María Teresa Hernández Vargas

Expediente 229/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
229/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
29/04/2016

Partes del expediente

  • María Teresa Hernández Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el catorce de abril del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por -----, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al AVISO de quince de abril de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de catorce del citado mes y año, en virtud de que no compareció a este órgano jurisdiccional los días dieciocho ó diecinueve de los actuales para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito que suscribe ***, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de treinta de marzo del año en curso, acredita la personalidad con las que se ostenta; señala que la naturaleza del juicio natural es mercantil; refiere que no se presentó ningún medio de defensa en contra del acto reclamado; refiere que el juicio se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia; y que la cuantía asciende a treinta y dos mil pesos. En esas condiciones téngase a *** presentado demanda de amparo en representación de *** (actor del juicio natural). Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Sentado lo anterior el acto que reclama la quejosa, consiste en el auto de veintiséis de febrero del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juez Único Menor Mixto, con sede en Pénjamo, Guanajuato, en el que se le dijo a la parte actora- aquí quejosa- que existía disposición expresa en el sentido de que los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados públicos son inembargables y se reiteró que resultaba improcedente el embargo pretendido por la actora dentro del juicio sobre el sueldo del demandado, lo que proveyó de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio. Como antecedentes del acto reclamado se aprecia que la promovente ***, tiene el carácter de endosataria en procuración de ***, actor en el juicio natural. Empero, dicho acto reclamado es susceptible de ser combatido previamente al juicio de amparo, mediante el recurso de revocación, a que se refieren los artículos 1334 y 1139 de Código de Comercio, mismos que disponen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. [.]" "Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." De la lectura de los artículos que anteceden, se obtiene que, es procedente el recurso de revocación, en contra del acto reclamado en el juicio ejecutivo mercantil, en donde la quejosa es endosatario en procuración de la parte actora, toda vez que la suerte principal es de $32,000. (treinta y dos mil pesos), es decir, no excede de $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional), para que fuera apelable. Por tanto, es inconcuso que antes de promover la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar el medio de impugnación antes señalado, en contra de la referida determinación dictada por el juez del conocimiento. De ahí que en el caso, por tratarse de un asunto en materia mercantil de cuantía menor, deba agotarse el principio de definitividad a través de la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 157, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". En ese orden de ideas, al no haberse hecho valer contra el proveído que se reclama el recurso de revocación, es claro que no se satisfizo por la parte impetrante del amparo el principio de definitividad que regula el juicio de garantías, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que la parte quejosa debió agotar tal procedimiento antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudo haber logrado lo pretendido a través del juicio de garantías. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del articulo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a. El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; b. No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, c. La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento del que emana el acto reclamado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita, ya el quejoso no cumplió con el principio de definitividad. Finalmente, téngase a la promovente reiterando que su domicilio para oír y recibir notificaciones es el que señaló en su escrito de demanda.

  4. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al aviso de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto dictado el treinta de marzo del año en curso, en atención a que no compareció los días uno o cuatro del año que transcurre, el cual en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *************, contra actos del Juez Único Menor Mixto, con sede en Pénjamo, Guanajuato, que consideran violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 229/2016-IV, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, previo a proveer sobre su admisión o desechamiento, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones I, así como el diverso 114, fracción II, en relación con el 110, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad:  Manifieste si acude a solicitar el amparo por su propio derecho o en representación de Emigdio Navarro Becerra, toda vez que en los antecedentes del acto reclamado refiere que promovió demanda sobre pago de pesos en su carácter de endosataria en procuración de ..., y en el caso de que acuda en representación de éste último lo acredite con copias certificadas del juicio natural de las que se advierta que la autoridad responsable le reconoció tal carácter  Indique si el juicio de origen es de naturaleza mercantil o de una diversa.  Señale si en contra del acto reclamado promovió algún medio de defensa.  Precise a cuánto asciende la cuantía del negocio natural.  Manifieste el estado procesal del juicio de origen. En virtud de que se trata de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada. Se apercibe a los solicitantes del amparo que de no cumplir con lo requerido, dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada. Por otra parte, téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones que indican en su escrito de cuenta y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *************, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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