Maria Teresa Mantecon Lopez

Expediente 1120/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1120/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Maria Teresa Mantecon Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de enero de dos mil veintidós. ...Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil veintiuno, por este Juzgado Federal, en la cual se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1120/2021; y R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido en este Órgano Jurisdiccional el veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, el cual se encontraba dirigido a este juzgado, directamente al juicio de amparo 817/2021, misma que fue remitida mediante oficio 819-0, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para ser registrada como demanda de amparo, lo cual se realizó el ocho de septiembre de la anualidad referida; escrito en el cual María Teresa Mantecón López, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: El Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial Yautepec en el Estado de Morelos y como ejecutora el actuario adscrito al mencionado juzgado. ACTO RECLAMADO: De la ordenadora y de la ejecutora ya mencionadas, reclamo: La FALTA DE EMPLAZAMIENTO a la suscrita quejosa TERCERA EXTRAÑA AL JUICIO, MARIA TERESA MANTECÓN LOPEZ, al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, del índice de dicho juzgado, como SECRETO, con los datos del expediente: Número 611/2019-I: Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: Johny Freddy Reyes Arenas, endosatario en procuración: Demandado: Víctor Manuel Hernández Salcedo. Primera Secretaria. De las ejecutoras: La omisión y el cumplimiento y ejecución del acto reclamado a las ordenadoras citadas". Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, y fijó día y hora para la audiencia constitucional. En el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Tramitado el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional el doce de noviembre de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. Finalmente, en proveído de veintiséis de noviembre del año que transcurre, se ordenó notificar a las partes el cambio de titular de este juzgado federal; y, C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclaman actos cuya ejecución tienen lugar en el territorio en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que reclama un acto, consistente en la falta de emplazamiento al ser tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil número 611/2019-I, índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Yautepec, Morelos. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Yautepec, Morelos, por cuanto a que en ese juzgado se encuentra radicado el expediente ejecutivo mercantil 611/2019-I, promovido por el licenciado Johny Fredy Reyes Arenas, en su carácter de endosatario en procuración de Jorge Adulfo de Jesús Jiménez Toledo, contra VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, el cual se radico el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y en auto de exequendo se ordenó requerir al demandado para que en el momento de la diligencia hiciera el pago a la parte actora o a quien sus derechos representara de la suma señalada como suerte principal así como de los accesorios legales reclamados y en caso de no hacerlo, se ordenó embargarle bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago reclamado y de igual manera se ordenó correrle traslado con las copias simples exhibidas y emplazarlo para que en el plazo ocho días compareciera a este juzgado a hacer el pago llano y oponerse a la ejecución; lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha autoridad, y que obran en el expediente de origen, documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; aseveraciones y pruebas que se estiman suficientes para acreditar su existencia. En ese orden de ideas y en razón de que el actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Yautepec, Morelos, dijo adherirse al informe rendido por la titular del juzgado, por lo cual, de la misma forma se tiene por cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Igualmente, la autoridad responsable manifestó que no era cierto el acto reclamado, toda vez que la peticionaria de garantías no era parte en el juicio mercantil de donde emana el amparo. Sin embargo, es de precisar que los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual queda sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento que se reclama. Lo anterior, se explica en la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 427, Tesis: 1a./J. 47/2017 (10a.), Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro: 2015475) que es del tenor: INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. De acuerdo con los dispositivos 17, 18, 19 y 22 de la ley en comento, la demanda se presentó dentro del término de quince días, pues la impetrante del amparo manifestó que conoció de los actos reclamados el veinte de agosto de dos mil veintiuno, -data en la cual su esposo VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, lo hizo de su conocimiento-. Así, el plazo de quince días para promover el juicio de garantías, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, comprendió del veintitrés de agosto de esa anualidad y dado que de autos se desprende que la demanda fue presentada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, ésta fue promovida oportunamente. V. