Maria Teresa Fuentes Atilano
Expediente 536/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maria Teresa Fuentes Atilano
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de veinte de junio de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA A LAPARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJO CITATORIO, LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos el escrito signado por María Teresa Fuentes Atilano; y, en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diez de junio del año en curso. Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto, este Juzgador procede a determinar: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la que se analizará a continuación. Luego, conviene precisar que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: "De la autoridad Responsable señalada como Ordenadora, al Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, reclamo la Inconstitucionalidad, Legalidad y Vicios Propios de los siguientes actos: Todo lo actuado en el Procedimiento de ejecución de Sentencia por exceso en la Sentencia dicada dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil número de expediente 577/2011-VIII dictada por el Juez Sexto d Primera Instancia en Veracruz, Veracruz; así como la entrega y desocupación (Orden de Lanzamiento por exceso en la ejecución de la misma) del inmueble que es la Parcela Número 28 z-10 P1/1 DEL EJIDO LAS BAJADAS, EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ, CON UNA SUPERFICIE DE 0-70-77.59 H.A. SETENTA ÁREAS, SETENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA Y NUEVE CENTIAREAS, que cuenta con las... Así, se estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo En la segunda hipótesis, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Y, en la última, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Al respecto, debe decirse que tratándose de actos emitidos en la etapa de ejecución, sólo pueden ser reclamados en el amparo que se promueva contra la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre que se haya agotado el recurso que proceda. Lo que se traduce en que ese será el momento en que podrá configurarse la hipótesis contenida en el arábigo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que en su contra proceda el juicio de amparo indirecto. De ahí que la parte quejosa debe esperar hasta la emisión de la última resolución en el procedimiento de ejecución para interponer el juicio de amparo haciendo valer en ese momento todas las violaciones que se hubieran cometido, como las que aducen relativas a diversas actuaciones efectuadas después del dictado de la sentencia que consideran les agravian. Momento en el cual se estará en aptitud de valorar cada uno de esos argumentos de violación para determinar, de ser procedente su reclamo, si se actuó apegado a las formalidades del procedimiento y conforme a derecho aplicable. Lo anterior, ya que la intención del legislador fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva. Cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Ni se puede estimar vulnerado un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. Por eso, de aceptar la procedencia del amparo, se trastocaría la intención del legislador de evitar la detención de la etapa ejecutiva. Y, por el contrario, al permitir se continúe el trámite de cumplimiento se prestigia lograr la eficacia de lo fallado y ya será al final, resarcido el vencedor del litigio, cuando quien se considere afectado podrá cuestionar alguna violación en el proceso y de acreditarla ser restituida en su derecho. Por lo que la procedencia del amparo en su contra debe postergarse hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Asimismo, de las porciones normativas transcritas, se colige que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte -en términos de lo que dispone el artículo 133 de la propia Constitución Federal, que no sean susceptibles de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio respectivo. Entonces, éstos deberán incidir necesariamente en la esfera jurídica del justiciable, en específico, representar un menoscabo en sus derechos fundamentales, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros; susceptibles efectivamente de ser analizados a través del juicio de amparo indirecto. Por lo tanto, de acuerdo con las disposiciones citadas, se desprende que, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse, como se dijo, con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. Ahora, el suscrito considera que el acto reclamado por la parte quejosa, no es un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, sino que, en todo caso, se trata de un acto que tiene efectos meramente procesales, dado que de conformidad con lo manifestado en la demanda de amparo, el mismo consiste en todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de sentencia, dictado por el Juez Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en el juicio ejecutiv mercantil 577/2011-VIII, del índice del órgano jurisdiccional a su cargo. Ahora, para evidenciar la anterior causa de improcedencia, es menester traer a contexto los antecedentes del acto reclamado, que bajo protesta de decir verdad narró la parte promovente en su escrito aclaratorio, a saber: "PRIMERO.- El día veinte de mayo del presente Año, a las Dieciséis horas de presentó el Acuario Notificador Habilitado del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz; en un domicilio diferente a la de la suscrita como lo fue el ubicado en Úrsulo SARAI GONZALEZ GALICIA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.36.38.36.39.37.37.34 23/03/25 21:39:27 Galván número 27 de la Colonia Las Bajadas en esta Ciudad de Veracruz, Veracruz; y aún que le manifestaron que a la persona que buscaban no vivía ahí realizaron la notificación; razón por la cual no realizaron la notificación en forma personal como lo estipulo el Juez A quo en su acuerdo de fecha 17 de Mayo del presente año. (...) SEGUNDO.