María Teresa Jiménez Ibarra
Expediente 182/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Teresa Jiménez Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Agréguese el escrito de la parte tercera interesada, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que enuncia, previa comparecencia, identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el numeral 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que sobreseyó el juicio, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, se declara que causó ejecutoria, conforme a los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio. Devuélvase a la autoridad responsable el legajo de constancias que remitió, sin que sea necesario que acuse recibo, pues el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello del oficio se asiente el número de tomos entregados. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el juicio. Como lo prevé el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; una vez que transcurran más de seis meses, a partir de la orden de archivo. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 182/2021; ...; procediéndo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 182/2021, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Séptimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El nueve de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Previo desahogo y ratificación de demanda, el catorce de mayo siguiente, se admitió a trámite, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirieron informes justificados, y se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De la lectura integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica y reclama la falta de llamamiento y todo lo actuado al juicio ordinario civil 998/2018, del índice del Juzgado Séptimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como la orden de desalojo y entrega del inmueble ubicado en ., de esta Ciudad. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo cual se corrobora con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. En el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés, perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la tesis jurisprudencial de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el particular, la quejosa se ostenta como tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil 998/2018, del índice del Juzgado Séptimo Civil de la Ciudad de México y reclama todo lo actuado, manifestando que le causa perjuicio la orden de desalojo y entrega del inmueble ubicado en . de esta Ciudad, que adquirió en propiedad, por lo cual, es indispensable que acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados. En efecto, la parte impetrante de amparo debió demostrar fehacientemente ser titular de algún derecho sobre el inmueble que se indica; pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." De este modo, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En esta lógica, la parte accionante de amparo no allegó elemento de convicción idóneo con el que acredite de forma fehaciente tener algún derecho sobre el inmueble materia de la litis, como lo afirma, sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal, y tampoco probó que lo posee materialmente; por lo cual se estima que no existe afectación a su interés jurídico. Lo anterior es así, aunque la peticionaria manifestó que adquirió el inmueble mediante un contrato de compraventa, -contrato que no se exhibió, dicha manifestación de la documental referida no abona a la existencia de un derecho en su favor sobre el inmueble aludido, pues dada su confección, no pueden surtir efectos ni generar algún indicio, al no encontrarse adminiculada con otros medios de prueba que acrediten la existencia de algún derecho en favor de la quejosa respecto del bien que pretende defender en esta instancia, pues la quejosa fue omisa en adjuntar dicho contrato, además no allegó algún otro medio de convicción para demostrar su interés. Robustece lo dicho tesis aislada en materia civil con registro digital: 2021730, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Tesis: (IV Región)1o.15 C (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 908 que dice: "CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ANALIZARLO A FIN DE DETERMINAR SI EL ACTO JURÍDICO CONTENIDO EN AQUÉL ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO EN FAVOR DEL ACCIONANTE, QUE DEBA SER PROTEGIDO POR LA JUSTICIA FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). Si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, de rubro: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", determinó que el contrato privado de compraventa de fecha cierta que el tercero extraño al procedimiento de origen exhibe en el juicio de amparo, es suficiente para acreditar su interés jurídico para ejercer la acción constitucional y reclamar su derecho de audiencia respecto del inmueble del que se ostenta propietario, y que es objeto de controversia en un juicio del orden civil; lo cierto es que ello no impide ni exime al juzgador de amparo para analizar dicho contrato a fin de determinar si en términos de los artículos 2147 y 2168 del Código Civil del Estado de Campeche el acto jurídico contenido en aquél es suficiente para demostrar la existencia de un derecho subjetivo en favor del accionante que deba ser protegido por la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que es menester que se demuestre que quien se ostentó como vendedor en aquel contrato privado de compraventa de fecha cierta estaba legitimado para trasladar la propiedad del bien inmueble a terceros, es decir, al quejoso en el juicio constitucional. De igual forma, no es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya probado la existencia del acto reclamado con la propia manifestación de las autoridades responsables y con las constancias remitidas con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico." Asimismo, se sustenta con la tesis aislada en materia Común con registro digital: 2005077, décima época emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, III.5o.C.12 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1181 de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, ES INSUFICIENTE LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, QUE FUE OBJETADO Y NO ROBUSTECIDO CON OTRAS PRUEBAS. El contrato privado de compraventa de fecha cierta, proveniente de un tercero exhibido por la parte quejosa, cuando es objetado en forma genérica en el juicio de amparo, no produce la presunción de reconocimiento tácito a que se refiere el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues así se desprende de las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)" y "DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA LA OBJECIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL)". Luego, dicho documento requiere de otros medios de convicción para acreditar su contenido, ya que si bien adquirió fecha cierta a partir de que un notario público certificó que el documento era copia fiel de su original, con ello sólo se obtiene la certeza sobre la existencia del documento en esa fecha, mas no de la veracidad de su contenido, esto es, del acto traslativo de dominio, porque no es un hecho que le conste al fedatario al no haberse ratificado ante él tal acto, como se colige de las jurisprudencias de la referida Sala, de las voces: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO" y "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO"; de ahí que en esta hipótesis resulte insuficiente por sí solo ese documento objetado para acreditar el interés jurídico, que debe demostrarse fehacientemente." Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento lo impide. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por ., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Séptimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma ... Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el día que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Agréguese el oficio electrónico de Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, sin mayor pronunciamiento, en razón de que en proveído de nueve del mes y año actual, se tuvo a la oficiante dando cumplimiento a lo solicitado y devolviendo la comunicación oficial que refiere. NOTIFÍQUESE.
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