María Teresa Gonzalez Amaya

Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
825/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • María Teresa Gonzalez Amaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que, en vías de cumplimiento a la sentencia de autos, remite copia certificada del auto de trece de noviembre pasado, deducido del expediente J.32/339/2010 acumulado 364/2010 de su índice, del que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: Requirió a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del plazo de tres días, exhiba constancia fehaciente que acredite el reconocimiento de antigüedad genérica de la parte actora, las cuales deben abarcar desde la fecha del despido injustificado de veinticinco de junio de dos mil diez. Tuvo a la parte demandada cumpliendo parcialmente con el laudo de que se trata, al haber acreditado haber realizado las aportaciones respectivas al IMSS, INFONAVIT y AFORE de la parte actora. Por tanto, téngase a la responsable de que se trata, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señalando lo anterior, y estese en espera de lo que tenga a bien informar, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. 1.- Téngase por hecha la certificación que precede, de la que se advierte que por decisión de los titulares de los órganos jurisdiccionales que se ubican en los Edificios sedes del Poder Judicial de la Federación, ubicados en Privada de Aldama número 106, en esta localidad, Avenida Juárez, número 709, y Avenida Independencia número 1608, Centro, Oaxaca, por causa de fuerza mayor, derivada del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, a través del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en atención a las acciones acordadas por los servidores públicos con el Sindicato, fueron declarados inhábiles los días dieciocho de octubre, del diecinueve al veinticuatro y del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, determinándose la suspensión de labores y que no transcurrirían los plazos procesales en dicho periodo, a excepción del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, por lo que respecta a los días mencionados en último término, a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, en términos del Aviso de Suspensión Labores firmado electrónicamente por los Coordinadores de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, del Décimo Tercer Circuito; para todos los efectos legales a que haya lugar. 2.- Por otra parte, toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Ahora, de autos se advierte que en proveído de nueve de octubre del año en curso, se precisó que de oficio proveería lo conducente en el auto en que se declare ejecutoriado el fallo dictado en este juicio de amparo, respecto a que debido a un error mecanográfico se indicó que la fecha del laudo del que deriva el acto reclamado es nueve de febrero de dos mil veintidós, siendo lo correcto siete de febrero de dos mil veinte. Por lo anterior, toda vez que la sentencia de autos ha causado ejecutoria, con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, ya que la aclaración que se efectúa de oficio, no es para corregir el acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma, se procede a realizar tal aclaración. Ahora, tenemos que en la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se indicó que los efectos de su cumplimiento son: (.) Efectos del fallo protector. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dentro del plazo de tres días, la autoridad responsable, Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, deberá efectuar lo siguiente: Dicte las medidas necesarias para que la parte demandada cumpla con el laudo de nueve de febrero de dos mil veintidós; esto es: Requiera nuevamente a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, para que exhiba documento fehaciente que acredite la antigüedad genérica o como de categoría a partir del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa, y la que se siga generando hasta que sea reinstalada y acreditar haber hecho aportaciones de IMSS, INFONAVIT y AFORE a favor de la aquí quejosa ***** y la aperciba para que en caso de incumplir con el citado requerimiento se le impondrá las medidas de apremio respectivas, las cuales deberán hacerse efectivas, en caso de desacato. Por lo que atendiendo a las constancias de autos, los efectos del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, serán: (.) Efectos del fallo protector. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dentro del plazo de tres días, la autoridad responsable, Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, deberá efectuar lo siguiente: Dicte las medidas necesarias para que la parte demandada cumpla con el laudo de siete de febrero de dos mil veinte; esto es: Requiera nuevamente a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, para que exhiba documento fehaciente que acredite la antigüedad genérica o como de categoría a partir del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa, y la que se siga generando hasta que sea reinstalada y acreditar haber hecho aportaciones de IMSS, INFONAVIT y AFORE a favor de la aquí quejosa *****, y la aperciba para que en caso de incumplir con el citado requerimiento se le impondrá las medidas de apremio respectivas, las cuales deberán hacerse efectivas, en caso de desacato. (.) En consecuencia, en esos términos queda aclarada la sentencia de veintinueve de septiembre del año en curso, respecto a los efectos de su cumplimiento. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 1a./J. 43/2022 (11a.), requiérase a Sandra Irma González Peniche, en su carácter de Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; para que en el plazo de tres días, siguiente al en que quede debidamente notificada de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, en los términos ya precisados, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Apercíbase a la citada autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), a razón de 103.74, como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. En términos del artículo 26, fracción I, inciso h) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente la presente determinación. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SECCIÓN II. MESA II A. PRAL. 825/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito en el que aparece el nombre de la quejosa ********************, en el que se solicita se aclaren los efectos de la sentencia, ya que debido a un error mecanográfico se precisó que la fecha del laudo del que deriva el acto reclamado es nueve de febrero de dos mil veintidós, siendo lo correcto siete de febrero de dos mil veinte. Ahora, no obstante que la firma que calza el escrito de cuenta, a simple vista, difiere notablemente con la estampada en el escrito de demanda; con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, de oficio provéase lo conducente en el auto en que se declare ejecutoriado el fallo dictado en este juicio de amparo, una vez que transcurra el plazo de diez días que tienen las partes para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, el cual se advierte del cómputo Secretarial de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 94/97 (9ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 197248, de rubro y texto: ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo. [Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 6, Materia(s): Común]. Notifíquese.

  4. Principal

    SECCIÓN II. MESA II-A PRAL Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto reclamado a la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para los efectos mencionados en el último considerando. Notifíquese.

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