María Teresa Jiménez Rodríguez

Expediente 970/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
970/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • María Teresa Jiménez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho auto ha causado estado. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad responsable, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que le fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el auto de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al agraviado José Trinidad Priego Domínguez, a fin de que la autoridad responsable señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ofertadas dentro del expediente laboral 1019/E06/2019,; asimismo, mediante proveído de treinta de mayo del mismo año, causó ejecutoria el citado fallo, requiriendo su debido cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, no obstante los múltiples requerimientos, la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y sus integrantes Presidente; representante de los trabajadores; y, representante de los patrones, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de garantías, o en su caso, hacer del conocimiento del impedimento que tengan para ello; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta, para que en el término de tres días legalmente computado, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se hará efectiva en lo individual la multa con que fueron conminados respectivamente en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, consistente en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que Corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 1249/2023, signado por la Presidenta por ministerio de ley, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, por medio del cual informa que dentro del expediente administrativo laboral ********************, se tuvo por desistido a la actora ******************** (aquí quejosa), de la demanda laboral y acción principal, promovida en contra de "********************", ordenando su archivo. Para sustentar su dicho, remitió las documentales respectivas, de las que destaca que el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la actora ********************, aquí agraviada, por desistida de la demanda, acción principal y accesorias, que ejercitara el once de octubre de dos mil diecinueve, en contra de "********************", Sociedad Anónima de Capital Variable, y archivando el expediente como asunto totalmente concluido. A tales medios de convicción se les atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad y que fueron allegados a este expediente debidamente certificados. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, se desprende que la parte quejosa reclamó actos omisivos de la autoridad responsable concernientes al término legal de los alegatos de clausura y cierre de instrucción, cabe mencionar que a fin de estar en condiciones de abordar el fondo del asunto, debe existir materia para su análisis, efectos materiales y jurídicos concretos, que incidan en la esfera jurídica de la impetrante. Asimismo, dada la naturaleza del juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional que tiene por objeto reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del peticionario, con el fin de restituirlo en el disfrute de las garantías vulneradas, ello siempre y cuando se cumplan requisitos de procedencia del juicio de amparo, que permitan concretar o materializar los efectos o el alcance del fallo protector que en su caso se emita. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo, se encuentra la prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de la Materia, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Dicho motivo de improcedencia se actualiza en aquellos casos, en que, no obstante de subsistir el acto reclamado en el mundo jurídico, no exista materia para estudiar el mismo; en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió y en caso de concluirse que el referido acto sea inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. En ese tenor, como se anticipó, la autoridad responsable remitió copias certificadas de constancias que revelan que el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la actora ********************, aquí agraviada, desistida de la demanda, acción principal y accesorias, que ejercitara el once de octubre de dos mil diecinueve, en contra de "********************", Sociedad Anónima de Capital Variable, y archivando el expediente como asunto totalmente concluido. Lo antes detallado actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues a nada práctico conduciría el estudio de los actos reclamados (omisión concerniente al término legal para los alegatos de clausura y cierre de instrucción), dado el desistimiento de la aquí quejosa en el juicio de origen con lo cual concluyó el procedimiento obrero ********************; de tal manera, que resultaría ocioso otorgar la protección constitucional para que se acuerden los planteamientos de la impetrante en el presente juicio biinstancial, pues desapareció el objeto o materia de su causa de pedir. En ese orden de ideas, atento al contenido de las documentales allegadas por la responsable, se desprende que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor, acorde con el numeral 63, fracción V, de dicha legislación; en tal razón, se decreta el sobreseimiento de este juicio de garantías, respecto de los actos reclamados por la agraviada ********************, a la autoridad señalada como responsable. Sobre el particular, se estima que cobra aplicación a las anteriores consideraciones, el texto de la jurisprudencia 2a./J.181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 173858 y que se encuentra publicada en la página 189, del tomo XXIV, diciembre de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.- En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Sustenta a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 1174/2023, signado por la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, por medio del cual, remite las constancias que estimó pertinentes y que le fueron exigidas conforme a lo establecido en el dispositivo 75 de la ley de la materia. Ahora bien, del comunicado de mérito, se advierte que la autoridad responsable refiere que el procedimiento laboral de origen sigue abierto, toda vez que aún quedan pruebas pendientes por desahogar, sin especificar cada una de ellas. Por tanto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a fin de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la referida Junta y las actuaciones necesarias para la resolución de este asunto, como lo establece el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, para que en el término de tres días, remita la totalidad del expediente laboral 00991/E06/2019. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad en lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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