María Teresa Pinedo Acosta

Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
500/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • María Teresa Pinedo Acosta
  • Juez Décimoprimero Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquiluan, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado procesal del expediente y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Teresa Pinedo Acosta, por propio derecho; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 De conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. En cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    En veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el secretario Óscar Elguera Rosas, certifica: que de la revisión exhaustiva del expediente, me cercioré que de los acuerdos dictados con anterioridad, no existe reserva que proveer, respecto de solicitudes o promociones de las partes; finalmente, que los datos, fechas e información plasmados, concuerdan plenamente con lo solicitado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo esas circunstancias, doy cuenta al Juez con el registro de oficialía de partes con folio 10099. Doy fe. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Exhorto diligenciado. Téngase por recibido el oficio electrónico signado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 368/2022 (orden 383/2022), derivado del juicio de amparo en que se actúa en el que se solicitó notificar a la quejosa María Teresa Pinedo Acosta; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar acusar el recibo de estilo correspondiente, dado que el mismo se genera a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, asistido del secretario Óscar Elguera Rosas. Doy fe. evs OSCAR ELGUERA ROSAS

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. Con escrito aclaratorio de demanda. Agréguese como legalmente corresponda el escrito signado por la quejosa María Teresa Pinedo Acosta, por propio derecho; por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento que le fue hecho por auto de once de mayo del año en curso y dado que en el mismo la promovente refiere: ". en este acto exhibo el acta de nacimiento número 1673, de la Oficialía 0009, de fecha de registro 17/07/2000, Libro 0, identificador electrónico 09016000920220048839, clave única de registro PIAT000715MDFNCRA0, Distrito Federal, Miguel Hidalgo, donde viene inserto el nombre de la hoy María Teresa Pinedo Acosta, así como el nombre de mis señores padres David Pinedo Barreda y María Teresa Acosta Ruiz." En ese sentido, dado que la quejosa, María Teresa Pinedo Acosta, ha desahogado la prevención que le fue formulada en auto de once del mes y año en curso, sin embargo, para estar en oportunidad de pronunciarse en cuanto a la procedencia de la demanda de amparo que intenta debe decirse lo siguiente: En este momento, conviene precisar que en los artículos 112 y OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 ??????????????? ??????????????? inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora, en el caso a estudio el acto reclamado respecto del cual se pronunciará este juzgado consiste en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, dentro del expediente 449/2019. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, de oficio se advierte que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable, que no permite la procedencia de la demanda de amparo. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia al numeral 6, párrafo primero, de la legislación en cita y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." Por su parte, el artículo 6°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece lo que enseguida se transcribe: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley ..." En tanto que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal establece lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; ." De los artículos transcritos, se advierte lo siguiente: a) El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado. b) El juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal. Conforme a las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en este numeral tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular; por ende, los sujetos OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 ??????????????? ??????????????? legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto que, la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Lo anterior, se advierte del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". De lo señalado, se advierte que la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. Ahora, de la revisión, de la demanda, de los escritos aclaratorios, así como de las documentales allegadas al presente juicio, se aprecia que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de derechos. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 En ese tenor, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie un juicio y ésta procede cuando el derecho que se cuestione se ejercita por quien tiene aptitud de hacerlo, por lo que si los actos reclamados pudieran afectar a los integrantes de una sociedad, tal afectación es indirecta y por ende no tienen legitimación procesal activa para impugnar, son actos por su propio derecho, toda vez que quien directamente sufre las consecuencias de los mismos es la sociedad y por consiguiente es la única capacitada para impugnarlos en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, segunda parte-1, julio-diciembre de 1988, consultable en la página 318, que establece: "LEGITIMACION ACTIVA. EN QUE CONSISTE. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie un juicio y ésta procede cuando el derecho que se cuestione se ejercita por quien tiene aptitud de hacerlo, por lo que si los actos reclamados pudieran afectar a los integrantes de una sociedad, tal afectación es indirecta y por ende no tienen legitimación procesal activa para impugnar, son actos por su propio derecho, toda vez que quien directamente sufre las consecuencias de los mismos es la sociedad y por consiguiente es la única capacitada para impugnarlos en el juicio de amparo." En razón a lo anterior, es factible afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Bajo esa premisa, en relación con el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, cabe precisar que en dicho auto la autoridad responsable corrige la fecha de la emisión del auto de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, siendo ésta veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual el juez del juicio de origen requiere a las partes en el mismo, para que se dé cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, y se haga entrega del inmueble OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 ??????????????? ??????????????? ubicado en la calle de Seminario, número 160, Colonia Lomas de la Herradura, C.P. 52785, en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México; en ese sentido, se estima que la determinación que se controvierte no le causa ningún perjuicio a la quejosa María Teresa Pinedo Acosta, ya que únicamente se está dando cumplimiento a la sentencia en mención; por lo que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se afectan los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. El precepto en comento dispone: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De esa manera, el interés legítimo para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del peticionario, lo faculta a impugnar las violaciones que a su criterio le afectan de manera general el mencionado auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, así como en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que es insuficiente, para acreditar dicho interés legítimo en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por consiguiente, existe interés legítimo cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Lo anterior, conduce a la conclusión de que la procedencia de la acción de amparo está condicionada al cumplimiento de dos exigencias: tener un interés legítimo y acreditar su afectación. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 En esa línea de pensamiento, conviene señalar que el acto reclamado, consistente en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, no crea, modifica o extingue algún derecho del que sea titular el gobernado, ni se desconoce o reconoce alguna situación jurídica concreta en su perjuicio, ya que únicamente tuvo como fin dar cumplimiento a la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Sobre esas premisas, es patente que la quejosa debió acreditar que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si ésta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, tampoco se acredita la legitimación que tiene para impugnarla. Al respecto, la quejosa refiere que no aparece como parte en la litis del juicio 449/2019 del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, ya que su señor padre, quien es señalado como tercero interesado (David Pinedo Barrera), interpuso una controversia sobre el Estado Civil de las Personas y el Derecho Familiar, en contra de su señora madre (María Teresa Acosta Ruiz) y que mediante auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió se dé cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia en mención, para que se haga entrega del inmueble ubicado en la calle de Seminario, número 160, Colonia Lomas de la Herradura, C.P. 52785, en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, por lo que la ahora quejosa refiere la deja en un total estado de indefensión y le causa daño de difícil reparación, pues, sin haber sido oída y vencida en juicio y mucho menos haber hecho valer sus derechos, la responsable ordena el lanzamiento y entrega del bien inmueble en el que la quejosa refiere es su domicilio, aun cuando ésta aún tiene derecho a recibir alimentos, los cuales están integrados, por comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria y en caso de tratarse de descendientes, como es el caso (es hija del actor en el juicio de origen), incluyen también la obligación de proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 ??????????????? ??????????????? Esto es así, pues la quejosa menciona que aunque es mayor de edad, está estudiando la carrera de Medicina, cursando el cuarto semestre en la "Universidad Anáhuac, Campus Norte", aun faltándole cuatro años de estudio y toda vez que cuenta con un horario muy extenso y diferido, no cuenta con un trabajo de donde obtenga recursos para solventar sus gastos, como sería ropa, alimentos, vivienda, colegiatura; por lo que menciona que su señor padre le ministra $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 mensuales); por lo que menciona, que le asiste la