Maria Teresa Espinosa Zepeda

Expediente 1446/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1446/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Maria Teresa Espinosa Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no interpusieron recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintinueve de noviembre del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO. Ahora, en el citado fallo protector se determinó que el efecto del mismo era para: "SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal para que en los tres días siguientes a aquél en que cause ejecutoria la presente resolución, la autoridad responsable dicte el laudo respectivo en los autos del juicio laboral 1139/2016 y remita copia certificada a este juzgado, con lo cual se tendrá por cumplida la presente resolución". REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En consecuencia, con fundamento en los párrafos primo y segundo del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, por ser a quien le compete su cumplimiento, para que realice lo ordenado en el fallo protector dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo término y deberá acompañar las constancias que así lo acrediten. En el entendido que en caso de ser omisa al requerimiento anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la citada ley, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, y de ser el caso, se enviara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con dicho cumplimiento, que puede culminar con la suspensión del cargo y su consignación ante la autoridad competente. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    I) VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1446/2019-I promovido por Elisa Viridiana Griz Martínez, en su carácter de apoderada legal de María Teresa Espinosa Zepeda, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. (...) Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, fracción III, 77, 78, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Teresa Espinosa Zepeda, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos descritos en el diverso quinto de este fallo, y, para los efectos indicados en la parte final de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de noviembre de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Elisa Viridiana Griz Martínez, Procuradora Auxiliar de la Defensa del Trabajo, apoderada legal de María Teresa Espinoza Zepeda, (personalidad que acredita con el poder anexo a su escrito de demanda de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve), contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1446/2019-I. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo. Intervención del Ministerio Público. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. Incidente de suspensión. No se forma incidente por no haberlo solicitado la parte quejosa. Señalamiento de audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Requerimiento de informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación. Requerimiento de constancias. De acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto que el acto reclamado sea cierto, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Causales de improcedencia. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 del Ordenamiento legal invocado, requiérasele para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Tercero Interesado. De conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de terceros interesados a Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia, mediante oficio, con copia simple de la demanda de amparo, notifíquese la radicación del presente juicio de amparo a los terceros interesados de referencia, con el fin de hacerles saber la instauración de este asunto, el derecho que tienen para apersonarse en él y la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte quejosa, sin perjuicio de acordar sobre su admisión o desechamiento en la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Con fundamento en el 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada a la persona citada en el premio de demanda en términos amplios del precepto legal citado por así haberlo señalado y tratándose de la parte actora en el juicio laboral. Apercibimiento en caso de inexistencia de autoridades. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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