Maria Teresa Garcia Delgado

Expediente 1107/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1107/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • Maria Teresa Garcia Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el comunicado de cuenta, remitido por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de cuatro del presente mes y año (foja 28), informa que el expediente de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, fue tunado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, circunstancia que se acredita con el anexo que acompaña; en consecuencia, téngase a dicha funcionaria dando cumplimiento al referido requerimiento. Por lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire, solicítese atentamente al homologo federal aludido, que de no existir impedimento legal alguno, informe la postura asumida en relación a la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente en relación al destino del presente cuaderno, anexando para tales efectos copia simple de la papeleta de turno emitida por la autoridad oficiante.

  2. Principal

    MESA II CÚMPLASE

  3. Principal

    MESA II CÚMPLASE

  4. Principal

    MESA II SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Analizada la demanda de amparo promovida por María Teresa García Delgado, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1107/2018-II-B. INCOMPETENCIA Ahora bien, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, por las razones siguientes:. De este precepto se desprenden tres reglas que fijan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Cuando el acto tenga ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demanda que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. El propósito del legislador fue hacer del juicio de garantías un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Consecuentemente, en el caso concreto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, y de este modo, analizada la demanda de amparo promovida por María Teresa García Delgado, se observa que esencialmente el acto reclamado se hace consistir en la determinación de uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y de los Municipios, con sede en Ciudad Victoria, en el expediente 1144/M/2016, en la que regularizo el procedimiento en el indicado juicio para dejar sin efecto la fecha y hora de la audiencia de pruebas y alegatos, dado el incidente de nulidad de firmas planteado por la parte demandada, por lo que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental de nulidad, así como el auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, en que regularizó el auto de uno de los citados mes y año, para modificar la fecha de la audiencia incidental. De ahí que resulte inconcuso que la tramitación del indicado incidente de nulidad, se lleva a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar en que se localiza la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y de los Municipios, y por ende, la competencia para conocer de este asunto, se surte a favor un Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. En efecto, los actos relativos a la tramitación del procedimiento del juicio laboral 1144/M/2016, como es la audiencia incidental, el ofrecimiento de pruebas y la manifestación de alegatos, constituyen actos que evidentemente conllevan una ejecución material y, conforme a lo expuesto, tendrán verificativo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, porque será ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y de los Municipios, que se desahogarán tales diligencias, sin que en el caso dicho acto pueda reputarse como declarativo, pues sus consecuencias si trascienden al mundo fáctico, ya que modifican el estado de las cosas en la esfera física y no solo en el ámbito formal, pues implica realizar una serie de actos dirigidos a sustanciar y resolver el incidente de nulidad planteado, por lo que se insiste el acto reclamado en este asunto, sí tiene una ejecución material. Sin que exista dato alguno que demuestre que la ejecución de los actos reclamados por la peticionaria del amparo se llevará a cabo dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; dado que, los datos que proporciona en su demanda de garantías, demuestran que se desarrollarán en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ante la potestad de la autoridad que instruye el procedimiento laboral instaurado por el aquí quejoso. Bajo esas consideraciones, este Órgano de control constitucional, estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María Teresa García Delgado, surtiéndose la misma a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, que por razón de turno corresponda conocer. Por lo expuesto, de conformidad con lo que establecen los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto cuarto, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de derechos fundamentes promovida por María Teresa García Delgado; en consecuencia, se declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, que por razón de turno corresponda conocer. Por tanto, una vez que se encuentre debidamente notificada la promovente del presente auto, remítase la demanda de amparo que se trata, anexos y copias de la misma, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, para que ésta para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que en razón de turno corresponda, a fin que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; a quien se le solicita que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Se ordena formar cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado, hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo. Finalmente sólo debe precisarse que de la propia narrativa que realizó la parte quejosa en su demanda de garantías se advierte que refirió haber promovido el diverso juicio de garantías 624/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Estado y de los Municipios, con sede en Ciudad Victoria, la omisión de acordar el escrito que presentó ante su potestad el dos de junio de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 1144/M/2016, en donde por sentencia de veintiocho de mayo de esta anualidad se decretó el sobreseimiento por haber cesado los efectos del acto reclamado, como se corrobora con la impresión obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de la sentencia dictada en el citado controvertido, que se ordena agregar a este expediente como hecho notorio; tiene aplicación a lo anterior, en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1946, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO.". Circunstancia que podría influir como parámetro para la relación de turno la asignación de esta demanda ante los Juzgados de Distrito, residentes en Ciudad Victoria, Tamaulipas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto, dado que la quejosa es parte actora en el procedimiento laboral de origen. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo.

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