María Teresa Gordillo Morales

Expediente 960/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
960/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • María Teresa Gordillo Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por medio del cual acusa recibo del oficio 9841, en el que se remitió el juicio de amparo 960/2019-VIII y anexos, promovido por ***, registrándolo con el número 1931/2019 de su estadística e informa que aceptó la competencia declinada. Al respecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 214, de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que fue remitido por incompetencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, hágase las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, y anexos que acompañó, mediante el cual se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, promovida por ***, contra actos del Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otras autoridades; asimismo, remite oficio 851-C/2019, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas, en el cual rinde informe justificado, cuaderno de amparo en el que se encuentra glosado entre otras constancias el original y siete copias de la demanda de amparo, acuerdos de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y veinticuatro de abril del año en curso, razón actuarial relacionada con el emplazamiento del tercero interesado, así como las copias certificadas del despacho 238/2018-D. Al efecto, acúsese recibo de estilo. Con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 960/2019-VIII,, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al efecto, se acuerda: ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33, de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción VII, constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, se estima que el Juez de Distrito en Turno con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, es competente para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37, de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución; basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Luego, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ? El acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo número 238/2018-D, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas, relativo al despacho 270/2018, número de orden 439/2018 remitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdoba y Ordoñez, Chiapas derivado del expediente mercantil 23/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual se tuvo por aclarada la ubicación de los inmuebles, para efectos de requerir la desocupación y entrega por parte de los demandados de los predios urbanos motivo de la Litis. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial que en su rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, se estima que el acto reclamado requiere de su ejecución material fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, lo anterior es así, toda vez que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de once de julio de dos mil dieciocho, remitió exhorto al diverso Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, para efectos de requerir a la parte demandada la entrega de los bienes inmuebles con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Por lo anterior, el Órgano Jurisdiccional en cita, envió despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Motozintla, Chiapas; además, de que lo facultó para realizar las diligencias que considerará pertinentes para cumplir con lo encomendado, es por ello, que previo escrito presentado por la parte actora, señaló los domicilios que se encuentran en Frontera Comalapa, Chiapas, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho -que es el acto que se reclama-, en el que se tuvo por aclarada la ubicación de los bienes inmuebles y comisionó al Actuario de su adscripción para efectos de dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad citada en primer término; es decir, requerir a los demandados la desocupación y entrega de los predios señalados en el juicio de origen. En ese sentido, dada la naturaleza del acto reclamado, el cual requiere de ejecución material, el juez competente es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y en el caso, la desocupación y requerimiento de entrega de los inmuebles que refiere la quejosa se encuentran ubicados en el Municipio de Frontera Comalapa; por tanto, es inconcuso que el Juez de Distrito competente será el que tenga jurisdicción en dicho territorio. No es óbice a lo anterior, que una autoridad responsable tenga su residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues el numeral 37, antes invocado, no prevé en ninguna de sus hipótesis la residencia de la autoridad responsable, sino que únicamente fija la competencia en función del acto reclamado. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Por tanto, tomando en consideración que el acto de ejecución ha de materializarse fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, es decir, en el Municipio de Frontera Comalapa; conforme lo dispuesto por el citado artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48, del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en Turno con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, que ejerce jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado. Apoya la anterior, por las razones que informa la tesis de la literalidad siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. " Por las razones apuntadas con antelación, no se surte la competencia legal de este juzgado para resolver el juicio de amparo respecto a los actos reclamados en esta instancia. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal que en su momento corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales consiguientes. Similar criterio sostuvo este órgano jurisdiccional en el diverso juicio de amparo 1118/2018, de este Juzgado, el cual se encuentra relacionado con el presente asunto, mismo que quedó radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, bajo el número 1099/2018. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado la promovente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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