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados, por lo que, al no advertirse nada que suplir, debe negarse el amparo solicitado. Para un mejor entendimiento del presente fallo, resulta pertinente destacar los antecedentes jurídicamente relevantes que se narran enseguida: 1) Escrito de demanda ejecutiva mercantil de acción cambiaria directa presentada por Johny Fredy Reyes Arenas, endosatario en procuración a título de crédito PAGARE endosado por Jorge Adulfo de Jesús Jiménez Toledo, contra el demandado VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO -cónyuge de la hoy quejosa-. 2) Admisión de la referida demanda ejecutiva mercantil de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en la cual se ordenó requerir al demandado, para que señale domicilio en la ciudad de Yautepec, Morelos, para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que de no hacerlo, las mismas se le harían en términos de lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio. 3) Razones actuariales por falta de notificación de veintiuno de febrero, seis y nueve de marzo de dos mil veinte, en las cuales no fue posible realizar el requerimiento de pago, en su caso embargo y emplazamiento en el Lote de terreno número 20 de la manzana 52, de la sección Mirador Cuarta Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, Municipio de Atlatlahuacan, Morelos. 4) Razones de falta de requerimiento de pago, en su caso, embargo y emplazamiento de treinta de abril y veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el Lote de terreno número 20 de la manzana 52, de la sección Mirador Cuarta Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, Municipio de Atlatlahuacan, Morelos, en busca de VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, el cual no fue localizado en el mismo. 5) Acta de embargo y razón de emplazamiento de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, levantada por el actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Yautepec, Morelos; quien hizo constar que se constituyó legal y personalmente con Johny Fredy Reyes Arenas, endosatario en procuración en el domicilio ubicado en Lote de terreno número 20 de la manzana 52, de la sección Mirador Cuarta Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, Municipio de Atlatlahuacan, Morelos, fin de localizar a VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, fedatario que refirió cerciorarse de estar en el domicilio correcto, además por el dicho de una persona del sexo masculino que dijo ser habitante del domicilio; requirió el pago liso y llano de la cantidad de $1´407,500.00 (un millón cuatrocientos siete mil quinientos pesos 00/100 M.N). En el caso concreto, la quejosa comparece a esta instancia con el carácter de tercero extraña al juicio de origen -en estricto sentido-, pues si bien no es parte en sentido material, estima que se le vulneraron sus garantías, por no haber sido emplazada a aquella secuela procesal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Expuesto lo anterior, importa destacar que la impetrante del amparo, contrajo matrimonio el veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y nueve, en Villa de Zaachila, Oaxaca, con VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, bajo el régimen de sociedad conyugal, para lo cual exhibió copia certificada del acta registrada en la foja 105F/105V, libro número 4 del Registro Civil Oficialía (UNO) -a la que se le otorga valor probatorio pleno, al ser expedida por un funcionario en ejercicio de 1 Visible en la página 56, del tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196932. sus funciones, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2º-. Por lo anterior, medularmente sostiene la quejosa que se encuentra casada con VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, y que nunca fue emplazada, ni llamada al juicio natural, no obstante que se encuentra casada bajo el régimen de sociedad conyugal y que durante la vigencia del matrimonio adquirieron el inmueble lote de terreno número 20 de la manzana 52, de la sección Mirador Cuarta Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, Municipio de Atlatlahuacan, Morelos, donde se sigue el juicio ejecutivo mercantil 611/2019-I, índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Yautepec, Morelos, contra su esposo VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, y que tiene interés jurídico en el procedimiento dado que se realizó un aseguramiento o un embargo, sobre un bien inmueble perteneciente al patrimonio derivado de la adquisición durante la vigencia de la sociedad conyugal. 