la materia del juicio, evitando que se ejecute el acto reclamado o, incluso, si ya se comenzó a ejecutar tiene por efecto que se evite su continuación, justamente lo que la Segunda Sala del Alto Tribunal ha interpretado por efectos restitutorios. Ahora bien, el hecho de que en el artículo transcrito se establezcan efectos específicos a la suspensión dependiendo del tipo de acto impugnado, no implica de modo alguno que se limite la procedencia de la suspensión para obtenerla con efectos restitutorios, sino que en estos casos, el legislador ha predefinido cuál es el alcance de la medida cautelar. Incluso, en la propia Ley de Amparo sucede lo mismo, pues aun cuando por regla general la suspensión puede tener por objeto preservar la materia del juicio -dotándola de efectos restitutorios-, lo cierto es que también establece efectos específicos a la medida cautelar dependiendo del tipo de acto reclamado, por ejemplo, en los artículos 151, 152 y 160 a 161(materia penal), supuestos en los cuales no se podría otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios a pesar lo previsto en el artículo 147, segundo párrafo, de la propia ley. Así las cosas, si en el caso concreto la quejosa combate sendas las multas de tránsito que se le impusieron por exceder los límites de velocidad al conducir, debe considerarse que la normatividad que rige el juicio contencioso administrativo de la Ciudad de México prevé los mismos alcances que la Ley de Amparo atendiendo al tipo de acto, por lo que en esa instancia puede obtener la medida cautelar con efectos restitutorios, tal como lo prevé la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, este Juzgador estima que no se surte alguna otra excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que no se hacen valer únicamente violaciones directas a la Constitución, sino que se alegan cuestiones de mera legalidad, como lo es la competencia de la autoridad que impuso las infracciones. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. Aunado a lo anterior, toda vez que la quejosa exhibió el original del oficio impugnado, este Juzgador no advierte que, en sí mismas las multas reclamadas carezcan de fundamentación, pues la autoridad emisora citó diversas disposiciones jurídicas en las que apoyó su actuar. Finalmente, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México no está previsto en un reglamento, sino en una ley formal y material. En consecuencia, toda vez que no se advierte la actualización de alguna excepción al principio de definitividad y; sin embargo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedentes es desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Teresa Segovia Zavala. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque basta imponerse del acto reclamado para determinar su actualización. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de la naturaleza del acto reclamado, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. Por esa razón, no resulta aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA". Como se advierte esa tesis alude a "la posibilidad de la existencia de un recurso"; sin embargo, en el caso que nos ocupa, la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada, esto es, no hay duda sobre la existencia del juicio contencioso administrativo como un medio ordinario de defensa contra los actos reclamados. Aunado a ello, como ya se ha demostrado, ese medio ordinario de defensa no solo es posible, sino que es idóneo y eficaz para lograr la anulación, revocación o modificación del acto aquí reclamado. Por último, se debe destacar que la sola posibilidad de un recurso no puede dar lugar a desacatar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; puesto que sobre dicha posibilidad debe imperar el texto constitucional, particularmente su artículo 107, fracción IV, que establece que en materia administrativa, será necesario agotar los medios de defensa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Por autorizado, en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Luis Arturo Arriaga Segovia, y para oír y recibir notificaciones a las demás personas en atención a la certificación de cuenta. En términos de la Circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, sin necesidad de promoción posterior. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa. Notifíquese personalmente, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Luis Hernández Plata, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. LHP/aaam.
- Principal
Vista la demanda promovida... fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 842/2017... se desecha de plano la demanda de amparo... Notifíquese personalmente, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.
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