María Teresa Palomino Ramírez

Expediente 570/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
570/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • María Teresa Palomino Ramírez
  • Francisco Andrés Blanco Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta y uno de mayo del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECT TERCERA. No es cierto el acto reclamado a la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, no obstante que al rendir su informe con justificación, lo admitió; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió la responsable, relativas al expediente 986/2010, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En efecto, de dichas documentales se aprecia que por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, recepcionó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, y en cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, ordenó la notificación personal a las partes, particularmente. Así, si como se adelantó, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar cumplimiento a la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación + + , deducido del cuaderno de providencias precautorias dictadas en el expediente + + , y de las constancias se colige que, con anterioridad a la promoción del presente sumario constitucional, la responsable acordó lo conducente, es claro que al momento de la presentación del escrito de demanda (veinticuatro de febrero de dos mil veintidós), no existía el acto reclamado. Cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Consecuentemente, ante la inexistencia del acto atribuido a dicha autoridad, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/181 , que a la letra 1 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 154, Octava Época, Tomo 19-21, Julio-Septiembre de 1989, con registro 803111. señala: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y la quejosa no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Así como la jurisprudencia número VI. 2o. J/202 , que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes 2 Localizada en el Semanario Judicial de la Federación, página 627, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, con número de registro 227634. contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por + + , contra el acto que reclaman de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio a las partes de las constancias relativas al acto reclamado remitidas por el Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en cumplimiento a su informe justificado, con sede en esta ciudad, que se relacionan en el proveído de veinticinco de abril de la presente anualidad. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo número 1351/2021-IV-B, promovido por EXLOVENIA ZUIVEL UC OROPEZA; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Recepción del asunto. El tres de agosto de dos mil veintiuno, se recibió en este Juzgado el oficio 4120/2021 de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remitió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, la demanda de amparo presentada por ******************** y anexo que acompaña, que por cuestión de turno correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. SEGUNDO.- En dicho oficio número 4120/2021, derivado del expediente de amparo directo 476/2021, se transcribió el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno y el auto de quince de julio del presente año, en el cual dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda de amparo promovida por ******************** en contra de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y como ya se indicó, por cuestión de turno, le correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. TERCERO.- Admisión de la demanda. En auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa para que señalara nombre y domicilio de la parte tercero interesada; lo cual desahogó favorablemente mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el diez de agosto siguiente; por lo que en acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la demanda de amparo y del informe justificado, se precisa que el acto reclamado, se hace consistir en lo siguiente: La resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca de apelación 438/2020, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, contra el auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, en el que se decretó la caducidad por haberse dejado de actuar por más de tres meses consecutivos, en el toca de apelación planteado también por la aquí justiciable. TERCERA. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, además de que ello no le causa perjuicio al peticionario de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan inoperantes los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa. A fin de clarificar la premisa expuesta, es menester atender en un principio el contenido de las documentales remitidas por la Sala responsable, derivadas del Toca 438/2020, y del juicio extraordinario hipotecario 733/2014, a fin de dotar al presente estudio del debido marco fáctico procesal. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1.- El quince de julio de dos mil diecinueve, el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria en el juicio extraordinario hipotecario 733/2014 de su índice, promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por conducto de su apoderado Luis Antonio Salazar Díaz, continuado por SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su apoderado José Ricardo Cabrera Carrillo, en contra de ANA MARÍA CERVERA LÓPEZ y KARLA JHOANA EUÁN CERVERA, esta última codemandada como causahabiente (Foja 157 del Anexo). 2.- En proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de origen declaró que la sentencia emitida en el juicio natural causó ejecutoria (Foja 170 del Anexo). 3.- Mediante escrito de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al apoderado de la parte actora informado al juez de primer grado que del certificado de gravámenes recientemente obtenido, se advirtió que la demandada KARLA JHOANA EUÁN CERVERA, otorgó escritura de compraventa con reconocimiento de adeudo, respecto del inmueble embargado, ubicado en el predio doscientos ochenta y nueve (289), de la calle dieciocho letra D (18 D), del Fraccionamiento Altabrisa, de esta ciudad, en favor de ******************** por lo que solicitó que a esta última se le tuviera como causahabiente de KARLA JHOANA EUÁN CERVERA (Foja 170 del Anexo). 4.- En consecuencia de lo anterior, en auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el órgano jurisdiccional de origen acordó tener a ******************** como causahabiente de la codemandada KARLA JHOANA EUÁN CERVERA (Foja 178 del Anexo). 