María Teresa Pat Chuc
Expediente 1259/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Teresa Pat Chuc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional en proveído de diecisiete de octubre del año en curso, e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto y remite la constancia respectiva para acreditarlo, por lo que se tiene a dicha responsable en vías de cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en audiencia constitucional de veintisiete de septiembre del presente año; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único punto resolutivo la Justicia de la Unión Amparó y Protegió a la quejosa María Teresa Pat Chuc, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos previstos en la sentencia. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258², en armonía con el diverso ordinal 238³, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1259/2023-VIII, promovido por María Teresa Pat Chuc, por medio de su apoderado legal Raúl Enrique Rivero Marrufo, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual obra agregado en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe de ley de la autoridad responsable para ser tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa junto con su demanda de amparo y las remitidas por la Junta responsable que adjuntó a su informe justificado. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta que parte quejosa y tercero interesada no formularon alegatos y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán no presentó pedimento alguno; por lo que, la Jueza acuerda: Téngase por perdidos los derechos de las citadas partes y de la representación social para formular alegatos. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1259/2023-VIII promovido por María Teresa Pat Chuc, por medio de su apoderado legal Raúl Enrique Rivero Marrufo, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada vía electrónica el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que María Teresa Pat Chuc, por medio de su apoderado legal Raúl Enrique Rivero Marrufo, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó emplazar al parte tercera interesada, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto una omisión atribuida a una autoridad en materia laboral, y la demanda fue presentada en esta entidad federativa, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De una revisión integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa en concreto reclama lo siguiente: - La omisión de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de dictar la resolución interlocutoria respectiva al incidente de liquidación promovido en el juicio laboral 289/2017. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir el informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la copia certificada de la constancia que obra en el expediente laboral de origen 289/2017, que remitió la citada Junta responsable al rendir su informe justificado. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, este órgano de control constitucional no advierte que se haya actualizado alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, así como tampoco se advierte que las partes hayan hecho valer alguna diversa de la referidas causales. Por lo que al no existir causa alguna que haga improcedente el presente juicio de amparo, se procederá realizar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación no habrán de transcribirse, dado que el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, lo exigen. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En su único concepto de violación, la parte quejosa sostiene esencialmente que la autoridad responsable ha dejado de aplicar los artículos previstos en la Ley de Federal de Trabajo, en tanto que se ha excedido y ha sido omisa en dictar la resolución interlocutoria correspondiente al incidente de liquidación que promovió en el juicio de origen, en franca violación al artículo 17 Constitucional, al no administrarle justicia pronta y expedita. Ahora bien, para resolver el resumido argumento, se toma en cuenta el contenido de los dos primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución, que dicen: "Artículo 17. Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (...)". De la interpretación literal del párrafo segundo del precepto transcrito, se arriba a las siguientes conclusiones: a) Garantiza a los gobernados derechos relacionados con la administración de justicia, entre otros, el relativo a tener un acceso efectivo a la actividad de los tribunales; y, b) Prevé que la impartición de justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones o realicen sus actuaciones; sin embargo, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Por tal motivo, en el caso examinado, la autoridad responsable debe sujetarse a lo dispuesto en la ley secundaria que rige su actuar, en el caso, al contenido de los artículos 843, en relación al 761, 762 y principalmente al 763, de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación." "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." De los anteriores numerales transcritos se advierten en concreto las siguientes directrices: 1.- Cuando en las sentencias dictadas en los juicios laborales se trate de cuantificar prestaciones económicas, de ser necesario podrá abrirse el incidente de liquidación; y, 2.- Los incidentes que no tengan una tramitación especial, entendiéndose estos los que no están señalados expresamente en la ley, como son nulidad de actuaciones, competencia, personalidad, acumulaciones y excusas, fuera de estos, los demás que se promuevan se resolverán de plano oyendo a las partes, es decir, promovido el incidente la junta señalara fecha para audiencia incidental y una vez escuchado a las partes, en el mismo acto, deberá dictarse la resolución interlocutoria correspondiente. En el caso, de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad hecha por el quejoso y de las constancias de autos, se aprecian lo siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito de fecha diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete, presentado el veintiuno siguiente, la parte quejosa promovió juicio laboral contra el tercero interesado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, radicándose bajo el expediente 289/2017 del índice de la Junta responsable. 2. Seguida la secuela procesal, el veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno la responsable dictó el laudo respectivo; así como con fecha nueve de noviembre del año dos mil veintiuno dictó una aclaración del laudo. 