Maria Teresa de Jesus Becerril Straffon
Expediente 1077/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Teresa de Jesus Becerril Straffon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que en resolución de seis de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado federal dictó sentencia definitiva dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, la parte tercero interesada, no se encuentra notificada de la determinación en cita. Atento a lo anterior y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena notificar a dicha parte la sentencia de seis de octubre del año en curso, a fin de que se encuentre enterada del contenido de la misma. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2, se agrega a los autos, para que obre como corresponda, el oficio del Magistrado Presidente de Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual acusa recibo de la sentencia dictada en el presente juicio. Por otra parte, como lo solicita una vez que cause ejecutoria la sentencia en comento, requiérasele a fin de que se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1077/2023-II, promovido por María Teresa de Jesús Becerril Straffon, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de sus derechos de seguridad jurídica y legalidad. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés (fojas 2 a 7) en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitido el nueve siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, María Teresa de Jesús Becerril Straffon, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se transcriben: AUTORIDAD RESPONSABLE "La SALA REGIONAL DE MORELOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, con oficinas públicas bastantes conocidas en esta ciudad". ACTO RECLAMADO "El acuerdo de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual tiene por cumplida la sentencia definitiva de 5 de septiembre de 2018 y la sentencia interlocutoria de queja de 21 de marzo de 2019". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto de diez de agosto dos mil veintitrés, este órgano judicial admitió la demanda, requirió a la autoridad responsable el informe justificado, dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señalando fecha y hora para celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. El once de agosto de dos mil veintitrés (foja 26), se emplazó a la parte tercera interesada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Morelos. CUARTO. Audiencia constitucional. Ulteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuido a una autoridad que se ubica dentro de la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estrecha relación con el contenido del diverso numeral 76 de la propia Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que en el presente juicio se reclama: De la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: El acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 53/16-24-01-2, a través del cual, se declaró cumplida la sentencia definitiva. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir informe justificado (foja 28), aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Apoya la decisión adoptada, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que además se corrobora con las constancias relativas al expediente 53/16-24-01-2, remitidas por la autoridad responsable y que en copia certificada conforman dos tomos de pruebas por separado, relativo a este juicio de protección de derechos, y a las que además se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 (Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.) y 202 (Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de /hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su artículo 2°. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, con registro 222780, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable manifiesta que se estudie la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, para determinar si la quejosa presentó la demanda fuera del plazo establecido. Es infundada dicha causal de improcedencia, toda vez que de las constancias remitidas por la propia responsable, se advierte que el acto reclamado fue notificado a la parte quejosa el treinta de junio de dos mil veintitrés; por lo que dicha notificación surtió efectos el día siguiente, esto es, el tres de julio de la presente anualidad y por ende el lapso para presentar la demanda, transcurrió del cuatro de julio al ocho de agosto de dos mil veintitrés; esto, debido a que se descontaron los días inhábiles, así como los que la autoridad responsable estuvo de vacaciones, es decir, el ocho, nueve, del quince al treinta y uno de julio, así como el cinco y seis de agosto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 279, Octava Época, Registro 207331, que dice: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DIAS INHABILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el Juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del Juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos. De igual forma, la diversa tesis de jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, página 673, Décima Época, Registro 2016279, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores." Luego, si la demanda fue presentada el ocho de agosto de dos mil veintitrés, se concluye que se encuentra dentro del plazo para promoverla; de ahí que no se actualice la causa de improcedencia hecha valer por la responsable. Por otra parte, al no existir diversa causa de improcedencia que las partes hagan valer o que este órgano de control constitucional advierta de oficio, se impone realizar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, antes de analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, a manera de antecedentes del juicio de origen se establece: 1.