Maria Teresa Dominguez Rivera

Expediente 1614/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1614/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Maria Teresa Dominguez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, por lo que se refiere al tercero interesado, acorde a lo previsto por el arábigo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de la Materia, esta sede constitucional se tiene con tal carácter a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Dirección General de Permisos y Licencias del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Dirección Municipal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Estudio GMC, Sociedad Anónima de Capital Variable, por ser la contraparte de la parte quejosa en el juicio de donde emana el acto reclamado En consecuencia, por conducto del Actuario adscrito a esta autoridad Federal, emplácese a la parte tercero interesada Estudio GMC, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio proporcionado en el escrito inicial de demanda, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber la hora y fecha de la audiencia constitucional, y requiriéndole para que al momento de la notificación, o bien, dentro de los tres días siguientes a dicha formalidad procesal, señale domicilio en esta ciudad, para el efecto de oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento para el caso de no hacerlo así, con hacerle las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado Federal; debiendo el fedatario judicial cumplir con los requisitos que para una notificación personal establece el ordinal 27, de la Ley de Amparo; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Ahora bien respecto de los diversos tercero interesados denominados Secretaria de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Dirección General de Permisos y Licencias del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Dirección Municipal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley en consulta, se ordena emplazarlos por oficio, adjuntándoles copia de la demanda de amparo, y precisándoles que, de estimarlo conveniente, pueden comparecer ante esta sede constitucional, por conducto de quien legalmente los represente, a hacer valer lo que a sus interés convenga. En consecuencia para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la misma. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suarez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio signado por la autoridad responsable, por medio del cual rinde su informe justificado. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. En relación a las documentales que exhibe la autoridad responsable, en apoyo a su informe, en términos de los artículos 119 y 123, se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionada al momento procesal oportuno. Téngase por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Se tienen como delegados a los profesionistas que menciona, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante y para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar por cuerda separada dos anexos, el cual se tiene a la vista de las partes para su consulta. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suarez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1614/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. María Teresa Domínguez Rivera, reclama de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa el Estado de Morelos, lo siguiente: ".La resolución interlocutoria de fecha 06 de Noviembre de 2019, que me fue notificada con fecha 11 de noviembre del 2019, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número TJA/2As/93/19 en donde se sirve revocar la suspensión concedida para fijar otra con garantía para que surta sus efectos." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa el Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia de los actos que se les reclaman. SEGUNDO. En ese sentido, respecto a la solicitud de la medida suspensional solicitada por la parte quejosa, a criterio de quien resuelve, lo que procede es conceder la suspensión definitiva solicitada. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Cabe precisar que tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formulen los promoventes del amparo; en cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Bajo tal orden de ideas, se provee lo siguiente: Con fundamento en los artículos 128, 132, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa María Teresa Domínguez Rivera, la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente TJA/2ªS/93/19, por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que no se le exija la garantía por el importe de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional). Lo anterior, hasta en tanto reciba la autoridad responsable notificación acerca de que ha causado ejecutoria la resolución que se dicte en el expediente principal del que emanan estas piezas incidentales. La suspensión concedida surte sus efectos de inmediato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no exhibe ante este Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de este proveído, una garantía por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos moneda nacional), garantía que se establece de conformidad con las facultades discrecionales otorgadas por la ley al suscrito juzgador, y tomando en consideración que en el citado expediente TJA/2ªS/93/19, se concedió la suspensión del acto impugnado para que las autoridades ahí demandadas se abstengan de otorgar una licencia de construcción del bien inmueble ubicado en calle Virginia número quince, lote trece, manzana once, de la colonia Quintas Martha, de Cuernavaca, Morelos, propiedad de la persona moral Estudio MGC, Sociedad Anónima de Capital Variable. En el entendido de que la citada garantía podrá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley; si se trata de compañía