5.- Posteriormente, mediante escrito de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, ******************** compareció al juicio, solicitando, sustancialmente, que no se le tuviera con el carácter de causahabiente, sino como litis consorte pasivo y pidió se le emplazara al juicio, corriéndole traslado con copia de la demanda y otorgándole plazo legal para contestarla (Foja 184 del Anexo); a lo cual recayó el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, negando tal petición, puesto que adquirió un inmueble con conocimiento de la hipoteca que tenía, por lo que quedó obligada solidariamente con el deudor primigenio, de ahí que le resulte el carácter de causahabiente (Foja 194 del Anexo). 6.- En contra de dicho auto, ******************** interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en auto de cinco de marzo de dos mil veinte (Foja 200, del Anexo). 7.- De dicho medio de impugnación correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde fue recepcionado en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, ordenando dar vista con los agravios a la parte contraria, teniendo como autorizados a los señalados por la recurrente, asimismo, requirió a las partes a efecto de que manifestaran si autorizaban la recepción de notificaciones electrónicas, proporcionándoles directrices para tal efecto, asimismo, señaló las condiciones procesales que regirían en relación con las promociones electrónicas, promociones físicas y por correo institucional, así como los horarios de recepción, entre otras cuestiones (Foja 216, Anexo). 8.- El tres de febrero de dos mil veintiuno, la Sala responsable dictó un acuerdo en el que decretó la caducidad de la segunda instancia, por haberse dejado de actuar en la alzada por más de tres meses consecutivos, ya que la última notificación realizada fue por medio de lista el catorce de octubre de dos mil veinte, sin que promovieran dando impulso al proceso, por lo que sobreseyó en el Toca 438/2020 de su índice, y declaró que el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria, para los efectos legales correspondientes (Foja 219, Anexo). 9.- Inconforme con tal determinación, la parte apelante interpuso recurso de revocación en contra del proveído anterior (Foja 221, Anexo); el cual fue admitido a trámite en acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno (Foja 249, Anexo); y el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se dictó la resolución correspondiente, la cual culminó con los siguientes puntos resolutivos: "[.] PRIMERO.- Es IMPROCEDENTE el recurso de revocación promovido por Exlovenia Zuivel Uc Oropeza. SEGUNDO.- Notifíquese y cúmplase." (Fojas 250 a 255, Tomo Anexo) La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente asunto. Ahora bien, en sus conceptos de violación la parte quejosa señala, en lo medular: Que la autoridad responsable, derivado de los Acuerdos Generales Conjuntos AGC-2003-21, AGC-2003-22, AGC-2004-23, AGC2004-24, AGC-2005-25 y AGC-2006-28, de fechas trece de marzo, dieciocho de marzo, quince de abril, veintisiete de abril, uno de junio y doce de junio de dos mil veinte, emitidos por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con la actividad jurisdiccional en tiempos de pandemia del Covid 19, debió por todos los medios garantizar su derecho humano a la tutela judicial efectiva, ya que derivado de la pandemia, la aquí quejosa refiere que no pudo acudir personalmente a imponerse de los autos y resoluciones emitidos en el toca de referencia y a realizar los trámites y promociones tendentes a impulsar el procedimiento, lo que derivó en la inactividad procesal reclamada. Que por tal razón, la responsable debió realizar las notificaciones vía electrónica para que la quejosa estuviera en aptitud de saber y conocer los contenidos y así poder impulsar el proceso, y no existe constancia alguna levantada por el actuario adscrito a la Sala colegiada, de que efectivamente se haya notificado personalmente a la amparista vía correo electrónico como se ponderó en los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura del Estado, por lo que al no existir constancia alguna donde se advierta que el fedatario realmente realizó la notificación electrónica, ésta no existió jurídicamente y por tanto no debe de comenzar a correr el termino judicial que combate, pues considera que legalmente esa notificación no se realizó. La inconforme señala que al no estar bien realizada la notificación, las consecuencias posteriores deben de carecer de validez, ya que legal y materialmente esa notificación no existió, con lo que se acredita el principio general del derecho que establece: "nadie está obligado a lo imposible", y por tanto, no tuvo posibilidad material, legal o humana de poder conocer oportunamente: 1.- La renuncia de sus asesores; 2.- Los acuerdos o notificaciones que se ordenaron fueran notificados de manera personal, no debieron notificarse por estrados; y 3.- Todas las actuaciones subsecuentes; por lo que lo anterior, derivado de la nula notificación, obviamente no surte sus efectos. Como se anticipó, los motivos de disenso anteriormente sintetizados devienen inoperantes. Lo anterior en razón de que, como se advierte del contenido de los conceptos de violación de la quejosa, centra su defensa en la circunstancia de que la Sala responsable no le realizó notificaciones electrónicas, a lo cual, considera, estaba obligada de conformidad con los Acuerdos Generales que enuncia, y atendiendo al derecho humano de tutela judicial efectiva. Sin embargo, tales argumentos no fueron materia del recurso de revocación que planteó la recurrente ante la Sala responsable, por lo que esta última, no tuvo oportunidad de imponerse de los mismos y pronunciarse al respecto. En efecto, lo que ahora aduce la parte amparista está fuera de la Litis del recurso de revocación que planteó ante la autoridad responsable, dado que sus agravios versaron sobre otras cuestiones distintas a lo que ahora plantea en el juicio de amparo como conceptos de violación; lo cual conduce a que estos sean inoperantes. A fin de evidenciar lo anterior, se tiene que ******************** interpuso recurso de revocación en contra del auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Sala responsable, en el que decretó la caducidad de la segunda instancia, por haberse dejado de actuar en la alzada por más de tres meses consecutivos. Para emitir tal acuerdo, el tribunal Ad quem consideró que la última notificación realizada en la sustanciación del recurso de