Maria Teresa Paredes Campos
Expediente 339/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Maria Teresa Paredes Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
(Cuaderno de Antecedentes) Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que le fueron enviados los autos originales del juicio de amparo 339/2015 de la estadística, del que deriva este cuaderno de antecedentes. En ese contexto, se le tiene informando que el veintitrés de febrero del año en curso, dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó registrado bajo el número 2/2016 de su índice.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las partes en el presente juicio de amparo, fueron debidamente notificadas del proveído de cuatro de febrero del año en curso; en consecuencia, en atención a lo ordenado en dicha fecha, remítanse los autos de este asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en turno, para la substanciación del recurso de inconformidad que hizo valer la parte tercera interesada contra el acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil quince; en virtud de ello, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa y tercero interesada no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante los avisos fijados el ocho y nueve de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se les notifica el proveído de cuatro de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Jaime Iván Peraza Oliva, en su carácter de administrador único de la persona moral tercera interesada "Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable", mediante el cual promueve recurso de inconformidad contra el acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil quince (fojas 207 a 218), por virtud del cual este órgano jurisdiccional declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad en comento; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fuera modificado mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, determinó que los recursos de inconformidad interpuestos en los términos de las fracciones I y III del artículo 201 de la ley de la materia, conocerían los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese contexto, una vez que se encuentren debidamente integrados los autos del expediente en que se actúa, remítase el escrito de presentación del recurso que nos ocupa junto con el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para la substanciación del recurso de mérito, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su momento fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el cinco de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial con la que se da cuenta, se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. A) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. I. El once de septiembre de dos mil quince se dictó sentencia en la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Teresa Paredes Campos (fojas 39 a 59), para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de dos mil quince (sic), dictada dentro del Toca Penal (sic) 441/2014, de su índice. 2. Con base en los razonamientos apuntados en el presente fallo, dicte una nueva resolución en la que purgue los vicios formales de que adolece, esto es, precise las circunstancias de lugar y tiempo en la comisión del delito, así como las probanzas que enlazadas en su conjunto lo llevaron a tal convicción, para lo cual deberá razonar fundada y motivadamente respecto del valor de los testimonios de los atestes Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto, con base en las precisiones destacadas en el presente fallo; asimismo, otorgue valor probatorio a los testimonios vertidos por Lizbeth del Carmen Poot Villanueva y el Licenciado Salvador Terrazas Cervera, Ex Notario Público adscrito a la Notaría Pública Número Cuarenta y Cuatro, de la demarcación de Chetumal, Quintana Roo; y, motive con qué pruebas determinó el monto que refiere la parte querellante, entregó en maquinaria pesada a la aquí quejosa y su coinculpado. 3. Una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda.". (fojas 58 y reverso). II. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, la sentencia que nos ocupa causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo (fojas 119 y 120), lo cual le fue debidamente notificado el día tres de noviembre del año que transcurre (foja 122). III. El seis de noviembre de dos mil quince se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado de distrito, el oficio 8174/2015, signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad (foja 123), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en proveído de veintiocho de octubre pasado, remitió lo siguiente: ? Copia certificada del acuerdo de cuatro de noviembre de este año, emitido dentro de la causa penal de origen 441/2014. ? Copia certificada del auto de libertad por falta de elementos para procesar dictado a favor de la aquí quejosa María Teresa Paredes Campos, dentro de la causa penal 441/2014. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226 , del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". IV. Luego, por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince (foja 146) se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que informó la autoridad responsable en este asunto, siendo el caso que únicamente la parte tercera interesada "Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable" hiciera uso de ese derecho. B) Lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Inicialmente, debe decirse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hizo consistir en el auto de formal prisión de veintiocho de mayo del año en curso, pronunciado en los autos de la causa penal 441/2014, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado se declaró que el auto de formal prisión reclamado carecía del requisito de la debida fundamentación y motivación, pues teniendo a la vista las constancias que integran la causa penal de origen, se advirtió la falta de precisión de la circunstancia de lugar en la que se realizó la comisión del delito de fraude específico, así como la omisión y deficiencia en la valoración de la probanzas que integran el caudal