- En el Juicio Ejecutivo Mercantil con número de expediente 577/2011-VIII del Índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, hay un lapso dentro de los autos de Expediente 577/2011-VIII del Índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz; de fecha 14 de Diciembre de 2016, al 15 de Enero de 2018 se dejó de actuar más de 90 días y el Juez A quo no realizó la Reanudación del Procedimiento ni se le notificó a las partes la Reanudación del mismo. (...)" La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ese tenor, es evidente que el auto de diecisiete de mayo de la presente anualidad, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 577/2011-VIII, cuya resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. De lo cual, la impetrante se duele, al considerar que el Juez Sexto de Primera instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, se ha excedido en la ejecución de la sentencia que resolvió el juicio ejecutivo mercantil 577/2011-VIII, y tuvo conocimiento de la ejecución el veinte de enero de mayo del presente año. Sin embargo, contrario a lo que se alude, se estima que tal circunstancia no deja sin defensa a la parte promovente, ni constituye una violación de carácter irreparable, por tener efectos intraprocesales que no transgreden de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de los solicitantes de amparo, en atención a que la afectación puede desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable a su pretensión. Por tanto, como se dijo, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales de las personas, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trate o con el hecho SARAI GONZALEZ GALICIA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.36.38.36.39.37.37.34 23/03/25 21:39:27 de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. De lo que se sigue que, el acto motivo de reproche no es susceptible de ser reclamado en la vía del amparo biinstancial, precisamente en razón de que no tiene una ejecución de imposible reparación, esto es, se traduce en derechos procesales y no sustantivos. Máxime que, en el caso en comento, la determinación reclamada por la parte quejosa deriva de un procedimiento de remate dentro del juicio ejecutivo mercantil de mérito, pues precisamente el acto por el cual impugna en esta vía, es el instructivo de notificación de veinte de mayo de dos mil veintidós, donde le hacen del conocimiento que se tuvo por autorizado el cambio de notaria designada en la audiencia de remate y se le requiere que acuda a la Notaria Pública 52, de la décima séptima demarcación notarial, para que otorgue la firma de la escritura de adjudicación a favor de Claudia Selene Zaragoza Rodríguez. Por tanto, resulta evidente que lo combatido no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos que anteceden, ya que no se trata del proveído en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Debe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que sentó como base que derivado de un procedimiento de remate, incluso la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado, son actos de ejecución de sentencia porque están encaminados a lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio. Por lo que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Esto es, de acuerdo a este último precepto invocado, el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial SARAI GONZALEZ GALICIA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.36.38.36.39.37.37.34 23/03/25 21:39:27 de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Por lo que si el acto aquí reclamado deriva del procedimiento de remate en el juicio ejecutivo mercantil de mérito, tiene vinculación directa con la ejecución de lo fallado en ese juicio y es de aquéllas dentro del procedimiento de ejecución, tendiente, concretamente, a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, materia: (Civil, Común), Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la SARAI GONZALEZ GALICIA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.36.38.36.39.37.37.34 23/03/25 21:39:27 regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Razón por la cual, se itera, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, pues lo cierto es que con una eventual concesión de amparo (promovido contra la última resolución) en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer, puede obtenerse que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su realización. En consecuencia, si no se está ante la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ni es un acto que afecte derechos sustantivos de la parte quejosa, sino solo derechos adjetivos, hace incuestionable que en el caso se actualiza plenamente la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desecha por notoriamente improcedente la demanda que se atiende.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, diez de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda, promovida por María Teresa Fuentes Atilano, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14,16 y 17 Constitucionales; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 536/2022-II, que es el que le correspondió. PREVENCIÓN Ahora, con el objeto de proveer respecto a la admisión de dicha demanda, con apoyo en lo que establecen los artículos 114, fracciones i y II, en relación con el numeral 108 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito al que deberá acompañar las copias necesarias para cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad, cumpla con las siguientes prevenciones: PRIMERA. Manifieste el carácter con el que se ostenta en el presente juicio, esto es, como tercero extraño en estricto sentido, al no ser parte en el juicio natural del que deriva el acto reclamado o como tercero extraño por equiparación, al ser parte formal y demandado en el juicio natural, ya que del ocurso inicial no se desprende tal dato. Lo que resulta importante, ya que si bien, en el escrito de cuenta no se advierte de manera expresa tal circunstancia, de la copia del instructivo de notificación que exhibe se advierte que es demandado en el juicio ejecutivo mercantil 577/2011-VIII del índice de la responsable. SEGUNDA. Para el caso, de que manifieste que comparece como tercero extraño por equiparación, al ser demandado en expediente del que deriva el acto reclamado, informe si compareció al aludido juicio y contestó la demanda, o en su caso si reclama la falta o ilegal emplazamiento; y en ese supuesto señale al actuario o diligenciario al que le atribuye el mismo y de ser así, exhiba una copia más de su escrito de demanda para estar en aptitud de emplazarlo al presente juicio. TERCERA. Manifieste todos los hechos y abstenciones que dieron origen a su demanda de amparo; particularmente cuándo tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 577/2011-VIII del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que, de no cumplir con el requerimiento formulado en este acuerdo, dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda, de acuerdo a lo que establece el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.
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