Maria Teresa Garcia Reyes
Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Maria Teresa Garcia Reyes
- Titular de la Secretaria de Salud.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Oficio devuelto. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Consultora Jurídica General de la Consejería adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, a través del cual, devuelve el comunicado 14164/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, enviado con el propósito de notificar a la autoridad denunciada Presidente de la Nación como Titular y Jefe de Ejecutivo Federal, el acuerdo de cinco de junio del actual, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en la presente denuncia. Ahora bien, toda vez que de las constancias que obran en el presente asunto, se aprecia que la citada autoridad ha sido notificada exitosamente de diversos acuerdos bajo la denominación antes descrita y en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución sin número, Colonia Centro, código postal 06066, Ciudad de México; en consecuencia, se ordena notificar enviar el citado memorial al domicilio aludido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa María Teresa García Reyes, por sí y en Representación de su menor hija de iniciales A.S.A.G; para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, realizara lo siguiente: .. Se estima que la determinación del auto transcrito, creo un estado de certeza en la parte quejosa, consistente en que la sentencia definitiva sería ejecutada de forma provisional. Por esa razón, por escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa exhortó a la autoridad responsable para que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 580 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, ordenara dejar en el órgano de primera instancia testimonio de autos necesarios para la ejecución de la sentencia definitiva; lo que incluso fue acordado de manera favorable en auto de veintidós de noviembre siguiente (foja 121 del tomo I de pruebas). Pues bien, no obstante ese estado de certeza, en el auto recurrido, la Juez responsable consideró que no era procedente la ejecución de los resolutivos QUINTO y SEXTO de la sentencia definitiva dictada en autos, porque ello conllevaría a crear un estado de vulnerabilidad a la menor hija de las partes; lo que a juicio de quien resuelve es inconstitucional, porque el auto recurrido desatendió lo que previamente se había acordado en el mismo procedimiento, creándose un estado de incertidumbre jurídica para la parte quejosa, debido a que la autoridad responsable tácitamente revocó una determinación anterior, vulnerando gravemente su garantía de seguridad jurídica. Finalmente, se estima que a través del auto recurrido, la autoridad se sustituyó en la voluntad de una de las partes en el juicio, violentando con ello el debido proceso. Lo anterior, se estima así porque la Legislación Procesal Familiar, prevé en su artículo 578 que en caso de que la parte recurrente este inconforme con el efecto en que fue admitido el recurso de apelación, puede hacerlo así valer ante la Sala: "ARTÍCULO 578.- EFECTOS EN QUE PUEDE ADMITIRSE LA APELACIÓN. En el auto que admite el recurso de apelación, el juez deberá expresar el efecto que la admisión tenga en relación con la ejecución de la resolución recurrida. Este efecto podrá ser: I. El devolutivo, cuando la interposición no suspenda la ejecución de la resolución apelada; II. El suspensivo, cuando la resolución apelada no puede ejecutarse, mientras el recurso no se decida o la resolución apelada queda firme, y III. En el efecto preventivo, cuando interpuesta la apelación se mande tenerla presente para que si la sentencia definitiva fuere apelada y se reitera ante el superior lo pedido, se decida aquella. La admisión de la apelación en cualquiera de estos tres efectos, se sujetará a las reglas establecidas en los artículos siguientes. Si el apelante estima que la apelación fue mal admitida, puede ocurrir ante el superior reclamando la calificación del grado, en el mismo escrito en que exprese agravios". Bajo ese contexto, se considera que la autoridad se sustituyó en el ejercicio de un derecho procesal que el recurrente tenía expedito, consistente en el derecho de atacar el efecto devolutivo en que se admitió el recurso de apelación; lo que fue ilegal atendiendo a que todo los órganos de justicia están llamados a tramitar y resolver las controversias sometidas a su favor sin violentar la igualdad procesal. (.)" Sentencia que causó ejecutoria el veintiuno de abril de dos mil veintidós y en esa misma data se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, seguido del procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copias certificadas del auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, por el que dejó insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la controversia del orden familiar ****, acumulada a los expedientes *****. Subsecuentemente, mediante oficio recibido por ese juzgado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copia certificada del auto de doce de mayo de dos mil veintidós, por el que dio respuesta al escrito con folio 11635, presentado por la directa quejosa María Teresa Reyes García, en el que determinó lo siguiente: . . En ese tenor, se concluye que de las constancias remitidas por la responsable, si es dable advertir que ésta dejó sin efecto legal alguno, el auto por el que indebidamente admitió la apelación con efecto suspensivo, y si bien no ordenó la ejecución de los resolutivos QUINTO Y SEXTO de la sentencia de primera instancia dictada en el juicio de origen, en virtud del amparo que se promovió contra la sentencia de apelación que se promovió en su contra; ello escapa al presente análisis, porque ese nuevo motivo de suspensión es ajeno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en toda caso debe recurrirse a través del recurso que la Ley de Amparo otorga. Sin que este Juzgador este facultado para ordenar el desacato de una medida de suspensión otorgada en diverso medio de control constitucional, toda vez que la suspensión tiene por propósito conservar la materia de análisis del juicio de amparo. Anotaciones en el Libro de Gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con base en lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal y con base en lo dispuesto por el