María Teresa Estradas Vargas
Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Teresa Estradas Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 418/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Teresa Estrada Vargas, en representación de su menor hijo de iniciales J.P.C.E., para los efectos siguientes: ".se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por María Teresa Estrada Vargas en representación de su menor hijo con identidad reservada con iniciales J.P.C.E, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 1401/2020, de su índice de la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado y, en su lugar dicte otra en la que: Deberá analizar de manera fundada y motivada que lo que le resta al aquí tercero interesado de su pensión sea insuficiente para solventar sus propia necesidades; o bien que la medida decretada de manera inicial haya sido desproporcionada o excesiva. Así también, exponga los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario María Teresa Estrada Vargas en representación de su menor hijo con identidad reservada con iniciales J.P.C.E y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías." En esas condiciones, mediante auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de octubre del presente año, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4724 la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de data treinta de septiembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictadas dentro del juicio ordinario civil 1401/2020 de su índice. Asimismo, al resolver la reclamación hecha valer por el demandado Armando Castellanos Romero (aquí tercero interesado) declaró improcedente el recurso de reclamación planteado, y confirmó el monto de pensión provisional fijada a favor del menor acreedor alimenticio, consistente en el 25% veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado. Lo anterior es así, toda vez que el reclamante exhibió como pruebas las siguientes documentales. 1). Dos recibos de pago de pensiones, expedidos por la empresa Petróleos Mexicanos con número de ficha 00437346, que corresponden al período de abril y mayo del dos mil veintiuno, con el que tercero interesado acredita los ingresos que percibe como pensionado de dicha empresa.2). Quince capturas de pantalla de transferencias bancarias, de diversas fechas y montos, por la cantidad de $24.380.00 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) con las que acredita que realizó transferencias bancarias a la tarjeta con terminación 20816. 3). Comprobantes de pagos expedidos por el Banco Bajío Institución de Banca Múltiple con facturas fiscales digitales, a favor del reo, de diversas fechas y montos con las que acredita haber erogado gastos por concepto de colegiaturas y demás pagos escolares del Colegio Bilingüe Báltico S.C. Documentales que el juez responsable les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 210, 235 fracciones II y III, 261 fracciones II y IV, 265 y 266 del Código Procesal Civil. Por otra parte, respecto a la capacidad económica del demandado, quedó acreditada al admitir en su escrito de reclamación que es empleado de la empresa Perforadora Central, sociedad anónima de capital variable, aunado a que exhibió comprobantes de nómina expedidas por dicha empresa, y se confirmó con el informe rendido por la multicitada empresa. Así también, el juez argumentó que con las citadas documentales, no se prueba de manera indiciaria u presuntiva que el restante 75% (setenta y cinco de por ciento) de su sueldo, le sea insuficiente para solventar sus propias necesidades o que la medida inicial es desproporcionada o excesiva. Con todo ello, el juez responsable asentó que la reclamación es improcedente, además expuso que el demandado debe guardar por sí un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades, lo que evidentemente son mayores a los de sus acreedores, tomado en cuenta que él es generador de los alimentos, el alto costo de la vida que por ser un hecho notorio, no requiere ser probado en términos de los dispuesto por el artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil local, que los alimentos no tienen como propósito el que los acreedores se enriquezcan, ni el que el deudor alimentario se empobrezca, sino por el contrario busca el que ambas partes téngalo suficiente para vivir adecuadamente, de acuerdo a la proporcionalidad, que señala el artículo 243 del Código Civil. Luego entonces, al haberse acreditado la necesidad de la quejosa y su menor hijo de recibir alimentos del deudor alimentista y la capacidad económica del demandado, resultó improcedente la reclamación planteada por el aquí tercero interesado y en consecuencia se confirmó la pensión provisional alimentaria a favor de MARÍA TERESA ESTRADA VARGAS, en representación de su menor hijo de iniciales J. P. C. E. En ese contexto, de lo anteriormente expuesto se concluye, que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, y en su lugar, emitió la diversa de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en los términos precisados en la ejecutoria de amparo.Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva.