probatorio. Dicho pronunciamiento se dictó tomando en consideración tres aspectos cuya cita resulta indispensable señalar a fin de determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida: 1. En un primer aspecto, se determinó que el auto de formal prisión carecía del requisito de la debida fundamentación y motivación ante la falta de precisión de las circunstancias de lugar y tiempo en que la conducta fue desplegada. Dicho de otro modo, se estableció en la ejecutoria de amparo que en el acto reclamado no fue precisado cuándo se había llevado a cabo la enajenación del bien inmueble materia de la controversia penal; aspecto que resultaba trascendental toda vez que la "enajenación" constituía uno de los elementos materiales que integraban el cuerpo del delito de fraude específico atribuido a la quejosa María Teresa Paredes Campos. Imprecisión que derivaba de la inconsistencia en las declaraciones rendidas por el Administrador Único de la persona moral denominada Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, [querellante en la causa penal y tercera interesada en el presente juicio de amparo], en relación con el dicho de los testigos de cargo Francisco Alcocer Betancourt, Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto. Ya que Jaime Iván Peraza Oliva, Administrador Único de la persona moral denominada Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, aseveró que al firmar una escritura pública respecto de un terreno ubicado en la carretera Xtomoc-Buena Vista, sin número del municipio de Bacalar, la aquí quejosa, junto con su esposo, dentro del local que ocupa la Notaría Pública número Cuarenta y Cuatro, le ofrecieron en venta un diverso terrero (materia de la controversia penal), del que a decir del querellante, la quejosa y su esposo sostuvieron que era de su propiedad, pero al realizar la entrega de la cantidad correspondiente al precio pactado, se dio cuenta que el dueño de dicho terreno era una persona distinta [de Christian Ballinguer Cohuo Paredes], quien no quiso realizar la entrega del inmueble. Aspecto en el que fueron coincidentes los testigos Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto, quienes refirieron de igual modo que el lugar en el que se realizó el ofrecimiento del terreno materia de la controversia penal fue en el interior de la Notaría Pública número Cuarenta y Cuatro. Mientras que el diverso ateste Francisco Alcocer Betancourt, junto con el antes señalado Lauro Roberto Peraza Oliva, indicaron que la quejosa María Teresa Paredes Campos [junto con su esposo], compareció a formalizar la compraventa verbal ante las oficinas en las que se encuentra la persona moral denominada Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se había pactado previamente en la Notaría Pública Número Cuarenta y Cuatro. Por tal motivo, en la ejecutoria de amparo se determinó que la autoridad responsable debía valorar dicho aspecto y precisar con claridad las circunstancias de lugar y tiempo en que se cometió el delito de fraude específico. Y en forma particular se determinara si el elemento enajenación había quedado colmado: ? En la Notaría Pública Número Cuarenta y Cuatro; o, en su caso, ? En las oficinas de Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. En un segundo aspecto, en la ejecutoria de amparo se determinó que el auto de formal prisión carecía del requisito de la debida fundamentación y motivación al valorar las testimoniales que rindieron los diversos testigos de cargo y descargo. Se sostuvo que, en lo referente a la testigo de descargo Lizbeth del Carmen Poot Villanueva, empleada de la Notaría Pública Número Cuarenta y Cuatro, ante quien se realizó la firma de la escritura pública, se había omitido expresar si dicho testimonio cumplió o no con los requisitos establecidos en la ley procesal para su desahogo, ya que en el auto de formal prisión reclamado no se plasmó la apreciación de su declaración, a saber: ? El criterio de la ateste; ? Su imparcialidad; ? Si conoció el hecho por sí o por referencia; ? Si fue obligada a declarar; ? Si su narrativa era clara y precisa; Y finalmente, que se plasmaran los preceptos legales que fundaran la valoración de su testimonio. De igual modo, se destacó que el dicho de la ateste citada se contraponía con el dicho de los testigos Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto, quienes sostuvieron que habían acompañado al Administrador Único de la persona moral denominada Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la firma del contrato en la notaría pública; mientras que Lizbeth del Carmen Poot Villanueva sostuvo que la quejosa, su esposo y el tercero interesado se encontraban solos en el momento en que celebraron dicho contrato. Por tal motivo, en la ejecutoria de amparo se determinó expresamente que debía concederse valor probatorio al dicho de la ateste Lizbeth del Carmen Poot Villanueva; y de igual modo, se determinó que la autoridad responsable debería negarle valor probatorio al dicho del testigo Lauro Roberto Peraza Oliva, ya que es hermano del administrador único de la persona moral denominada Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable; aspecto que debería enlazarse con el dicho del Notario Público Número Cuarenta y Cuatro y con la declaración del tercero contenida en la querella, en donde no se había dicho nada respecto a que el agraviado hubiese acudido a la firma del contrato de compraventa del predio ubicado en la carretera Xtomoc-Buena Vista, en compañía de los testigos de cargo Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto. 3. Finalmente, en un tercer aspecto, se estableció en la ejecutoria de amparo que no se había especificado de qué manera se determinó que efectivamente las maquinarias pesadas que el tercero interesado afirmó haber entregado a la quejosa, corresponden al monto de un millón ochocientos mil pesos, toda vez que no se había especificado cuáles probanzas tomó en consideración para decretar los valores que correspondían a cada una de las maquinarias, su estado de conservación y su valor en la época de los hechos. Por tanto, se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que los efectos de su concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de mayo de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 441/2014. 