María Teresa Mota Enriquez
Expediente 72/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- MARÍA TERESA MOTA ENRIQUEZ y Otros.
- María Teresa Mota Enriquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
México, Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió negar el presente juicio de garantías promovido por ***** en representación de su menor hijo de identidad reservada ****, ordenándose devolver a la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancias que remitió al momento de rendir su informe justificado, sin que obre constancia de notificación del citado proveído de nueve del mes y año en cita; en esas condiciones, notifíquese a la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el contenido del auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
México, Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia dictada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió negar el presente juicio de garantías promovido por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, el cual es destruible dentro de un plazo de tres años de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; y por lo que hace a su duplicado, es susceptible de destrucción en un plazo de seis meses, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo citado. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De igual manera, se ordena devolver a la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancias que remitió al momento de rendir su informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al trece de mayo de dos mil veintidós. Ahora bien, dado que la parte quejosa exhibió copias certificadas de diversos documentos como se advierte de auto de auto veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, sin embargo dichos documentos pueden obtenerse o expedirse nuevamente, notifíquese por medio de lista el presente proveído; de igual manera, hágase de su conocimiento que tiene el plazo de noventa días para recoger tal documento, apercibida de que, en caso de no hacerlo, serán destruidos por el Centro de Documentación y Análisis. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Designación de nuevo titular. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez **************, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del Juez ****************, a partir del dieciséis de septiembre del dicho año. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Incidental
INC. 72/2021-II En la Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del cuaderno incidental ****, y testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión A.R.C. ****, de la que se advierte que CONFIRMÓ la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que se determinó NEGAR la suspensión definitiva; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente a la superioridad. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables por medio de oficio. Desglósese del cuaderno de antecedentes respectivo las constancias que no obran en original, e intégrense al presente incidente. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del Juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, así como al Tribunal Colegiado oficiante y por medio de lista a las demás partes.
- Principal
En la Ciudad de México, a primero de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de la que se advierten los motivos por los que no fue posible notificar a la parte quejosa la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, debido a que en el domicilio donde se constituyó el actuario no llevan asuntos de dicha parte. En tal virtud, se ordena notificar la sentencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno, por lista a la parte quejosa, así como las subsecuentes por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 72/2021-II, promovido por XXXXXXXXXXX, por derecho propio y en representación de su menor hijo R. C. P. M.1, contra actos de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitida al día siguiente, a este Juzgado Noveno de Distrito en la materia y con la residencia indicadas; XXXXXXXXXXX -quien es parte demandada en el juicio de origen-, por su propio derecho, y en representación de su menor hijo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable indicada, y el acto que precisó como sigue: "La sentencia calendada el veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, dictada por la QUINTA SALA DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los autos del Toca 1004/2019, en cumplimiento a la sentencia de amparo de fecha diez de enero de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio de amparo 85/2019-I, confirmada por ejecutoria de fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, dentro de los autos del recurso de revisión R. C. 82/2020." Acto que la parte quejosa señaló como violatorio, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. 