- Principal
VIII. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Teresa Estrada Vargas, en representación de su menor hijo de iniciales J.P.C.E., para los efectos siguientes: ".se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por María Teresa Estrada Vargas en representación de su menor hijo con identidad reservada con iniciales J.P.C.E, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 1401/2020, de su índice de la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado y, en su lugar dicte otra en la que: Deberá analizar de manera fundada y motivada que lo que le resta al aquí tercero interesado de su pensión sea insuficiente para solventar sus propia necesidades; o bien que la medida decretada de manera inicial haya sido desproporcionada o excesiva. Así también, exponga los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario María Teresa Estrada Vargas en representación de su menor hijo con identidad reservada con iniciales J.P.C.E y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías." En esas condiciones, mediante auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de octubre del presente año, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4724 la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de data treinta de septiembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictadas dentro del juicio ordinario civil 1401/2020 de su índice. Asimismo, al resolver la reclamación hecha valer por el demandado Armando Castellanos Romero (aquí tercero interesado) declaró improcedente el recurso de reclamación planteado, y confirmó el monto de pensión provisional fijada a favor del menor acreedor alimenticio, consistente en el 25% veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado. Lo anterior es así, toda vez que el reclamante exhibió como pruebas las siguientes documentales. 1). Dos recibos de pago de pensiones, expedidos por la empresa Petróleos Mexicanos con número de ficha 00437346, que corresponden al período de abril y mayo del dos mil veintiuno, con el que tercero interesado acredita los ingresos que percibe como pensionado de dicha empresa. 2). Quince capturas de pantalla de transferencias bancarias, de diversas fechas y montos, por la cantidad de $24.380.00 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) con las que acredita que realizó transferencias bancarias a la tarjeta con terminación 20816. 3). Comprobantes de pagos expedidos por el Banco Bajío Institución de Banca Múltiple con facturas fiscales digitales, a favor del reo, de diversas fechas y montos con las que acredita haber erogado gastos por concepto de colegiaturas y demás pagos escolares del Colegio Bilingüe Báltico S.C. Documentales que el juez responsable les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 210, 235 fracciones II y III, 261 fracciones II y IV, 265 y 266 del Código Procesal Civil. Por otra parte, respecto a la capacidad económica del demandado, quedó acreditada al admitir en su escrito de reclamación que es empleado de la empresa Perforadora Central, sociedad anónima de capital variable, aunado a que exhibió comprobantes de nómina expedidas por dicha empresa, y se confirmó con el informe rendido por la multicitada empresa. Así también, el juez argumentó que con las citadas documentales, no se prueba de manera indiciaria u presuntiva que el restante 75% (setenta y cinco de por ciento) de su sueldo, le sea insuficiente para solventar sus propias necesidades o que la medida inicial es desproporcionada o excesiva. Con todo ello, el juez responsable asentó que la reclamación es improcedente, además expuso que el demandado debe guardar por sí un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades, lo que evidentemente son mayores a los de sus acreedores, tomado en cuenta que él es generador de los alimentos, el alto costo de la vida que por ser un hecho notorio, no requiere ser probado en términos de los dispuesto por el artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil local, que los alimentos no tienen como propósito el que los acreedores se enriquezcan, ni el que el deudor alimentario se empobrezca, sino por el contrario busca el que ambas partes téngalo suficiente para vivir adecuadamente, de acuerdo a la proporcionalidad, que señala el artículo 243 del Código Civil. Luego entonces, al haberse acreditado la necesidad de la quejosa y su menor hijo de recibir alimentos del deudor alimentista y la capacidad económica del demandado, resultó improcedente la reclamación planteada por el aquí tercero interesado y en consecuencia se confirmó la pensión provisional alimentaria a favor de MARÍA TERESA ESTRADA VARGAS, en representación de su menor hijo de iniciales J. P. C. E. En ese contexto, de lo anteriormente expuesto se concluye, que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, y en su lugar, emitió la diversa de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en los términos precisados en la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
