María Teresa Llerena Molina y Otros.

Expediente 1418/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1418/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • María Teresa Llerena Molina y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por María Teresa Llerena Molina y José Alberto Padilla Llerena; fórmese el expediente relativo con el número 1418/2022-IV, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. La parte quejosa en el capítulo correspondiente señala como actos reclamados: 1.- La falta de cumplimiento a las formalidades del procedimiento penal en la etapa de investigación inicial por parte del Ministerio Público, en su calidad de autoridad responsable, restringiéndoles su derecho de audiencia ante sede ministerial. 2.- El cumplimiento y ejecución de las medidas solicitadas por el Fiscal, por no comparecer a la audiencia inicial de formulación de imputación, dentro del expediente electrónico ******************** del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los justiciables señalan como actos reclamados de manera destacada: a) La falta de citación durante la etapa de investigación por parte del Agente del Ministerio Público, a fin de conocer el hecho delictuoso que se les atribuye. b) Las consecuencias jurídicas derivadas del hecho de no haber comparecido a la audiencia de formulación de la imputación, dentro del expediente electrónico ********************. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. El suscrito considera que con respecto al acto reclamado consistente en la falta de citación durante la etapa de investigación por parte del Agente del Ministerio Público, a fin de conocer el hecho delictuoso que se les atribuye, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)". Por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos violados, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que, para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho subjetivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis, al reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban, se alcanza al quedar sin efecto legal; o bien, cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa si bien pretende controvertir mediante el presente juicio constitucional la omisión por parte del Ministerio Público, de citarlos para conocer el hecho delictuoso que se les atribuye; cierto es también que de las documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, se advierte la cédula de notificación que se les envió por parte del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, a través de la cual los citó para que comparecieran a las dieciséis horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós, a la audiencia inicial de formulación de imputación sin detenido, en los autos del expediente electrónico ********************, por el hecho delictuoso de despojo. Lo anterior pone en evidencia que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, había citado a los quejosos para que comparecieran a las dieciséis horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós, a la audiencia inicial de formulación de imputación sin detenido, en los autos del expediente electrónico ********************, por el hecho delictuoso de despojo que se les imputa. Por lo que la omisión que le atribuyen al agente del Ministerio Público, de no citarlos para conocer los hechos materia de la acusación, infringiendo su derecho de audiencia, se ha consumado de manera irreparable en perjuicio de los impetrantes de amparo, pues a la fecha se les ha citado para formularles imputación en su contra, por lo que sería jurídicamente imposible en el eventual caso de advertirse alguna violación a derechos fundamentales, restituir a la parte agraviada en el goce del derecho fundamental trastocado. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos, volviendo las cosas al estado en que se encontraban; empero, la fracción XVI del artículo 61 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado; lo cual, lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Entonces, ya que en la especie la posible violación en que pudo incurrir la autoridad responsable se estima consumada, sin que pueda ser reparada por este medio, se determina la actualización de la causa de improcedencia en mención. Resulta ilustrativa la tesis del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 15 del publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 109-114, Sexta Parte, de la Séptima Época, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO, CONSUMACION IRREPARABLE DEL. Si la quejosa reclama un acuerdo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fija fecha para el desahogo de pruebas, aduciendo que la fecha señalada es demasiado remota, atendiendo a que la Ley Federal del Trabajo no establece términos superiores a los diez días para la práctica de cualquier diligencia. Y si durante la tramitación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del Juez de Distrito, transcurre la fecha señalada para la recepción de las aludidas probanzas, debe estimarse consumado irreparablemente el acto reclamado, por ser físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que el tiempo no puede retrotraerse; y por ello sobreviene la causal de improcedencia del juicio constitucional establecida en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo". En adición a lo anterior, y en estrecha vinculación con el derecho de defensa que los quejosos aducen fue violentado por la autoridad responsable, debe indicarse que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.". En relación con el tema que nos ocupa, el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Se insiste, el precepto constitucional transcrito hace referencia a las facultades de investigación que se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación desformalizada; en esencia, aquel dispositivo fundamental delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe acreditar que ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental, se le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social. Ahora bien, en estricta vinculación con lo antes señalado, los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen, respectivamente: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". De los preceptos legales transcritos se advierte el derecho del imputado a lo siguiente: 1. A tener acceso a los registros de la investigación. Este derecho puede ejercerse: a) Cuando el imputado se encuentre detenido y cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo. b) Antes de su primera comparecencia ante juez, está facultado para consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de ese momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. 