María Teresa Muro Galindo
Expediente 973/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Teresa Muro Galindo
Actuaciones
- Principal
Razón: En cuatro de octubre de dos mil dieciocho el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Teresa Muro Galindo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de dieciocho de septiembre del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda diversos documentos originales, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se dejen autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"Razón: En cuatro de octubre de dos mil dieciocho el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María Teresa Muro Galindo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de dieciocho de septiembre del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda diversos documentos originales, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se dejen autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve MARÍA TERESA MURO GALINDO contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil de esta Ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 133 de la Constitución General de la República; fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 973/2018-IV. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio, Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que el quejoso les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda pone de manifiesto que la quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - El emplazamiento que le fue practicado en el juicio extraordinario civil hipotecario 1405/2012, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho controvertido, incluyendo de forma destacada el auto de once de septiembre del año en curso, a través del cual se ordena entregar a la adjudicataria el inmueble rematado, y en caso de negativa, el lanzamiento del mismo (sin atribuirle a éste vicios propios). Cabe destacar que el acto reclamado se precisa de la forma en que se señaló con antelación, toda vez que en su ocurso de demanda la quejosa se ostenta persona extraña al juicio de origen por equiparación, pues refiere de manera expresa en relación al controvertido de origen, que "no sabía nada al respecto ya que en ningún momento se me notificó que había un juicio en contra"; además, alega violan al derecho de audiencia, pues refiere que al "despojarla" y "lanzarla" del inmueble que aduce es de su propiedad, le provoca un "estado de indefensión", motivo por el cual, incluso en el apartado relativo a la suspensión del acto reclamado, solicita dicha medida cautelar a efecto de que no se ejecute lo ordenado por la autoridad responsable, toda vez que no ha "sido oída ni vencida en juicio". Precisado lo anterior, y por las razones expuestas a continuación, se considera que al respecto se surte de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". La fracción X estatuye: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]." La causa de improcedencia arriba referida, tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa Juzgada, tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Así, se actualiza esta causal de improcedencia en análisis, cuando la ley o el acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo, en caso de que ese juicio haya sido promovido por el mismo agraviado, contra las mismas autoridades responsables e igual acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es, que los juicios anteriores estén completamente terminados, por ello se habla de preservar la cosa juzgada, pues la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa este principio, impiden que se abra nuevamente la controversia. Lo anterior tiene razón de ser en que no hay necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de un mismo acto de autoridad, esto es, no se requiere juzgar dos o más ocasiones el mismo acto reclamado por el promovente, con mayor razón cuando ya ha sido decidida su constitucionalidad por parte de la Justicia de la Unión. Ahora bien, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, resulta conveniente destacar los antecedentes que se desprenden del diverso juicio de amparo 407/2017-IV del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, el cual se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio en términos de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del Tomo XXV, Junio de 2017, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Así, de dicho controvertido constitucional se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito de demanda recibido el siete de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, remitido el día diez siguiente a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, María Teresa Muro Galindo promovió juicio de amparo en contra de los actos del Juez Segundo de lo Civil en esta ciudad, en su carácter de autoridad ordenadora, así como de la actuaria judicial Claudia García Mejía, adscrita en ese entonces a la Central de Actuarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, en su calidad de autoridades ejecutoras, respecto de los actos consistentes en: "De la autoridad responsable ordenadora, reclamo todas y cada una de las actuaciones que obran en el sumario del Juicio Extraordinario Civil Hipotecario bajo el número de expediente 1405/2012 radicado en el Juzgado Segundo del Ramo Civil en esta Ciudad, desde el ilegal emplazamiento hasta el dictado de la sentencia definitiva respectiva; así como todas las actuaciones y diligencias llevadas acabo (sic) en la etapa de ejecución de sentencia. De la Ejecutora, la Actuaria Judicial, Lic. Claudia García Mejía, Adscrita en ese entonces a la Central de Actuarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, reclamo, la ilegal diligencia de fecha 13 de enero de 2015, consistente en un supuesto emplazamiento efectuado a la suscrita, lo que niego, pues es falso que dicha autoridad ejecutora se haya constituido a mi domicilio, ni mucho menos que la de la voz haya atendido tal diligencia ni aceptado el cargo de depositaria de la finca de mi propiedad, y por ende, tampoco firmé dicha actuación. Del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, reclamo la anotación marginal que se le hizo a la inscripción número 80571, a fojas 241 del Tomo 1998 de Hipotecas, en donde quedó anotada la demanda que instauró en mí contra la tercero interesada." 2. Caber señalar que en dicho juicio constitucional, mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo como autoridad sustituta de la licenciada Claudia García Mejía, entonces actuaria adscrita la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado -quien llevó a cabo el emplazamiento reclamado, según lo manifestó en su informe previo-, al Actuario Adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad. 3. Seguidos diversos trámites legales, con fecha treinta de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, emitió la sentencia respectiva, a través de la cual, por una parte, declaró infundado el incidente de objeción de falsedad de firma promovida por la quejosa, y por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Es de destacarse que en dicha sentencia, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el aludido Juzgador Federal, precisó los actos reclamados de la siguiente manera: "Del Juez Segundo del Ramo Civil y de la Actuaria de dicho órgano: El emplazamiento de trece de enero de dos mil quince, en el Juicio Extraordinario Civil Hipotecario 1405/2012. De la Dirección de Registro Público de la Propiedad por Ministerio de la Ley: La anotación marginal que se hizo a la inscripción 80571 a fojas 241 del tomo 1998 de hipotecas." Respecto de los cuales, como ha quedado expuesto, negó la protección de la justicia federal. 