cuarto párrafo del dispositivo 196, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración de expediente. Ahora bien, toda vez que se concedió la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte), se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. Análisis de constancias, Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Además, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Hágase del conocimiento de las partes, que se pueden inconformar de la presente determinación con base en lo señalado en el artículo 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte no fue ordenada la notificación del tercero interesado respecto de la vista otorgada mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso. Se ordena dar vista al tercero interesado y representante especial del menor interviniente. En ese sentido, a fin de no transgredir derechos de las partes y no vulnerar las reglas que rigen el procedimiento, con fundamento en el 196 de la Ley de Amparo, dese vista al tercero interesado Omar Abad Victoria, con la presente determinación y la emitida el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, a fin de que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado con copia de la promoción registrada con el folio 5694.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Intégrese a los autos el oficio firmado por la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, a través del cual remite copia certificada de diversas constancias, entre las que se advierte el auto de doce de mayo de dos mil veintidós, por el que en cumplimiento a los efectos del fallo protector, dio respuesta al escrito con folio 11635, presentado por la directa quejosa ************************, en el que determinó lo siguiente: ".Al respecto, este juzgado considera, con base en las constancias procesales que integran el presente asunto, que la petición respectiva de ejecución de la sentencia definitiva dictada, no es jurídicamente posible, en atención al estado procesal que actualmente guarda el presenta asunto, específicamente porque la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, comunicó mediante oficio 524, recibido en este juzgado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, entre otras cosas, que **************** había promovido amparo directo en contra de la resolución del referido Tribunal de Alzada (Toca Civil ****************) que confirmó la resolución definitiva dictada por este juzgado; asimismo que en auto de fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, se había concedido la suspensión de la resolución reclamada para el solo efecto que desde ese momento las cosas SE MANTUVIERAN EN EL ESTADO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, lo que patentiza que, en este momento procesal, no puede procederse a la ejecución de la sentencia definitiva como lo pretende la promovente. En efecto, si es verdad que, el recurso de apelación que se promovió en contra de la sentencia definitiva que se dictó en este asunto, fue admitido en el efecto devolutivo y en ese sentido, como lo explicó la autoridad Federal en la ejecutoria de amparo que ahora se cumplimenta, era factible y era posible la ejecución de la misma, en tanto se resolvía dicho recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada, pues, primeramente porque así se encuentra expresamente establecido en el Código Procesal Familiar en vigor del Estado y además porque no era contrario al principio del interés superior del menor, (pues de las constancias de autos se advierte que los especialistas que intervinieron en la realización de periciales en psicología y trabajo social concluyeron que lo mejor para la menor hija de las partes en este asunto era permanecer bajo el cuidado de su madre, por lo que no se pondría a la menor en un estado de "vulnerabilidad" y porque también, en la sentencia definitiva se estableció un régimen de convivencias de la menor con su padre, (por lo que tampoco quedaría absolutamente apartada del hogar paterno), e igualmente porque incluso en diverso auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se determinó, conforme a lo establecido en el artículo 580 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, se dejara testimonio de autos necesarios para la ejecución de la sentencia definitiva y finalmente porque la legislación procesal Familiar, prevé en su artículo 578,que en caso de que la parte recurrente estuviera inconforme con el efecto en que fue admitido el recurso de apelación, podía hacerlo así valer ante la Sala del conocimiento, sin que así se hubiere realizado, sin embargo en este momento procesal, no es procedente realizar la ejecución solicitada de la sentencia definitiva ya que, esencialmente ya se dictó la sentencia correspondiente al recurso de apelación que se promovió (el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, lo que fue informado a este juzgado mediante oficio 193/2022 signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado) y por tanto, ha dejado de surtir efectos la admisión de dicha apelación en el efecto devolutivo y sobre todo porque, como ya se dijo, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, comunicó, mediante oficio 524, recibido en este juzgado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, entre otras cosas que *****************, había promovido amparo directo en contra de la resolución del referido Tribunal de Alzada (Toca Civil *****************, que confirmó la resolución definitiva dictada por este juzgado; asimismo que en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se había concedido la suspensión de la resolución reclamada para el solo efecto que desde ese momento las cosas se MANTUVIERAN EN EL ESTADO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, en este caso, dado que no se ha ejecutado lo consignado en la sentencia definitiva, es decir, en cambio de guarda y custodia de la menor de edad, lo que patentiza que, en este momento procesa, no puede procederse a la ejecución de la sentencia definitiva como lo pretende la promovente. ) "En consecuencia, dígase a la promovente que no es procedente su solicitud de ejecución de los puntos resolutivos quinto y sexto de la sentencia definitiva que se dictó." Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia simple del oficio que se provee.
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