2 ARTICULO 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes." ARTICULO 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo." ARTICULO 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal." Es menester precisar que la peticionaria de garantías, exhibió el instrumento público doce mil ochocientos cincuenta y uno, volumen doscientos cuarenta y uno, que contiene el contrato de compraventa celebrado el siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Licenciado Neftali Tajonar Salazar, Notario Público Número Cuatro en la Ciudad de Cuautla, Morelos, en la cual se advierte como -vendedor- Eladio José María Sánchez Montes, representado por su apoderada Susana Farrera Pola y -en su carácter de comprador- VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, -esposo de la hoy quejosa- en relación con el inmueble identificado como lote de terreno número 20 de la manzana 52, de la sección Mirador Cuarta Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, Municipio de Atlatlahuacan, Morelos. Lo hasta aquí expuesto, permite colegir que, como lo afirma la promovente del presente sumario constitucional, el inmueble que adquirió el demandado -VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO- en el juicio de origen, es parte de la sociedad conyugal que conformó con María Teresa Mantecón López, -aquí quejosa- en razón de que éste se adquirió con posterioridad a las nupcias. Ciertamente, VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO y la impetrante del amparo contrajeron matrimonio -bajo el régimen de sociedad conyugal- el veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y nueve, mientras que el contrato de compra venta se celebró el siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Ahora, es dable establecer que la quejosa en su carácter de persona extraña a juicio de origen, tiene interés jurídico para promover juicio de amparo contra su falta de emplazamiento al procedimiento natural en el que se ordenó embargar el inmueble identificado como lote de terreno número 20 de la manzana 52, de la sección Mirador Cuarta Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, Municipio de Atlatlahuacan, Morelos. Por lo cual, al no referir la quejosa que el bien inmueble estuviera inscrito en el Registro Público de la Propiedad, no deviene ilegal que no se le hubiera llamado al juicio, toda vez que respecto de bienes inmuebles, derechos reales sobre aquéllos u otros derechos inscribibles o anotables, para que la sociedad conyugal surta efectos contra terceros, debe estar inscrita en el folio real correspondiente, circunstancia que no está demostrada en el presente juicio constitucional. Incluso del Instrumento Público doce mil ochocientos cincuenta y uno, volumen doscientos cuarenta y uno, que contiene el contrato de compraventa celebrado el siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Licenciado Neftali Tajonar Salazar, Notario Público Número Cuatro en la Ciudad de Cuautla, Morelos, en la cual se advierte como -vendedor- Eladio José María Sánchez Montes, y -en su carácter de comprador- VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, no se advierte que éste último, es decir, el referido Hernández Salcedo, estuviera casado con la peticionaria de garantías María Teresa Mantecón López, así como tampoco el régimen de sociedad conyugal conformado entre ambos al momento de su matrimonio. Por lo tanto, si la parte quejosa no exhibió alguna probanza tendente a demostrar que la sociedad conyugal que conformó con el señor, VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, a quien le asiste el carácter de demandado en el juicio natural y que la misma estuviese inscrita en el Registro Público, ni tampoco existen datos fehacientes de que dentro del juicio ejecutivo mercantil tuvieran conocimiento de su existencia; por lo cual, resulta inconcuso que no puede ingresar a la controversia de origen, en la medida que la acción directamente es con su consorte. En efecto, es de precisar que los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Sin embargo, lo infundado de sus argumentos estriba en el hecho de que si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y el inmueble se adquirió durante su vigencia, en relación a los cónyuges, no hay duda de que aquel bien forma parte de la comunidad, pero ello no significa que tal situación sea oponible frente a terceros adquirentes de derechos reales sobre el mismo bien, si éste no aparece inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de ambos, ya que es la única forma de garantizar los intereses de terceros adquirentes y actos fraudulentos o contrarios a la buena fe. Consecuentemente, cuando falte la inscripción referida en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por diversa persona. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 644, Tesis: 1a./J. 18/2013 (10a.), Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro: 2004332) que es del tenor: SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.