3. Inconforme con dicha determinación, la quejosa María Teresa Muro Galindo interpuso en su contra recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el cual lo radicó bajo el número de amparo en revisión civil 712/2017, y mediante Sesión Plenaria de diez de mayo de dos mil dieciocho, confirmó la sentencia recurrida. De lo anterior resulta claro que la hoy quejosa, a través del diverso juicio de amparo 407/2017-IV, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, reclamó el emplazamiento que le fue practicado al juicio extraordinario civil hipotecario 1405/2012, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, y sus consecuencias, actos respecto de los cuales se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados; determinación que se encuentra firme con motivo de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el amparo en revisión civil 712/2017, a través de la cual confirmó la sentencia recurrida. Así, y en atención a que del análisis integral de la demanda del juicio de amparo en que se actúa, como se señaló con antelación, se advierte que la misma aquí quejosa María Teresa Muro Galindo, también reclama el emplazamiento que le fue practicado en el juicio extraordinario civil hipotecario 1405/2012, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, y que es como consecuencia de ello, que también reclama todo lo actuado en dicho controvertido, incluyendo el auto de once de septiembre del año en curso, a través del cual se ordena entregar a la adjudicataria el inmueble rematado, y en caso de negativa, el lanzamiento del mismo (sin atribuirle a éste vicios propios). Lo anterior, al grado de que nuevamente se ostenta persona extraña por equiparación al juicio extraordinario civil de origen. Luego es incuestionable que el acto que por este vía se reclama ya fue materia del diverso juicio amparo 407/2017-IV del índice de este Juzgado, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse incluso que, del análisis integral del escrito de demanda que se provee, se advierte que el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, es esencialmente igual al apartado relativo de la demanda que dio origen al multicitado juicio de amparo 407/2017-IV, situación que robustece la actualización de la causa de improcedencia en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, por su espíritu, la Jurisprudencia I.6o.T.J/86, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a fojas 1532, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal". Sin que sea óbice a lo anterior que en el juicio de amparo 407/2017-IV, se haya señalado como autoridad responsable ejecutora a la Actuaria Judicial licenciada Claudia García Mejía, adscrita en ese entonces a la Central de Actuarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y ahora en el juicio constitucional en que se actúa, la quejosa haya designado como responsable al Director del Área de Ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, pues de los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad en este último libelo constitucional, se desprende que nuevamente la diligencia de emplazamiento reclamada se la atribuye a la citada actuaria Claudia García Mejía. En tanto que la ejecución que reclama la hace depender de la constitucionalidad del emplazamiento, como ya ha quedado de relieve. Por todo lo expuesto, es innegable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo y por tanto, con apoyo en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento, procede desechar de plano la demanda promovida por María Teresa Muro Galindo, contra actos del Juez Segundo del Ramo civil de esta ciudad y de otra autoridad. Solo a mayor abundamiento, cabe precisar, que como consecuencia de la resolución que negó la protección federal solicitada en el anterior juicio de amparo 407/2017-IV, ya no es jurídicamente posible equiparar a la quejosa a una persona extraña al procedimiento jurisdiccional del que derivan los actos que reclama, en cuyo caso no debe soslayarse que le resulta aplicable la regla prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. De allí que incluso en el supuesto de que se estimara que la quejosa reclama de manera fundamental y destacada el auto de once de septiembre del año en curso, emitido en el juicio extraordinario civil hipotecario 1405/2012, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, a través del cual, según refiere, se ordenó entregar a la adjudicataria el inmueble rematado y en caso de negativa el lanzamiento del mismo, entonces la demanda de amparo resulta igualmente improcedente de modo manifiesto e indudable. Ello, al actualizarse la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado precepto 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tal aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sobre esas bases si la quejosa pretende reclamar de manera destacada el auto de once de septiembre del año en curso, emitido posterior a la orden de escriturar el inmueble rematado en el juicio extraordinario civil hipotecario 1405/2012, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, ergo, se concluye que tal determinación no constituye la última resolución en ejecución de sentencia, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Lo anterior, en virtud de que no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en el juicio del cual deriva su reclamo, sino que por el contrario, el auto reclamado no es ajeno a la cosa juzgada, ya que tiende a ejecutarla, pues precisamente ordena la entrega del inmueble que una vez sacado a venta judicial y escriturado ha de entregarse al adjudicatario. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable con el número I.2o.C. J/2 (10a.), en la página 2639, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN. De conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente y, que tratándose de remates, en términos del párrafo tercero de la misma fracción, se establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial, por regla general, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento; esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente; por tanto, cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se hace efectivo el apercibimiento por no haber entregado el bien objeto del juicio y se ordena el lanzamiento, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia posterior a dicho remate; máxime que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia del demandado de entregar el bien rematado." Por tanto, si el amparo indirecto únicamente procede, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución pronunciada en la fase de ejecución, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones el acto que aquí se reclama, pues más bien se trata de providencias intermedias, se actualiza la causal de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, pudiéndose reclamar en éste las probables infracciones formales que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de amparo que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 230 y 231, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que es del texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Así como la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". En tal virtud, como se señaló, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Se tiene como domicilio para oír notificaciones de la parte quejosa el que se indica y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia, a la persona que menciona, toda vez que no se proporciona los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe. "
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