María Teresa Ruíz Gutiérrez

Expediente 1302/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1302/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • María Teresa Ruíz Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de tres de agosto de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó el juicio, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese. Lo proveyó y firma, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante María del Rosario García Pérez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Solicitud de copias. Téngase por recibido el escrito de José de Jesús Contreras Ruan abogado patrono de María Teresa Ruiz Gutiérrez, -carácter reconocido mediante auto de uno de julio del año en curso-, visto su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, expídanse las copias que solicita, previa razón que por su recibo se deje agregada en autos, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, autorizando a la persona que refiere en su escrito de cuenta para que las reciba. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 362 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial Federal podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nathali Cisneros Mendoza, Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Encargada del Despacho por vacaciones del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la autorización contenida en el oficio número CCJ/ST/2213/2022 de seis de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por la Secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a tres de agosto de dos mil veintidós. Autoridad responsable rinde informe justificado. Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Medios de convicción. Aunado a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante ofreciendo un anexo certificado para acreditar su actuar, el cual, de conformidad con los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogado en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro contexto, visto el estado procesal de este asunto, el contenido del oficio y los anexos certificados que se adjuntan a éste, el suscrito juzgador advierte que se han actualizado dos hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. 1) Acto reclamado: omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio 574/2022. Respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno en autos del juicio 574/2022, se pudo destacar que se ha actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja" En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, Octava Época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable" En el caso, se pudo advertir que la parte quejosa promovió este juicio de amparo indirecto el quince de junio de la anualidad en curso, en el que reclamó, entre otro, la omisión de proveer el escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio 574/2022. Sin embargo, de las constancias que se allegaron al informe justificado a las que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte que: - Mediante proveído de diecisiete de febrero de la presente anualidad, se proveyó lo conducente al escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, tal y como se desprende a continuación: De la relación de dicho medio de convicción, así como de constancias reseñadas se hace patente que, cuando se instó el juicio constitucional, esto es, el quince de junio pasado, la autoridad responsable ya había realizado el acto que le reclama la parte quejosa en esta instancia. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que a la fecha de presentación del juicio de amparo que nos ocupa, la omisión reclamada es inexistente y esa circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, puesto que de las constancias que obran en autos está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. 2) Acto reclamado: omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veinte de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio 574/2022. En ese orden de ideas, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veinte de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio 574/2022, conviene señalar que el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el diverso acto reclamado por el cual se admitió la presente litis constitucional consiste en la omisión de proveer el escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio 574/2022. Sin embargo, de las constancias que se allegaron al informe justificado previamente valoradas, se advierte que: - Mediante proveído de uno de agosto del año en curso, se acordó el ocurso de mérito, tal y como se advierte a continuación: Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la esencia de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del proveído de uno de agosto de la presente anualidad, por el cual se acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veinte de abril de dos mil veintidós. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse las causales de sobreseimiento e improcedencia previstas en los artículos 63, fracción IV, y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las diez horas con doce minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/dmm

  4. Principal

    Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el tres de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Medios de convicción. Aunado a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante ofreciendo un anexo certificado para acreditar su actuar, el cual, de conformidad con los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogado en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro contexto, visto el estado procesal de este asunto, el contenido del oficio y los anexos certificados que se adjuntan a éste, el suscrito juzgador advierte que se han actualizado dos hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. 1) Acto reclamado: omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio 574/2022. Respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno en autos del juicio 574/2022, se pudo destacar que se ha actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja" En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, Octava Época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable" En el caso, se pudo advertir que la parte quejosa promovió este juicio de amparo indirecto el quince de junio de la anualidad en curso, en el que reclamó, entre otro, la omisión de proveer el escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio 574/2022. Sin embargo, de las constancias que se allegaron al informe justificado a las que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte que: - Mediante proveído de diecisiete de febrero de la presente anualidad, se proveyó lo conducente al escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, tal y como se desprende a continuación: De la relación de dicho medio de convicción, así como de constancias reseñadas se hace patente que, cuando se instó el juicio constitucional, esto es, el quince de junio pasado, la autoridad responsable ya había realizado el acto que le reclama la parte quejosa en esta instancia. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que a la fecha de presentación del juicio de amparo que nos ocupa, la omisión reclamada es inexistente y esa circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, puesto que de las constancias que obran en autos está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. 2) Acto reclamado: omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veinte de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio 574/2022. En ese orden de ideas, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el veinte de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio 574/2022, conviene señalar que el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el diverso acto reclamado por el cual se admitió la presente litis constitucional consiste en la omisión de proveer el escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio 574/2022. Sin embargo, de las constancias que se allegaron al informe justificado previamente valoradas, se advierte que: - Mediante proveído de uno de agosto del año en curso, se acordó el ocurso de mérito, tal y como se advierte a continuación: Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la esencia de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del proveído de uno de agosto de la presente anualidad, por el cual se acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veinte de abril de dos mil veintidós. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse las causales de sobreseimiento e improcedencia previstas en los artículos 63, fracción IV, y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las diez horas con doce minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós.

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