Maria Teresa Sanchez Brito

Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
407/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Maria Teresa Sanchez Brito

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa María Teresa Sánchez Brito, no recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el uno de julio de dos mil veintiuno. Esto, debido a que fue notificada el dos siguiente, por lo que dicho plazo transcurrió del seis al doce de julio del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la presente demanda.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por María Teresa Sánchez Brito, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el expediente 407/2021-II-1. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Ahora, la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: IV. EL ACTO RECLAMADO. El AUTO DE FECHA 10 de junio de 2021, solamente en su párrafo cuarto, específicamente al final de la foja 376 del expediente principal e inicios del reverso de la misma, mismo que será transcrito más adelante, notificado a la suscrita mediante lista publicada en los estrados del juzgado al rubro citado surtiendo efectos a partir del día siguiente de su publicación. Asimismo, en los antecedentes de su demanda de amparo la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. En fecha 10 de marzo del 2021, la hoy autoridad responsable C. JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA, dictó un auto en el que tuvo por presentado al hoy tercero interesado AVILEZ FÉLIX RAMÓN, de una demanda entablada en mi contra. . 3. Fue el día 19 del mes de mayo de este año 2021, que la suscrita contesté en tiempo y forma la demanda entablada en mi contra, oponiendo las excepciones y densas pertinentes. 4. En fecha 10 de junio de 2021 la hoy responsable emitió el acuerdo que hoy se impugna, respecto de mi contestación a la demanda entablada en mi contra. 5. Es el caso que la hoy autoridad responsable C. JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA en el AUTO DE FECHA 10 de junio de 2021, en su párrafo cuarto, específicamente al final de la foja 376 del expediente principal e inicios del reverso de la misma, decide determinar lo que a continuación se transcribe: En cuanto a las excepciones que menciona la promovente bajo los números I y II y que denomina falta de personalidad del actor y demandada, no se admiten como incidentes en términos del artículo 1129 del Código de Comercio, toda vez que de los hechos que narra no se aprecia que sean de las excepciones procesales que prevé el artículo 1122 del mismo ordenamiento legal, sino que se trata de falta de legitimación por lo que las mismas serán analizadas al momento de dictar la sentencia definitiva correspondiente. 6. Lo anteriormente transcrito se refiere a las excepciones interpuestas en mi escrito de contestación a la demanda y marcadas con los números I y II que a la letra dicen: 1. La excepción de falta de personalidad del actor, debido a que carece de interés jurídico, para entablar la demanda que intenta, toda vez que a pesar de afirmar que tiene el 25% de las acciones de la moral que representamos, no agotó el requisito de depositarlas ante fedatario público, pues solamente depositó al menos el 20.45%, tal y como a lo largo de este escrito se ha aclarado y debe ser tomado en cuenta por su señoría para los efectos legales conducentes. II. La excepción de falta de personalidad del demandado, toda vez que la suscrita adolezco de falta de legitimación para ser sujeto pasivo en este juicio, pues el socio que inicia la presente controversia, debió demandar a la propia moral que representamos y no a la suscrita, tal y como ya ha sido robustecido a lo largo de este juico, situación que debe ser suficiente para su señoría y con ello decretar el sobreseimiento del presente juicio, para todos los efectos y con las consecuencias legales a las que haya lugar. [.] En esa tesitura, en la especie se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; numerales que son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En ese tenor, cabe precisar que son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, verbigracia: derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etcétera. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata solo de las reglas fijadas por el Estado para la prosecución del procedimiento. Lo anterior obedece a que nuestro más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, pues mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben reunir dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los cuales el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones, derivan de la jurisprudencia 37/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2014, de rubro y texto siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Precisado lo anterior, como se adelantó, la quejosa señaló como acto reclamado el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen, en el que el juez responsable no admitió en la vía incidental las excepciones opuestas por la quejosa al contestar su demanda, relativas a la falta de personalidad y/o legitimación del actor y de la quejosa demandada. En ese orden de ideas, el acto reclamado no constituye un acto dentro del procedimiento de origen, cuyos efectos sean de imposible reparación; es decir, no afecta materialmente ningún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino que solo produce efectos de carácter adjetivo (intraprocesal) que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, al existir la posibilidad legal de que la sentencia que resuelva el juicio de origen sea en sentido favorable para la persona moral quejosa, en cuyo caso desaparecerían los efectos intraprocesales que ha generado el auto reclamado. Y si por el contrario, la sentencia definitiva que se dicte en el juicio natural, es contraria a los intereses de la quejosa, podrá impugnar la violación procesal en cuestión a través del juicio de amparo directo que, en su caso, promueva en contra la aludida sentencia, de conformidad con los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo. Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Teresa Sánchez Brito, contra el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 37/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2014, previamente transcrita de rubro PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así como la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 230181, que dice: LEGITIMACION PASIVA, AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA DESESTIMACION DE LA EXCEPCION DE. Los actos en juicio que admiten impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas un ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Los actos con ejecución de imposible reparación a que se refiere la disposición legal invocada, son solamente aquellos que afectan en forma directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, asegurados en la Carta Magna, por medio de las garantías individuales. La afectación que produce los actos de que se trata, o sus efectos, no pueden destruirse, aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el sentido de la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento correspondiente. Por su parte, los actos procesales cuya ejecución no es de imposible reparación sólo generan efectos de carácter meramente formal o intraprocesal, y las violaciones que pudieran cometerse con estos actos, admitirían quedar reparadas para la parte afectada con ellos, desde el momento mismo en que ésta obtuviera un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. La interlocutoria que desestima la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, no es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación, puesto que, conforme a lo asentado con anterioridad, no produce de manera directa e inmediata afectación alguna a cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal mediante las garantías individuales, sino solamente genera efectos formales o intraprocesales, ya que si la sentencia definitiva que se llegare a pronunciar es favorable a los intereses de la parte quejosa, el rechazo de la excepción aludida no dejaría huella en su esfera jurídica.

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