María Teresa García Rodríguez
Expediente 64/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Teresa García Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y toda vez que en los puntos II y III, de la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y reanudar el trámite y resolución de los expedientes, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se provee: Se reanuda el presente asunto y se tiene por recibido el oficio firmado por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista formulada mediante diverso proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte y manifiesta que no le ha sido notificada la resolución final del expediente administrativo CHJ/2113/09, ni el resultado del examen de control de confianza, por lo que solicita se requiera a la responsable a efecto de que notifique las actuaciones antes mencionadas. Derivado de lo anterior, procede resolver si ha quedado satisfecha la sentencia de amparo en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de conformidad con el artículo 214 de la citada Ley, ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que quede enteramente cumplido el fallo protector. ANTECEDENTES Mediante resolución de treinta y uno de julio de dos mil veinte en el R.A. 66/2020, el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió confirmar la sentencia dictada por este juzgado federal en la que se otorgó la protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, precisa señalar que la protección constitucional que se concede es para el efecto de que, el Director General de Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, haga lo siguiente: 1.- Deje insubsistente el oficio SDI/DGCCC/174813/2012 emitido el treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 2.- Emita otro en el que requiera a la quejosa para que se presente a realizar las evaluaciones correspondientes para determinar su permanencia dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. 3.- Notifique a la quejosa ese requerimiento conforme a su legislación, debiendo asentar la razón de que de ella emane. Atento a lo anterior, mediante oficio registrado con el consecutivo 16361, se tuvo a la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informando que respecto a la solicitud para dejar insubsistente el oficio SDI/DGCCC/174813/2012 emitido el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, de conformidad con el artículo 35, fracción XIII, del Reglamento Interior de la entonces Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, la vigencia de los exámenes era de tres años, por lo cual, los mismos han dejado de producir sus efectos, siendo innecesario emitir una declarativa de insubsistencia al respecto al haber dejado de general alguna afectación jurídica en la esfera de la parte quejosa. Asimismo, informó que mediante oficio SSC/SDI/DGCEYCC/05581/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Director General del dentro de Evaluación y Control de Confianza, en el cual señaló la fecha para la práctica de evaluaciones en materia de control de confianza de la parte quejosa, mismo que fue notificado el veinte de noviembre de dos mil veinte. VALORACIÓN DE CONSTANCIAS Documentales que se analizan a la luz de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que al ser documentos públicos, tienen pleno valor probatorio para demostrar que la autoridad responsable, acató la sentencia de amparo. Lo anterior es así, pues el contenido del oficio SDI/DGCCC/174813/2012 emitido el treinta y uno de diciembre de dos mil doce ha dejado de producir sus efectos, por lo cual, no es necesaria emitir una declarativa de insubsistencia; asimismo, la autoridad responsable mediante oficio SSC/SDI/DGCEYCC/05581/2020 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, señaló la fecha para la práctica de evaluaciones en materia de control de confianzas de la parte quejosa, mismo que fue notificado el veinte de noviembre de dos mil veinte. Al respecto, no pasa inadvertido para esta Juzgadora el contenido de las manifestaciones vertidas por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa en el escrito de cuenta, referente a que no le ha sido notificada la resolución final del expediente administrativo CHJ/2113/09, ni el resultado del examen de control de confianza, por lo que solicita se requiera a la responsable a efecto de que notifique las actuaciones antes mencionadas; sin embargo, como se desprende de lo relatado en líneas que antecede, la notificación solicitada no forma parte de los extremos a cumplir por parte de la responsable al no haber sido parte de la protección constitucional otorgada en la sentencia de amparo. En consecuencia, en términos de los artículos 77, fracción II, y 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario Judicial del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual devuelve el expediente principal del juicio de amparo 64/2019, en un tomo con un legajo de pruebas; y, remite testimonio certificado de la resolución dictada en la sesión de treinta y uno de julio de dos mil veinte, con dos copias, en el R.A. 66/2020-1009, sin que sea necesario acusar de recibo, por así haberlo solicitado el órgano colegiado. Hágase saber a las partes que el órgano colegiado revisor determinó lo siguiente: PRIMERO. EN LA MATERIA DE LA REVISIÓN, SE CONFIRMA, la sentencia recurrida. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARÍA TERESA GARCÍA RODRIGUEZ, en contra de los actos y autoridades y para los efectos precisados en la sentencia de primera instancia. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el cuaderno de antecedentes al cuaderno principal, previa destrucción de las copias simples con las que se ordenó formar dicho cuaderno, ya que su conservación resulta innecesaria. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Ahora bien, en la resolución dictada se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el siguiente efecto: SEXTO. Efectos. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, precisa señalar que la protección constitucional que se concede es para el efecto de que, el Director General de Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, haga lo siguiente: 1.- Deje insubsistente el oficio SDI/DGCCC/174813/2012 emitido el treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 2.- Emita otro en el que requiera a la quejosa para que se presente a realizar las evaluaciones correspondientes para determinar su permanencia dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. 3.- Notifique a la quejosa ese requerimiento conforme a su legislación, debiendo asentar la razón de que de ella emane. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que la autoridad responsable lleve a cabo la siguiente actuación, en la etapa que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. La autoridad responsable Director General de Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debe (i) dejar insubsistente el oficio SDI/DGCCC/174813/2012 emitido el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, (ii) en su lugar, emitir otro en el que requiera a la quejosa para que se presente a realizar las evaluaciones correspondientes para determinar su permanencia dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México; y, iii) notificar a la quejosa ese requerimiento conforme a su legislación, debiendo asentar la razón de que de ella emane. En consecuencia, se ordena a la autoridad involucrada DAR INICIO DE INMEDIATO AL PROTOCOLO de ejecución descrito. ETAPA ACTUAL Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que el procedimiento de ejecución de sentencia conforme al protocolo establecido en líneas anteriores, se encuentra en la ETAPA ÚNICA, para cuyo cumplimiento el Director General de Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debe (i) dejar insubsistente el oficio SDI/DGCCC/174813/2012 emitido el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, (ii) en su lugar, emitir otro en el que requiera a la quejosa para que se presente a realizar las evaluaciones correspondientes para determinar su permanencia dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México; y, iii) notificar a la quejosa ese requerimiento conforme a su legislación, debiendo asentar la razón de que de ella emane, por lo cual, en concepto de este juzgado es razonable fijar un plazo de TREINTA DÍAS para cumplir con la presente resolución y remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten. REQUERIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la ley de la materia vigente, REQUIÉRASE a la autoridad responsable, Director General de Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que dentro del término de TREINTA DÍAS, remita las constancias con las que acredite (i) haber dejado insubsistente el oficio SDI/DGCCC/174813/2012 emitido el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, (ii) haber emitido en su lugar, otro en el que requiera a la quejosa para que se presente a realizar las evaluaciones correspondientes para determinar su permanencia dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México; y, iii) haber notificado a la quejosa ese requerimiento conforme a su legislación, debiendo asentar la razón de que de ella emane; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a este juzgado la razón objetiva y demostrable por la que no le es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad vinculada, para dentro del mismo plazo, demuestre ante esta Juzgadora haber ordenado a ésta el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en comento, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Lo anterior, sin perjuicio de que se remita el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este juzgado de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a la Sala requerida para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indique a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles considera que debe otorgársele como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tiene que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de este juzgado. Lo anterior, a reserva de que este juzgado fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se le informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a las autoridades responsable y superior jerárquico, para qué en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal, se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. CERTIFICACIÓN DE PROMOCIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, este juzgado determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el Secretario respecto del de su presentación, y el Secretario dará cuenta al titular de este Juzgado Federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando este Juzgado tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que el juzgado haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y que al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta.
- Principal
EL TRIBUNAL COLEGIADO INFORMA QUE SE ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EL CUAL QUEDÓ REGISTRADO CON EL NÚMERO R.A. 66/2020-1009.
- Principal
VISTO. TODA VEZ QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA INTEGRADO EL RECURSO DE REVISIÓN, REMÍTANSE LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, PARA SU SUBSTANCIACIÓN.
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