2. Con base en los razonamientos apuntados en el fallo de once de septiembre de este año, dictara una nueva resolución en la que purgara los vicios formales de que adolece; esto es: - Precisara las circunstancias de lugar y tiempo en la comisión del delito, así como las probanzas que enlazadas en su conjunto lo llevaron a tal convicción, para lo cual debía razonar fundada y motivadamente respecto del valor de los testimonios de los atestes Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto, con base en las precisiones destacadas en dicha sentencia. - Asimismo, otorgara valor probatorio a los testimonios vertidos por Lizbeth del Carmen Poot Villanueva y el licenciado Salvador Terrazas Cervera, ex Notario Público adscrito a la Notaría Pública Número Cuarenta y Cuatro, de la demarcación de esta ciudad. - Motivara con qué pruebas determinó el monto que refiere la parte querellante, entregó en maquinaria pesada a la aquí quejosa y su coinculpado. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera. C) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo Precisado lo anterior, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, se advierte que se encuentran satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: C).1 En relación al primero de los efectos, la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de mayo del año en curso, dictado en la causa penal 441/2014, pues el cuatro de noviembre de dos mil quince dictó un acuerdo, en el que, en lo concerniente, se transcribe: ".se ordena dejar insubsistente el Auto de Formal Prisión dictado en contra de MARÍA TERESA PAREDES CAMPOS, el veintiocho de mayo del año dos mil quince, y en su lugar emítase una nueva resolución de término constitucional en la que se cumpla con el mandato federal, y en su momento infórmesele a dicha Autoridad Judicial el cumplimiento dado a la referida ejecutoria de amparo. [.].". En virtud de lo anterior, se tiene satisfecho el primer resolutivo correspondiente a la ejecutoria de amparo. C).2 Luego, por lo que ve al segundo de los efectos, la autoridad responsable dictó nueva determinación en la que atendió los tres aspectos relacionados con la debida fundamentación y motivación, tanto en el aspecto relativo a la determinación de las circunstancias de lugar y tiempo en la comisión del delito, como en lo atinente a la valoración de las pruebas testimoniales de cargo y descargo, el dicho del querellante y las relacionadas con el valor de las maquinarias pesadas que el tercero interesado afirmó haber sido entregadas a la quejosa. En el aspecto relativo al requisito de la debida fundamentación y motivación ante la falta de precisión de las circunstancias de lugar y tiempo en que la conducta fue desplegada, la autoridad responsable realizó un estudio de los elementos de prueba en donde destacó la inconsistencia en las declaraciones rendidas por el Administrador Único de la persona moral denominada Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, [querellante en la causa penal y tercera interesada en el presente juicio de amparo], en relación con el dicho de los testigos de cargo Francisco Alcocer Betancourt, Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto, pues de dicha determinación se transcribe lo siguiente: ".así también el Ciudadano LAURO ROBERTO PERAZA OLIVA, al comparecer ante el órgano ministerial declaró lo siguiente: [.]. Por lo que respecta al Ciudadano ROBERTO VARGAS BARRETO, al comparecer ante el órgano ministerial manifestó lo siguiente: [.]. Pues bien, antes de proceder a otorgarle el valor probatorio que le corresponde a los medios de prueba acabados de citar, es preciso primeramente establecer que el dicho de los declarantes existen diversas inconsistencias con respecto al dicho del querellante Jaime Iván Peraza Oliva, pues se tiene que éste aseveró que al estar firmando una escritura pública respecto de un terreno ubicado en la carretera Xtomoc-Buena Vista sin número bajo cédula catastral 0163025000000044, del municipio de Bacalar, con la activo del delito y el esposo de ésta dentro del local que ocupa la Notaría Pública número Cuarenta y Cuatro, éstos le ofrecieron en venta un terreno que hoy es materia de la presente causa penal, el cual aduce el querellante que los activos le afirmaron que era de su propiedad y que con posterioridad constató que el legítimo dueño era el ciudadano CHRISTIAN BALLINGUER COHUO PAREDES, siendo defraudado por los activos pues aduce que éstos pese a recibir el pago que habían pactado por el terreno que le ofrecieron ya no concretaron la venta debido a que no resultaron ser sus legítimos propietarios; Y por lo que respecta al testigo LAURO ROBERTO PERAZA OLIVA y ROBERTO VARGAS BARRETO, refirieron que el lugar donde se llevó a cabo el ofrecimiento del terreno ubicado en la calle cuatro s/n, de la manzana ochenta y cuatro, lote quince del municipio de Bacalar Quintana Roo, fue en el interior de la notaria cuarenta y cuatro y por otra los testigos JUAN PAULINO MARTÍNEZ LÓPEZ (sic) y FRANCISCO ALCOCER BETANCOURT, indicaron que los activos del delito comparecieron ante las oficinas que se encuentra en la Constructora Equipos del Sur S.A. de C.V. que se ubica en la avenida Belice 347 de esta Ciudad, lugar al que los activos se apersonaron a formalizar la compra-venta verbal que se había pactado previamente en la notaria cuarenta y cuatro por lo que los activos realizaron la entrega de algunos papeles referente al terreno en cuestión y después de esto recibieron maquinaria pesada como dación de pago y un cheque en consigna (sic), ahora bien se tiene que existe una contradicción entre el dicho de los testigos con el del agraviado, dejando a este juzgador en la imposibilidad de poder determinar con certeza la circunstancia de lugar y tiempo en que concretamente se realizó la comisión del delito de fraude especifico pues es meramente necesario que tales circunstancias para poder determinar el elemento consistente en la existencia de una enajenación, pues del dicho de dos testigos se tiene que el ofrecimiento se llevó a cabo en el interior de la