1 El nombre y características de los menores se reserva en acatamiento a la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", que dice: "8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad". Por acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado XXXXXXXXXXX -quien es actor en el juicio de origen-, lo que aconteció el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó el día diez de agosto de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra un auto emitido en un juicio familiar tramitado ante un juzgado con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir el quejoso y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente, la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Sala responsable, en el toca 1004/2019, que confirma lo resuelto en la audiencia de ocho de abril de dos mil veinte, dictado en el juicio de controversia del orden familiar 861/2017 y su acumulado 2125/2017, promovida por XXXXXXXXXXX contra la quejosa, en la que se decretó la guarda y custodia del menor R.C. de apellidos P.M., a favor de su progenitor XXXXXXXXXXX. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. ES CIERTO el acto reclamado a la Sala responsable, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, aunado a que la certeza de los actos, se corrobora con las constancias que en apoyo a su informe justificado remitió dicha autoridad, las que por tratarse de actuaciones judiciales adquieren valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, y con las que se demuestra la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable, las que previamente fueron valoradas. 1. los autos del juicio de divorcio incausado seguido por XXXXXXXXXXX en contra de XXXXXXXXXXX, expediente 861/2017, el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se aprobó y elevó a la categoría de sentencia, el convenio celebrado por las partes, en el que, entre otras cuestiones, se convino la guarda y custodia del su menor hijo, R. C. P. M., en favor de la hoy quejosa, y se estableció un régimen de visitas y convivencias del menor con su progenitor (fojas 23 y 24 del tomo II del cuaderno de constancias). 2. Por sentencia de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictada en la diversa controversia del orden familiar, cambio de guarda y custodia, 861/2017 y su acumulado 2125/2017, promovida por XXXXXXXXXXX, en contra de XXXXXXXXXXX, acumulada al juicio de divorcio referido en el punto que antecede, se decretó la guarda y custodia definitiva del menor R. C. P. M., en favor de la hoy peticionaria de amparo (fojas 265 a 268, Ibídem). 3. Esta resolución se dejó insubsistente mediante sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 2427/2018-3, en la que se ordenó reponer el procedimiento para efecto de que el Juez de primera instancia se pronunciara respecto de las pruebas ofrecidas por las partes y el incidente de tachas promovido por la demandada, y hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho corresponda respecto del incidente de modificación de guarda y custodia (fojas 272 a 276 Ibídem). 4. Por escrito de diez de enero de dos mil diecinueve, XXXXXXXXXXX , promovió demanda incidental de modificación de convenio (cambio de forma de pago de la pensión alimenticia), en contra de la quejosa, el cual fue admitido a trámite en auto de dieciséis de enero de dicho año (foja 19 del tomo III de constancias). 5. Una vez contestada la demanda incidental, a solicitud del actor, en auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, el A quo ordenó la presentación del menor, en la fecha y hora que indicó, a efecto de que fuera escuchado (foja 85 Ibídem). 6. El ocho de abril de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia en la que se escuchó al menor, en donde el Juez acordó lo siguiente (fojas 129 a 131 Ibídem): "[.] En seguida, se procede a sostener plática con el menor [.], quien manifiesta tener nueve años de edad, ir en tercer grado de primaria, que va en el Colegio "Sócrates", que va bien en la escuela que tiene nueve, diez y ocho de calificación, que le gusta la historia, pero ahorita no ha ido porque su papá todavía no lo ha podido inscribir. Que su mamá tiene la guarda y custodia que es cuando tiene el poder sobre algo o sobre alguien y es como el poder para que esa persona viva contigo, que vive actualmente con su papá, pero su mamá tiene la guarda y custodia, que con su papa vive su novia y su hija quien tiene diecinueve años. Que su mamá vive con su hermano mayor, la novia de su hermano y su sobrina. Que se duerme solo en su cuarto, la hija de la novia de su mamá tiene también su cuarto solo, que le gusta estar más con su papá, que con su mamá la casa siempre huele a pipi de gato porque nunca cambia la arena, más que una vez al mes, que tiene dos gastos uno de él, que siempre se la pasa encerrado con su gato, en su cuarto, que tenía un aromatizante que olía a manzanilla su cuarto. Que en casa de su mamá siempre hay mucho pleito, con su hermano, que una vez rompió la puerta del pasillo porque como su mamá no lo dejó pasar, se estresó y la empezó a patear. Que su mamá se enoja con él por cualquier cosa, que lo regaña porque anda afuera y le dice que su papá lo va a