María Teresa Falcón Pérez

Expediente 712/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
712/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • María Teresa Falcón Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que ya transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. Documentos. Téngase por hecha la certificación de cuenta, mediante la cual se hace constar que no obran documentos originales en el presente juicio de amparo. Determinaciones relacionadas con el expediente principal. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese al presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo formulada por María Teresa ***, por su propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Tercero Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Radicación. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número ***, en el libro uno, relativo al registro de juicios de amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional considera, que en el presente caso, se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo que se analiza, se advierte que el quejoso reclama: El auto de once de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juez Vigésimo Tercero Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que se decretó la inadmisibilidad del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de mayo de dos mil veintitrés, por el que juzgado responsable tuvo por no justificada la inasistencia de la quejosa al desahogo de la prueba confesional a su cargo y procedió a su desahogo, teniéndola por confesa respecto a las posiciones calificadas de legales. En efecto, se estima que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con la cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: Dicha causal instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición legal, es decir, no establece una causal concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los establecidos concretamente en el propio artículo 61 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, sin que ello implique que se restrinja el acceso al juicio de amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directa y materialmente alguno de los derechos fundamentales, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por otro lado, los artículos 172, fracción III y 171 de la ley de la materia, en lo conducente establecen: Sobre esa base, debe puntualizarse que el acto reclamado por la quejosa consistente en el auto de once de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juez Vigésimo Tercero Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que se decretó la inadmisibilidad del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de mayo de dos mil veintitrés, por el que juzgado responsable tuvo por no justificada la inasistencia de la quejosa al desahogo de la prueba confesional a su cargo y procedió a su desahogo, teniéndola por confesa respecto a las posiciones calificadas de legales, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contraen los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afectan directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales (propiedades, posesiones o derechos), y las consecuencias de las posibles violaciones se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos y sin dejar huella en su esfera jurídica porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Se insiste en lo anterior, ya que los actos reclamados deben considerarse como una violación a derechos adjetivos, entendidos como aquellos pasos que deben seguirse para hacer efectivos los derechos sustantivos, cuya finalidad es que las partes tomen la posición que les corresponde y estimen conveniente durante ese procedimiento, ya sea contestando escritos, desahogando vistas, aportando pruebas -ofrecimiento y desahogo- o recurriendo las resoluciones que afecten sus intereses, pero cuya transgresión sólo viola normas procesales, de ahí, que la violación a sus derechos sustantivos no sea inmediata, sino que dicha transgresión sólo será posible determinarse en la sentencia correspondiente, y entonces, podrá impugnarse la violación procesal. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrario sensu, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda. En diverso aspecto, ténganse por autorizadas de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas referidas en su escrito de demanda, siempre y cuando sus cédulas profesionales se encuentren registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene por autorizada a la diversa persona referida en su escrito únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con lo establecido en la parte final del párrafo segundo del referido por así haberlo solicitado. Acceso al expediente electrónico. Ahora bien, se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario *** para que puedan cumplir con su obligación procesal de estar al pendiente del litigio constitucional en cualquier lugar y momento, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En mérito de lo anterior, se ordena que el analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes proceda a otorgar los permisos correspondientes para la consulta del expediente electrónico. Autorización para obtener imágenes. Hágase del conocimiento de la promovente, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Se faculta a los secretarios y actuarios de la adscripción para firmar los oficios que deriven del presente sumario. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la promovente.

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