María Teresa Nuñez Zarate
Expediente 1206/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Teresa Nuñez Zarate
Actuaciones
- Principal
Visto...se apreia que ha transcurrido el termino y no se recurrió la sentencia emu¿itidda,...se declara que ha causado ejecutoria...
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1206/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el diecinueve siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, María Teresa Núñez Zarate, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDAD RESPONSABLE Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La aplicación, a través de la respectiva liquidación y cobro, de artículos declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: artículos 4, 32 y 33 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676". SEGUNDO. Por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número 1206/2016; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la aplicación de disposiciones locales por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo se precisa que la parte quejosa reclama: La aplicación de los artículos 4, 32 y 33 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, en la parte que regula el valor catastral de los predios ubicados en el municipio, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial. La aplicación del artículo 25 de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, que establece la base del impuesto sobre adquisición de inmuebles. La aplicación de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, específicamente del ordinal 82, fracción V, inciso g) que establece el cobro por concepto del derecho por los certificados catastrales de inscripción que se expidan por la adquisición de inmuebles bajo el rubro de "CERTIFICADOS CATASTRALES". Lo anterior, a través del cobro reflejado en el recibo oficial de pago con folio F 295199, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa en sus conceptos de violación, respecto del ordenamiento local precisado en el inciso a), refiere que tal entero es inconstitucional porque tiene su fundamento en una ley que de acuerdo a la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnera el derecho fundamental de la legalidad tributaria, porque no fue debidamente refrendada por el funcionario al que le correspondía; sin embargo, para abordar aquella cuestión primeramente deberá dilucidarse si efectivamente quedó demostrado el acto que se reputa como el de aplicación de los ordinales invocados, para posteriormente verificar si aquél entero tuvo sustento en dichos dispositivos y finalmente, si sobre el particular es aplicable la jurisprudencia temática invocada por la parte quejosa como sustento de su reclamo. Lo anterior, tomando en consideración que la aplicación de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto, aun cuando se refiera a la inconstitucionalidad de leyes o la interpretación directa de la Constitución, sólo representa una cuestión de legalidad en acatamiento de lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque ello no lleva implícito un nuevo estudio constitucional, de ahí que el análisis de la cuestión planteada deba atenderse conforme al método de estudio señalado en líneas precedentes. TERCERO. La quejosa bajo protesta de decir verdad, se ostentó sabedora del acto reclamado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis; en ese sentido, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veintinueve de noviembre al diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis (descontados los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de dicha anualidad, por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, según consta en la papeleta de turno que expide la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO.- El Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, en torno al acto reclamado aceptó que la quejosa realizó el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Máxime que como lo indicó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca amparo en revisión administrativa número 117/2016, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el diverso juicio de amparo 1223/2015 del índice de este tribunal que se invoca como hecho notorio, la aplicación de los preceptos legales reclamados, se materializa a través del pago que quedó plasmado en el recibo número F-295199 expedido el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, documento que fue exhibido en copia certificada por la aquí quejosa y dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, y que es suficiente para acreditar que a la impetrante le fueron cobrados respectivamente, entre otros conceptos, los siguientes: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES", "IMP. ADIC. PROEDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOC" y "CERTIFICADOS CATASTRALES 5 SMD". Una vez acreditado el entero que efectuó la quejosa como autoliquidación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, procede ahora verificar si ese proceder producto de la propia voluntad de la solicitante del amparo se encuentra regulado por las disposiciones legales cuya aplicación reclama, o en su defecto, determinar la consecuencia que trae aparejada la falta de demostración de dicho extremo. QUINTO. Atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizaran las causas de improcedencia, tanto la alegada por las autoridades responsables municipales, como las que advierta de oficio este juzgado de Distrito. En ese sentido, el Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, señala que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIII, en relación con el artículo 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia es infundada, en virtud de que, no basta afirmar la actualización de determinada fracción o numeral que contiene alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, sino que además es necesario exponer las razones o motivos por los cuales así se considera, para estar en posibilidad de estudiarlos, salvo que, éstos sean de obvia y objetiva constatación, lo que en el caso no acontece porque las autoridades responsables no señalaron los motivos por los cuales consideran que se actualiza. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 137/2006 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Al no existir otras causas de improcedencia propuestas por las partes, ni alguna otra que deba estudiarse de oficio, se procede al estudio del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación que se proponen. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Respecto del acto reclamado precisado en el inciso a), la peticionaria del amparo aduce esencialmente que: Los artículos 4, 32 y 33 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero Número 676, vulneran la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que dicha ley no fue refrendada por el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que el artículo 25 fracción I, inciso a), de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, también es inconstitucional, ya que éste remite a la Ley de Catastro; además, no es la única remisión que hace a dicha ley, tal como se advierte de los artículos 15 y 18 de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. De acuerdo al principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al haber sido refrendado únicamente por el Secretario de Gobierno el decreto por el que se creó la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, no cumple con uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo, por lo que estima que el acto reclamado deviene inconstitucional, en tanto que el cobro de la contribución respectiva se fundó, evidentemente, en los artículos 4, 32 y 33 de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676 (No refiere la Ley de Ingresos). Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la legislación del Estado de Quintana Roo, determinó que "un decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado debe refrendarlo también el Secretario de Hacienda del Estado, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y de no hacerse así, no satisface uno de los requisitos para la formación válida del citado acto legislativo", lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 95/2011 del índice de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO." Que es evidente que para la determinación del impuesto, en lo relativo a la BASE, se aplicó la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, y con las reformas y adiciones que en su momento se realizaron, no cumplen con uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo, por tanto ante su inconstitucionalidad desaparece de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de cubrirlo. Refiere que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el A.R.AD. 33/2013, así como el A.R.AD. 154/2013, revocó las sentencias impugnadas y concedió la protección federal ante la inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, esencialmente, porque consideró que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero debió refrendar el decreto promulgatorio de la Ley de Hacienda Municipal Número 677 -y al no haberlo hecho así- no se cumplió con uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo. Los citados planteamientos, analizados de manera conjunta, como lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo, se estiman infundados por las razones siguientes: Si bien es cierto, que como lo aduce la peticionaria del amparo el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, de manera voluntaria procedió al pago de la contribución cuya inconstitucionalidad se reclama; que por dicho concepto pagó la cantidad de $10,055.66 (diez mil cincuenta y cinco pesos 66/100 moneda nacional) y que realizado el pago, la autoridad responsable expidió el recibo F-295199; también lo es, que del análisis efectuado al indicado recibo, se aprecia que la autoridad responsable, al recibir el pago de que se trata, en ningún momento aplicó como fundamento del mismo, el ordenamiento jurídico cuya inconstitucionalidad se reclama, por aplicación temática de jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del país; es decir, la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, respecto de la cual refiere vulnera la garantía de legalidad consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, puesto que no fue refrendada por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero. En efecto, del recibo oficial F-295199, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas, se aprecia de manera clara que el impuesto enterado no se sustentó en términos de lo dispuesto en los artículos 4, 32 y 33 de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, que reclama; ello es así, toda vez que del documento exhibido por la parte quejosa, se aprecia que el pago del citado impuesto, se realizó acorde a lo previsto en los artículos 31, fracción IV, 36, fracción I, 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, fracción V, 104, 106, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, fracción I, inciso e), 5, 6, 7, 8, 9, 21 al 34, así como los artículos transitorios Primero, Quinto y Sexto, de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, de ahí lo infundado de su motivo de disenso. Por otra parte, tampoco asiste razón a la quejosa respecto a que se aplicó la Ley de Catastro, en tanto que el artículo 25 de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero, hace remisión a la Ley tildada de inconstitucional. Se estima lo anterior, pues el artículo 25 de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, establece en relación a la base del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), lo siguiente: "CAPÍTULO TERCERO.--- IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES.--- SECCIÓN ÚNICA.--- SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES.--- (.).--- Artículo 25. La base del impuesto será:--- l. Tratándose de bienes inmuebles:--- a) El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación.--- b) (.)" En efecto, como lo refiere el propio peticionario de garantías, dicha porción normativa es clara al disponer que para determinar la cuantía de la base gravable del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), se tomará como referencia el valor del inmueble, el cual será el más alto entre: 1) El avalúo catastral; 2) El avalúo fiscal elaborado por peritos valuadores; y, 3) El declarado en la operación. Es decir, la base del citado impuesto se pagará tomando en cuenta alguna de las diversas hipótesis que ahí se señalan; sin embargo, en el caso concreto, del recibo de pago correspondiente no se advierte que se hubiere aplicado en modo alguno la Ley de Catastro para el cálculo del monto pagado y tampoco se aprecia cuál de las tres hipótesis fue la que se tomó en cuenta para determinar la base del impuesto; además, contrario a lo que manifiesta la peticionaria del amparo en torno a que dicha ley se aplica porque con independencia de que el avalúo catastral sea o no tomado en cuenta como base, el simple hecho de que participe en la formula respectiva constituye un acto de aplicación del artículo respectivo; en tanto que el artículo 5º de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, ordenamiento jurídico que se aprecia fue invocado por la autoridad responsable en el recibo F-295199, precisa lo siguiente: "ARTÍCULO 5o. Las contribuciones que se percibirán del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, serán las conceptuadas por esta Ley, de acuerdo con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que esta misma ley se refiere. Sin que lo anterior, sea óbice para que las demás contribuciones que se perciban, sean las conceptuadas por esta Ley de conformidad con lo que refiere la Ley de Hacienda Municipal Número 677, respecto al objeto, base, cuota, tasa o Tarija y época de pago." Esto es, el propio ordenamiento jurídico en cita, refiere que las contribuciones que se perciban, entre otras, por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, serán las conceptuadas por dicha Ley, de acuerdo con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que el mismo cuerpo normativo se refiere; lo cual implica que para su cálculo y entero, en modo alguno debe considerarse lo establecido en diverso ordenamiento jurídico, como lo pretende hacer valer la impetrante del amparo. Por tanto, si el pago que efectuó la quejosa por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, no se realizó en términos de la Ley de Catastro cuya inconstitucionalidad reclama en aplicación de jurisprudencia temática, se estima que el acto reclamado es legal y, por tanto, constitucional, al no advertirse violación manifiesta de ley que hubiere sido aplicada en su perjuicio. Asimismo, resulta ineficaz lo que aduce quejosa, en torno a que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión A.R.AD.33/2013 y A.R.AD. 154/2013, concedió la protección federal ante la inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, por considerar que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero debió haber refrendado el decreto promulgatorio de la Ley de Hacienda Número 677; pues en aquellos se sometió a consideración de dicho órgano colegiado un tema diverso (inconstitucionalidad de Leyes), al aquí abordado, lo que constituye un hecho notorio para este Juzgador al resolver en el presente juicio de garantías, acorde con lo que dispone el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2o., párrafo segundo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, visible a página 1199, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, Materia(s): Común, Época: Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa número 290/2016, interpuesto por Eliset Loyola González, contra la sentencia del siete de julio de dos mil dieciséis, emitida por este Juzgador en el juicio de amparo indirecto 547/2016. Por otra parte, en torno al acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando segundo, consistente en la aplicación del artículo 82, fracción V, inciso g), de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, que regulan el cálculo del derecho por certificaciones catastrales; resulta importante precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la suplencia de la queja deficiente prevista entonces en el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada; disposición que fue trasladada al artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, opera aun cuando ya no se analice la constitucionalidad de la ley sino el acto de aplicación; lo que también acontece respecto de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente, a fin