- Previo juicio seguido en sus etapas correspondientes, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 1 a 13 del tomo II de pruebas), se dictó sentencia definitiva en el expediente de origen 53/16-24-01-2, cuyos efectos fueron los siguientes: "Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción V, de la citada Ley, se declara la nulidad de la resolución impugnada, y se CONDENA a la autoridad demandada a que una vez que la presente sentencia quede firme, proceda a desglosar los aumentos que legalmente correspondían efectuar a la cuota diaria de pensión de la actora, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicable en la fecha que se fijó la pensión original, hasta el momento en que se cumpla la presente resolución; procediendo, en su caso, a determinar y pagar a la hoy demandante las diferencias que pudiesen resultar a favor, sin que la cuota diaria rebase el tope de 10 salarios mínimos, previsto en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 04 de enero de 1993. En consecuencia, resulta procedente que la autoridad demandada PAGUE LAS DIFERENCIAS que se generen con motivo de la aplicación de los incrementos correspondientes, debidamente actualizados conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, adicionado con los intereses que en su caso correspondan de acuerdo a los artículos 22 y 22-A del mismo ordenamiento fiscal, al considerarse dichas cantidades adeudos en favor del accionante y de acuerdo a la ejecutoria que se cumplimenta se considera que tiene el carácter de devolución a cargo del fisco federal." 2.- Posteriormente, inconforme con el cumplimiento dado por la autoridad demandada a la sentencia de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 53/16-24-01-2, María Teresa de Jesús Becerril Straffon, interpuso queja por defecto, misma que fue resuelta el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (fojas 57 a 261 del tomo II de pruebas), en la que sus efectos fueron los siguientes: "En consecuencia, esta Sala estima que la autoridad recae en cumplimiento defectuoso de la sentencia definitiva dictada por esta Sala, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracción II, inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se le otorga un término de veinte días para que tomando en consideración la constancia de evolución salarial, proceda a efectuar al pensionado hoy actor el pago de las diferencias que se generen con motivo del incremento conforme a los trabajadores en activo, al considerarse dichas cantidades adeudos en favor del accionante. Aunado a lo anterior, este Cuerpo Colegiado estima necesario reiterar que la autoridad demandada deberá pagar diferencias que se generen con la aplicación los incrementos antes expuestos, los cuales deberán actualizarse conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, adicionando los interés que en su caso correspondan de acuerdo a los artículos 22 y 22-A del mismo ordenamiento, al considerarse dichas cantidades adeudos en favor del accionante, tal y como se expuso en la sentencia emitida por esta Sala el 05 de septiembre de 2018". 3.- Después, mediante resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, emitida en el incidente de liquidación promovido por la parte actora (fojas 360 a 390 del tomo I de pruebas), se cuantificó el total del adeudo por diferencias pensionarias con actualización de interés, en la cantidad de $1,518,736.67 (un millón quinientos dieciocho mil setecientos treinta y seis pesos 67/100 Moneda Nacional). 4.- En cumplimiento a dichas resoluciones la autoridad demandada Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el oficio SP/969/2023, de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 398 a 404 del tomo II de pruebas). 5.- Finalmente en acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tuvo por cumplida la sentencia definitiva de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, así como la interlocutoria de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dictadas en el referido juicio 53/16-24-01-2 (fojas 415 a 419 del tomo II de pruebas). El anterior proveído constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". En su único concepto de violación la quejosa refiere que la resolución reclamada vulnera el principio de legalidad que debe investir todo acto de autoridad previsto en los artículos 14 y 16 Constitucional, pues se encuentra indebidamente fundada y motivada la declaración del cumplimiento de la sentencia de nulidad, bajo los siguientes argumentos: Sin mayor estudio y análisis la responsable declaró cumplida la sentencia definitiva, la resolución de queja, así como la emitida en el incidente de liquidación. La autoridad responsable debió analizar si el cálculo de las diferencias pensionarias y actualizaciones del periodo de uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, que señaló la autoridad demandada, fue correcto, esto, en términos de los artículos 17-A, 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, como esta ordenado en la sentencia; sin que haya realizado un análisis pormenorizado y contrastado. