Maria Teresa Gomez Y Tafolya

Expediente 426/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
426/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Maria Teresa Gomez Y Tafolya

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI *HA CAUSADO ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO-ARCHIVO* VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO. PARA RECURRIR EL PROVEÍDO DE FECHA. EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. POR OTRA PARTE, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... EL ASUNTO NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL. SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATA COMO CONCLUIDO, AL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA SU RESGUARDO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil diecisiete. Se agrega a los autos el escrito signado por María Teresa Gómez y Tafolya, por propio derecho, a través del cual desahoga el requerimiento de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete; en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención en los términos que precisa y para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no, la demanda de amparo, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, la parte quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables en la demanda de amparo lo siguiente: "II. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS Y EJECUTORAS: SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. H. CONGRESO DE LA UNIÓN. C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. ACTOS RECLAMADOS: La falta de observancia y cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que señala el artículo 14 Constitucional, en la substanciación de la queja presentada por la señora MACARIA FRANCO ALCÁNTARA, registrada con el número de expediente 464/PAAS/2016, en contra de MARÍA TERESA GÓMEZ Y TAFOLYA, hoy quejosa, ante la SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Asimismo, señalo como acto reclamado, todas y cada una de las actuaciones realizadas en la queja antes mencionada, sin intervención de la quejosa MARÍA TERESA GÓMEZ Y TAFOLYA, en la substanciación de la queja presentada por la señora MACARIA FRANCO ALCÁNTARA, registrada con el número de expediente 464/PAAS/2016, en contra de MARÍA TERESA GÓMEZ Y TAFOLYA, hoy quejosa, ante la SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Los autos dictados con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, y veintisiete de enero de dos mil diecisiete, ambos dictados por la SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a través del licenciado SALVADOR ANTONIO VITELLI MACÍAS, Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, y que a la letra dice lo siguiente: [.] 4. Todos aquellos actos subsecuentes que se lleguen a dictar por la SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a través del licenciado SALVADOR ANTONIO VITELLI MACÍAS, Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES MENCIONADAS EN LOS INCISO B, C, D Y E DE ESTE APARTADO, SE RECLAMA: 5. La inconstitucionalidad expedición, sanción, refrendo y publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicadas por autoridades del Fuero Común." Por otra parte, en el escrito aclaratorio de cuenta, la parte promovente manifestó: "[.] 2. Respecto del punto 5 de mi escrito inicial de demanda, debe decirse a su Señoría, que los artículos a que se refiere la suscrita quejosa MARÍA TERESA GÓMEZ Y TAFOLYA, manifiesta en este acto, que es su deseo desistirse a su entero perjuicio, del refrendo y publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). [.] 4. Todos aquellos autos subsecuentes que se lleguen a dictar por la SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a través del licenciado SALVADOR ANTONIO VITELLI MACÍAS, Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. 5. Respecto del punto que nos ocupa, la suscrita quejosa, manifiesta que NO ES SU DESEO, reclamar la codificación adjetiva de que se trata. [.]" De lo antes transcrito se desprende que la quejosa reclama todo lo actuado en el expediente de queja 464/PAAS/2016; esencialmente, el acuerdo de admisión de catorce de noviembre de dos mil dieciséis y su emplazamiento, así como el proveído de veintisiete de enero del año en curso. Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, ya que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, respecto de los actos que hace consistir en todo lo actuado en el expediente de queja 464/PAAS/2016, esencialmente, el acuerdo de inicio de catorce de noviembre de dos mil dieciséis y su emplazamiento, así como el proveído de veintisiete de enero del año en curso; toda vez que la quejosa no agotó el principio de definitividad, dado que previo a la instancia constitucional, debió impugnar dichos actos a través del juicio de nulidad en términos del artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución" "LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto de los preceptos transcritos consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en esta materia, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Es oportuno precisar, que si de acuerdo a la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan"; entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En apoyo a tal consideración, cabe citar la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 18, en la página 27, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000, actualización 2001, al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Como se ve, el principio de definitividad responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. En tal sentido, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal con los mismos alcances de la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la anterior. d) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. e) Cuando no se aleguen violaciones directas a la Constitución. Precisado lo anterior, procede verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio