María Teresa Rodríguez Tirado
Expediente 349/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2018
Partes del expediente
- María Teresa Rodríguez Tirado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Intégrese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, como lo solicita, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas de la resolución aludida, previa identificación, toma de razón y recibo que se deje para la debida constancia legal. Notifíquese.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciocho: "Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a ************, por propio derecho promoviendo demanda de amparo contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 349/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que el acto reclamado a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, se hace consistir en: La resolución dictada dentro del Toca Civil Número 2491/2016 de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, El juicio de amparo no procede en tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia, esto es, cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de amparo, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. Ahora bien, la segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia materia de análisis, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de amparo del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable- Expuesto lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia perfilada con antelación, conviene tener en cuenta que con las expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de amparo, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente; y de lo anterior, se advierten los antecedentes siguientes: En contra del auto de fecha 30 de agosto de 2016, tanto Banco HSBC, S.A. (parte actora) como el C. JOSE IGNACIO ANGUIANO MARES (postor adjudicatario), interpusieron recurso de apelación, el cual por turno se radico en la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, con el Número de Toca Civil 2491/2016; quien resolvió confirmar el auto recurrido, concretándose solamente a resolver los agravios planteados en contra del control de convencionalidad que realizo el juez de la causa. En contra de dicha resolución, los ahora terceros perjudicados interpusieron juicio de amparo indirecto, formándose los juicios 351/2017 y 497/2017, los cuales fueron acumulados. El Juez de Distrito resolvió los juicios indicados en el antecedente 16, negando el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, por cuestiones de control de convencionalidad. Inconformes los quejosos, interpusieron recurso de revisión, el cual por turno se radico en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, formándose el expediente ARC 408/2017. El Primer Tribunal Colegiado resolvió el amparo en revisión civil a que me refiero en el antecedente 18, revocando la sentencia del juez de distrito, concediendo el amparo y protección de la justicia federal por considerar que no se debió de haber llevado a cabo control de convencionalidad y que la cantidad ofrecida por el quejosos JOSE IGNACIO ANGUINANO MAR no viola los derechos humanos de la suscrita, ordenando a la primera sala civil (como autoridad responsable) dictar una nueva resolución en el toca civil 2941/2016, mediante la cual revocara el auto de fecha 30 de agosto de 2016, aprobando el remate celebrado el 5 de julio de 2016 en el juicio sumario hipotecario 1679/2010 del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil de esta ciudad." En ese sentido, visto lo anterior, se advierte que en el índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito se radico el amparo en revisión civil 408/2017, instado por José Ignacio Anguiano Mar y Banco HSBC, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en el que obra la resolución reclamada por la aquí quejosa, en específico el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictado por la Sala responsable, en acatamiento a la ejecutoria de amparo. Sentado lo anterior, es evidente que se trata de actos que emanan del citado amparo en revisión civil 408/2017 del índice del referido Tribunal Colegiado, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó con antelación, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones tomadas en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como ya se dijo, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos emitidos en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, en cumplimiento a lo determinado por un Tribunal Colegiado, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. Interesa resaltar el segundo caso de improcedencia previsto por la invocada fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que se refiere a actos encaminados a dar cumplimiento a una resolución que derive de un juicio de amparo, en el caso concreto, en tratándose de un fallo protector de derechos fundamentales. En este tema, debe decirse que en el caso de que la resolución materia de cumplimiento sea amparatoria, es condición indispensable para actualizar la causa de improcedencia, que en el antecedente juicio de amparo, la autoridad jurisdiccional federal haya definido el fondo del litigio planteado, sin otorgar libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, de suerte que, no exista la posibilidad de que la responsable inserte nuevos razonamientos que escapen al precedente estudio ya sometido a la potestad del poder judicial federal vía amparo. En efecto, la causal