María Teresa Medina Aboytes

Expediente 520/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
520/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • María Teresa Medina Aboytes
  • MARÍA TERESA MEDINA ABOYTES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Causa estado. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto, no fue recurrido en el plazo legal por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo para las demás partes para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; de ahí que la resolución no les irroga prejuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno y sistema correspondientes. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por la secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, mediante el cual remite el diverso suscrito por el presidente del Consejo de Salubridad General, el cual rinde informe respecto de la suspensión dentro del juicio de amparo 520/2022; lo anterior, en virtud de que el dieciocho de los actuales, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós se requirió a la parte quejosa para que manifestara si las infantes ********** (de 7 años) y ********* (de cinco años), fueron inmunizadas en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas a los grupos etarios en que se encuentran. La anterior prevención se formuló ya que auto de treinta de junio pasado se trajo a cuenta lo siguiente: "Sin perjuicio de lo anterior, en términos del artículo 208 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a cuenta como hecho notorio la conferencia matutina del ejecutivo federal, concretamente la efectuada el catorce de los corrientes, en donde el subsecretario de salud Hugo López-Gatell anunció que se adquirió un determinado número de dosis pediátricas del fármaco, a fin de comenzar con el proceso de vacunación para el sector poblacional de infantes de entre 5 y 11 años cumplidos y que el registro habitual en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/ comenzó el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, lo cual ya se incorporó a un boletín publicado por Presidencia de la República. Bajo esa perspectiva, esta Potestad considera imprescindible que la aquí quejosa que encuadra en la hipótesis publicada, sea incorporada al procedimiento, lo cual inicia con el registro respectivo. Se estima así pues converge con la medida cautelar de orden público que tiende a velar por el derecho a la salud de los infantes; es decir, tales actuaciones concuerdan con lo mandado en la propia suspensión y conforman parte de un procedimiento que tiene como fin el mismo para el que fue dictada, acorde con el artículo 126 de la Ley de Amparo. En esa medida, se requiere a la representante legal del menor para que, a partir del plazo que se ha establecido para el debido registro y, en su caso, vacunación de aquel, cumpla con los requisitos que les sean pedidos y lo haga del inmediato conocimiento de este Juzgado." Lo anterior fue notificado, se insiste, conforme a lo pedido por la parte quejosa, mediante notificación por Estrados. En esas circunstancias, es decir, ante la reiteración de inasistencia y falta de justificación al respecto, se hace efectivo el apercibimiento hecho el veinticinco de julio de dos mil veintidós (que fue una reiteración de senda prevención anterior) y se le tiene por desinteresada en que las infantes sean inoculadas por una institución pública y consintiendo la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. En relación con el requisito identificado como a), las datas programadas para la vacunación de los menores, fueron previamente conocidas por la parte quejosa, quien no acudió y por tanto, se le dio vista por el término de tres días a fin de que justificara su inasistencia y que en caso de no hacer manifestación, se entendería por consintiendo el acto reclamado, esto es, la omisión de vacunar a la menor. Por otro lado, el requisito identificado como b) también está satisfecho, pues la parte quejosa fue debidamente notificada formalmente y en términos de ley de sendas vistas, sin que a la fecha realizara manifestación alguna. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular a los menores, ponen de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que a estos no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech, circunstancia que demuestra su consentimiento frente al acto que combate. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Informe sobre la suspensión de plano. Agréguese el oficio firmado por ************, apoderado legal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante el cual rinde su informe respecto de la suspensión de plano; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Precisión respecto de oficio de cuenta. Finalmente, se destaca que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBIE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO".

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