robar. Que es la segunda vez que viene ahí y que quiere irse con su papá porque ahí no hay pleitos, que todos hacen la comida, que él dice qué ingredientes poner. Que él comía afuera con su mamá, en algún lugar, en un restaurante, pero más en puestos, que se la pasa acostada en su cama y por eso comen afuera. Que lo están dando de baja en la escuela en la que lo metió su mamá cuando vivía con ella, pero no le gustaba esa escuela porque había muchos niños que le hacían bullyng y que siempre cada cinco minutos se estaba agarrado a golpean con ellos; que casi no iba a la escuela porque su mamá se quedaba dormida. Que quiere irse a vivir con su papá pero cree que si se lo dice a su mamá va a pensar que lo están manipulando. Que en casa de su mamá hay comida echada a perder como jamón, salchichas, aguacate y su mamá dice que cocina pero no es cierto, que porque no le gusta que la gente mienta. Que su hermano y su novia le dicen a su mamá que le quieren ayudar en la casa pero su mamá le dice "no, no me ayuden par de gárgolas", que cuando su abuela y su bisabuela van, él se queda encerrado en su cuarto porque se meten en todo. Que hace quince o veinte días está con su papá y quiere seguir viviendo con él y ver a su mamá el fin de semana de cada quince días. EL C. JUEZ ACUERDA: Se tienen por hechas las manifestaciones de la representación social, visto su contenido, así como las constancias de autos y atendiendo al interés superior del menor hijo de las partes, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 940, 941 y relativos del Código de Procedimientos Civiles, con los insertos necesario se ordena girar el oficio que se solicita, para los fines que se indican, mientras tanto, el menor deberá permanecer bajo los cuidados y atenciones de su señor padre, quien queda obligado para que de manera inmediata realice los trámites pertinentes para que el menor reingrese a clases, lo que deberá acreditar ante este juzgado en el momento en que se encuentre inscrito; asimismo, a fin de no romper el lazo materno-filial con la demandada incidentista, se decreta que ésta podrá visitar y convivir con su menor hijo, el segundo y cuarto fin de semana de cada mes, pudiendo pasar por él, el día sábado a las diez horas y reintegrarlo al siguiente día domingo a las diecinueve horas. Toda vez que faltan pruebas por desahogar se difiere la presente audiencia [.]" 7. Inconforme con tal determinación, la demandada incidental, hoy quejosa, interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el siete de agosto de dos mil diecinueve, en el toca 1004/2019-3, y en la cual se confirmó el proveído apelado (fojas 29 a 34 del tomo IV del cuaderno de constancias). 8. Dicha resolución quedó insubsistente, y en su lugar la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó la diversa de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en los autos del toca referido, por virtud de la ejecutoria dictada por este Juzgado en los autos del juicio de amparo 851/2019-I, promovido por XXXXXXXXXXX; resolución de alzada, que de nuevo confirmó el proveído apelado (fojas 36 a 50, Ibídem). Esta es la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así al no existir causa de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 77 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, la parte quejosa aduce en sus conceptos de violación, en esencia, lo siguiente: 1. Que la resolución reclamada violenta el artículo 16 constitucional, puesto que carece de la debida fundamentación y motivación, dado que, si bien los juzgadores en materia familiar se encuentran facultados para actuar de oficio cuando se afecte derecho de menores, ello no implica que su actuar deba ser arbitrario, pues en el caso, la quejosa tiene la guarda y custodia. 2. Que la apreciación de la Sala responsable es incorrecta, respecto al supuesto legal actuar del juez de origen, en el sentido de que el menor debía quedar bajo los cuidados y atenciones de su padre, ya que con ello desconoce que la guarda y custodia del menor se encuentra en favor de la hoy quejosa, y que si se encuentra viviendo con su padre es porque ello deriva de la ilegal retención que éste ejerció sobre el menor, por lo que conceder la razón al hoy tercero interesado convalidaría un acto ilegal. 3. Que contrario a lo que refiere la Sala responsable, no se actualizó motivo alguno que autorizara al juez a actuar de oficio. 4. Que si bien en materia familiar no existe cosa juzgada, lo cierto es que no se actualizó ningún cambio de circunstancias para determinar que el menor debía quedar bajo cuidado de su padre, puesto que incluso la determinación del juez de origen no obedeció a que la quejosa fuera un peligro para el menor, y por ello no existía motivo ni justificación para conceder la guarda y custodia del menor a favor de su padre. 