razón de que le sigan siendo suministrados los alimentos; motivos por los cuales considera que le causa daño el acto reclamado, ya que es de difícil reparación a la hoy quejosa, pues no tiene a donde ir a vivir; sosteniendo que no es posible que las autoridades responsables, pretendan dar cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia en cita, entregando al tercero interesado, el inmueble materia de la litis, dejándola en un estado de total indefensión, que le causa daño de difícil reparación. Sin embargo, no asiste razón a la quejosa, pues en el juicio de origen identificado como el expediente 449/2019 del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, lo que se está intentando es ejecutar una orden de lanzamiento y entrega de un bien inmueble, derivado de un procedimiento de controversias sobre el estado de las personas y el derecho familiar, ordenando la entrega de dicho bien en favor del actor, David Pinedo Barrera, tras haber vencido a la demandada María Teresa Acosta Ruiz (su señora madre), lo cual no puede traducirse en el hecho de que deje de suministrarle su derecho a percibir alimentos, los cuales como bien lo afirma, se encuentran integrados por comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria y en caso de tratarse de descendientes, como es el caso (es hija del actor en el juicio de origen), incluyen también la obligación de proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; derechos que son independientes de las cuestiones inherentes a la relación que guardan sus progenitores entre sí, pues de ser el caso, la quejosa podría integrarse en la vivienda de su deudor alimentario, o incluso OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 éste podría adquirirle un inmueble para que ésta lo habite, temas que deberán ventilarse ante la autoridad familiar. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que la quejosa ha adquirido la mayoría de edad, sin embargo, aún se encuentra estudiando y refiere no poder trabajar para ser autosuficiente, tópicos de los que de ser el caso, deberá ocuparse el juez familiar respectivo. En consecuencia, al haberse evidenciado que el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, no le causa perjuicio a la ahora recurrente de amparo, por no ser parte de la litis, no le causa ningún perjuicio a la quejosa, es indudable que se cumple con tales requisitos, actualizándose las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 113, todos de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por María Teresa Pinedo Acosta, por propio derecho. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintidós. Con escrito aclaratorio de demanda. Agréguese como legalmente corresponda el escrito de la quejosa María Teresa Pinedo Acosta, por propio derecho; por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado por auto de dos de mayo del año en curso; así, acuérdese lo que en derecho corresponda: Con escrito aclaratorio de demanda. Agréguese como legalmente corresponda el escrito de la quejosa María Teresa Pinedo Acosta, por propio derecho; por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento que le fue hecho por auto de dos de mayo del año en curso y dado que en el mismo la promovente refiere: "VIII. EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA POR LA HOY QUEJOSO (sic) EXISE (sic) UN CAPÍTULO REFERENTE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 3. NO EXISTE DOCUMENTO QUE ACREDITE PERSONALIDAD, A VIRTUD DE QUE LO PROMOVÍ POR MI PROPIO DERECHO. ." Ahora, dado que la quejosa María Teresa Pinedo Acosta, en el escrito de demanda, refiere que tiene el carácter de tercero interesada y que no fue oída ni vencida en el juicio de origen 449/2019, del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 500/2022 Estado de México, en el cual sostiene que el actor David Pinedo Barreda (es su padre), mientras que la demandada María Teresa Acosta Ruiz (es su madre), asunto en el cual se ha ordenado a la entrega del inmueble en el que habita al primero de los nombrados, dejando de proporcionarle vivienda a ésta, aun cuando la solicitante del amparo sigue siendo dependiente económica, pues sigue estudiando y no puede trabajar, afectando por ello su derecho a percibir alimentos. En tal sentido, dado que la quejosa, María Teresa Pinedo Acosta, ha desahogado la prevención que le fue formulada en auto de dos del mes y año en curso, sin embargo, vistas las manifestaciones que vierte ahora, es procedente realizar nueva prevención, para que la solicitante del amparo, acredite con documento idóneo, el vínculo que afirma tener con las partes en el juicio de origen. Es decir, a efecto de proveer sobre su admisión, requiérase a la promovente de amparo para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad; con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracción V, en relación al diverso 114 fracción III, de la Ley de Amparo, acredite con documento idóneo, el vínculo que afirma tener con las partes en el juicio de origen, lo anterior para estar en oportunidad de pronunciarse en cuanto a la procedencia de la demanda de amparo que intenta. Apercibimiento a la parte quejosa. Apercíbase a la promovente en el sentido que, de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente proveído, en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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