Maria Teresa Morales Martinez y Otros.

Expediente 955/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
955/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Maria Teresa Morales Martinez y Otros.
  • Maria Teresa Morales Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerados como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por ********************, por virtud del cual desahogan la prevención formulada en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, consecuentemente, se tiene por desahogado el citado requerimiento. Desahogo de prevención. Consecuentemente, por lo que respecta a la fijación de la Litis se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, por medio del cual se le negó la ampliación de la demanda del Juicio Ordinario Civil (usucapión) ******************** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia reclama el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, por medio del cual se le negó la ampliación de la demanda del Juicio Ordinario Civil (usucapión) ******************** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo En el presente asunto la parte quejosa, aduce ser parte dentro del Juicio Ordinario Civil (usucapión) ******************** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, tal y como se corrobora de las manifestaciones que "bajo protesta de decir verdad" realizó en su escrito de demanda de amparo. De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c), de la Carta Magna). II) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal). III) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. IV) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). V) Contra actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, VI) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación o se aleguen solo violaciones directas a la Constitución (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, en el caso el acto que aquí se analiza, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, cuando la parte quejosa es parte formal del juicio de origen, se integró a la relación jurídica procesal, o en su caso, tiene conocimiento de la existencia y los datos de identificación del juicio natural. Por tanto, al no existir normas que establezcan excepciones en el sentido de que la parte quejosa no esté obligada a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional, y si en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, los promoventes del amparo están obligados a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En ese contexto, como ya se dijo en contra del acto que se analiza en el presente apartado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 361, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224800, que establece: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Ahora bien, en torno al acto reclamado que esencialmente la parte quejosa hace consistir el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, por medio del cual se le negó la ampliación de la demanda del Juicio Ordinario Civil (usucapión) ******************** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, procede el RECURSO DE QUEJA de conformidad con lo establecido en los artículos 1.393, fracción I y 1.394, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establecen: "Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; (.)." "Artículo 1.394. El recurso de queja se interpondrá a los tres días siguientes de notificado el auto que se reclama, ante el Juez donde se tramita el juicio y se substanciará sin suspensión del procedimiento." Así, del análisis de los preceptos transcritos, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado consistente en el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, por medio del cual se le negó la ampliación de la demanda del Juicio Ordinario Civil (usucapión) ******************** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.393, fracción I y 1.394, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, siendo este el RECURSO DE QUEJA. Ello es así, porque en contra del el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, por medio del cual se le negó la ampliación de la demanda del Juicio Ordinario Civil (usucapión) ******************** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, procede el RECURSO DE QUEJA previsto en los artículos 1.393, fracción II y 1.394, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Por tanto, resulta inconcuso que respecto del aludido acto reclamado, procede un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; esto es, el RECURSO DE QUEJA, previsto en los artículos 1.393, fracción I y 1.394, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisado en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley de la materia, el cual se encuentra a su alcance dado que como se dijo en párrafos precedentes se trata de una de las partes formales (en el juicio ********************, de la estadística del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, y si no agotó dicho medio de defensa, la presente demanda de amparo en la que esgrime que es ilegal la notificación de mérito, carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, la segunda en relación con la diversa V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por notoriamente improcedente.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presuntamente firmado por********** por virtud del cual pretenden desahogar la prevención de cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Al respecto, sin requerir mayores conocimientos técnicos o especiales, se aprecia a simple vista que las firmas que calzan el escrito de referencia difieren notablemente de la firma estampada en la demanda de amparo, como se aprecia de lo siguiente: En esas condiciones, requiérase a los ocursantes para que en el término de tres días, legalmente computados, comparezcan ante este juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente y una copia, a reconocer las firmas que calzan el escrito de cuenta. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado dicho escrito. La anterior medida se toma por seguridad jurídica de las partes, pues la firma constituye el signo gráfico con el que las personas reflejan o exteriorizan su voluntad de todos los actos jurídicos en los que se requiera la firma escrita, como ahora acontece, por lo que en caso de que llegare a demostrarse que la firma que aparece en el escrito de referencia no hubiera sido estampada por la misma persona, sería claro, en consecuencia, que no existió la exteriorización de la voluntad del promovente al momento de presentar el escrito de cuenta, por ende, dicho escrito no tendría validez. Infórmese a la parte promovente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que la firma plasmada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda o cualquier otro son susceptibles jurídicamente de ser objetados de falsos en cuanto a su autenticidad y ello debe ser materia del incidente previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, promovido por las partes, en el cual se dé oportunidad de ofrecer pruebas.

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