María Teresa Gutiérrez Guadarrama

Expediente 408/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 36 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
408/2022
Año
2022
Actuaciones
36
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • María Teresa Gutiérrez Guadarrama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    V. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa, el proveído de de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en la caja de valores de este Juzgado de Distrito obra el billete de depósito N *******, a favor de la quejosa ***********, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar, y dado que no existe razón jurídica para retenerlo, déjese a su disposición, el cual deberá entregarse personalmente en días y horas hábiles, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos como constancia legal. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no recoger dicho billete en el término de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se hará efectivo en favor del erario público federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señaló en el escrito inicial de demanda y mediante lista electrónica a las demás partes. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por licencia académica del Titular, autorizada mediante oficio CCJ/ST/874/2023, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en la caja de valores de este Juzgado de Distrito obra el billete de depósito N *******, a favor de la quejosa ***********, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar, y dado que no existe razón jurídica para retenerlo, déjese a su disposición, el cual deberá entregarse personalmente en días y horas hábiles, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos como constancia legal. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no recoger dicho billete en el término de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se hará efectivo en favor del erario público federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señaló en el escrito inicial de demanda y mediante lista electrónica a las demás partes. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por licencia académica del Titular, autorizada mediante oficio CCJ/ST/874/2023, del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del ocho de los cursantes, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Por otra parte, se advierte que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, remitió en apoyo a su informe justificado copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral J4/218/2011, de su índice, (tomo I); en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvase a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; hágase por lista electrónica a la pare quejosa y a los terceros interesados ********** y**********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del ocho de agosto de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 408/2022-V, promovido por ***********, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, titular del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta al Juez con las pruebas anexadas por la autoridad responsable y con las pruebas instrumental de actuaciones así como la presuncional legal y humana ofreció la parte quejosa. Acto seguido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas; además de las pruebas ofrecidas por la quejosa mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 408/2022-V, promovido por María Teresa Gutiérrez Guadarrama, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O I. Presentación y datos de la demanda. **********, por propio derecho, mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, y otra autoridad. II. Desahogo de prevención. Por escrito registrado con el número de folio 5818, el quejoso desahogó la prevención formulada mediante auto del siete de abril de dos mil veintidós. III. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto del veintinueve de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada en el índice de este Órgano Jurisdiccional con el número 408/202-V; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló el pedimento correspondiente y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. IV. Emplazamiento al tercero interesado. En el citado acuerdo del veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo como terceros interesados a ********* y **********, mismos que fue emplazados el treinta y uno de mayo y veintitrés de junio, ambos de dos mil veintidós. VI. Inexistencia de autoridad responsable. Mediante acuerdo del uno de agosto de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso del veinte de julio pasado, por ende se tuvo por inexistente a la autoridad responsable Actuario de la Central de Actuarios y Notificadores de la local de Conciliación y arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tuvo verificativo en la demarcación territorial en la que decide el derecho este Órgano Jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en la demanda se hace consistir en: La diligencia de emplazamiento ordenada a la quejosa en el expediente laboral J.4/218/2011, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México. Sin que obste que el quejoso no señale de manera literal el acto reclamado como en el presente considerando se plasma, puesto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" ha determinado que el escrito de demanda debe ser analizado en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó en apoyo a su informe justificado consistentes en copia certificada del expediente laboral J.4/218/2011, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México; mismas que en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuentan con valor probatorio pleno, por ser documentos públicos expedidos por autoridad legalmente facultada para ello, de las cuales se advierte la existencia del acto combatido; por tanto, acorde a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se tiene como debidamente probado. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En ese aspecto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables". De acuerdo con los numerales transcritos, se obtiene la regla general, que corresponde a la parte quejosa precisar en la demanda de amparo la autoridad responsable del acto que le irroga perjuicio, para que se esté en aptitud de llamarla a juicio, y por ende es improcedente el juicio de amparo indirecto si aquella a quien se atribuye el acto reclamado no es escuchada, pues para que se esté en condiciones de dirimir la controversia que se le plantea, es necesaria la audiencia de la misma. En efecto, el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad contraventores de la Constitución y Tratados Interraciales, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos humanos, teniendo que la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En lo tocante al concepto de autoridad responsable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado (respecto del numeral 11 de la ley abrogada que definía el carácter de responsable), sostuvo que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimitó con precisión dicho concepto tal como se advierte de la tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Establecido lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando no se señalan como autoridades responsables a las que ordenan y ejecutan los actos reclamados, ya que existe la imposibilidad jurídica para determinar su inconstitucionalidad, en tanto que aquellas que no fueron designadas como tales, no tienen la oportunidad de acudir al juicio de garantías en defensa de sus actos. Ahora, en tratándose del emplazamiento a juicio laboral, los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, disponen que el juzgador sólo ordena que se haga el se realice el emplazamiento; de lo que se obtiene que es el actuario quien ejecuta dicha orden de emplazamiento, por lo que es el obligado a observar los lineamientos establecidos para tal diligencia, de ahí que la práctica de esa actuación sea de su exclusiva responsabilidad. Es aplicable a lo considerado, la jurisprudencia 33/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Página 186, Octava Época, Materia Común, cuyo texto es el siguiente: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos". Por tanto, si en la especie se controvierte la legalidad del emplazamiento a juicio que se practicó a la parte quejosa, en el juicio laboral J.4/218/2011, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, por conducto del Actuario adscrito a dicha Junta, entonces es al citado fedatario a quien le reviste el carácter de autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por haber sido quien ejecutó la diligencia emplazamiento cuya ilegalidad se controvierte. Y si bien es verdad, que el Actuario de la Central de Actuarios y Notificadores de la local de Conciliación y arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, no existe como se desprende de la razón de notificación del diecinueve de julio de dos mil veintidós, entonces la aquí quejosa debió manifestar la denominación correcta y actual de qué autoridad correspondió realizar el emplazamiento reclamado, en cumplimiento a la vista dada por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós. Por tales motivos, es evidente que al no ver sido señalado en la demanda de amparo y escritos aclaratorios como autoridad a la que correspondió conocer de los asuntos que se tramitaban ante dicho órgano jurisdiccional, entonces es evidente la imposibilidad de examinar la constitucionalidad de sus actos, pues no se le llamó a juicio ni fue oída. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 44, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 67 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 74, febrero de 1994, Octava Época, que a continuación se transcribe: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Por lo anterior, se concluye, no procede examinar si el emplazamiento que le fue practicado a la parte quejosa al juicio laboral J.4/218/2011, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, es o no violatorio de sus derechos humanos, en tanto que no se señaló como autoridad responsable a la autoridad que correspondió conocer de los asuntos que son competencia del Actuario adscrito a la Junta laboral antes mencionada. Bajo ese contexto se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, y se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, todos del ordenamiento legal en cita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, y fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, por propio derecho, por los motivos contenidos en último considerando de la presente resolución. Notifíquese, por lista electrónica a la pare quejosa y a los terceros interesados ********** y ***********. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

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