- La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO., sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil. En efecto, la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien, puesto que, en el presente caso, el embargo del bien inmueble que consta en instrumento público doce mil ochocientos cincuenta y uno, volumen doscientos cuarenta y uno, el cual contiene el contrato de compraventa celebrado el siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Licenciado Neftali Tajonar Salazar, Notario Público Número Cuatro en la Ciudad de Cuautla, Morelos, en la cual se advierte como -vendedor- Eladio José María Sánchez Montes, representado por su apoderada Susana Farrera Pola y -en su carácter de comprador- VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ SALCEDO, -esposo de la hoy quejosa- en relación con el inmueble identificado como lote de terreno número 20 de la manzana 52, de la sección Mirador Cuarta Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, Municipio de Atlatlahuacan, Morelos, se hizo en relación al titular del inmueble que consta en el instrumento notarial referido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 22, Tesis: 3a./J. 24/94, Núm. 80, Agosto de 1994, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (registro: 206583) que es del tenor: SOCIEDAD CONYUGAL, FALTA DE INSCRIPCION. LA DEMANDA DE PRESCRIPCION POSITIVA DEBE DE ENTABLARSE SOLO EN CONTRA DEL CONYUGE QUE APAREZCA COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Y NO DE AMBOS, AUNQUE QUIEN EJERCITE LA ACCION CORRESPONDIENTE SEA HIJO DE LOS QUE LA CONSTITUYERON. (LEGISLACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DISPOSICIONES AFINES DEL DISTRITO FEDERAL).- Si los bienes inmuebles que integran la sociedad conyugal no se inscriben a nombre de ella en el Registro Público de la Propiedad, sino sólo al de uno de los cónyuges, no puede producir efectos contra tercero, y en tal supuesto, la demanda de prescripción debe entablarse únicamente en contra de quien aparezca como dueño en el Registro Público de la Propiedad; sin que sea válido argumentar en contrario que la aludida inscripción no es necesaria y que, por ende, la demanda de prescripción positiva debe entablarse en contra de ambos cónyuges, aunque sólo uno de ellos aparezca inscrito en el Registro Público de la Propiedad como propietario del bien litigioso, si quien ejercita la acción correspondiente es su hijo y se presume que conoce la existencia de la sociedad conyugal y, por tanto, la situación legal del inmueble objeto del litigio; porque, como de conformidad con el artículo 186 del Código Civil para el Estado de Baja California y similar del Distrito Federal, debe existir declaración expresa de los cónyuges al celebrar las capitulaciones matrimoniales respecto de los bienes que han de ingresar a la sociedad conyugal, el solo conocimiento del régimen bajo el que están casados los padres no conlleva el de que el hijo esté enterado de todos los bienes que integran el caudal común, además de que, por encima de esa presunción, se encuentran las disposiciones de orden público e interés social que, en aras de la seguridad jurídica, imponen la obligación de inscribir en el Registro Público de la Propiedad los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles, con la sanción de que, los documentos que conforme a las citadas normas deban registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen. Así las cosas, por las razones expuestas es que no se advierte que las autoridades responsables procedieran contraria a derecho al no haberla emplazado al juicio mercantil mencionado. En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del actuario del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Yautepec, Morelos, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia II.1o. J/12, visible a página 41, Tomo: 82, Octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Primer Tribunal Colegiado del Segundo circuito, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: UNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA TERESA MANTECÓN LÓPEZ, por los motivos y fundamentos vertidos en el considerando V de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Guadalupe Barriga Manzano, quien autoriza y da fe, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y a la tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vistas las certificaciones que anteceden, de las que se advierte que en el presente juicio ha sido celebrada la audiencia constitucional; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes para agregar el presente acuerdo. Se hace del conocimiento a las partes que, mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Juez Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en contra del proveído de cuatro de marzo de ese mismo año, emitido en esta pieza incidental; sin embargo, se obtiene que no obra el acuse de recibo del oficio 399-3 dirigido a la autoridad responsable Secretaría del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. Asimismo, por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra de acuerdo de veintiuno de agosto de ese año; sin que hasta el momento obren los acuses de recibo de los oficios 1214-3 al 1219-3 que contienen inserto dicho proveído y por los cuales se ordenó correr traslado a las autoridades responsables con el escrito de expresión de agravios. En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y de integrar debidamente los citados medios de impugnación, se ordena reexpedir los oficios mencionados en los párrafos que anteceden, por lo cual se comisiona al actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio de las autoridades responsables y notifique dichos memoriales. Notifíquese; y cúmplase. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Edna Gabriela Hernández Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.

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