María Teresa Margarita Bañuelos Cabrera
Expediente 327/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Teresa Margarita Bañuelos Cabrera
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio número 11967/2018 de cuenta, emitido por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, con el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto número de orden 141/2018, origen 94/2018, que se envió con la finalidad de notificar a la quejosa MARIA TERESA MARGARITA BAÑUELOS CABRERA, el proveídos de diecisiete de abril del año en curso, derivados del juicio de amparo en que se actúa, registrándolo bajo el número 64/2018, orden 66/2018 de los de su índice; lo anterior, para que obre como corresponda; acúsese recibo. Ahora bien, advirtiéndose de la citada comunicación oficial que dicha quejosa fue debidamente notificada del proveído de diecisiete de abril del año en curso; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo mencionado, por lo que se ordena notificar el presente auto y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, advirtiéndose de los presentes autos que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del mencionado proveído de diecisiete de abril del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia San Andrés Cholula; en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad acusando recibo del exhorto número 94/2018 y asimismo, informa que se procedió a su diligenciación correspondiente; habiendo quedado registrado como exhorto 64/2018, orden 66/2018. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo con que se da cuenta, por medio del cual MARÍA TERESA MARGARITA BAÑUELOS CABRERA, solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; se ordena asignarle el número de registro de amparo 327/2018-I; asimismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, para su control respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos humanos es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El quejoso reclama en su escrito de demanda, lo siguiente: La resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 244/16-28-01-1-OT, relativo al juicio de nulidad, promovido por la aquí quejosa contra el Subdelegado de Prestaciones, Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, del escrito de cuenta la promovente del amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad manifiesta que fue notificada el doce de marzo de dos mil dieciocho, ya que al respecto estableció lo siguiente: "[.] IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Bajo protesta de conducirme con verdad, manifiesto que se reclama de la autoridad responsable la Resolución dictada de fecha 22 de febrero del 2018, dictado dentro del expediente en que se actúa del índice de la SALA REGIONAL DE TLAXCALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, la cual me fue notificada por en forma personal el día 12 de marzo del 2018. [.]". Lo anterior transcripción hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o. Ahora bien, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, dispone: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "[.]." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen: "[.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "[.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "[.] Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se aprecia que el término para la interposición de la demanda de derechos humanos, por regla general es de quince días contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De no instaurarse el juicio de amparo dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por eso, se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la ley de la materia. En razón de lo anterior, se advierte que la promovente manifiesta en la demanda que se analiza, bajo protesta de decir verdad, que fue notificada de forma personal de la resolución de veintidós de febrero del año en curso, dictada en el juicio de nulidad 244/16-28-01-1-OT, de los del índice de la Sala Regional de Tlaxcala, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el doce de marzo de dos mil dieciocho, por tanto, el plazo para interponer la demanda de derechos humanos ha fenecido, toda vez que a la fecha de presentación de la misma, transcurrieron en exceso los quince días que establece el precepto legal que regula el plazo para solicitar el amparo, pues éstos transcurrieron del dieciséis de marzo al doce de abril de la presente anualidad, descontándose los días diecisiete, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, veinticinco de marzo, uno, siete y ocho de abril por haber sido inhábiles, así como el diverso diecinueve de marzo pasado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el diverso artículo 19 de la Ley de Amparo; así como con lo establecido en los artículos 65, 68, 70 y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a foja 165, tomo VI, Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En las relatadas circunstancias, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por MARÍA TERESA MARGARITA BAÑUELOS CABRERA, lo anterior en razón de que no existe duda para formarse un criterio distinto, ya que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. No ha lugar a tener como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Privada 15 "B" Sur 7312, San José de Mayorazgo, Puebla, en razón de encontrarse fuera de la jurisdicción de este juzgado; se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas José Guadalupe Jiménez Dávila, María del Carmen Rico Torres y José Jesús García Rodríguez, y por autorizados para recibir dichas notificaciones e imponerse de los autos a los demás profesionistas, lo anterior en razón de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2o, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en San Andrés Cholula, Puebla, para que en auxilio a las labores de este Juzgado y con una copia simple del presente acuerdo, se sirva notificar de forma persona a la quejosa María Teresa Margarita Bañuelos Cabrera, quien señaló como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el ubicado en Calle Privada 15 "B" Sur, siete mil trescientos doce, San José de Mayorazgo, Puebla, Código Postal 72450 y la requiera para que dentro del término de tres días siguientes al en que quede debidamente notificada del presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Tlaxcala para oír y recibir sus notificaciones, con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6º. Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5 al 9, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Notifíquese personalmente.
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