respecto de los actos que hace consistir en todo lo actuado en el expediente administrativo de queja 464/PAAS/2016, esencialmente, el acuerdo de inicio de catorce de noviembre de dos mil dieciséis y su emplazamiento, así como el proveído de veintisiete de enero del año en curso. Respecto del requisito marcado con el inciso a), consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues el acto reclamado fue emitido por el Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente 464/PAAS/2016; autoridad que, dicho sea de paso, pertenece a la Administración Pública de la Ciudad de México. Similar situación ocurre con el indebido emplazamiento que reclama, dado que fue emitido por un diligenciario adscrito a la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio, de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Por lo que hace al inciso b), es patente que en la especie se actualiza la condición relativa a que contra los actos reclamados proceda algún medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, en la medida que las actuaciones impugnadas pueden ser analizadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México en términos de su Ley Orgánica. Así, el numeral 23, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México; y el diverso artículo 31, fracción I, y 88, fracción I, de su ley orgánica, disponen: "Artículo 23. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;" "Artículo 31. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;" [.] "Artículo 88. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes: I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra su notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación; En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación; II. Si el particular manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda. El Tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se considerará que el actor fue sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II de este artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se hubiere formulado contra dicho acto. Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido." En términos de los numerales citados, se establece la procedencia del juicio de nulidad en contra de actos de las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, que causen agravio a una persona física o moral; medio de defensa a través del cual se considera que los actos aquí reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados, el cual debe agotarse a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige esta materia. Asimismo, en relación con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, se prevé que el juicio contencioso administrativo es procedente contra actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de esta Ciudad, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; asimismo, cuando la parte actora alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes: a) Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra su notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación; b) Si el particular manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, los cuales el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda. El Tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. c) Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se considerará que el actor fue sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II de este artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se hubiere formulado contra dicho acto. d) Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido. Puntualizado lo anterior, se puede deducir que en contra de los actos reclamados en esta instancia constitucional, consistentes en: todo lo actuado en el expediente de queja 464/PAAS/2016, esencialmente, el acuerdo de admisión de catorce de noviembre de dos mil dieciséis y su emplazamiento, así como el proveído de veintisiete de enero del año en curso, es improcedente el juicio de amparo en esta vía bi-instancial, ya que los referidos actos pueden tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el juicio de nulidad, de conformidad con lo previsto en los preceptos citados en párrafos precedentes, ya que son éstos los que en su caso rigen al acto reclamado, y mediante su análisis podría decretarse su nulidad. Lo anterior es así, ya que la pretensión de la parte quejosa es combatir el emplazamiento al procedimiento administrativo de queja en comento, así como los acuerdos impugnados, tal como se advierte de los conceptos de violación primero y segundo, por lo que atento a la técnica del juicio de amparo, este medio extraordinario de defensa no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de las notificaciones que por esta vía impugna, o bien, la incorrecta notificación ahí producida, sino en todo caso, como ya se refirió, lo sería el juicio de nulidad, a través del cual la parte promovente puede impugnar dicha notificación que a su juicio adolece de vicios por no notificársela acorde con los ordenamientos aplicables (que en el caso la parte promovente estima que son la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código de Procedimientos Civiles, ambos de esta Ciudad de México). De manera que de no hacerlo así, se podría llegar al desconocimiento del procedimiento establecido en la ley exactamente aplicable; por ello, este órgano jurisdiccional no debe ignorar, ni pasar por alto las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento administrativo de donde emana el acto reclamado, porque ello equivaldría a declararlo nulo sin que medie el procedimiento adecuado y previsto claramente en la ley procesal local, lo cual no le corresponde a este juzgador constitucional. En consecuencia, si en contra del emplazamiento al procedimiento de queja de mérito, y en tratándose de los acuerdos de catorce de noviembre de dos mil dieciséis y veintisiete de enero del año en curso, la parte quejosa promovió la presente demanda