Maria Teresa Cue Zea
Expediente 1159/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Teresa Cue Zea
- Agente del Ministerio Publico Adscrito Al Juzgado Segundo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual transcribe el contenido del auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 1160/2016-F de su índice, por virtud del cual, en la parte que interesa se solicita a este juzgado la remisión de copia certificada de la boleta de turno, demanda, auto admisorio, sentencia y en su caso la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1159/2015-III y se informe el estado procesal que guarda el citado juicio de amparo; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. En consecuencia, mediante oficio en el que se inserte el presente proveído, remítase copia certificada de las constancias que se solicita, al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos y comuníquese que el juicio de garantías número 1159/2015-III, se encuentra totalmente concluido. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1159/2015, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el seis de octubre de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1159/2015-III, promovido por MARÍA TERESA CUE ZEA, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el quince de junio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada el dieciséis siguiente a este Juzgado de Distrito MARÍA TERESA CUE ZEA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todas del Estado con residencia en ésta ciudad, en su carácter de responsables ordenadoras, y como ejecutoras, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, y Subsecretario de Ingresos de la propia Secretaría, con residencia en ésa ciudad, Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado, y Notario Público Número Uno de Jiutepec, Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. El diecisiete de junio del año en curso, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que dio inicio en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de la ley que se reclama. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como lo prevé el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, además que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable por analogía la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, es necesario fijar el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional son: 1. El contenido de los artículos 77, fracciones II, IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cinco de julio de dos mil seis. 2. El cobro de las cantidades correspondientes, en aplicación de las normas citadas con antelación, por concepto de pago por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado, del contrato de compraventa, así como de mutuo con interés y garantía hipotecaria, contenidos en el instrumento notarial 9,826, otorgado ante la fe del Notario Público Número Uno de Jiutepec, Morelos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso del Estado de Morelos, consistentes la discusión, aprobación y expedición del contenido de los artículos 77 fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cinco de julio de dos mil seis; toda vez que así lo manifestó por conducto del presidente de su mesa directiva al rendir informe con justificación. También son ciertos los actos reclamados del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la sanción, promulgación, refrendo y publicación, respectivamente, de las citadas normas impugnadas, pues se advierte que les atañen, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dichas autoridades. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". CUARTO. No es cierto el acto de aplicación del artículo 77 fracciones II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cinco de julio de dos mil seis. Lo anterior es así, toda vez que las porciones normativas del precepto legal que se reclama, disponen: "ARTÍCULO 77. Los derechos por el Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: .II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves; sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación, el catastral, avalúo bancario o de la factura: 12.0 al millar; sin que en ningún caso el pago sea inferior a un día de salario mínimo general vigente en el Estado; .IV. Por contratos de hipoteca celebrados por Instituciones de Crédito, Seguros, o de Fianzas, sobre el importe de las operaciones: 5.0 al millar;...". La primera de estas disposiciones indica que los derechos por el Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos, por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves; sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación, el catastral, avalúo bancario o de la factura: 12.0 al millar; sin que en ningún caso el pago sea inferior a un día de salario mínimo general vigente en el Estado. En tanto que la fracción IV, prevé que por contratos de hipoteca celebrados por Instituciones de Crédito, Seguros, o de Fianzas, se cobre sobre el importe de las operaciones: 5.0 al millar. Preceptos respecto de los cuales no se acreditó el acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa. Se afirma lo anterior, toda vez que del estudio de las constancias llegadas al juicio, específicamente de la copia certificada de la escritura pública 9,826, y recibo que remitió la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con número de folio 2233328, que obra a foja 65 del expediente, relativo al pago por derechos de registro público de la propiedad en relación al contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que celebró la quejosa como acreditada, contenido en el instrumento notarial que se menciona, no se advierte que se haya efectuado cobro alguno en términos de la mecánica de cobro que prevé la porción normativa que se contiene en el numeral 77 fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado, toda vez que la cantidad enterada a la autoridad hacendaria por el aludido concepto fue a razón de $64.94 (sesenta y cuatro pesos 94/100 moneda nacional), sin que se advierta que se haya aplicado