5. Indica que, contrario a lo que refiere la Sala responsable, no se atendió al interés superior del menor, pues ello se traduce en que sólo se sostuvo una plática con este, en donde el menor expresó su deseo de habitar con su padre, sin que se hubieren tomado en consideración la totalidad de los elementos que tenía a su disposición para evaluar la situación real en que éste se encontraba. Pues de haberlo hecho se hubiera percatado de que el menor se encontraba viviendo en la casa de su padre por la ilegal retención que éste realizó, puesto que la guarda y custodia se encuentra en favor de la quejosa. 6. Que el actuar de la Sala responsable la deja en total estado de incertidumbre jurídica, pues no obstante que tiene la guarda y custodia de su menor hijo, que las circunstancias para ejercitarla no han cambiado, que no representa un peligro para el menor y que no se tomaron en consideración la totalidad de los elementos que tenía a su alcance, confirma el auto combatido en apelación. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Previo al análisis del problema jurídico, resulta conveniente establecer, que en el caso se encuentran involucrados derechos de un menor, por lo que la autoridad familiar dentro de su ámbito jurisdiccional, al resolver sobre las medidas que correspondan a la guarda y custodia del menor (que esencialmente es el motivo de agravio de la parte quejosa), deberá sujetarse al principio del interés superior de la niñez. Es así, en virtud de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la propia Constitución. Así, el artículo 4° constitucional, en lo conducente, señala lo siguiente: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Por su parte, el Estado a través de sus instituciones, entre ellas, las de impartición de justicia, debe velar porque se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, mediante la realización de los actos que en el ámbito de su competencia garanticen, en forma plena, los derechos del menor; que estos aseguren su desarrollo integral, tales como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Asimismo, ese interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No solo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. En este sentido, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".2 En tal virtud, al verse involucrado el interés superior de un menor en el presente asunto y, en congruencia con la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, resulta procedente el análisis de la constitucionalidad de la resolución impugnada, aun cuando en su momento no le pueda resultar beneficioso a la quejosa, madre del menor; por tanto, los conceptos de violación se analizaran supliendo la deficiencia de la queja de la que pudieran adolecer. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo 2 Jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 334. omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."3 Así, se estima que los conceptos de violación resumidos resultan INFUNDADOS, conforme se determinará en párrafos subsecuentes. En primer término, no debe perderse de vista que la resolución que constituye el acto reclamado, deriva del recurso de apelación que interpuso la demandada en los autos del incidente de modificación de convenio, deducido del juicio de divorcio, promovido por XXXXXXXXXXX, en contra de XXXXXXXXXXX, quejosa, expediente 861/2017 y su acumulado 2125/2017, tramitado ante el Juez Décimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, en el que se llevó a cabo una plática con el menor hijo de las partes, en audiencia de ocho de abril de dos mil diecinueve y en la que se determinó que el menor debía permanecer bajo los cuidados y atenciones de su padre y se fijó un régimen de convivencias con su madre. Ahora bien, resulta infundado lo aducido por la quejosa en el resumido concepto de violación señalado bajo el número uno, puesto que no se advierte que la responsable hubiere actuado de manera arbitraria, no obstante que la quejosa tiene la guarda y custodia del menor de que se trata; lo que resulta así, puesto que como lo señaló la responsable de conformidad con lo establecido en los artículo 940 y 941 del ´Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, faculta a los jueces para intervenir de oficio en los asunto inherentes a la familia y más aún en tratándose de menores de edad, lo que los obliga a establecer lo más conveniente para ellos en aras de su interés superior, por lo que con sustento en tales preceptos ese actuar de oficio no se considera, como lo refiere la quejosa, un actuar arbitrario, 3 Jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, del Semanario Judicial de la Federación 'y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época. no obstante que exista pronunciamiento respecto de la guarda y custodia en su favor, puesto que el interés del menor se encuentra por encima del de sus progenitores. De lo anterior que, aun y cuando no se actualice ninguna causa legal para que se realice la modificación de la guarda y custodia otorgada judicialmente, esa modificación puede concederla la autoridad familiar con sustento en los citados artículos, siempre atendiendo al interés superior del menor, por lo que, resulta infundado lo alegado por la quejosa