de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . En ese sentido, resulta fundado pero inoperante lo que aduce la peticionaria del amparo, al reclamar la aplicación del artículo 82, fracción V, inciso g), de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, que regula el pago del derecho por "CERTIFICADOS CATASTRALES" que debe enterarse al Municipio por la expedición de certificados catastrales de inscripción que se expidan por la adquisición de inmuebles, materializado en el recibo oficial de pago F 295199 de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. En efecto, en su motivo de disenso expone sustancialmente que la citada porción normativa en que se apoya tal entero infringe los principios de proporcionalidad y equidad consagrados como derechos fundamentales, ya que para cuantificar el monto que debe cubrirse por la expedición de certificados catastrales de inscripción por la adquisición de bienes inmuebles, sólo se debe tomar en cuenta el costo que para el Estado representa la prestación de tal servicio, debiendo fijarse cuotas iguales para servicios análogos, no así a un elemento extraño al servicio como lo es el valor de los actos que se inscriben, de tal manera que los contribuyentes enteran mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor de la operación a registrar; lo cual se estima fundado, en atención a lo siguiente. En relación con las normas que regulan el cobro por esos derechos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la tesis de jurisprudencia 95/2009, visible en la página 4131 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos regístrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 121/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 2099 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, de rubro y texto:"SERVICIOS REGÍSTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo." De las jurisprudencias transcritas, se desprende que nuestro Máximo Tribunal sostuvo que las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos regístrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero. Precisado lo anterior, enseguida se analiza la porción normativa que regula el cobro de tal derecho, a fin de dilucidar si el mecanismo de tributación se asimila al previsto en la anterior jurisprudencia temática. "ARTÍCULO 82. Los derechos por certificaciones, copias de planos y demás servicios que proporcionen las dependencias del Ayuntamiento se pagarán conforme a la tarifa siguiente: I. (.) V. Certificados catastrales de inscripción que se expidan por la adquisición de inmuebles: a) Cuando el importe de la operación sea hasta $58,603.60 pesos; la cantidad de $350.50 pesos. b) Cuando el importe de la operación sea de $58,604.30 a $117,207.20 pesos; la cantidad de $701.00 pesos. c) Cuando el importe de la operación sea de $117,207.90 a $213,805.00 pesos; la cantidad de $1,402.00 pesos. d) Cuando el importe de la operación sea de $213,805.70 a $404,897.60 pesos; la cantidad de $2,103.00 pesos. e) Cuando el importe de la operación sea de $404,898.30 a $739,905.50 pesos; la cantidad de $2,804.00 pesos. f) Cuando el importe de la operación sea de $739,906.20 a $1,057,037.90 pesos; la cantidad de $3,505.00 pesos. g) Cuando el importe de la operación sea de más de $1,057,038.60 pesos; la cantidad $4,206.00 pesos. (.)" Luego, sometido a examen el dispositivo legal antes inserto, se corrobora que deviene fundado el concepto de violación, ya que a juicio de quien aquí resuelve, la inconstitucionalidad del citado precepto deriva de que ordena cuantificar el monto del derecho por certificados catastrales de inscripción que se expidan por la adquisición de inmuebles, tomando como base el valor de la operación de compraventa del inmueble adquirido, lo que deja de observar la naturaleza jurídica de la contribución de que se trata, que por corresponder a la de un derecho, debería comprender exclusivamente el costo que genera a la administración municipal el servicio que presta a los gobernados que solicitan la expedición de dicha constancia catastral. En efecto, dicho sistema de cálculo ignora por completo los conceptos de "derechos" e "impuestos", así como la diversa naturaleza jurídica que reviste a cada uno de los referidos tipos de contribuciones, desatendiendo también que, en tratándose de los primeros, por regla general, el cumplimiento de la garantía de equidad y proporcionalidad tributarias se cumple en la medida que se establezcan cuotas que sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, tal y como lo establece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se ha hecho alusión en líneas precedentes, con el rubro "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." Cabe hacer la precisión, que al valorarse el sistema de cálculo de los "derechos" que deben cubrirse por la expedición de certificados catastrales, no se ignora que el anteriormente invocado criterio general de proporcionalidad y equidad de los derechos fiscales no rige estrictamente para todos los tipos de derechos, pues tratándose de derechos por el servicio de agua potable (como un caso de excepción), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado en consideración para determinar la proporcionalidad y equidad de las cuotas, no sólo la correlación razonable entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas y sociales de los diferentes grupos de causantes y razones de orden extrafiscal, entre ellas, la necesidad de racionalizar el consumo de agua, tal y como aparece en la tesis P XLVII/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 