María Teresa Nava Casas

Expediente 1348/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1348/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
15/10/2015

Partes del expediente

  • María Teresa Nava Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En quince de octubre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintitrés de septiembre al seis de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el catorce de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 1348/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de octubre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la nueva Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día catorce de septiembre de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la nueva Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la responsable las constancias que remitió en su informe. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio, además de que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *mash

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 1348/2015, promovido por María Teresa Nava Casas, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercnatil del Distrito Judicial de la capital, que considera violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, María Teresa Nava Casas demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE.- Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital. ACTO RECLAMADO: "La resolución dictada el seis de julio de dos mil quince, dentro del Juicio Oral Mercantil 132/2015". II. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de doce de agosto de dos mil quince la registró y admitió a trámite bajo el número 1348/2015; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó a la tercero interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el trece de julio de dos mil quince. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación veintiuno de noviembre de dos mli catorce. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: - La resolución dictada el seis de julio de dos mil quince, dentro del Juicio Oral Mercantil 132/2015. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, en términos del artículo 74 de la Ley de amparo, en relación con la tesis del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado al Juzgado Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, pues así lo reconoció en su informe justificado, resulta aplicable al caso la jurisprudencia cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, su existencia se corrobora con el original del expediente 132/2015, en donde consta la interlocutoria de seis de julio de dos mil quince que constituye el acto reclamado, discos certificados en formato DVD con la grabación de las audiencias orales preliminar, de juicio y continuación de juicio; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado, pues de las constancias del sumario constitucional ponen de manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de garantías no se expresen conceptos de violación en contra del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda se desprende que la quejosa reclama del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, la resolución dictada el seis de julio de dos mil quince, dentro del Juicio Oral Mercantil 132/2015, sin que se advierta que la quejosa haya vertido conceptos de violación en su contra o argumentos consistentes en la exposición de razonamientos jurídicos concretos en contra de los fundamentos del acto reclamado o contra su ausencia, que pongan de manifiesto que dichos actos son contrarios a la constitución; o bien, porque no se hizo una correcta interpretación de la ley; de donde se infiere que al no existir conceptos de violación, requisito esencial en el juicio de amparo para establecer si el acto reclamado es o no constitucional, es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia citada y, en relación con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia, procede por ello sobreseer el presente juicio de amparo. A mayor abundamiento, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, tampoco se advierte causa de pedir en la que señala la quejosa cuál es la lesión o agravio que estima le causa perjuicio el acto reclamado, cuestión ésta que imposibilita a este órgano jurisdiccional abordar el estudio correspondiente. Cabe aclarar que la impetrante de garantías solo se limita en el capítulo de "hechos" a efectuar una reseña de los antecedentes del Juicio Oral Mercantil que promovió en su contra la ahora tercero interesada Gloria López Ramos, juicio en el cual se emitió sentencia, condenándola al pago en pesos de diversas prestaciones, sin especificar el agravio que le causa o el perjuicio que le irrogan, lo que de manera alguna puede considerarse un concepto de violación. Lo anterior, pues solo alega que el acto que reclama vulnera y atenta contra las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; pero no hizo valer conceptos de violación dirigidos a combatir el contenido la resolución reclamada, contraponiéndolos con una garantía individual. Por tanto, al no existir conceptos de violación encaminados a combatir directamente los actos reclamados en el presente juicio de amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo en relación con ellos. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, primera parte, Séptima Época de rubro: "SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO, POR APARECER MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como el criterio de orientación, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página 237, Tomo XI, Marzo de 1993, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate la sentencia reclamada diciendo que es incorrecta, infundada, inmotivada, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de concepto de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo; por lo tanto, ante la ausencia total de los multicitados concepto de violación, el Tribunal Federal se encuentra impedido para entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del laudo impugnado, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negar el amparo." También se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 180,159, localizable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, tesis P./J. 111/2004, página 5, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO. El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando el Juez advierta que la demanda no cumple alguno de los requisitos señalados en el artículo 116 de la propia Ley o que no se ha señalado con precisión el acto reclamado, o no se han exhibido las copias exigidas por la ley, deberá ordenar que se cumplan los requisitos omitidos o se hagan las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, tomando en consideración que la finalidad del precepto primeramente citado consiste en aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal, es indudable que se aplica exclusivamente cuando en la demanda ya existe un principio de señalamiento o esbozo de los conceptos de violación, pero no cuando se omiten totalmente, ya que resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso; admitir lo contrario implicaría que éste, por el solo hecho de haber presentado un escrito con datos meramente identificatorios, pudiera plantear su pretensión constitucional fuera del plazo previsto para tal efecto en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se concluye que la ausencia total de conceptos de violación en el escrito inicial de demanda no motiva que el juzgador prevenga al quejoso." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por MARÍA TERESA NAVA CASAS, en contra del acto y autoridad señalada en el primer resultando de esta sentencia, en términos del considerando último del presente fallo. Notifíquese vía oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria con quien actúa y da fe hasta hoy catorce de septiembre de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.-

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por MARÍA TERESA NAVA CASAS, en contra del acto y autoridad señalada en el primer resultando de esta sentencia, en términos del considerando último del presente fallo."

  4. Principal

    En dos de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con un escrito registrado con el número 17392.- CONSTE. Zacatecas, zacatecas, a dos de septiembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la parte tercero interesada Gloria López Ramos, por lo que con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo Vigentes, téngasele por apersonado en el presente el presente juicio de garantías con el citado carácter, y de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo del citado cuerpo de leyes, se tiene como autorizada de su parte a la licenciada Ma. Soledad Longoria Medina (cédula 3055375), y como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle Unión número 101, colonia Cinco Señores de esta ciudad. De igual manera, como lo pide la promovente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que vierte, los que serán tomados en consideración al momento de fallar en definitiva el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. *mash.

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