en ese sentido, y que quedó plasmado bajo los resumidos concepto de violación números tres y cuatro. Por otro lado, resulta infundado lo argumentado por la quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada desconoce que la guarda y custodia del menor se encuentra a su cargo, lo que se plasmó así, en los conceptos de violación identificados bajo los números dos y seis, toda vez que de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable al dictar la resolución reclamada consideró: "[.] tampoco le asiste la razón a la inconforme porque el juez del conocimiento en el auto impugnado no está resolviendo respecto de la guarda y custodia provisional de los menores hijos, sino sólo determinó que el menor [.] debía permanecer bajo los cuidados y atenciones de su padre, que es con quien se encuentra en la actualidad, aún y cuando la guarda y custodia provisiona la tiene XXXXXXXXXXX, lo cual, se insiste, se determinó tomando en consideración la plática con el menor, así como también ordenó la valoración psicológica a las partes a fin de determinar si alguno de ellos es generador de violencia familiar y quien se encuentra capacitado para ejercer la guarda y custodia respecto del menor, si es víctima de violencia familiar o es manipulado por alguno de sus progenitores, lo cual no constituye un agravio sino que dicha determinación se tomó atendiendo al interés superior del menor. [.] Por otra parte, lo resuelto dentro del auto apelado no desconoce las facultades de crianza y responsabilidades de la madre ni del padre para con el niño, debiéndose tener presente que en este caso, ambos progenitores ejercen la patria potestad respecto de su menor hijo, institución jurídica que no se configura como un derecho del padre o la madre, sino como una función que se les encomienda a ambos en beneficio de los hijos y que está dirigida la protección, educación y formación integral de éstos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución, en consideración prioritaria del interés del menor. [.]" Así, de tales consideraciones se advierte que, contrario a lo que alega la quejosa, la Ad quem no pasa inadvertido que es ella quien tiene la guarda y custodia provisional del menor, de ahí lo infundado de los conceptos de violación que se emiten al respecto. Finalmente, resulta infundado que de la resolución reclamada no se desprenda que se hubiere atendido al interés superior del menor, como quedó asentado en el concepto de violación señalado bajo el número cinco, toda vez que de dicha resolución se desprende que la Ad quem consideró: "[.] Así, en este caso nos encontramos frente a un menor que tenía nueva años de edad en la época en que se llevó a cabo la entrevista materia del auto controvertido, plática de la que se desprende de manera preponderante que conoce bien la problemática existente entre sus progenitores, así como que dada su edad y madurez tiene plena capacidad de reconstruir y relatar sus acciones pasadas y anticipar sus acciones futuras mediante representación verbal, por lo que, se infiere, lo manifestado por el menor es producto de su vivencia y lo que ha captado a través de sus sentidos, no derivado o fruto de interferencia o manipulación por alguna de las partes, sin que de la narrativa expresada por el menor dentro de la audiencia de la que emana la resolución controvertida pueda desprenderse situación alguna de peligro o daño para el menor por parte de ninguno de sus progenitores ni de las personas con las que ha convivido o con las que actualmente convive, pero sí su desentrañándose su deseo de cohabitar con su progenitor, lo que fue considerado por el juez, así como la opinión de la representación social, todo lo cual esta Sala constata así -de manera general - y de lo que se puede inferir o de lo que se denota de las constancias de autos, pues en todo caso, en necesario el recibimiento en autos de los estudio psicológicos ordenados en autos por el juzgador precisamente para poder concluir si alguno de los padres es generador de violencia familiar y establecer quién se encuentra capacitad para ejercer la guarda y custodia respecto del menor, si es víctima de violencia [.]" De lo que se advierte que, contrario a lo que refiere la quejosa, la Ad quem sí atendió al interés superior del menor, puesto que advirtió que el menor no corre peligro alguno con su padre y las personas que actualmente convive. En las narradas circunstancias, al no haberse demostrado la inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que resultaron infundados los conceptos de violación aducidos, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitados por XXXXXXXXXXX, por derecho propio y en representación de su menor hijo R.C.P.M., contra el acto que reclamó de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a XXXXXXXXXXX, por derecho propio y en representación de su menor hijo R.C.P.M., contra los actos que reclamó de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y personalmente a las demás partes.
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