apelación fue realizada por medio de lista el catorce de octubre de dos mil veinte, sin que las partes hayan promovido dando impulso al proceso, por lo que sobreseyó en el Toca 438/2020 de su índice, y declaró que el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte (impugnado en apelación), causó ejecutoria. Así, al plantear dicho de recurso de revocación, la disconforme argumentó: "[.] [.]". (Fojas 221 a 227, del Tomo Anexo) Como se observa de lo anterior, la parte quejosa, al interponer el recurso de revocación ante la Sala responsable, en contra del auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, formuló diversos agravios, los cuales versaron sobre aspectos tales como: a) La falta de una debida fundamentación y motivación. b) Que no se realizó una certificación o mención del cómputo respecto de los días que tomó en consideración el tribunal para emitir la resolución de caducidad, precisando los días hábiles e inhábiles. c) Realizó énfasis en los días inhábiles tales como el periodo vacacional de la responsable, por lo que el cómputo realizado es equivocado. d) Expresó argumentos en torno a la imposibilidad de acceder al inmueble del tribunal de alzada, aduciendo que, a su saber, no había personal para recibir las promociones físicas en el recinto; y, e) Que la inacción procesal provino del tribunal, ya que de conformidad con el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el que señala el proceso de trámite de la apelación, presentado el recurso, se debe correr traslado a la parte contraria por tres días, y contestado o no, a petición de parte, se citará a la audiencia de alegatos; por lo que la obligación procesal de la parte recurrente de impulsar el procedimiento surge a partir de que el tribunal se pronuncia respecto a la expresión o no de la contestación de los agravios, y el tribunal sólo se limitó a agregarlos al toca, sin hacer pronunciamiento alguno. Al respecto, como se observa, el cúmulo de motivos de inconformidad expresados por la recurrente al interponer la revocación, abarcaron los tópicos anteriores, sin que en alguno de ellos se hiciera alusión a que la Sala responsable no le realizó notificaciones electrónicas, a pesar de estar obligada a ello de conformidad con los Acuerdos Generales ya aludidos en párrafos precedentes, y en respeto al derecho humano de tutela judicial efectiva. Lo anterior es suficiente para considerar inoperantes por inatendibles los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo, ya que no formaron parte de la litis del recurso de revocación de donde proviene el acto reclamado, lo que imposibilita a este órgano de control constitucional a atenderlos, analizarlos y darles respuesta. Lo anterior, como resultado de la confrontación de tales argumentos con los vertidos por la autoridad responsable en el proveído reclamado, ya que con los ahora vertidos como conceptos de violación no ataca frontalmente los fundamentos en los que se basó la resolución que resolvió el recurso de revocación. Lo que era necesario para demostrar la violación a los derechos fundamentales que refiere transgredidos, ya que este Juzgado está imposibilitado para emprender el examen oficioso de esos argumentos, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no estar la parte quejosa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues se trata de un asunto en materia civil que no está fundado en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, ni se advierte que haya habido en contra de la parte impetrante del amparo una violación evidente de la ley que la hubiere dejado sin defensa, ni que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio. De ahí que, se reitera, si con los argumentos aducidos, la parte quejosa no atacó las consideraciones torales en que se apoyó la autoridad responsable para determinar que resultó infundado el recurso de revocación ante la caducidad de la segunda instancia decretada en el auto recurrido; este Juzgado Federal se ve imposibilitado para abordar el estudio de las mismas, siendo por ello que deben permanecer intocadas, con independencia de su legalidad o ilegalidad. Apoya lo anterior, el criterio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, que a continuación se trascribe: "Registro digital: 2020832 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: XXXII.4 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3479 Tipo: Aislada CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. SON INOPERANTES SI LA QUEJOSA HACE VALER ARGUMENTOS QUE NO PLANTEÓ ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA, QUIEN DICTÓ EL ACTO RECLAMADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). El recurso de apelación es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio natural del que deriva, así como el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, a la luz de los agravios expuestos por el recurrente. En ese cariz, el análisis en el recurso de apelación debe atender inexorablemente a lo planteado oportunamente por las partes en los escritos en que se fija la litis ante el Juez natural y lo expresado ante el tribunal en el escrito de agravios, pues la segunda instancia no constituye una renovación de la primera. Lo anterior es así, pues de la interpretación de los artículos 81 y 711, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima se colige que, en materia civil, rige el principio de congruencia para el dictado de las sentencias judiciales y, por ende, se trata de una impartición de justicia rogada; en ese sentido, es dable concluir que la norma adjetiva no impone al tribunal de alzada el deber de estudiar de oficio los elementos de la acción que no son materia de los agravios respectivos. Ahora, si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, la quejosa hace valer argumentos que no planteó ante el tribunal de alzada, quien dictó el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable". Asimismo, es útil al caso, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento dieciséis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Bajo esa tesitura, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el inconforme, y como ya se dijo, no estar en el supuesto de suplir la deficiencia de la queja; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados". Bajo esa tesitura, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la inconforme, y como ya se dijo, no estar en el supuesto de suplir la deficiencia de la queja; lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en contra del acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

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