VIII. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercera interesada el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Teresa Estrada Vargas, en representación de su menor hijo de iniciales J.P.C.E., para los efectos siguientes: ".se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por María Teresa Estrada Vargas en representación de su menor hijo con identidad reservada con iniciales J.P.C.E, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 1401/2020, de su índice de la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado y, en su lugar dicte otra en la que: Deberá analizar de manera fundada y motivada que lo que le resta al aquí tercero interesado de su pensión sea insuficiente para solventar sus propia necesidades; o bien que la medida decretada de manera inicial haya sido desproporcionada o excesiva. Así también, exponga los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario María Teresa Estrada Vargas en representación de su menor hijo con identidad reservada con iniciales J.P.C.E y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías." En esas condiciones, mediante auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de octubre del presente año, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4724 la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de data treinta de septiembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictadas dentro del juicio ordinario civil 1401/2020 de su índice. Asimismo, al resolver la reclamación hecha valer por el demandado Armando Castellanos Romero (aquí tercero interesado) declaró improcedente el recurso de reclamación planteado, y confirmó el monto de pensión provisional fijada a favor del menor acreedor alimenticio, consistente en el 25% veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado. Lo anterior es así, toda vez que el reclamante exhibió como pruebas las siguientes documentales. 1). Dos recibos de pago de pensiones, expedidos por la empresa Petróleos Mexicanos con número de ficha 00437346, que corresponden al período de abril y mayo del dos mil veintiuno, con el que tercero interesado acredita los ingresos que percibe como pensionado de dicha empresa. 2). Quince capturas de pantalla de transferencias bancarias, de diversas fechas y montos, por la cantidad de $24.380.00 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) con las que acredita que realizó transferencias bancarias a la tarjeta con terminación 20816. 3). Comprobantes de pagos expedidos por el Banco Bajío Institución de Banca Múltiple con facturas fiscales digitales, a favor del reo, de diversas fechas y montos con las que acredita haber erogado gastos por concepto de colegiaturas y demás pagos escolares del Colegio Bilingüe Báltico S.C. Documentales que el juez responsable les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 210, 235 fracciones II y III, 261 fracciones II y IV, 265 y 266 del Código Procesal Civil. Por otra parte, respecto a la capacidad económica del demandado, quedó acreditada al admitir en su escrito de reclamación que es empleado de la empresa Perforadora Central, sociedad anónima de capital variable, aunado a que exhibió comprobantes de nómina expedidas por dicha empresa, y se confirmó con el informe rendido por la multicitada empresa. Así también, el juez argumentó que con las citadas documentales, no se prueba de manera indiciaria u presuntiva que el restante 75% (setenta y cinco de por ciento) de su sueldo, le sea insuficiente para solventar sus propias necesidades o que la medida inicial es desproporcionada o excesiva. Con todo ello, el juez responsable asentó que la reclamación es improcedente, además expuso que el demandado debe guardar por sí un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades, lo que evidentemente son mayores a los de sus acreedores, tomado en cuenta que él es generador de los alimentos, el alto costo de la vida que por ser un hecho notorio, no requiere ser probado en términos de los dispuesto por el artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil local, que los alimentos no tienen como propósito el que los acreedores se enriquezcan, ni el que el deudor alimentario se empobrezca, sino por el contrario busca el que ambas partes téngalo suficiente para vivir adecuadamente, de acuerdo a la proporcionalidad, que señala el artículo 243 del Código Civil. Luego entonces, al haberse acreditado la necesidad de la quejosa y su menor hijo de recibir alimentos del deudor alimentista y la capacidad económica del demandado, resultó improcedente la reclamación planteada por el aquí tercero interesado y en consecuencia se confirmó la pensión provisional alimentaria a favor de MARÍA TERESA ESTRADA VARGAS, en representación de su menor hijo de iniciales J. P. C. E. En ese contexto, de lo anteriormente expuesto se concluye, que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, y en su lugar, emitió la diversa de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en los términos precisados en la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se les remitiendo las constancias con las que consideran haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, con el oficio con registro 14293 y su anexo, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Maria Sarahyd Herrera Archundia579/2017
- María Soledad Gamiño Ajo1037/2015
- Maria Soledad Gamiño Ajo981/2015
- María Teresa Ávila Espinosa1237/2023
- María Teresa Buendía794/2021
- María Teresa Ceballos Ponce950/2023
- María Teresa García Dimas1152/2014
- María Teresa García López1247/2016
- María Teresa Guadalupe Parral Guzmán566/2022
- María Teresa Morales Martínez898/2022
- María Teresa Rodríguez Duran1123/2015
- María Teresa Ruiz Vallejo842/2018