aseguradora deberá señalar el o los nombres de las personas autorizadas en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal; así como la manifestación de que se somete a la jurisdicción de los Tribunales con residencia en esta ciudad para el caso de litigio; por último, deberá indicar el nombre de los representantes legales de dicha institución en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en el artículo 2802, del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley Federal de Instituciones de Fianza, según su dispositivo 113. No obstante lo anterior, la medida cautelar indicada no surtirá efecto legal ni material alguno si los actos reclamados por los que se concedió la misma, derivan de un procedimiento en que la parte quejosa haya sido oída y vencida; si los actos motivo de la suspensión, ya fueron ejecutados en su totalidad, o si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por********************respecto de la autoridad y los actos precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerando primero y segundo de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suarez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.R E S U L T A N D O PRIMERO. María Teresa Domínguez Rivera, reclama de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa el Estado de Morelos, lo siguiente: ".La resolución interlocutoria de fecha 06 de Noviembre de 2019, que me fue notificada con fecha 11 de noviembre del 2019, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número TJA/2As/93/19 en donde se sirve revocar la suspensión concedida para fijar otra con garantía para que surta sus efectos." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa el Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia de los actos que se les reclaman. SEGUNDO. En ese sentido, respecto a la solicitud de la medida suspensional solicitada por la parte quejosa, a criterio de quien resuelve, lo que procede es conceder la suspensión definitiva solicitada. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Cabe precisar que tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formulen los promoventes del amparo; en cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Bajo tal orden de ideas, se provee lo siguiente: Con fundamento en los artículos 128, 132, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa María Teresa Domínguez Rivera, la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente TJA/2ªS/93/19, por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que no se le exija la garantía por el importe de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional). Lo anterior, hasta en tanto reciba la autoridad responsable notificación acerca de que ha causado ejecutoria la resolución que se dicte en el expediente principal del que emanan estas piezas incidentales. La suspensión concedida surte sus efectos de inmediato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no exhibe ante este Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de este proveído, una garantía por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos moneda nacional), garantía que se establece de conformidad con las facultades discrecionales otorgadas por la ley al suscrito juzgador, y tomando en consideración que en el citado expediente TJA/2ªS/93/19, se concedió la suspensión del acto impugnado para que las autoridades ahí demandadas se abstengan de otorgar una licencia de construcción del bien inmueble ubicado en calle Virginia número quince, lote trece, manzana once, de la colonia Quintas Martha, de Cuernavaca, Morelos, propiedad de la persona moral Estudio MGC, Sociedad Anónima de Capital Variable. En el entendido de que la citada garantía podrá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley; si se trata de compañía aseguradora deberá señalar el o los nombres de las personas autorizadas en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal; así como la manifestación de que se somete a la jurisdicción de los Tribunales con residencia en esta ciudad para el caso de litigio; por último, deberá indicar el nombre de los representantes legales de dicha institución en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en el artículo 2802, del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley Federal de Instituciones de Fianza, según su dispositivo 113. No obstante lo anterior, la medida cautelar indicada no surtirá efecto legal ni material alguno si los actos reclamados por los que se concedió la misma, derivan de un procedimiento en que la parte quejosa haya sido oída y vencida; si los actos motivo de la suspensión, ya fueron ejecutados en su totalidad, o si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por********************respecto de la autoridad y los actos precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerando primero y segundo de esta interlocutoria.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por inobservancia fue cargado el auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente principal electrónico, siendo lo correcto que debe de ser cargado en el incidente de suspensión electrónico; por lo anterior y con la finalidad de que las partes tengan conocimiento de dicho auto en el incidente electrónico, es que a continuación se transcribe el contenido del auto en comento: "..Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte, que no obra acuse de recibo del oficio dirigido a la autoridad señalada como responsable, por el cual se le corrió traslado con copia de la demanda de amparo y por ende el informe previo solicitado a la misma aún no obra en autos. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON UN MINUTO DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la misma. NOTIFÍQUESE." Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5252/2019 de esa fecha), ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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