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". ".En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De los artículos transcritos, podemos señalar, que por lo que se refiere al 14 constitucional, éste contiene la prerrogativa de audiencia y tiene como parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa; es decir, otorgan al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impuesta a las autoridades. Por su parte el artículo 16 constitucional, impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan; esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustente criterio en el sentido de que todas las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales para cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben encontrarse debidamente fundamentadas y motivadas. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Número de Registro 176546, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, Página 162, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Es fundado el concepto violación expresado por la quejosa, cuando dice que la responsable debió analizar si el cálculo de las diferencias pensionarias y actualizaciones del periodo de uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, que señaló la autoridad demandada al momento de dar cumplimiento a la sentencia, fue correcto, esto, en términos de los artículos 17-A, 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, como esta ordenado en la sentencia definitiva; sin que haya realizado un análisis pormenorizado y contrastado. El artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, regula el procedimiento para lograr el cumplimiento de las sentencias emitidas en sede contenciosa administrativa, dicho numeral establece lo siguiente: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición." El artículo transcrito, bajo el estudio realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), es protector del derecho a una plena ejecución de las sentencias. Sustenta lo anterior, la tesis aislada de Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1859, Décima Época, 2004565, que dice: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]. El hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe, esto es, contra: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la citada Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del diverso 51 del indicado ordenamiento, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; 3. La omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; y, 4. El incumplimiento de la autoridad a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Es decir, la frase: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez", debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos. Ahora bien, este juzgador advierte que la autoridad administrativa no ajustó su actuar a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni al marco de regularidad constitucional, pues al momento de analizar el debido cumplimiento a su sentencia, desestimó las manifestaciones vertidas por la parte actora, aquí quejosa, toda vez que no realizó un estudio pormenorizado propio, en el que determinara el cálculo correcto de las diferencias pensionarias, actualizaciones e intereses del periodo del uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, que señaló la autoridad demandada en su oficio SP/0969/2023, de veintisiete de marzo del año en curso, esto, en términos de los artículos 17-A, 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, como esta ordenado en la sentencia. Soslayando con tal actuar, el derecho a una tutela judicial efectiva en la etapa de ejecución de sentencia, pues la autoridad administrativa, se encuentra obligada a revisar de oficio el debido acatamiento de la sentencia, de acuerdo a los efectos que en la misma se hayan precisado y bajo el esquema de cumplimiento que corresponda, según el numeral 57 de la citada ley administrativa. Esto se considera así, toda vez que los efectos de la sentencia definitiva de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, reiterados en la resolución de queja de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, determinaron que la autoridad demandada deberá pagar las diferencias que se generen con la aplicación de los incrementos correspondientes, las cuales además habrán de actualizarse conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, adicionando los intereses que en su caso correspondan de acuerdo a los numerales 22 y 22-A de la referida legislación. Por su parte, la responsable al momento de emitir el acuerdo reclamado, precisó: "sin que al efecto pasen desapercibidas las manifestaciones de la actora, en el escrito de fecha 09 de mayo de 2023, sin embargo, las mismas se encuentran encaminadas a confundir a este Órgano Colegiado, ya que la parte actora al momento de insertar las tablas denominadas "INCREMENTO CONFORME A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO" y "PENSIÓN PAGADA" pretende distraer la atención de estos juzgadores al referir que existe una diferencia entre ambas tablas, sin embargo, no se debe de perder de vista que la cuota diaria de los trabajadores en activo es mayor a la cuota de la parte actora, que por lógica puede implicar la percepción de prestación diversas que por su trabajo en activo percibe, lo que la cuota de pensión no necesariamente la va a capturar, razón por la cual el total de las percepciones no pagadas a los trabajadores en activo y el actor sean discrepantes entre sí, ya que lo de interés en el cumplimiento de la sentencia definitiva, es que el porcentaje de incremento entre el sueldo de los trabajadores en activo y lo pagado por la autoridad demandada sea el mismo. De este modo si la autoridad demandada actualizó de manera correcta la cuota diaria del actor, conforme al porcentaje de incremento que obtuvieron los trabajadores en activo, es evidente que la diferencia a favor del actor por la cantidad de $39,002.53, no debe