María Teresa Mota Chaboya
Expediente 884/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/01/2018
Partes del expediente
- María Teresa Mota Chaboya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a tres de enero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió un documento, se deja a su disposición por el término de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlo en la temporalidad indicada, se procederá a su destrucción con el expediente en que se actúa, tal como lo establece el punto décimo primero, párrafo tercero del acuerdo general en cita.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa la determinación de tres de enero de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a tres de enero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió un documento, se deja a su disposición por el término de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlo en la temporalidad indicada, se procederá a su destrucción con el expediente en que se actúa, tal como lo establece el punto décimo primero, párrafo tercero del acuerdo general en cita.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 884/2017, promovido por María Teresa Mota Chaboya, por conducto de su asesor jurídico, contra una omisión de la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación Tres Sin Detenido, de la Coordinación territorial TLH-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tláhuac, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión que se precisará en el considerando segundo. II. El promovente de amparo narró los antecedentes de la omisión reclamada, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgredieron en perjuicio de su representada los derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de la fecha indicada, se admitió a trámite la demanda con el orden 884/2017; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de la omisión reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado de la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación Tres Sin Detenido, de la Coordinación territorial TLH-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tláhuac, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, es la omisión de realizar actos de investigación respecto del delito de homicidio calificado, en la carpeta de investigación FTH/TLH-1/UI-3S/D/01847/09/2017. TERCERO. Es cierta la omisión reclamada, no obstante que la autoridad responsable la haya negado al rendir informe justificado, pues así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a dicho comunicado; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza de la omisión reclamada, no se realizará pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que se advierte la actualización de una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y estudio preferente, de conformidad el artículo 62 de la ley de la materia. En efecto, la causal de improcedencia que se estima actualizada, es la prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley,.". Para sustentar la causal que se analiza, este juzgado parte de la jurisprudencia 1a./J. 41/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, de rubro: "ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO". Entre los argumentos torales para la emisión de esa jurisprudencia, se encuentran los siguientes: ". Como ya lo dijo esta Sala, los conceptos: interés jurídico y legitimación procesal se encuentran ligados, porque esta última constituye la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio, a esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer. Asimismo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios, ha señalado que la Ley de Amparo se sujeta a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual viene a constituir un principio fundamental que tutela a la materia de amparo, esto es, que el amparo debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus garantías individuales. Así se establece en el artículo 4o.(12) de la Ley de Amparo, el cual condiciona la procedencia del juicio de amparo, a la existencia de un agravio personal y directo en la esfera de derechos del quejoso; indicando con ello la necesaria afectación de sus intereses, como un elemento fundamental del principio de instancia de parte agraviada. Este Máximo Tribunal ha señalado que el interés jurídico de que habla la fracción VI ahora V del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados y que la procedencia de la acción constitucional de amparo, requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquiera otra clase. De ahí que un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. En consecuencia, la promoción del amparo sin acreditar que el acto reclamado lesiona la esfera de derechos del gobernado, será improcedente por falta de interés jurídico, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, por tanto, deberá sobreseerse el juicio, con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, de este último ordenamiento. Dicho de otra manera, la procedencia del juicio de amparo contra un determinado acto de autoridad, se encuentra sujeta a que se acredite que el acto lesiona la esfera jurídica de derechos del quejoso, a contrario sensu, será improcedente cuando no se demuestre esa afectación jurídica, de tal suerte que, como lo preceptúa el artículo 4o. de la Ley de Amparo, sólo puede promover el juicio de garantías la parte a quien perjudique.". Al respecto, se destaca que no se inadvierte que la jurisprudencia invocada se refiere a la falta de interés jurídico del denunciante que no tiene el carácter de víctima u ofendido -salvo que demuestre que sufrió un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales-, para impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal; de igual manera, no se soslaya que en este juicio se reclama la omisión de realizar actos de investigación. No obstante la clara diferencia en la naturaleza de tales actos de autoridad, este juzgado estima que la figura de interés jurídico les es común y, por ello, los razonamientos últimamente transcritos resultan válidamente aplicables a este asunto. En efecto, en el caso la quejosa afirma tener la calidad de víctima indirecta en la carpeta de investigación origen de la omisión reclamada, porque el sujeto pasivo del delito y de la acción -en el ilícito materia de la denuncia-, en vida fue su suegro. Tal calidad efectivamente le asiste a la amparista conforme al numeral 4 de la Ley General de Víctimas, que dispone: "Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos". Ahora bien, a pesar de que la solicitante de amparo, como se dijo, tiene la calidad de víctima indirecta, ese carácter no le concede el interés jurídico necesario para tornar procedente este juicio de amparo, porque la omisión reclamada no lesiona su esfera de derechos, en razón de que aunada a la calidad que se precisó, sólo es denunciante en la carpeta de investigación respectiva y no aportó dato alguno en este juicio que evidencie su interés jurídico en los términos precisados por la Primera Sala del Más Alto tribunal de justicia del país. Consecuencia de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 61, fracción XII, vinculado con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Teresa Mota Chaboya, por conducto de su asesor jurídico, contra la omisión precisada en el considerando segundo, reclamada de la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación Tres Sin Detenido, de la Coordinación territorial TLH-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tláhuac, de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes
- María Teresa González López466/2018
- María Teresa Güemes Fernández749/2022
- María Teresa Lara Romero471/2022
- María Teresa Lara Romero453/2022
- María Teresa López Cendejas227/2017
- María Teresa Mota Chaboya826/2017
- María Teresa Rojas Guerrero1108/2018
- María Teresa Sánchez Hernández1020/2015
- María Teresa Velázquez Torres331/2016
- María Teresa Velázquez Torres349/2016
- María Teresa Villarreal Alarcón407/2015
- María Victoria Mendoza Barrón491/2022