María Teresa Díaz Gutiérrez
Expediente 435/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/10/2023
Partes del expediente
- María Teresa Díaz Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidente Auxiliar de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en autos, informa las gestiones tendentes a cumplir con la sentencia emitida en autos, entre ellas que asignó el expediente de origen al actuario adscrito a efecto de notificar la audiencia pericial señalada para el seis de noviembre del presente año. Al respecto, es necesario precisar que para dar cumplimiento al fallo emitido en el sumario en que se actúa, resulta necesario el desahogo de la pericial respectiva por cuestiones imputables a la responsable, informadas después del dictado de la sentencia. Circunstancia que es acorde con el contenido de los numerales 74, 77 y 192 de la Ley de Amparo, en los que se advierte que el establecimiento de lineamientos o medidas para dar cumplimiento al fallo protector no constituyen elementos disponibles ni discrecionales para la autoridad responsable, ni tampoco obligaciones accidentales o intrascendentes para la justicia constitucional, por el contrario, tienen como finalidad primordial lograr la reparación integral, en la medida de lo posible, de los derechos humanos violados por los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se reciba la notificación del presente proveído, informe las gestiones avanzadas con la finalidad de dar cumplimiento al fallo protector, esto es, deberá realizar toda actuación tendente a lograr que el seis de noviembre del presente año, se lleve a cabo el desahogo de la pericial referida. De allí que se hace prudente nuevamente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de junio pasado.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios remitidos por la Secretaria General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro y por el Presidente Auxiliar de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, mediante los cuales, en atención al requerimiento de veintiocho de septiembre del presente año, informan el cumplimiento respectivo. De lo anterior, en lo que interesa se advierte que se designó perito tercero en discordia en los autos del juicio laboral de origen y se señaló el seis de noviembre del presente año, a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de la pericial respectiva. Asimismo, tomando en consideración que cuando causó ejecutoria la sentencia y este juzgado requirió su cumplimiento -veintinueve de junio de dos mil veintitrés- la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, informó que tras ser coincidentes los peritajes rendidos en el expediente de origen, regularizó el procedimiento a efecto de que se emitiera un dictamen de un perito tercero en discordia. Es de concluirse que para dar cumplimiento al fallo emitido en el sumario en que se actúa, resulta necesario el desahogo de la pericial respectiva por cuestiones imputables a la responsable, informadas después del dictado de la sentencia. Circunstancia que es acorde con el contenido de los numerales 74, 77 y 192 de la Ley de Amparo, en los que se advierte que el establecimiento de lineamientos o medidas para dar cumplimiento al fallo protector no constituyen elementos disponibles ni discrecionales para la autoridad responsable, ni tampoco obligaciones accidentales o intrascendentes para la justicia constitucional, por el contrario, tienen como finalidad primordial lograr la reparación integral, en la medida de lo posible, de los derechos humanos violados por los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se reciba la notificación del presente proveído, informe las gestiones avanzadas con la finalidad de dar cumplimiento al fallo protector, esto es deberá realizar toda actuación tendente a lograr que el seis de noviembre del presente año, se lleve a cabo el desahogo de la pericial referida. De allí que se hace prudente nuevamente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de junio pasado.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, por el cual pretende dar cumplimiento a lo solicitado en autos, pues informa que ordenó girar oficio a la Secretaria General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, para que designe perito tercero en discordia, lo anterior con un oficio fechado el seis de septiembre de la presente anualidad. Sin embargo, esa circunstancia ya se hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional por oficio ********************, acordado en auto de doce de septiembre del presente año. Luego, tomando en consideración que cuando causó ejecutoria la sentencia -veintinueve de junio de dos mil veintitrés- y se requirió el cumplimiento, la aquí oficiante informó que tras ser coincidentes los peritajes rendidos en el expediente de origen, regularizó el procedimiento a efecto de que se emitiera un dictamen de tercero en discordia. Por tanto, si los efectos de la sentencia, en lo que interesa son: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, en el expediente laboral ********************, realice lo siguiente: Previa certificación de ley, proceder de inmediato a dictar el auto de cierre instrucción en el juicio de origen y, por ende, turnar el expediente para formular el proyecto de laudo correspondiente. (.)" En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere tanto a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, como a la Secretaría General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se reciba la notificación del presente proveído, informe las gestiones avanzadas con la finalidad de dar cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, tomando en consideración que desde el veintinueve de junio de dos mil veintitrés que causó ejecutoria la sentencia emitida en autos, la responsable tiene conocimiento de lo que debe realizar para el cumplimiento total, de allí que únicamente hace referencia a que ha emitido oficios a la Secretaria General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, para que designe perito tercero en discordia resultan insuficientes para demostrar que está en vías de cumplimiento, máxime si trata del mismo oficio de seis de septiembre del presente año; pues en todo caso deberá seguir gestionado lo necesario para desahogar la pericial que hace falta. Se considera así, porque si bien la autoridad refiere que "está en vías de cumplimiento", no demuestra actuaciones diversas a las ya informadas, de allí que se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de junio pasado.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que el término de cinco días concedido a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, concedido en auto de seis de septiembre del presente año, a efecto de que informara las gestiones realizadas con la finalidad de dar cumplimiento al fallo protector transcurrió sin que a la fecha haya informado lo correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se reciba la notificación del presente proveído, informe las gestiones avanzadas con la finalidad de dar cumplimiento al fallo protector. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de junio pasado.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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