de amparo, es evidente que no agotó el principio de definitividad conforme a lo ya expuesto. Es plenamente aplicable, por identidad de razones, la jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Página: 461, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente". Asimismo, es aplicable a contrario sensu, la jurisprudencia 1ª./J. 69/2009, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Página: 106, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DE UN AUTO O RESOLUCIÓN EMITIDOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIONES PROCESALES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). El juicio de amparo indirecto procede contra la ilegal notificación de un auto o resolución emitidos por el agente del Ministerio Público durante la averiguación previa, sin necesidad de que el quejoso cumpla con el principio de definitividad con la tramitación de un incidente no especificado. Ello es así, porque de la interpretación sistemática de los artículos 86 a 89 y 541 a 545 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, así como de los numerales 46 y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se advierte que compete a la autoridad judicial la tramitación y resolución tanto del incidente no especificado como del diverso de nulidad de actuaciones, por ser la única facultada para ello y para hacer cumplir su determinación. De manera que si se toma en cuenta, por un lado, que el incidente innominado es improcedente para impugnar la notificación efectuada por el representante social en la averiguación previa y, por el otro, que la legislación aplicable en la materia no prevé algún recurso para modificar o revocar dicha notificación, resulta evidente que en la especie no es aplicable el principio de definitividad que rige el juicio de garantías y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Además, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVI, Julio de 2002, Página: 259, del tenor siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo". Así como, en lo conducente, es aplicable la Jurisprudencia VI.2º.J/30 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 376, Tomo II, Noviembre de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por cuyo tenor literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACION, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles." También sirve de apoyo a las consideraciones expuestas la Jurisprudencia VI.3º.J/9 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 592, Tomo IV, agosto de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACION, DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la jurisprudencia número 195, visible a foja 588 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO", el quejoso previamente a la promoción del juicio de garantías debe hacer valer contra la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el incidente de nulidad de actuaciones. En caso de no hacerlo, el juicio de amparo debe declararse improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo." Y la Jurisprudencia IX.2º.J/6 del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 105, Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "NOTIFICACIÓN, NULIDAD DE LA, NO PUEDE DECLARARSE A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO. El término para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación por lista de acuerdos de la sentencia reclamada, cuando así se haya hecho, sin que sea óbice lo alegado en el sentido de que tal acto debió de haberse notificado personalmente, ya que atento a la técnica del juicio de garantías éste no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de la notificación de los actos reclamados, sino en todo caso el incidente de nulidad, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional." En otro contexto, en relación con el punto c), consistente en que puedan suspenderse los efectos de los actos reclamados sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, resulta importante destacar que el juicio de nulidad se encuentra previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y no en un reglamento. Desde esa perspectiva, también debe resaltarse que en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en particular los artículos 90 y 100, se prevé un plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda se turne, para que el magistrado que corresponda conceda o niegue la suspensión solicitada, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para otorgar la medida suspensiva; de ahí que resulta indudable que no se actualiza tal excepción al principio de definitividad, al preverse idéntico plazo para el pronunciamiento en relación con la medida cautelar y al no exigirse mayores requisitos que en la ley de la materia para su posible concesión, consecuentemente, debió agotarse el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México antes de promoverse el juicio de amparo. Apoya la conclusión que antecede, la jurisprudencia PC.I.A. J/29 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo II, página 1949, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conforme del marco normativo con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la excepción al principio de definitividad contenido en éste, que dispone que se actualiza un motivo de excepción al principio citado cuando las leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley, debe interpretarse en sentido estricto, es decir, que el ordenamiento a comparar sólo podrá ser el que rija el acto de conformidad con el mandato constitucional. Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no prevé un plazo igual o menor al establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; de ahí que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, su promoción no resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, lo cual conlleva la conclusión de que no puede aplicarse de manera supletoria otro ordenamiento al ser categórico el imperativo constitucional, además de que esta interpretación conforme privilegia el principio de seguridad jurídica que debe regir en los medios de defensa." También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 125/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 496, Libro II, Noviembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 160,630, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." De igual forma, por lo que hace al requisito previsto en el inciso d), consistente en que el acto reclamado no carezca de fundamentación, debe establecerse que no se está en el caso de violaciones directas a derechos fundamentales, pues la determinación de si un acto afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, no depende de los planteamientos que en su contra emitan los gobernados, ya que implicaría dejar a su arbitrio la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es inadmisible porque bajo dicha perspectiva cualquier acto de autoridad podría ser considerado de imposible reparación, lo que quedaría a discreción del gobernado, en la medida que bastaría con que le imputara al acto correspondiente tal violación para que procediera el juicio de amparo en su contra. En esa tónica, se reitera, el citado requisito también se cumple, pues la autoridad responsable al momento de emitir el acuerdo de inicio de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones 464/PAAS/2016, lo realizó de conformidad con lo dispuesto, entre otros, en los artículos 1°, 3° inciso B, 23 apartado B, fracción I, IX y X, 92, 93 y 94 de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal; 86 y 89 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; 1°, 4°,30, 32, 33 y 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y fracción III del artículo 21 del Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, lo que lleva a la convicción, sin prejuzgar sobre su eficacia, que el referido acto no adolece de la cita de dispositivos legales y las razones que lo sustentan, por lo que, en su caso, podría configurarse una indebida o incorrecta fundamentación y motivación, en cuyo supuesto, la parte demandante está obligada a respetar el principio de definitividad. Asimismo, respecto de la notificación o emplazamiento al referido procedimiento que también se impugna, se advierte de los conceptos de violación que la propia quejosa vierte, que el supuesto diligenciario no se ajustó a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código de Procedimientos Civiles, ambos de la Ciudad de México, de aplicación supletoria, dado que no se cercioró de que ahí vivía la parte buscada, lo que implica que en sí mismas, las referidas notificaciones no adolecen de fundamentación y motivación, sino más bien se combate lo incorrecto de la notificación realizada. De igual forma, en relación al acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, la parte promovente hace valer en su contra los mismos motivos de inconformidad que son relatados en párrafos que anteceden y, respecto de los cuales ya se dijo, la parte quejosa está obligada a respetar el principio de definitividad, puesto que, sin prejuzgar sobre su eficacia, que el referido acuerdo no adolece de la cita de dispositivos legales y las razones que lo sustentan, por lo que, en su caso, podría configurarse una indebida o incorrecta fundamentación y motivación. Cobra aplicación, por su contenido y alcance, el criterio de la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia visible en la página 119, tomo 175-180 Tercera Parte, al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." De igual manera, el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época con número de registro 230849, publicada en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 48, cuyo texto y rubro son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL. NO CONSTITUYE UNA VIOLACION DIRECTA A LA CONSTITUCION. La violación directa de la Constitución sólo ocurre en primer lugar, cuando se reclama exclusivamente violación a la garantía de audiencia y en segundo cuando se señala que el acto reclamado se encuentra absolutamente infundado e inmotivado, de tal manera que el agraviado se encuentra en estado de indefensión al no contar con los datos suficientes para elegir el medio de defensa ordinario, por desconocer en qué se apoya el acto de molestia." Por último, de acuerdo con el inciso e), el cual señala que no es obligación del promovente agotar los recursos o medios de defensa cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Al respecto, la quejosa aduce violaciones a los artículos 114 fracción I, 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en relación con el artículo 78 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, porque en su opinión los acuerdos impugnados no le fueron notificados conforme a la ley y se enteró de su contenido por conducto de otra persona, lo que la deja en estado de indefensión por no otorgarle la garantía de audiencia. Como podrá advertirse de la anterior relatoría, la parte quejosa adujo violaciones indirectas aun cuando hizo referencia a que los actos reclamados infringen de manera directa garantías constitucionales (1°, 14 y 16), por lo que se llega a la conclusión de que tampoco se actualiza ésta excepción al principio en estudio. Por otro lado, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales. Consecuentemente, debe determinarse a continuación si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo de su primera aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en el presente caso, como se indicó anteriormente, la parte quejosa no impugna ninguna ley o reglamento en el presente asunto, antes bien, se desistió de reclamar la inconstitucionalidad del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad de México 2. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. En cuanto a este tópico, si bien la parte quejosa aduce violaciones a sus derechos de legalidad, pues en su opinión el acto reclamado no está debidamente fundado ni motivado; no le asiste el carácter de tercera extraña, ya que el acto que por esta vía se reclama es autónomo. Más aún si se considera que en el escrito de demanda la quejosa manifestó que el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones 464/PAAS/2016, del cual emanan los actos reclamados, deriva del diverso procedimiento conciliatorio 0414/ODAO/Q/2016 que inició Macaria Franco Alcántara, en el que tuvo intervención la propia quejosa y, por ende, es un antecedente directo, lo que deja entrever que fue parte en un procedimiento previo conciliatorio al acuerdo de inicio del que fue objeto. No obstante, aún de considerarse que son procedimientos autónomos, no pueden catalogarse como independientes, ya que al no existir conciliación entre las partes, indefectiblemente quedan expeditas las facultades de la autoridad para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Por si fuera poco, no puede soslayarse que al impugnar el emplazamiento, es de consabido derecho que la quejosa está en aptitud de hacer valer los medios legales de defensa contra la notificación que impugna. Para corroborar lo anterior, basta traer a colación que del oficio número SDOPC/3451/2016 de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, que trascribe la quejosa en la foja siete de su demanda, se desprende que la impetrante es parte en el referido procedimiento y funge como "requerida condominal", de ahí que si su deseo es impugnar el emplazamiento a dicho procedimiento, porque en su opinión adolece de las formalidades previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo y Código de Procedimientos Civiles, ambos de la Ciudad de México (artículos 114, 116 y 117), entonces está en condiciones de impugnar dicho emplazamiento a través del medio ordinario de defensa previsto en el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. En tal virtud, si la ahora quejosa ya conoce los actos administrativos que desea impugnar, así como su contenido, antes de instar la vía constitucional debe agotar los recursos correspondientes que puedan modificar tanto el emplazamiento impugnado como el posterior acuerdo dictado en el procedimiento de origen, en el que se le impuso una sanción por no comparecer ante la autoridad y, además, se le tuvo por perdido el derecho de ofrecer pruebas, según se advierte de su antecedentes marcado con el número VI. Cabe precisar que dichas manifestaciones transcritas y contenidas en la demanda, constituyen una confesión expresa -medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera- de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se advierte que la parte quejosa conoce en su totalidad el contenido y grado de afectación de los actos reclamados, así como el procedimiento administrativo del cual derivan, lo que corrobora que no tiene el carácter tercera extraña a juicio o procedimiento. Lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que en relación a los actos de aplicación reclamados establece: "[.] Artículo 89. Para la imposición de las sanciones la Procuraduría deberá adoptar las medidas de apremio de acuerdo a lo establecido Ley (sic) de la Procuraduría Social del Distrito Federal, así como de la verificación e inspección a fin de emitir sus resoluciones, de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. En contra de esas resoluciones los afectados podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley antes citada o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. [.]" Es decir, una de las normas rectoras de los actos reclamados prescribe que, contra las resoluciones emitidas por la Procuraduría Social del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) que afecten a los gobernados, podrán ser impugnadas, a elección, a través del recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), o bien, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Consecuentemente, ya que no se verificó excepción alguna al principio de definitividad, se estima que debió promoverse el juicio contencioso administrativo antes de acudir a la instancia constitucional. Sin que pase inadvertido para este juzgador que la ejecución de la resolución reclamada, pueda revestir la calidad de irreparable, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracciones III, inciso b), y IV, de la Constitución Federal, el hecho de que a un acto le revista la calidad de irreparable no exime a la promovente de respetar el principio de definitividad, en términos del numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo que conlleva que el juicio de amparo procede contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando se hayan hecho valer en su contra los medios ordinarios de defensa establecidos en las leyes. Para una mejor intelección de lo que se expone, cabe precisar que los numerales 107, fracciones III, inciso b) y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)" Como se colige de las normas constitucional y legal referidas, la procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes, tanto de tribunales como de autoridades administrativas, está supeditada, aún tratándose de aquellos de ejecución irreparable, a que se hagan valer previamente a instar la acción de amparo, los medios ordinarios de impugnación que procedan en su contra y que puedan tener como efecto modificarlos o nulificarlos. Ciertamente, como lo ha definido jurisprudencialmente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues mientras el primero de esos requisitos se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de restituirse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses; el segundo, relativo a la regla de la definitividad, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, la circunstancia de que se trate de acto de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados. Las consideraciones anteriores se encuentran reflejadas en la jurisprudencia número 1a./J. 113/2013, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, página 350, que expresa: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, respalda lo anterior, el criterio que informa la tesis jurisprudencial 1a./J. 44/2012 de la propia Primera Sala del alto tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de dos mil doce, Tomo 1, página 729, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." De esa manera, aún y cuando los actos reclamados puedan considerarse irreparables en los derechos de la afectada; no debe soslayarse que conforme a los criterios del Alto Tribunal antes transcritos, ello no la exime de respetar el principio de definitividad aludido. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis II.3o.A.4 A (10a.), de la Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de dos mil doce, Tomo 2, Materia Administrativa, página 1393, cuyo rubro y texto es el siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRA LA SEPARACIÓN TEMPORAL DEL CARGO Y SUSPENSIÓN DE DERECHOS, DICTADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece que el juicio contencioso administrativo procede contra los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Con base en lo anterior y considerando que la medida precautoria dictada durante el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la citada entidad federativa, por la que se decreta la separación temporal del cargo y suspensión de derechos, incide en la suspensión de funciones y de los sueldos o salarios, es evidente que aun cuando la determinación no es una resolución administrativa definitiva que ponga fin al procedimiento disciplinario, sí causa un perjuicio irreparable en los derechos del afectado, dadas sus consecuencias, aun en el caso de que, al concluir el procedimiento disciplinario, se reanude el pago de percepciones, pues ya no se recuperará su goce inmediato ni desaparecerán los efectos producidos por el impago. Por tanto, contra dicha medida procede el indicado juicio." De ahí que, si bien la ejecución de los acuerdos y el emplazamiento reclamados que por esta vía impugna la quejosa, podrían catalogarse como actos de naturaleza irreparable; debe decirse que en su contra también procede el juicio de nulidad previo a promover el juicio de amparo biinstancial, pues la cuestión atinente a la irreparabilidad de un acto de autoridad, se diferencia del principio de definitividad, porque ambos constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, la parte promovente está obligada a agotar el principio de definitividad que rige la materia, en tanto que el hecho de que los actos reclamados puedan obtener la cualidad de ser irreparables, no la exime de hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en su contra, como es precisamente el juicio de nulidad, competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, ya que la definitividad se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 18/2015 (10a.) de rubro y texto siguientes: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." (Época: Décima Época, Registro: 2008718, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Administrativa, Página: 1377) Ante tal perspectiva, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde un principio del resultado de su pretensión de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Es aplicable al presente asunto, por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio , ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, en relación con los diversos 217 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Cabe destacar que la determinación anterior no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Se estima pertinente citar la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, Libro 3, febrero de 2014, tomo I, Décima Época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Maestro Carlos Hugo Luna Baraibar, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido por el Secretario licenciado José Antonio Bernal Arzaluz, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. CHLB/JABA/fug EL JUEZ EL SECRETARIO

  3. Principal

    MESA VI *DESECHAMIENTO* SE AGREGA A LOS AUTOS EL ESCRITO SIGNADO POR. A TRAVÉS DEL CUAL DESAHOGA EL REQUERIMIENTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, SE TIENE POR DESAHOGADA LA PREVENCIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE PRECISA Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. AHORA BIEN, DEL EXAMEN INTEGRAL. RESULTA NECESARIO ANALIZAR SI ES PROCEDENTE O NO, LA DEMANDA DE AMPARO, PARA ESTAR EN APTITUD LEGAL DE PROVEER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA SOBRE SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO. SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    MESA VI. *PREVENCIÓN* VISTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA POR... FÓRMESE EXPEDIENTE TANTO IMPRESO COMO ELECTRÓNICO Y REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO... AHORA BIEN, UNA VEZ ANALIZADO LO ANTERIOR, Y DESPUÉS DEL ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE MÉRITO... SE APRECIA QUE ÉSTA CONTIENE IRREGULARIDADES QUE DEBEN SER SUBSANADAS POR EL PROMOVENTE, PARA ESTAR EN APTITUD DE PROVEER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA SOBRE SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO... SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS, REALICE LO SIGUIENTE... SE APERCIBE A LA PARTE QUEJOSA QUE DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ANTERIORES EN EL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS... TÉNGASE COMO DOMICILIO EL QUE SEÑALA Y POR AUTORIZADOS A LAS PERSONAS QUE MENCIONA EN EL ESCRITO DE MÉRITO... SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y SU REGLAMENTO, DEBEN HACERSE PÚBLICAS LAS RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE CAUSEN ESTADO O EJECUTORIA, PERO LAS PARTES EN RELACIÓN A TERCEROS PODRÁN OPONERSE A LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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