notaria cuarenta y cuatro y otros dos testigos refieren que fue en el interior de la Constructora Equipos del Sur S.A. de C.V. que se ubica en la avenida Belice 347 de esta Ciudad y toda vez que del dicho de los (sic) no se establece la circunstancia del lugar, lo cierto es que tampoco se establece la circunstancia de tiempo, en que se da el supuesto ofrecimiento, sin pasar de alto que los testigos aquí valorados no cumplen a cabalidad el numeral 250 de la Ley Adjetiva en vigor, pues de las generales y dicho de los propios declarantes, existe un vínculo ligado con el agraviado dado que el declarante LAURO ROBERTO PERAZA OLIVA, es hermano del agraviado y los ciudadanos ROBERTO VARGAS BARRETO, JUAN PAULINO MARTÍNEZ LÓPEZ y FRANCISCO ALCOCER BETANCOURT, existe una completa imparcialidad (sic) en sus dichos pues estos resultan ser subordinados del querellante, lo que hace que no se cumpla con lo estipulado en la fracción II del numeral antes citado. [.] .hecho que como ya se dijo, en el presente caso no existe pues el primero de los declarantes LAURO ROBERTO PERAZA OLIVA, es hermano consanguíneo del pasivo y los restantes ROBERTO VARGAS BARRETO, JUAN PAULINO MARTÍNEZ LÓPEZ y FRANCISCO ALCOCER BETANCOURT, al momento de declarar ante el Agente Investigador, sostenían una relación laboral con el pasivo, asimismo se tiene que dichas declaraciones cumplen con los requisitos de debido desahogo, en ese sentido tenemos que los citados deponentes fueron examinados separadamente, puesto que como se advierte de autos, en sus comparecencias ante el Órgano Técnico Investigador, sus declaraciones se realizaron en audiencia especial en la cual únicamente estuvieron presentes la compareciente, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común y el Secretario del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, cumpliendo de esta forma dichas diligencias con lo establecido en el artículo 180 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; de igual manera, se advierte de las constancias levantadas por el Representante Social al rendir su primera declaración los citados testigos les fueron tomados sus generales, así como el hecho de que fueron informados de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad ante una Autoridad, para lo cual se hizo constar que los declarantes protestaron conducirse con verdad, colmándose el extremo establecido en el artículo 183 de la Ley Adjetiva de la materia; siendo que como se puede advertir dichas declaraciones reúnen todos los requisitos de ley para su desahogo; ahora bien, es preciso señalar que la deposición de los ciudadanos como ya se mencionó con anterioridad, no cumplen a cabalidad con las exigencias establecidas en el numeral 250 fracción II de la Ley procesal de la materia antes señalada, siendo en este sentido que esta autoridad considera que sus declaraciones NO son vertidas con completa imparcialidad, puesto que como se puede advertir, los testigo (sic) de referencia han demostrado o expresado tener un vínculo con el agraviado; además que el hecho sobre el cual depusieron no se tiene la certeza que hayan sido conocidos directamente a través de sus sentidos, ya que se tiene que existen contradicciones sobre el lugar donde supuestamente se dio el ofrecimiento del terreno que hoy es motivo de la presente causa penal, aunado a que se puede presumir que los declarantes LAURO ROBERTO PERAZA OLIVA y ROBERTO VARGAS BARRETO, JUAN PAULINO MARTÍNEZ LÓPEZ y FRANCISCO ALCOCER BETANCOURT al ser el primero hermano consanguíneo del agraviado y los segundos nombrados al ser subordinados del querellante pudo obligar a dichos declarantes a declarar en la forma en la que lo hicieron, es por lo anterior que el dicho de los declarantes ya multicitados no es de darle valor probatorio alguno. De lo anterior se desprende que al realizar el nuevo estudio de los testimonios rendidos por los testigos de cargo Francisco Alcocer Betancourt, Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto, la autoridad responsable concluyó que se encontraba en la imposibilidad de determinar con certeza la circunstancia de lugar y tiempo en que concretamente se realizó la enajenación, elemento cuya acreditación -consideró- resultaba necesario para poder determinar si se acreditaba la comisión del delito de fraude específico. Imposibilidad que derivaba de que del dicho de dos testigos se advertía que el ofrecimiento se había llevado a cabo en el interior de la Notaría Pública Número Cuarenta y Cuatro, mientras que otros dos testigos afirmaban que fue en el interior de las oficinas de la persona moral Equipos del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable; ello aunado a que Lauro Roberto Peraza Oliva es hermano del agraviado [tercero interesado] Jaime Iván Peraza Oliva, motivo por el cual no ameritaba valor probatorio su dicho. Y agregó la autoridad responsable en el auto dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que en lo referente a Roberto Vargas Barreto y Francisco Alcocer Betancourt, existía imparcialidad en sus dichos al ser subordinados del querellante, motivo por el cual tampoco era de concederle valor probatorio a sus declaraciones. Por otra parte, en cumplimiento a los lineamientos trazados en la ejecutoria otorgó valor probatorio a los testimonios vertidos por Lizbeth del Carmen Poot Villanueva y el licenciado Salvador Terrazas Cervera, ex Notario Público adscrito a la Notaría Pública Número Cuarenta y Cuatro, de la demarcación de esta ciudad, pues al respecto precisó en la parte que interesa, lo siguiente: .aunado a que existe la DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LA CIUDADANA LIZBETH DEL CARMEN POOT VILLANUEVA rendida ante este Juzgador en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince en donde manifestó: [.] .Primeramente es preciso señalar que la citada deponente fue examinada separadamente, puesto que como se advierte de autos, en la ocasión que compareció ante este Juzgador su declaración se realizó en audiencia especial en la cual únicamente estuvieron presentes la compareciente, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común el Secretario de Acuerdos, el Juez, así como la indiciada, su