María Teresa Sánchez Aguirre
Expediente 568/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- María Teresa Sánchez Aguirre
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 22 a 29), mediante el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta por ***************, proveído que fue debidamente notificado y al haber transcurrido a la fecha el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; consecuentemente queda firme el auto mencionado, para todos los efectos legales correspondientes. En acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de destrucción a partir del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Por último, en términos del capítulo tercero, punto undécimo, segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
...Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta presentado por la quejosa **********, mediante el cual se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Jeanine Sanahe Verdugo Villa.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Se notifica por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a la parte quejosa María Teresa Sánchez Aguirre, el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo 568/2017-I, por el que se desecha la demanda interpuesta por la parte quejosa, que dice: "...Mexicali, Baja California, seis de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por ***************, contra actos del Director de Recursos Financieros del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 568/2017-1. -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que determina su desechamiento, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director de Recursos Financieros del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, que hace consistir en la falta de respuesta a la petición dirigida a dicha responsable mediante escrito de ocho de agosto del año en curso, en el que le solicitó se continuara con la vigencia del contrato de prestación de servicios de atención del establecimiento de consumo (tienda escolar) dentro de las instalaciones de la escuela Secundaria General Lucio Blanco, el cual fue celebrado el cuatro de enero de dos mil diecisiete. En la especie, respecto al acto reclamado, de oficio el suscrito Juzgador, hace notar que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el primer párrafo del diverso 1º y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben para una mejor comprensión. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver todas las controversias que se susciten: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte;..." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." En el último de los preceptos legales indicado, el legislador secundario federal identificó a los sujetos en contra de cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Al respecto se debe identificar que independientemente de su naturaleza formal, autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta forma, a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas. Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que para identificar a un acto producido por particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De tal manera que la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la nueva Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones identificadas por la Sala son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, siguiendo a la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese orden de ideas, es de concluir que de la interpretación legislativa, gramatical y sistemática del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", ha de atenderse a su contenido semántico respecto del vocablo "equivalente", esto es, que el actuar del particular se coloque en un plano semejante respecto al de las autoridades coercitivas y que realice actos unilaterales e imperativos; por lo que la realización de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una supra subordinación estatal, no constituye causa para tenerles legalmente con el carácter de autoridades responsables. Ahora bien, en otro orden de ideas, es necesario precisar que en el ordinal 8 Constitucional se dispone: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Énfasis añadido* De tal forma, se desprende que el citado numeral constitucional establece la obligación para los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa y a ella debe de recaer acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, el cual a su vez, deberá hacer del conocimiento del peticionario en breve término. Cabe destacar que, la tutela de ese derecho fundamental, así como la procedencia del juicio de amparo en que se contienda, requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, que exista una relación jurídica entre gobernante y gobernado, de supra a subordinación y no una de coordinación regulada por el derecho privado en la que el ente público actúe como particular. Lo anterior fue considerado así por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 42/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, página 126, número de registro 189914, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.". Tales razonamientos sustentados por el Máximo Tribunal del País, permiten colegir que el juicio de amparo, en ejercicio del derecho de petición solo es procedente cuando se formula solicitud a un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En efecto, el acto reclamado en esta instancia de control constitucional, consiste en una supuesta violación al artículo 8 Constitucional -derecho de petición-, esto es, en la falta de respuesta por parte del Director de Recursos Financieros del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California, a la petición dirigida a dicha responsable mediante escrito de ocho de agosto del año en curso, en el cual le solicitó se continuara con la vigencia del contrato de prestación de servicios de atención del establecimiento de consumo (tienda escolar) dentro de las instalaciones de la escuela Secundaria General Lucio Blanco, el cual fue celebrado el cuatro de enero de dos mil diecisiete. Así las cosas, contrario a lo argumentado por la quejosa, el acto atribuido al Director de Recursos Financieros del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California, no creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; menos aún, tuvieron sustento en facultades otorgadas por una norma general, al tener en primer término, la autoridad responsable carácter de resolutor en caso de controversias, pues así lo establecieron las partes firmantes en el convenio celebrado el cuatro de enero de dos mil diecisiete, lo cual es derivado de una relación administrativa que guarda con dicha autoridad responsable, es decir, una relación de coordinación entre las partes. Pues en el citado convenio -al versar sobre la prestación de servicios de tienda escolar dentro de una institución educativa de esta entidad federativa, las normas que rigen ese convenio son administrativas, particularmente en materia educativa-, las partes firmantes se sujetaron a que la solución en caso de controversia sería ante autoridades administrativas, a saber, el Consejo Escolar de Participación Social y la Dirección de Recursos Financieros del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California; por lo que, al reclamarse actos de coordinación en un plano de igualdad entre las partes -derivados del convenio mencionado-, deberá tramitarse dicha controversia ante la autoridad administrativa que en el caso corresponda. Es aplicable la tesis I.15º.A.36 K, sustentada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 1316, del Tomo XXVIII, noviembre de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." Así como, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número XVI.1º.A.22 K (10ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, visible en la página 1943, Tomo III, junio de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Aparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las parte". Resulta importante destacar que este juzgador no inadvierte la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Página 929, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 2, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y restructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad p ara efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañan a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues de requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos". Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, aclaró el rubro de la jurisprudencia antes transcrita, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". Sin embargo, en el caso resulta inaplicable dicho criterio, pues, en principio, el criterio antes transcrito no constituye una tesis temática, sino que es un criterio especifico en relación con actos que se reclaman en materia de suministro y venta de energía eléctrica. Además, ello de ninguna manera impide que al advertirse de forma fehaciente -como acontece en el particular-, que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se determine con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo desechar la demanda, al advertirse una causa notoria e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues es inconcuso que ni aún con otros elementos de pruebas que se allegaran al juicio podría modificarse o cambiarse el mismo criterio, ya que no se requiere de mayores elementos para determinar que la controversia entre la parte quejosa y la autoridad que señala como responsable, es de tipo administrativa, tal como se advierte -incluso- de las pruebas documentales que ofreció la parte promovente. En ese sentido, se comparte el criterio sustentado por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), visible en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, con registro 2007580. Contradicción de tesis 2/2014; de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el primer párrafo del diverso 1º y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizada en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a María Luisa Ramírez Alanís, toda vez que se encuentra debidamente acreditada su calidad profesional ante el Registro Único de Profesionales del Derecho, así como para oír y recibir notificaciones a Diana Elizabeth Gil Caro y Alicia Ortiz Machado. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince..."; lo anterior en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso b, del artículo 27 de la Ley de Amparo.
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