actualizarse, toda vez que dicha diferencia, surge de la discrepancia que existe entre los sueldos de los trabajadores en activo y la cuota que percibe la parte actora. De la anterior transcripción, se desprende que el Tribunal responsable al momento de emitir el acto reclamado, refiere que la actora en el juicio de origen, pretende confundir a dicho órgano jurisdiccional, al insertar las tablas "INCREMENTO CONFORME A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO" y "PENSIÓN PAGADA", y precisar que hay una diferencia en el pago entre ambas; por lo que desestimó dicho argumento, determinando en esencia que la cuota diaria de los trabajadores en activo es mayor a la cuota de la parte actora, razón por la cual el total de percepciones pagadas al trabajador en activo y las erogadas a la parte actora son discrepantes, por lo que las diferencias no deben actualizarse. Dicha decisión la realizó sin que comprobara lo acertado o no, de las operaciones realizadas por la parte actora para demostrar el cálculo del importe de las diferencias pensionarias, su actualización, así como los intereses generados del periodo del uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; lo que además, es acorde a lo ordenado en la sentencia definitiva. Aunado a ello, el tribunal responsable, soslayó que las tablas que refiere insertó la parte actora supuestamente para confundirlo, son las mismas que insertó la autoridad demandada en el oficio SP/0969/2023, de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (foja 403 del tomo I de pruebas), con el que pretende dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el expediente 53/16-24-01-2, y fue el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (foja 404 del tomo I de pruebas), que determinó que las diferencias en el periodo del uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ascendían a la cantidad de $39,002.53 (treinta y nueve mil dos pesos 53/100 moneda nacional). Por lo que si conforme a lo expuesto por la autoridad demandada en el oficio de cumplimiento, existen diferencias a pagar a la actora del periodo de uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por la cantidad de $39,002.53 (treinta y nueve mil dos pesos 53/100 moneda nacional), y si en la sentencia definitiva, así como en la resolución de queja, se ordenó pagar las diferencias que se generen con la aplicación de los incrementos correspondientes, las cuales además deberán actualizarse conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, adicionando los intereses que en su caso correspondan de acuerdo a los numerales 22 y 22-A de la referida legislación. La autoridad responsable, estaba obligada a corroborar, con operaciones aritméticas propias, lo argumentado por la parte quejosa en el sentido de que la cantidad que resulto de las diferencias del periodo del uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, no fue actualizada, ni se le adicionaron los intereses, en términos de los artículos 17-A, 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, como estaba ordenado en la sentencia definitiva, así como en la resolución de queja; circunstancia que no realizó en el acuerdo combatido. Lo expuesto, lleva a considerar que la Sala responsable trastoca en perjuicio de la quejosa sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se concede a María Teresa de Jesús Becerril Straffon, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión publica protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. OCTAVO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que las autoridades o particulares deben adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido. Se otorga el amparo al quejoso María Teresa de Jesús Becerril Straffon, para que la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 53/16-24-01-2. Con plenitud de jurisdicción y atendiendo a lo expuesto en el considerando sexto de esta resolución, dicte una nueva determinación de manera fundada y motivada, en la que establezca si se encuentra o no colmada en sus términos la sentencia de nulidad de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, así como la interlocutoria de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, o en su caso, resuelva lo que conforme a derecho corresponda. Remita las constancias con las que acredite lo anterior. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 73 a 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARÍA TERESA DE JESÚS BECERRIL STRAFFON, respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso sexto y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria en funciones de Magistrada por Ministerio de ley a cargo de la Segunda Ponencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada de las constancias solicitadas. En razón de lo anterior, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Además, dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la responsable antes citada, fórmense por separado un anexo de pruebas, colocándole carátula de identificación de este juicio, respetando su folio y rúbricas originales. Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes
- Maria Sol Salazar Orozco358/2022
- María Soto Estrada987/2014
- María Teresa Barrera Acosta1975/2018
- María Teresa Carballo Sarmiento523/2023
- María Teresa de Jesús Becerril Straffon543/2020
- María Teresa de Jesús Becerril Straffon1381/2019
- Maria Teresa de Jesus Becerril Straffon1127/2019
- María Teresa de Jesús Becerril Straffon56/2021
- María Teresa Dominguez Rivera324/2020
- MarìA Teresa Espinoza HernàNdez1479/2021
- Maria Teresa Figueroa Deloya785/2015
- Maria Teresa Garcia Caisero645/2020