Maria Teresa Mondragon Martinez
Expediente 814/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/11/2020
Partes del expediente
- Maria Teresa Mondragon Martinez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2745/2019, promovido por Perla ***************, respectivamente, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otra autoridades. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia del escrito de ampliación de demanda, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. De conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, esto es, para que la Secretaria de Bienestar continúen otorgando el beneficio del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras, vigente para dos mil dieciocho, y evite la reducción del presupuesto señalado en el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el año fiscal dos mil diecinueve, relativo al programa social de estancias infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión solicitada, se analizarán los siguientes aspectos: I. La certeza de los actos reclamados II. Si su naturaleza permite su paralización III. Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo IV. Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones ? Certeza de los actos reclamados??????????? El Acuerdo que contiene las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en tanto que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal dos mil diecinueve, fue publicado el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se tienen por ciertas su existencia, puesto que de conformidad con los artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las leyes no son objeto de prueba, ya que constituyen hechos notorios al estar publicados en un medio de difusión oficial. ? Naturaleza de los actos reclamados. Ahora bien, corresponde determinar si por su naturaleza, las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, son susceptibles de paralización. En lo que interesa, las Reglas reclamadas señalan lo siguiente: 3.4. Tipos y Montos de Apoyo Apoyo Económico Monto 1. Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. 1. ********** bimestrales, por cada niña o niño. 2. Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo, con discapacidad de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. 2. *********** bimestrales, por cada niña o niño. El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Bienestar brindará apoyos a las personas beneficiarias en esta modalidad por un máximo de 3 niñas o niños por hogar en el mismo periodo, salvo que se trate de nacimientos múltiples. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, entregará este apoyo, directamente a la madre, padre solo o tutor. El apoyo que entrega la Secretaría de Bienestar directamente a la madre, padre solo o tutor, se otorgará conforme al presupuesto autorizado para la operación del Programa. Para otorgar el apoyo correspondiente a cada bimestre se considerará que la(s) niña(s) o niño(s) cumplan con la edad que los requisitos de estas Reglas de Operación demandan; en caso de que la(s) niña(s) o niño(s) cumplan la edad límite en el transcurso del bimestre corriente se otorgará el apoyo completo y este será el último apoyo que se le brinde. Al respecto se destaca que es en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, establece que el apoyo se dará a cada madre, padre o tutor a razón de ************ tratándose de un niño o niña con discapacidad, de manera bimestral. Conforme a lo transcrito, se advierte que las Reglas reclamadas tienen efectos y consecuencias de carácter positivo. Por ello, de acuerdo con su naturaleza, los actos reclamados son susceptibles de paralización. ? Requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo En ese orden de ideas, el artículo 128 la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.." El primer requisito previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se colmó plenamente, pues, en el escrito de demanda, la parte quejosa solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé que para el otorgamiento de la suspensión no deben contravenirse disposiciones de orden público ni causar perjuicio al interés social. El orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, es decir, son aquellas disposiciones contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por su parte, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, perturbación o quebranto; es decir, debe considerarse como tal el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja de provecho y la ?????????????? satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Al respecto, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. De tal forma, la suspensión es improcedente cuando el acto reclamado afecta el interés público o social, para lo cual no basta con que se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría reales perjuicios al interés social o implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto; así, ante un acto de la naturaleza del reclamado, para determinar la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa frente al bienestar de la colectividad. Sirven de apoyo las jurisprudencias 1a./J. 72/2017 (10a.) y 2a./J. 81/2002, de rubros: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA OTORGARLA."1 "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."2 1 El artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada establece como requisito para decretar la suspensión del acto reclamado que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con su ejecución sean de difícil reparación. Sin embargo, en la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se eliminó del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo referente a la difícil reparación de los daños y perjuicios que ocasione el acto reclamado. Asimismo, se privilegió la discrecionalidad de los jueces y se estableció su obligación de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho, por lo que se fortaleció el rol protector de la suspensión. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente no contempla como requisito para conceder la suspensión que se ocasionen daños de difícil reparación; de ahí que su acreditación no constituya un requisito para que proceda esa medida en el juicio de amparo. Debe resaltarse que esta interpretación es consistente con el propósito de la reforma constitucional en materia de amparo -en cuanto a la suspensión- en el sentido de privilegiar la discrecionalidad de los jueces. En efecto, considerar como requisito la acreditación de un daño de difícil reparación para otorgar la suspensión definitiva, sería regresar al sistema de requisitos formales que fue superado con dicha reforma constitucional. 2 Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público. Así las cosas, es dable concluir que el interés social y el orden público no constituyen nociones que puedan ser delimitadas para todos los casos. Por ende, para determinar si se afectan tales instituciones debe partirse de la premisa de que constituyen la máxima expresión del interés de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos y atribuciones dentro del Estado. Esto es, para mantener la tranquilidad, el bienestar colectivo y la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, libertades y poderes dentro del Estado de Derecho, ya que sólo así pueden coexistir de manera pacífica el poder de la autoridad y la libertad de los individuos. En ese sentido, la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurar el respeto del orden público y representar un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave a la parte quejosa, pero ponderando los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos. Además, es de destacar que el estudio que debe realizarse, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto que constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del quejoso; es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último o, más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal exigencia constitucional, al resolver sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esta medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del quejoso pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto restituir el derecho cuya tutela se pretende. Ahora bien, es importante señalar que la pretensión de las quejosas al solicitar la medida cautelar es la de conservar el derecho del que gozaba antes de la entrada en vigor de la norma reclamada. En ese contexto, se niega la suspensión provisional solicitada. Lo anterior es así, ya que de otorgar la medida cautelar en los términos que la solicitaron las quejosas, se le otorgarían irremediablemente efectos restitutorios que solo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección constitucional, pues lo que pretende la quejosa es que a través de la medida suspensional se ????????????? obligue a la Secretaria de Bienestar para el efecto de que continúe otorgando el beneficio del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras, vigente para dos mil dieciocho. Además, el otorgamiento de la medida cautelar, implicaría darle efectos restitutorios a ésta, lo que le es ajeno, pues el objetivo de la medida cautelar es mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional y no así restituir a las inconformes en el derecho que estima violado. En efecto, de otorgarse la suspensión en los términos que solicita la parte quejosa se estarían abordando aspectos que forman parte del estudio del fondo del asunto (teniendo efectos restitutorios a la suspensión), de ahí que resulte improcedente el otorgamiento de la suspensión solicitada al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CII, página 74, que dice: "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados." Por lo que, se niega la suspensión solicitada, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; debido a que la suspensión en el juicio de amparo tendría por objeto que se obligue a la Secretaria de Bienestar para el efecto de que continúe otorgando el beneficio del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras, vigente para dos mil dieciocho, lo cual, como ya se dijo, involucra cuestiones a dilucidar en el fondo del asunto, aspectos que no son propios de este incidente de suspensión y por esa razón no pueden tomarse en consideración ni servir de fundamento para otorgar la medida cautelar. Sin que pase inadvertida la jurisprudencia J/24 (10ª) de los Tribunales Colegiados de Circuito, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, EFECTUADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PROCEDE CONCEDERLA A LOS RESPONSABLES DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS, PARA QUE SE LES OTORGUEN LAS CANTIDADES QUE LES CORRESPONDAN CONFORME A LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.";la cual en principio, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, no resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes
- María Teresa Lass Bernal81/2023
- Maria Teresa Leyva Cazarin426/2019
- María Teresa López Cano3569/2019
- María Teresa López Márquez952/2023
- María Teresa Marcela Peralta Casares706/2023
- María Teresa Marín Álvarez141/2017
- Maria Teresa Nuñez Gomez2355/2022
- Maria Teresa Padilla Murillo2113/2017
- Maria Teresa Ramirez Chavez230/2015
- Maria Teresa Rodriguez Gonzalez864/2019
- Maria Teresa Rodriguez Llamosas967/2015
- Maria Teresa Rojano Ceballos23/2022