defensor particular de la agraviada, así como el Representante legal de la parte agraviada, cumpliendo de esta forma dichas diligencias con lo establecido en el artículo 180 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; asimismo, se advierte de las constancias levantadas por el Juzgador en conjunto con el Secretario de Acuerdos, la testigo al rendir su declaración le fueron tomados sus generales, así como el hecho de que fue informado de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad ante una Autoridad, para lo cual se hizo constar que la declarante protestó conducirse con verdad, colmándose el extremo establecido en el artículo 183 de la Ley Adjetiva de la materia; siendo que como se puede advertir dicha declaración reúne todos los requisitos de ley para su desahogo; ahora bien, es preciso señalar que la deposición de la testigo, cumple a cabalidad con las exigencias establecidas en el numeral 250 fracción II de la Ley procesal de la materia antes señalada, ya que éste se trata de una persona mayor de edad pues refirió contar con cincuenta años de edad, y debido a su instrucción escolar que es de Secretariado, se concluye que tiene el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el cual depone, asimismo, se advierte que su declaración es vertida con completa imparcialidad, al no tener ninguna relación de parentesco o amistad con las partes siendo además que el hecho sobre el cual depuso fue conocido directamente a través de sus sentidos, finalmente, tenemos que al menos hasta ese momento procesal se advierte que no obra en autos ningún medio de prueba que haga presumir que la testigo haya vertido su declaración obligada, por fuerza o miedo o impulsado por engaño, error o soborno de algún tipo. Por tanto dicha declaración testimonial le reviste valor probatorio de indicio según dispone el numeral 254, en relación al 250, ambos del Código Adjetivo en la materia, toda vez que la testigo refiere que al momento de la firma del contrato de compraventa del predio denominado SANTA MARTHA, ubicado en la carretera Xtomoc-Buena Vista, el cual se efectuó en la oficina que ocupa la Notaría Pública número Cuarenta y cuatro, con residencia en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, únicamente se apersonaron el procesado Julio Couoh Sánchez y la Indiciada, en su carácter de vendedores y el Señor Jaime Iván Peraza Oliva, como comprador, sin que hubieran otras personas como lo refieren los testigos de cargo LAURO ROBERTO PAREZA OLIVA y ROBERTO VARGAZ BARRETO a los cuales se les restó valor probatorio por los motivos ya expuestos, y quienes afirmaron haber acompañado al Agraviado, a la firma del contrato de compraventa del terreno ubicado en la carretera Xtomoc-Buena Vista, el cual se efectuó en la oficinas que ocupa la Notaría Pública número Cuarenta y cuatro, lugar en el que aseveraron presenciar se dio el ofrecimiento por parte los señores Julio Couoh Sánchez y María Teresa Paredes Campos, del terreno que hoy es materia del delito en la presente causa penal. De la misma manera tenemos que el dicho de la testigo sirve para desvirtuar la declaración del testigo de cargo LAURO ROBERTO PERAZA OLIVA, cuando refiere que la persona que los atendió en la notaría Cuarenta y cuatro es el propio Notario. [.] Sin embargo se tiene que obra la DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL LICENCIADO SALVADOR TERRAZAS CERVERA, en su carácter de Notario Público adscrito a la notaría pública número cuarenta y cuatro con sede en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en fecha veintidós de abril del año dos mil trece quien respondió. [.] .Primeramente es preciso señalar que el citado deponente fue examinado separadamente, puesto que como se advierte de autos, en la ocasión que compareció ante este Juzgador su declaración se realizó en audiencia especial en la cual únicamente estuvieron presentes el compareciente, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común el Secretario de Acuerdos, el Juez, así como el coinculpado de la indiciada, su defensor particular del coinculpado, cumpliendo de esta forma dicha diligencia con lo establecido en el artículo 180 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; asimismo, se advierte de las constancias levantadas por el Juzgador en conjunto con el Secretario de Acuerdos, el testigo al rendir su declaración le fueron tomados sus generales, así como el hecho de que fue informado de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad ante una Autoridad, para lo cual se hizo constar que la declarante protestó conducirse con verdad, colmándose el extremo establecido en el artículo 183 de la Ley Adjetiva de la materia; siendo que como se puede advertir dicha declaración reúne todos los requisitos de ley para su desahogo; ahora bien, es preciso señalar que la deposición de la testigo, cumple a cabalidad con las exigencias establecidas en el numeral 250 fracción II de la Ley procesal de la materia antes señalada, ya que éste se trata de una persona mayor de edad pues refirió contar con sesenta y cuatro años de edad, y debido a su instrucción escolar que es maestría en derecho constitucional y amparo, se concluye que tiene el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el cual depone, asimismo, se advierte que su declaración es vertida con completa imparcialidad, al no tener ninguna relación de parentesco o amistad con las partes siendo además que el hecho sobre el cual depuso fue conocido directamente a través de sus sentidos, finalmente, tenemos que al menos hasta ese momento procesal se advierte que no obra en autos ningún medio de prueba que haga presumir que la testigo haya vertido su declaración obligada, por fuerza o miedo o impulsado por engaño, error o soborno de algún tipo. Por tanto dicha declaración testimonial le reviste valor probatorio de indicio según dispone el numeral 254, en relación al 250, ambos del Código Adjetivo en la Materia. [.].". De lo transcrito se advierte que la autoridad responsable al valorar de nueva cuenta el dicho de la testigo de cargo Lizbeth del Carmen Poot Villanueva, le concedió valor demostrativo para acreditar que al momento de la firma del