el cobro a razón de cinco al millar sobre el monto del contrato de crédito otorgado, como lo prevé el citado imperativo legal. Por lo que respecta al acto de aplicación de la fracción II, del invocado artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado, el Notario Público Número Uno de Jiutepec, Morelos, manifestó que no retuvo cantidad alguna en relación al cobro de derechos de registro respecto del contrato de compraventa que celebró la parte quejosa como compradora, en virtud de haberse aplicado un subsidio fiscal del cien por ciento, por tratarse de la adquisición de una vivienda de interés social. Para acreditar su manifestación remitió copia autorizada del oficio SSI/1092/2009 (fojas 143 y 144), al que se concede eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 203, y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese orden de ideas, al no acreditarse el acto de aplicación de las fracciones II y IV del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se reclama del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría en mención, debe sobreseerse en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y estudio preferente, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar la que en la especie advierte se actualiza. Por lo que respecta al contenido de los artículos 77 fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción I, ambos de la Ley de Amparo (interpretado contrario sensu), que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Lo anterior es así, toda vez que como quedó precisado en el considerando cuarto que antecede, en la especie no se acreditó el acto de aplicación de los preceptos impugnados contenidos en el artículo 77 fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis. En estas condiciones, al no acreditarse el acto de aplicación de las disposiciones legales tildadas de inconstitucionales, debe sobreseerse por cuanto a éstas, en el presente juicio de amparo, pues conveniente explicar que el quejoso reclama la disposición legal citada, según se advierte de la demanda, con motivo de la aplicación en su perjuicio. En ese supuesto, es decir, cuando el reclamo de la norma obedece a un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que el mismo se acredite; en segundo término, que ese acto indefectiblemente materialice los supuestos de la disposición combatida; y por último, que en el acto se haya concretado expresa o implícitamente la hipótesis normativa en perjuicio del quejoso; pues de no ser así, no se justificaría la afectación que le ocasiona a su esfera jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, el Máximo Tribunal agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no son inconstitucionales, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio anterior, está contenido en la jurisprudencia Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Página: 63, Tesis: 90, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, del tenor literal siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación.". Debe señalarse que resulta necesario que se compruebe fehacientemente, la existencia de actos en los que se concrete expresa o implícitamente en perjuicio del gobernado, la hipótesis normativa que combata, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías sino, de su plena demostración. Orientan tal argumento, la tesis de la Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 199-204 Primera Parte, Página: 79, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Común: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama.". También es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Tesis: 2a./J. 71/2000, Página: 235, que se cita enseguida: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Así al no acreditarse el acto de aplicación de las porciones normativas que se reclaman, con ello se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio. Por último, conviene preciar que no es inadvertido para este juzgador que algunas de las autoridades responsables invocan la actualización de diversas causas de improcedencia, sin embargo su estudio es innecesario ya que de prosperar alguna en nada variaría el sentido de la resolución que se pronuncia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, consultable en la página 141 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." SEXTO. Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entro en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por MARÍA TERESA CUE ZEA, respecto de la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 77 fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado; que se reclamó del Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos; así como su respectivo acto de aplicación, atribuido al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Subsecretario de Ingresos de la citada Secretaría; Notario Público Número Uno de Jiutepec, Morelos y Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado, por las razones y motivos que se precisan en el considerando quinto de la resolución. SEGUNDO. Dese cumplimento al acuerdo general 29/2007, del uno de noviembre del dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes, en término de lo precisado en el último considerando de la sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria licenciada Blanca Fuentes Sánchez, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos, toda vez que el suscrito Juzgador está obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere al NOTARIO PÚBLICO UNO DE LA NOVENA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita a éste juzgado informe a éste juzgado si retuvo cantidad alguna por derecho de registro de la COMPRAVENTA celebrada en la escritura pública número 9,826 (nueve mil ochocientos veintiséis) de su protocolo, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con trece minutos del seis de octubre de dos mil quince, para que tenga verificativo. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secre7tario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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