que se viene comentando, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Entonces, como ya se dijo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal. Pues bien, en el caso analizado se estima actualizada la hipótesis de improcedencia explicada con antelación, ya que de acuerdo a los hechos histórico-procesales que bajo protesta de decir verdad en vía de antecedente vertió la solicitante del amparo en su libelo inicial de demanda, así como de las constancias que se toman como hecho notorio, se destaca se advierte lo siguiente: Por ejecutoria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito revocó la sentencia dictada en el juicio de ampao 351/2017 y su acumulado 490/2017, en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal a HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de su representante legal y a José Ignacio Anguiano Mar, para el efecto que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado, y en su lugar dictara una nueva resolución en el toca civil 2941/2016, mediante la cual revoque el auto de fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, en la que apruebe el remate celebrado el cinco de julio de dos mil dieciséis en el juicio sumario hipotecario 1679/2010 del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro. En consecuencia, para dar cumplimiento a dicha determinación y habiendo delimitado el tribunal colegiado los efectos de la concesión del amparo, la Primera Sala Civil señalada como responsable, dictó el auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad; lo que es precisamente la materia del presente juicio que se intenta. Entonces, la Sala que fungió como autoridad responsable en dicho juicio de amparo, en cumplimiento al fallo federal amparatorio relatado, dictó la determinación de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por el que deja insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis dictado por el Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; de igual forma aprueba el remate y se hace saber a la demandada que cuenta con el termino de tres días para que otorgue la escritura de venta al postor. El contenido de las anteriores determinaciones, revela que en lo que concierne a la decisión materia del presente amparo, esto es, la declaratoria de improcedencia del auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad, encuentra su apoyo en un mandato de autoridad judicial federal, que en ese rubro específico, no dota de libertad jurisdiccional a la juez de origen, ya que el fondo del litigio sometido a la potestad del órgano resolutor, era precisamente la entrega del inmueble, por ende, como ya se destacó en la crónica de antecedentes, no se confirió libertad de jurisdicción a la sala responsable, ya que estaba constreñido a acatar la ejecutoria de amparo en los términos ya apuntados. Entonces, con la crónica de antecedentes procesales del acto reclamado, se clarifica que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, fue dictado por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión civil 408/2017, promovido por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de su representante legal y a José Ignacio Anguiano Mar, seguido ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, de cuyo contenido se tiene que no se otorgó a la responsable libertad de jurisdicción para cumplimentar la ejecutoria, dado que el órgano federal estudió el fondo del litigio planteado en la revisión civil al amparo indirecto 351/2017 y su acumulado 490/2017. Ergo, la improcedencia de la demanda de amparo que nos concierne, surge de la necesidad de tutelar la institución jurídica de la cosa juzgada, ya que el problema jurídico que nos ocupa, ya fue dirimido en forma definitiva por este órgano jurisdiccional, a través de la ejecutoria del Tribunal de alzada, en cuya substanciación inclusive la aquí parte quejosa estuvo en aptitud legal de hacer valer los medios de defensa para combatir dicha determinación y postular los argumentos que a su interés estimara convenientes respecto al litigio planteado, de conformidad con el artículo 202, segundo párrafo de la Ley de Amparo, mismo que no puede retomarse por esta juzgadora federal sin menoscabar la verdad legal prevaleciente merced a la decisión de la citada Superioridad. No es óbice reiterar que con la anterior decisión no se deja en estado de indefensión a la hoy quejosa, ya que la propia Ley de Amparo, establece una serie de cauces procesales para inconformarse con el cumplimiento dado a un fallo protector de derechos fundamentales, incluso por vicios propios en la ejecución, de suerte que, tales vías pueden instarse siempre que se esté en la hipótesis de procedencia correspondiente. Así las cosas, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia antes invocada. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Ignacio Ceballos Raigosa, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho, mientras que por lo que hace a la diversa persona que refiere, únicamente se tienen como autorizada en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.".
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como constancia el escrito signado por el autorizado de la parte tercera interesada; ahora bien, atento a su contenido, se advierte que va dirigido al cuaderno incidental derivado del presente juicio, por tanto, dese cuenta con copia certificada del escrito de cuenta, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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