contrato de compraventa del predio ubicado en la carretera Xtomoc-Buena Vista, efectuado en la oficina que ocupa la Notaría Pública Número Cuarenta y Cuatro, únicamente se apersonaron la hoy quejosa María Teresa Paredes Campos, conjuntamente con su esposo, en su carácter de vendedores, y el señor Jaime Iván Peraza Oliva, en su carácter de comprador, sin que estuvieran presentes otras personas, como lo refirieron los atestes Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto; cabe referir que la autoridad responsable invocó como fundamento de la valoración del testimonio de Lizbeth del Carmen Poot Villanueva, los artículos 250 y 254 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo. Premisa que corroboró tomando en consideración la declaración del Notario Público Número Cuarenta y Cuatro, conjuntamente con el contenido de las manifestaciones vertidas por el querellante [tercero interesado] en las que no se hizo alusión a que este último se hubiera encontrado acompañado de los testigos de cargo Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto, en el momento en que se llevó a cabo la compraventa del predio ubicado en la carretera Xtomoc-Buena Vista, el día en que se adujo ocurrió el ofrecimiento del terreno materia de la controversia penal. Finalmente, por lo que se refiere al aspecto relativo a la entrega de la maquinaria pesada se estableció en la ejecutoria de amparo lo siguiente: "Por último se tiene que el agraviado aduce que le entregó a la inculpada y su coacusado un total de un millón ochocientos mil pesos en diversas maquinarias a efecto de pagar el terreno que hoy es materia del delito, sin embargo lo anterior no queda acreditado, pues bien como ya se dijo, se dejó sin valor probatorio alguno el dicho de los testigos FRANCISCO ALCOCER BETANCOURT, JUAN PAULINO MARTÍNEZ LÓPEZ, LAURO ROBERTO PERAZA OLIVA y ROBERTO VARGAS BARRETO, y hasta el momento de resolver se tiene que el agraviado o Agente del Ministerio Público haya ofrecido un DICTAMEN CONTABLE siendo esta la prueba idónea para tener por acreditado el valor de cada uno de los vehículos que aduce el pasivo le entregó a la indiciada y su coacusado, por lo tanto se tiene que el dicho del agraviado no se encuentra acreditado con ningún otro medio de prueba, y en consecuencia al ser un indicio aislado no resulta ser suficiente para tener por acreditado el primer elemento del delito. [.].". Esto es, la autoridad responsable realizó un nuevo estudio de las probanzas ofrecidas en autos y motivó el aspecto relativo al monto que refiere la parte querellante entregó en maquinaria pesada a la aquí quejosa y su coinculpado, pues al respecto sostuvo que no se encontraba acreditado el dicho del agraviado [tercero interesado] en el sentido de que entregó a la inculpada [parte quejosa] y a su esposo, la cantidad de un millón ochocientos mil pesos en diversas maquinarias a efecto de pagar el terreno materia de la causa penal. Aserto que se sostuvo sobre dos premisas, a saber: 1. Que conforme a lo expuesto en la ejecutoria ya se había dejado sin valor probatorio el dicho de los testigos Francisco Alcocer Betancourt, Juan Paulino Martínez López (sic), Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto. 2. Que hasta el momento de resolver no existía un dictamen contable donde se acreditara el valor de cada uno de los vehículos que aduce el agraviado haber entregado a la quejosa. C).3 Finalmente, por lo que se refiere al tercero de los efectos, la autoridad responsable dictó nueva determinación en la que con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho correspondió, dentro de la causa penal de origen, pues en lo que aquí concierne, se transcribe lo siguiente: .se decreta AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR a favor de MARÍA TERESA PAREDES CAMPOS, como probable responsable del delito de FRAUDE ESPECÍFICO. [.].". En virtud de todo lo anterior, es evidente que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos sus efectos; en tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que se advierta exceso o defecto, o imposibilidad con el cumplimiento del fallo protector. No pasa inadvertido que la parte tercera interesada presentó el veinticuatro de noviembre pasado, un escrito en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad (fojas 155 a 188), mediante el cual realizó manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, especificamente el auto de libertad por falta de elementos para procesar emitido por el juez responsable en la cuasa penal de origen, en el sentido de que la autoridad responsable se excedió en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; además, transcribió los antecedentes y agravios que le causaba el auto de libertad que nos ocupa, manifestaciones que en este apartado se analizan en atención al principio de exhaustividad que debe privar en toda determinación jurisdiccional. Al respecto, dígasele que, en virtud de lo expuesto en este proveído, se advierte que la autoridad responsable se pronunció con plenitud de jurisdicción respecto al auto de formal prisión reclamado en este asunto, por lo cual se tuvieron por satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. En ese sentido, si los efectos de la ejecutoria dictada por el órgano auxiliar van encaminados a que la autoridad responsable dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado, purgara los vicios propios que adolece, precisados en el cuerpo de este acuerdo, y dictara una nueva resolución, siguiendo los lineamientos que específicamente trazó el Juzgado de Distrito Auxiliar para la valoración de las pruebas testimoniales de los testigos de cargo Lauro Roberto Peraza Oliva y Roberto Vargas Barreto, la testigo de descargo Lizbeth del Carmen Poot Villanueva, el licenciado Salvador Terrazas Cervera, ex Notario Público adscrito a la Notaría Pública Número Cuarenta y Cuatro, de la demarcación de esta ciudad, así como el dicho del querellante, en consecuencia es éste el alcance constitucional de la sentencia concesoria de amparo. Por tanto, en el caso concreto, debe decirse que la autoridad responsable mediante auto de libertad de cinco de noviembre de dos mil quince, cumplió con los