Maria Teresa Morales Lopez

Expediente 1297/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1297/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Maria Teresa Morales Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese al cuaderno de antecedentes para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Actuario mencionado, mediante el cual acusa recibo del original del juicio de amparo VII-1297/2019-1 del registro de este Juzgado de Distrito y comunica que mediante auto de veintinueve de diciembre pasado, se admitió el recurso de queja interpuesto por -contra el auto de veintiséis de noviembre del propio año, que desechó su demanda; se toma nota que quedó registrado bajo el número -, de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda copia del escrito signado por la apoderada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del proveído dictado el veintiséis de noviembre del año en curso en el que se tuvo por desechada la demanda de garantías que promovió; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que esté debidamente integrado, de inmediato remítase a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios, así como el informe sobre la materia de la queja, para lo que a bien tenga determinar la superioridad. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y fórmese cuaderno de antecedentes con las copias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Finalmente, se tiene a -, por autorizada con las facultades que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que según la constancia secretarial de cuenta, tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  3. Principal

    ....VISTA LA DEMANDA DE AMPARO... REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO... PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA POR NOTORIAMENT IMPROCEDENTE...En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso el quejoso, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Tomo I, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, procede a desechar la presente demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, en relación con los actos reclamados a las autoridades indicadas en párrafos que anteceden...

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