María Teresa Rodríguez
Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Teresa Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que citó a los representantes que integran esa junta, para la audiencia de discusión y votación del proyecto de laudo emitido en el juicio laboral de origen y que una vez que sea aprobado, remitirá las constancias relativas a este juzgado. Con lo anterior, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a María Teresa Rodríguez. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia en vigor. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "La Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de manera inmediata inicie con el trámite que concluya con el dictado del laudo dentro del juicio laboral ********************, ajustándose a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.". RESPECTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Tomando en consideración que las Juntas y Tribunales Laborales son organismos jurisdiccionales con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, y por ello las determinaciones de su titular gozan de plena autonomía e independencia; de modo que, en la especie no es factible requerir a una autoridad diversa en términos artículo 194, de la Ley de Amparo, pues dada su envestidura no tiene superior jerárquico que tenga poder o mando que pueda obligarla a actuar o dejar de actuar en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en este controvertido constitucional. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J.36/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto que sigue. "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. . De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.", Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza y da fe Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, declara abierta la audiencia. Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo X-953/2023, promovido por María Teresa Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, que dentro del presente asunto no existe tercero interesado, y que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual manera, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 12877. El Juez: Téngase hecha la relación de hechos que antecede; en relación con el oficio con el que se da cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual acompaña el diverso signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde el informe justificado que le fue requerido; se tiene rendido tal informe, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que constituya un obstáculo para la celebración de la presente audiencia, el que se encuentre corriendo la vista hacia las partes con dicho informe con justificación, puesto que el diferimiento de la audiencia por tal cuestión sólo debe hacerse en beneficio de la parte quejosa cuando deba aportar pruebas para desvirtuar lo aseverado por la responsable, situación que en el caso no es necesaria atendiendo a las constancias remitidas por la autoridad responsable, de ahí que no requiere de prueba adicional, por lo que en vez de diferir la audiencia constitucional y retardar la solución del asunto, se privilegie el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con impartir justicia de manera pronta y expedita. Sin que con ello se desentiendan las jurisprudencias P./J54/2000 y 1ª/J.112/2006, pues del estudio analítico de las ejecutorias de las que derivaron se colige que su espíritu no es diferir la audiencia constitucional en todos los casos de manera indiscriminada, pues ello atentaría contra el principio constitucional de impartir justicia pronta y expedita, sino antes bien sólo cuando las partes puedan ofrecer pruebas para desvirtuar lo plasmado en el informe justificado lo que en el caso no es necesario. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte la documental pública que remitiera la autoridad responsable, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto; por su parte, obra la documental que la autoridad responsable remitió como sustento de su informe justificado. El Juez: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos; Secretario dé cuenta con los que hayan formulado las partes. El Secretario: Se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló los alegatos que a su parte corresponden. El Juez: Ténganse reproducidas tales alegaciones, con lo cual concluye la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto X-953/2023, promovido por María Teresa Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de julio anterior ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el cual por razón de turno se recibió en este órgano jurisdiccional el mismo día, María Teresa Rodríguez promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta capital. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante auto de dieciocho de julio pasado, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama una omisión a una autoridad jurisdiccional que conoce de conflictos laborales, con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, el acto reclamado consiste en la omisión de la Junta responsable de emitir el laudo respectivo en el juicio laboral 593/2020. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se obtiene que es cierta la omisión que se le atribuye. Además, lo anterior se corrobora con las constancias que remitieron junto con sus informes justificados, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 200 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son esencialmente fundados. La quejosa reclama de manera sustancial la transgresión en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso ha acontecido. De la interpretación de tal precepto constitucional se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. Más aún, este órgano jurisdiccional como garante de la Constitución debe vigilar el irrestricto acatamiento a los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna y, por su parte, las autoridades laborales deben proveer lo necesario a fin de tramitar y concluir el juicio dentro de los plazos y términos que establecen los cuerpos normativos a los que debe sujetarse, debiendo en su momento dictar laudo que resuelva la cuestión planteada. Máxime que el Estado tiene el imperativo legal hacía los gobernados de otorgar el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.3º. T. J/57 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283 Novena Época, número de registro 177266, que dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". A su vez, la Ley Federal del Trabajo en sus ahora derogados artículos 883, 885, 886, 887, 889 y 890, señalan lo siguiente: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días". "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". De tales porciones normativas se desprende la dilación procesal que deben llevar a cabo las juntas laborales; se destaca que desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Acontecido lo anterior, se deberá declarar cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formular por escrito el proyecto de laudo. En el juicio laboral de origen, en que figura la aquí quejosa como actora, se obtiene que en proveído de cuatro de abril del año en curso se tuvo a las partes como desistidas de las alegaciones que, en su caso, tuvieren por formular; en ese sentido, se turnaron los autos a fin de que se emita el laudo correspondiente, sin que lo hubiere realizado. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra dilaciones excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Tales consideraciones dieron génesis a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo de 2019, Décima Época, de contenido siguiente. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". A la fecha en que se resuelve, han transcurrido ciento treinta y cuatro días, es decir, se ha superado en demasía el propio término fijado por nuestro Máximo Tribunal; por tanto, era necesario que la autoridad señalada como responsable iniciara con el trámite que concluya con la emisión del laudo. En ese contexto, resulta evidente que la Junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, lo que trae como consecuencia una violación a la garantía tutelada por el citado artículo, pues los términos utilizados por la autoridad responsable para desarrollar el procedimiento exceden de los establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 32/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205635, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 57, Septiembre de 1992, página 18, que establece: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia". En consecuencia, lo procedente es otorgar la protección constitucional a la quejosa María Teresa Rodríguez, para el efecto de que: La Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de manera inmediata inicie con el trámite que concluya con el dictado del laudo dentro del juicio laboral 593/2020, ajustándose a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro digital 2005150, de contenido literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Finalmente, no se soslaya que el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción rindió los alegatos de su intención; sin embargo, como estos constituyen simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informa con justificación; por lo que resulta innecesario pronunciarse en torno a esas manifestaciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 80, agosto de 1994, página 14, con registro digital 205449, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Teresa Rodríguez, en contra de la omisión reclamada a la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN FORMULA ALEGATOS. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Asimismo, como lo solicita, expídasele copia simple de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.Alm
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