efectos de la concesión del amparo al realizar la valoración de las pruebas en la forma y términos que quedaron contenidos en dicho auto. De modo que, la legalidad o ilegalidad de las consideraciones que ahora rigen la resolución dictada en la causa penal de origen, así como los fundamentos legales en los que se sustenta no fueron materia de análisis de la constitucionalidad del presente juicio de amparo y, por tanto, no pueden examinarse en la presente determinación, pues en todo caso, de estimar la parte quejosa que con la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se incurrió en una violación a sus derechos fundamentales, procedería el juicio de amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.16/2013(10a) , del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. EVOLUCIÓN A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2001, DE LOS PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. De las jurisprudencias y tesis aisladas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno del Alto Tribunal se advierte, por una parte, que para entender la lógica y congruencia del procedimiento para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es necesario distinguir el cumplimiento básico, para lo que existen caminos precisos que deben seguirse, del cumplimiento defectuoso, que se produce cuando habiéndose dado el básico puede suceder que haya tenido las irregularidades de ser defectuoso o excesivo, dándose también los medios procesales específicos a los que debe acudirse, no debiendo mezclarse los correspondientes a la primera situación con los relativos a la segunda, pues además de producirse inseguridad jurídica, puede darse indefensión para alguna de las partes o contradicción en las decisiones, cuando se acude simultáneamente a dos medios de defensa, correspondientes a las dos situaciones descritas. Así, atendiendo a las anteriores precisiones, el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo que concede la protección constitucional es el siguiente: 1. Cuando la sentencia de amparo causa ejecutoria, la autoridad judicial debe vigilar su cumplimiento. 2. Una vez que cause ejecutoria el fallo constitucional, la autoridad jurisdiccional requerirá a la autoridad o autoridades responsables el cumplimiento respectivo; si no se logra éste, se requerirá al superior inmediato de la autoridad o autoridades responsables y, en su caso, al superior de éste, en términos del artículo 105, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo. 3. Si después del requerimiento a la autoridad responsable, en caso de que no tenga superior jerárquico, o después de haber requerido sucesivamente a sus dos superiores (si existieran) no se logra el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad jurisdiccional deberá, de oficio o a instancia de parte, abrir el incidente de inejecución de sentencia, en el que -en virtud de no haberse cumplido la sentencia que otorgó la protección constitucional- acordará remitir los autos, tratándose de juicios de amparo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respecto de los juicios de amparo del conocimiento de los Juzgados de Distrito o de los Tribunales Unitarios de Circuito, al Colegiado correspondiente, en términos del punto quinto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2001 mencionado, para efectos de que este órgano colegiado determine si debe aplicarse el referido artículo constitucional, y de concluir en sentido afirmativo, remitirá los autos a la Suprema Corte con la resolución respectiva. 4. Si durante el trámite ante el Colegiado o ante la Corte, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 5. Si no demuestra haber cumplido, el Pleno del Máximo Tribunal emitirá resolución en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo y/o con los que siendo superiores de ellos no lograron que se diera el cumplimiento. 6. En el supuesto de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen el acatamiento de la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario o el presidente del Colegiado, según corresponda, dictará un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo que de no desahogarla dentro de determinado plazo, se resolverá si se dio o no cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con que se cuente. 7. Una vez cumplido el requerimiento o vencido el plazo otorgado, de no haberse desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario o el Colegiado, éste funcionando en pleno, dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidirá si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 8. Si se concluye que no se ha cumplido con la sentencia de amparo y se advierte que la autoridad o autoridades responsables o sus superiores no pretenden eludirlo, se seguirá el trámite previsto en los puntos 2 a 5; si se pretende eludir el cumplimiento se iniciará el trámite mencionado en los puntos 3 a 5 anteriores. 9. Por el contrario, si se determina que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenarse la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que pueda hacer valer el medio de defensa procedente. 10. Para efectos del punto 7, el juzgador de amparo se limitará, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional (juicio de amparo directo), a determinar si se dejó sin efectos y si se emitió otro que atienda la sentencia de amparo y, cuando el acto reclamado sea uno de autoridad no jurisdiccional (juicio de amparo indirecto), analizará no solamente si la autoridad o autoridades responsables lo revocaron o no, sino también si los efectos que de él pudieron derivarse se cumplieron plenamente. 11. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario o del Colegiado correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diversos medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: 11.1 Que considere que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en forma básica, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que podrá promoverse dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que declara cumplida la ejecutoria de amparo y su materia consistirá en determinar si dicho auto fue dictado conforme al punto 10; de aquélla conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito, cuando el auto de cumplimiento haya sido dictado por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario de Circuito; en cambio, si fue dictado por un Colegiado, de la inconformidad conocerá la Suprema Corte. Cuando se declare fundada la inconformidad se seguirá el trámite previsto en el punto 9 precedente. 