María Teresa Mena Oliveros
Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Teresa Mena Oliveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Por otra parte, para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber a las partes, que a partir del uno de mayo de dos mil diecinueve, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, es el nuevo titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Finalmente, toda vez que mediante oficio DEZAC/2083/2019, de seis de mayo de la presente anualidad, firmado por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, se hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que por nuevas instrucciones se designa como titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, al licenciado Héctor Octavio Rosales Chávez; y atendiendo al estado de autos, se advierte que mediante diversa determinación se autorizó a la licenciada Aida Castro Ramírez, quien fungía como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, a recibir notificaciones electrónicas, así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, a través del usuario aida.castro, el cual, es usuario personal, no institucional, por tanto, se revoca la determinación emitida en proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve; se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos.
- Principal
Audiencia constitucional. En Zacatecas, Zacatecas, a las once horas con veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas por auto de dos de abril de este año, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 203/2019. El licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes a esta audiencia. Acto seguido, la secretaría realiza una lectura íntegra al escrito relativo a la demanda de amparo, y en esa guisa procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos; al respecto, da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (foja 19); además se da cuenta con las copias certificadas del expediente laboral 729/2016 de su índice (fojas 20 a 38 y 43 a 57); constancias aportadas por la autoridad responsable citada, como anexo a su informe con justificación. A continuación, el secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; con las constancias relacionadas por la Secretaría, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con la documental aportada por la parte quejosa (foja 9), así como con las constancias reseñadas por la Secretaria; documentales que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo; finalmente, sin más pruebas que relacionar, se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta en este acto, con el pedimento 391/2019, por medio del cual, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formula alegatos, con registro 6344, los cuales se tiene por reproducidos para los efectos legales pertinentes; finalmente, se hace constar que de las demás partes no se recibió promoción alguna; por lo que, sin diversos alegatos diversos que relacionar, se cierra este periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de qué hacer relación, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 203/2019, promovido por María Teresa Mena Oliveros, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, María Teresa Mena Oliveros, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad responsable, que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 203/2019; por auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva, carente de ejecución, por lo que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 37, párrafo tercero de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que en la especie, la quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo siguiente: La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 729/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Sí es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, toda vez así lo reconoció al rendir su informe justificado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Certeza que acredita con las copias certificadas del expediente laboral 729/2016, que allegó como complemento a su informe justificado; probanza con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio (causales de improcedencia). Por ser de estudio preferente, este Juzgado de Distrito examinará de oficio la procedencia del juicio constitucional, lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que instituye que las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se sobreseerá en el juicio. Bajo esa tesitura, conviene recordar que en el presente juicio se le reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 729/2016. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto antes transcrito establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió al rendir su informe justificado, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado, como se evidenciará. En el caso, la peticionaria controvirtió la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 729/2016, del índice del tribunal responsable. Acto omisivo que se estima, fue solventado por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, pues en esa fecha la responsable dictó el laudo en el juicio laboral de origen (fojas 43 a 57); constancia en la cual se advierte que la autoridad destruyó la afectación aducida por la parte quejosa, pues en dicha actuación se evidencia que en la referida fecha, la responsable se pronunció acorde a los motivos y fundamentos que ahí fueron insertos. Documental respecto de la cual se dio vista a la parte quejosa mediante auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, y además fue relacionada en la audiencia constitucional; sin que la parte impetrante de garantías hubiera manifestado algo al respecto. En consecuencia, se tiene que el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 729/2016, fue inhabilitado en sus efectos jurídicos, acorde a lo consignado en la actuación de la autoridad materializada mediante el referido laudo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio de origen, pues en esta última actuación la autoridad responsable, como ya quedó precisado, se pronunció resolviendo lo que estimó conducente, lo cual permite colegir que se ha destruido en forma total la afectación que se podría generar al disidente, y de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la Tesis Aislada (Común), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo que se tiene, que si la autoridad responsable, el veintinueve de marzo de esta anualidad, llevó a cabo la actuación indicada en párrafos previos, en la cual se inhabilitaron los efectos jurídicos del acto reclamado, al haberse pronunciado respecto de la solicitud formulada por la quejosa; lo anterior, con fecha posterior a la presentación de la demanda de garantías (seis de marzo de dos mil diecinueve), por lo tanto, debe considerarse que han sido destruidos los efectos del acto tildado de inconstitucional en forma incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Corrobora lo anterior, la Jurisprudencia (Común) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados precisados en este considerando; acorde a los motivos ya expresados, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional, las autoridades responsables acreditaron haber respondido a su petición y en este juicio de amparo se tuvo por enterado del contenido a solicitud. Por lo que es evidente, que ello se traduce en que los quejosos fueron restituidos en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación argumentados por la parte quejosa en cuanto al acto reclamado ya establecido. Tiene aplicación, la Jurisprudencia (Común), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Se toma la anterior determinación, sin soslayar lo expuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, si bien el referido artículo en su párrafo segundo exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, lo cierto es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior afirmación la Tesis Aislada (Constitucional), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 a 63, 73 a 77 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Teresa Mena Oliveros, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerado último de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y del oficio CCJ/ST/0112/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando ante la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos el pedimento firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, hágasele las subsecuentes notificaciones vía electrónica, con nombre de usuario aida.castro, así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos.
- Principal
Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo, signado por la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante el cual, en alcance al informe justificado rendido por auto de veintisiete de marzo del año en curso, remite copia certificad del laudo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo.
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