5, tomo VIII, Octubre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "AGUA POTABLE. EL DECRETO 265 DEL ESTADO DE GUERRERO POR EL QUE SE AUMENTAN LAS TARIFAS DE DERECHOS POR CONSUMO NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL FIJAR TARIFAS DIFERENCIALES." Sin embargo, en el caso no se advierte el entero efectuado por concepto de pago por "CERTIFICADOS CATASTRALES" se ubique en dicho supuesto de excepción, ya que la porción normativa prevista en el artículo 82, fracción V, inciso g), de la Ley número 134 de Ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, de ninguna manera puede equipararse al que fue objeto del pronunciamiento que dio lugar a la aludida tesis XLVII/91 del más alto tribunal del país, que en realidad le representa a la administración pública el mismo desgaste económico en cualquier tipo de contribuyente que solicite el servicio previsto en la norma cuya aplicación se reclama, con independencia del valor de la operación de compraventa del inmueble de que se trate. De igual modo, en la aludida tesis XLVII/91, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también determinó que el importe de los derechos puede tasarse en función de los fines extrafiscales que al efecto establezca el legislador, como serían los de provocar el aumento o disminución en el servicio que el Estado va a prestar y, paralelamente, el incremento o desaliento de las actividades relativas al particular; sin embargo, en el caso, en la contribución de que se trata no se advierten tales fines, pues en el ordenamiento relativo no se aprecia disposición alguna que revele la justificación de un propósito extrafiscal; por lo que, ante la inexistencia de tales motivos extrafiscales tampoco se aprecia una excepción a las garantías individuales de proporcionalidad y equidad tributaria. Sin embargo, no puede concederse la protección constitucional solicitada, en tanto que, tomando en consideración que del original del recibo de pago con número de folio F-295199, se deriva que la quejosa pagó por concepto de "CERTIFICADOS CATASTRALES 5 SMD", la cantidad de $350.50 (trescientos cincuenta pesos 50/100 moneda nacional); entonces dicho entero, corresponde a la cantidad mínima por la expedición del certificado catastral, estipulada en el artículo 82, fracción V, de la Ley de Ingresos mencionada, por concepto del pago de certificados catastrales, efectuado mediante el recibo número F295199; de modo que los efectos de una eventual sentencia protectora, no podrían reflejarse en el entero de una cantidad menor a la contenida en el aludido recibo de pago; de ahí que se torne fundado pero inoperante lo esgrimido sobre el particular. Lo anterior es así, porque dicha cantidad mínima a pagar es apta para tomarla como referencia representativa del costo mínimo que para el Estado representa la "expedición de un certificado catastral", a que se refiere el precepto reclamado, sin necesidad de establecer otro mecanismo para ese fin, en tanto que constituye la cuota mínima a pagar, determinada en el referido precepto legal y es igual para todos los contribuyentes, sin considerar el valor de la operación a registrar, toma en cuenta para la expedición del certificado en cuestión. No escapa a la consideración de este Juzgador, el que se le haya cobrado el quince por ciento (15% impuestos adicionales de proeducación y asistencia social y procaminos); sin embargo, dicho aspecto el quejoso no lo impugna por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la hace derivar del pago de $350.50 (trescientos cincuenta pesos 50/100 M.N.), correspondiente al certificado catastral que como ya se vio, es el mínimo a pagar. Consecuentemente, lo que procede es negar la protección de la justicia federal respecto del acto de aplicación del artículo 82 fracción V, inciso g) de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que reclama. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA TERESA NÚÑEZ ZARATE, contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente ejecutoria, por los motivos expuestos en el sexto considerando. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Ahora bien, a fin de que el contenido del referido informe sea conocido por las partes con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el referido numeral 117 de la ley de la materia, la audiencia programada para este día, como se aprecia de la certificación de cuenta, se difiere para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por María Teresa Núñez Zarate , por su propio derecho, contra actos del Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero , con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1206/2016, y fórmese expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad designada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientos unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientos unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba la documental que adjunta con su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Juan José Sarabia Nogueda, Verónica Lilian Salinas Reyes, Marisol Vega Ostos, Gustavo Vega García, Mariano Salinas Molina, Atilano Lagunas Servantes, Alejandra Salgado González y Jesús Salvador López Reyes, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Pablo Salinas Morales y Hugo Vergara Campos por no contar con el requisito anterior. Así también, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la misma ley de la materia, se faculta a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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