11.2 Que considere que si bien se dio cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, en cuyo caso procederá el recurso de queja contemplado en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, según sea el caso, el que podrá interponerse dentro del plazo de 1 año a partir del día siguiente al en que las partes hayan tenido conocimiento de los actos que entrañen esos vicios, y cuya materia es determinar si la responsable cumplió con exactitud lo ordenado, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional, o si aquélla nulificó totalmente los efectos del acto reclamado en amparo indirecto. Contra lo resuelto por el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario en este medio de defensa procederá el recurso de "queja de queja" o re-queja, previsto en el artículo 95, fracción V, de la Ley citada, de la que conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito; en cambio, si la resolución del recurso de queja por exceso o defecto es emitida por un Colegiado, procederá la "queja de queja" o re-queja, siempre y cuando en el asunto del cual derive se haya determinado la inconstitucionalidad de una ley o se hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional y, además, se hagan valer argumentos relativos al exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, relacionados con la materia de constitucionalidad. 11.3 Que considere que habiéndose otorgado un amparo para efectos, en el que se dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o se dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieren lugar a la protección constitucional, de estimarse que se incurrió en una nueva violación de garantías procederá un nuevo amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada. 11.4 Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar, en cuyo caso podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado establecido en el artículo 108, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Al resolverse el incidente podrá suscitarse alguno de los siguientes supuestos: a) que el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo determine que no existe repetición del acto reclamado, en cuyo caso la parte interesada podrá promover inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación; de ésta conocerá la Suprema Corte cuando la resolución que determine que no hay repetición de acto reclamado sea dictada por un Tribunal Colegiado, y si es emitida por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario, de ella conocerá el Colegiado correspondiente el cual, en caso de determinar que es fundada, es decir, que existe repetición del acto reclamado, remitirá los autos a la Corte, para la aplicación del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) que se determine que sí existe repetición del acto reclamado, entonces, se remitirán los autos, tratándose de los asuntos del conocimiento de un Juzgado de Distrito o de un Tribunal Unitario a un Colegiado, para que determine si es el caso de aplicar el artículo constitucional antes citado (en caso de que determine que sí, remitirá los autos al Alto Tribunal para esos efectos), en cambio, si la determinación de que existe repetición del acto reclamado se dicta en los juicios de amparo del conocimiento de los Colegiados, éstos resolverán colegiadamente y su Presidente remitirá los autos a la Corte para esos mismos efectos. 12. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso considera que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado y, por lo mismo, incurrieron en la misma violación que se cometió en el acto que fue materia del anterior amparo, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente el incidente de repetición del acto reclamado, para lo cual se seguirá el trámite referido en el punto 11.4." (énfasis añadido). Por tal motivo, devienen inatendibles las manifestaciones de la parte tercera interesada por lo que ve al pronunciamiento de la autoridad responsable, en donde sostiene que no fueron valoradas diversas pruebas supervenientes allegadas al proceso relacionadas con la compraventa de un predio denominado "Santa Martha", que la responsable viola el debido proceso al no valorar todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el tercero interesado, que las circunstancias de tiempo y lugar sí se encuentran presentes en la causa penal, que al momento de emitir el cumplimiento de la sentencia de amparo se centra únicamente en analizar las declaraciones testimoniales que le fueron indicadas, así como que no allegó la totalidad de los tomos que integran la causa penal. Pues, se insiste, tales tópicos no son materia de análisis de la presente determinación en la que debe resolverse únicamente sobre el cumplimiento de los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. En ese contexto, como se dijo ya, los efectos de la ejecutoria de amparo quedaron satisfechos en los términos expuestos en este proveído. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 201, fracción I, y 202, del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa y terceros interesados, por el término de quince días, a fin de que si es su deseo interpongan recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el cuarto párrafo del numeral 196 de la ley de la materia.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes
- María Susana Tun Tejero233/2018
- Maria Teresa Cuellar Ortiz757/2013
- María Teresa Gómez Officer856/2021
- María Teresa Gómez Officer481/2020
- Maria Teresa Kantun Cob819/2015
- María Teresa Paredes Campos27/2014
- María Teresa Paredes Campos de Cohuo50/2013
- María Teresa Peraza Argüelles46/2018
- María Tolentino García Hernandez154/2019
- María Valentina Najera Moo618/2023
- María Verónica de Jesús Interian Mejía682/2012
- María Viridiana Rejón Moreno313/2017