2. A obtener copia gratuita de los registros de la investigación. Este derecho sólo puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Ahora bien, de la interpretación armónica de los preceptos legales antes indicados se advierte que tanto el imputado como su defensor tendrán derecho a tener acceso y obtener copia gratuita de los registros de investigación y que ese derecho solamente puede ejercerse una vez que el imputado haya sido convocado a la audiencia inicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos mediante el juicio constitucional. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa controvierte mediante el presente juicio constitucional la omisión por parte del Ministerio Público, de citarlos para hacerles saber el hecho delictuoso que se les atribuye; sin embargo, al habérseles citado a la audiencia inicial para formularles imputación por el hecho delictuoso de despojo de acuerdo a lo antes expuesto, esa circunstancia les permite tener acceso a la carpeta de investigación así como a sus registros, e incluso, obtener copia gratuita de las citadas constancias, a fin de ejercer su derecho de defensa. Por lo que la circunstancia de no haberlos citado por parte del Ministerio Público, si bien pudiera constituir una violación a sus derechos fundamentales de audiencia y debido proceso; sin embargo, dado el estado procesal del expediente electrónico ********************, de acuerdo a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narran en su demanda de amparo, se advierte que al haber sido citados para la audiencia inicial se encuentran en aptitud de obtener acceso a la carpeta y conocer los datos de prueba que sustentan la imputación formulada en su contra y contar con todos los elementos necesarios para preparar su defensa; de ahí que el primer acto reclamado, al margen de tratarse de un acto consumado, en estricto sentido, no puede continuar afectando la esfera jurídica de los quejosos, porque conforme a lo expuesto, el hecho de que se les haya citado a la audiencia inicial, les permite tener acceso a la carpeta de investigación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante jurisprudencia que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público de permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenido, SEA CITADO PARA COMPARECER o sea sujeto de un acto de molestia como imputado dentro de la etapa de la investigación inicial. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de registro digital 2025272, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Por lo tanto, los quejosos tienen expedito su derecho a solicitar al Ministerio Público el acceso a la carpeta de investigación, en el entendido que la negativa a permitirles su acceso, sí podría originar un perjuicio irreparable susceptible de cuestionarse a través del juicio de amparo. Máxime que con respecto a lo manifestado por los quejosos en el sentido de que fueron citados por el Agente del Ministerio Público, para llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de la imputación, debe indicarse que esa circunstancia por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De ahí que, incluso, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, de la Novena Época, del tenor siguiente : "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Ahora, respecto al diverso acto reclamado consistente en las consecuencias jurídicas derivadas del hecho de no haber comparecido a la audiencia de formulación de la imputación, dentro del expediente electrónico ********************, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de amparo; así como que el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado consistente en las consecuencias jurídicas derivadas del hecho de no haber comparecido a la audiencia de formulación de la imputación, dentro del expediente electrónico ********************, que pudieran generar en alguna orden restrictiva de la libertad personal en contra de los ahora quejosos (aún y cuando éstos no lo señalan de esa manera expresamente), es un acto futuro de realización incierta, respecto del cual es improcedente el juicio de amparo indirecto. Pues el sólo hecho, de señalar en la demanda de amparo que el viernes dos de diciembre de dos mil veintidós, la llamó por teléfono su amiga ********************, informándole que habían dejado en la puerta del inmueble ubicado en calle ********************, una cédula de notificación del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, citándolos a una audiencia inicial para formulación de imputación, no significa que exista un acto restrictivo de su libertad personal girado en su contra, sino que ello es solo una suposición de la parte quejosa y no así un acto concreto y real, de ahí que no existe una afectación inminente o actual, real y directa en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior es así, toda vez que se desconocen las determinaciones que al efecto emitió la autoridad responsable con motivo de la incomparecencia de los agraviados a la citada audiencia. Por tanto, no se actualiza categóricamente un perjuicio en la esfera jurídica de los justiciables ante una supuesta orden restrictiva de su libertad que eventualmente o no, el agente del Ministerio Público, investigador, pudiera solicitar ante el Juez de Control. Pues sería en el momento en que de manera fehaciente se dicte una orden privativa de libertad en el que se afectaría en su caso a la parte quejosa, y no en este momento en el que dicho acto reclamado de acuerdo a las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su escrito inicial de demanda es inexistente, pues se reitera, se desconocen las determinaciones que haya dictado el órgano técnico investigador derivadas de la inasistencia de los quejosos a la audiencia de formulación de la imputación que refieren tuvo verificativo el seis de diciembre del año en curso. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente, lo que es de ese modo aún en tratándose actos de índole penal, pues se insiste, los actos reclamados de ninguna manera pueden combatirse a partir de una simple conjetura por dichos de otro. En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el precepto 113 de la legislación de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por así solicitarlo la parte quejosa, en el presente juicio deberán realizársele todo tipo de notificaciones vía electrónica, de conformidad con el precepto 30, fracción II, de la Ley de Amparo; en el entendido que tiene la obligación de ingresar todos los días al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y obtener la constancia de notificación respectiva en un plazo máximo de dos días y, de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación, ya que a las partes corresponde la carga mínima de revisar periódicamente sus asuntos. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios "********************" y "********************" la consulta del expediente electrónico, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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