3. En acuerdo de uno de diciembre del año dos mil veintidós, se señaló las doce horas del uno de marzo del año dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación. 4. El uno de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental, en la que se tuvieron por hechas las manifestaciones de las partes, respecto de las planillas de liquidación presentadas por cada uno, se proveyó sobre las pruebas de las partes y se ordenó turnar el expediente de origen para el dictado de la resolución del incidente de liquidación. Siendo esta la última actuación realizada por la autoridad responsable. De lo anteriormente relatado, se evidencia que el juicio ha estado paralizado durante más de seis meses, desde el uno de marzo del año dos mil veintitrés, hasta la presente fecha; sin que se haya emitido la resolución interlocutoria correspondiente, pues a la fecha en que se resuelve el presente juicio, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, no se informó que se haya dictado, por lo que la violación a la garantía de justicia pronta y expedita persiste; pues desde la celebración de la aludida audiencia incidental la autoridad responsable ya contaba con todos los elementos necesarios para emitir dicha resolución, tan es así que turnó los autos para emitir la resolución respectiva; por tanto, debió apagarse a lo establecido en el citado precepto legal 763 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el incidente promovido por la hoy parte quejosa, no se encuentra entre los incidentes que tenga tramitación especial, por tanto la responsable debió resolver en esa misma fecha. Sin embargo no lo ha hecho, lo que constituye una violación a las garantías reconocidas en el artículo 17 Constitucional, de que se le imparta justicia conforme a los plazos y términos que fijen las leyes. Además, si se toma en cuenta que desde el acuerdo de inicio del incidente, esto es, el uno de diciembre del año dos mil veintidós, en que se señaló la hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación, hasta el día en que se resuelve este asunto veintiséis de septiembre del año dos mil veintitrés, han pasado más de nueve meses sin que se haya emitido la señalada interlocutoria. De ahí que se dejó de acatar lo ordenado en el precepto 763 de la Ley Federal del Trabajo, pues dicha resolución, como ya se mencionó, debió dictarse en la misma fecha en que tuvo verificativo la audiencia incidental, sin que se hubiere emitido, cuenta habida que se dejó de actuar en el procedimiento de origen, conforme a las circunstancias relatadas. Bajo esta tesitura, tenemos que dicha omisión por parte de la autoridad del trabajo responsable resulta violatoria de garantías, porque de conformidad con lo preceptuado por el artículo 17 Constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita, lo que no aconteció en el presente evento, pues la violación de la responsable incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del incidente, pues aun cuando se dicte la interlocutoria y esta resultara favorable a sus intereses, la transgresión a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. Para arribar a la anterior conclusión, no se soslaya el argumento de la autoridad responsable en su informe justificado, en el sentido de que no se ha dictado la citada resolución debido a las cargas de trabajo y escaso personal con el que cuenta; sin embargo, no puede admitirse interpretación alguna respecto a lo establecido en el numeral 763 de la Ley Federal del Trabajo, porque implicaría la inaceptable postura de hacer nugatoria la garantía de celeridad en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ello, cuenta habida que si el legislador ordinario señaló plazos y términos, y el constituyente originario y permanente reconoció a las personas el derecho de que se les imparta justicia con apego a ellos, debe concluirse necesariamente que los Tribunales del Trabajo deben adoptar las medidas generales y especiales para que se acaten en todos los casos. En efecto, no puede perderse de vista que el legislador, al fijar términos procesales en las leyes respectivas, lo hizo en atención a la variada e imprevisible gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten, como por la complejidad de los hechos a los que se refieren y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas, por lo que resulta lógico inferir que el legislador, tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, de acuerdo con la capacidad y diligencia del Tribunal laboral y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para su trámite correspondiente, de manera que, se reitera, es obligación de la autoridad responsable organizarse para que los mandatos constitucionales no queden al arbitrio de sus funcionarios; además que al existir términos debidamente establecidos en la legislación laboral, desde el momento en que se violenta uno de ellos, de inmediato se irrogan perjuicios a las partes en el procedimiento lo que, en la especie, no es atribuible al peticionario del amparo, sino a la Junta encargada de cumplirlos, quien en todo caso es quien pasa por alto los derechos de los expedientes también en rezago, de ahí lo infundado de su alegato con el que pretende justificar su conducta. Consecuentemente, la autoridad responsable debe cumplir con esas condiciones establecidas en la legislación obrera desde el inicio del juicio, en el curso de éste y hasta dictarse la resolución respectiva, por lo cual los términos establecidos al respecto no pueden ser aplicados por la Junta responsable arbitrariamente, sino que deben cumplirse con el fin de lograr que la instancia de justicia a su cargo, constituya un mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de sus relaciones jurídicas. Por consiguiente, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder la protección de la Justicia Federal contra el acto que se reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, consistente en la omisión de dictar resolución interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación promovido en el juicio laboral 289/2017. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación, a fin de restituir a la quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, se concede el amparo para el efecto de que: - La Junta responsable proceda de inmediato al dictado de la resolución interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación promovido en el juicio de origen 289/2017, ajustándose a los términos señalados en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Teresa Pat Chuc, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo; por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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