María Teresa Gaxiola Sánchez
Expediente 859/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Teresa Gaxiola Sánchez
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Recepción de oficio. Agréguese a sus autos el oficio que remite la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgador dentro del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese.
- Principal
Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo de este juzgado. 2. Incompetencia por razón de territorio. Una vez analizada la demanda de amparo promovida por María Teresa Gaxiola Sánchez, se advierte que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio. En efecto, el numeral 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia para conocer de las demandas de amparo, a saber: a) La primera regla nos dice que cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente aquél ante el que se presente la demanda. c) En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, la lectura integral de la demanda y sus anexos evidencia que: a) La inconforme manifiesta tener reconocido el derecho al servicio médico por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. b) La impetrante tiene su ciudad de residencia, a saber, Ciudad Obregón, Sonora, tal como se desprende de la copia de la credencial expedida por el instituto responsable, anexa a la demanda. c) Manifiesta que el dieciocho de septiembre del año en curso, solicitó ante dicho instituto la inscripción como derechohabiente al servicio médico a José María Quintero Inzunza -su cónyuge-; solicitud que fue denegada. En ese tenor, se concluye que el acto reclamado por la parte inconforme consiste en: La negativa de inscribir a su cónyuge como derechohabiente al servicio médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora. Cabe destacar que no es obstáculo a tal precisión, la circunstancia de que en el apartado específico de la demanda de amparo, se indique: "[.] una negativa de inscribir como derechohabiente a mi cónyuge, negativa carente de fundamentación y motivación, de la cual de manera fáctica aplican un artículo que a toda luz resulta ser inconstitucional [.]." Ello, pues se reitera que la lectura integral de la demanda evidencia que la quejosa realmente se duele de dicha negativa y los argumentos relativos a que no se ha dado de alta, en realidad constituyen conceptos de violación. Lo que resulta lógico, puesto que de estimarse en la sentencia definitiva que las responsables no han dado de alta al cónyuge de la parte quejosa, entonces el efecto de la sentencia protectora radicaría en que se inscriba como derechohabiente y reciba el servicio médico. Bajo ese contexto, se concluye que el acto reclamado es de naturaleza positiva y su ejecución, traducida en la prestación del servicio médico, tiene lugar en la localidad de residencia de la parte quejosa, por ser el lugar en que recibe dicha pensión; motivo por el cual se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo (competencia del juez ante el cual el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado). En esas condiciones, con fundamento en los numerales 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, así como el artículo cuarto, fracción V, párrafo segundo, del acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda y declina competencia a favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora en turno, residente en Ciudad Obregón, a quien deberá remitirse la presente demanda, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia planteada. Con las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo de este juzgado. 3. Domicilio. Téngase a la promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta por favorecerle y resultarle de mayor beneficio, no obstante haber solicitado también ser notificado de manera electrónica. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Medios electrónicos. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como los diversos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos con nombre de usuario "MARTINGARCIAFIMBRES" y "MEC88", para los efectos solicitados, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. 6. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando números telefónicos para establecer el contacto respectivo en el supuesto de que el órgano lo requiera. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal4, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa.
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