María Teresa Cortes Montalvo
Expediente 1616/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1616/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Teresa Cortes Montalvo
Actuaciones
- Principal
MESA V-C "... Visto el estado de los autos y certificación secretarial... se desechó la demanda de garantías promovida por María Teresa Cortés Montalvo... esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de 1quja, se declara que dicho auto ha causado estado... archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
MESA V-C "... Agréguese el oficio y anexo procedente de la Juez Civil de la Villa de Etla, Oaxaca; mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 39/2015, que se le envió para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificara a la parte quejosa MARÍA TERESA CORTÉS MONTALVO, el proveído de siete de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual, se desechó la demanda de garantía promovida por la agraviada aludida. Dése de baja en el libro de gobierno. Ahora bien, como de la razón asentada por el Ejecutor adscrito a dicho juzgado, se advierte que no localizó el domicilio que señaló la parte quejosa citada, para oír y recibir notificaciones; hágase la notificación del proveído de siete de noviembre de dos mil catorce (fojas 18 a 24); así como las subsecuentes mediante lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo..."
- Principal
MESA V-C "... Vistos los autos, se advierte que el Juez Primero Civil de Primera Instancia de la Villa de Etla, Oaxaca, no ha devuelto el despacho 39/2015 librado el nueve de enero de dos mil quince, a efecto de que notificara a la quejosa, el auto de siete de noviembre de dos mil catorce... Por tanto, requiérase a la autoridad judicial de referencia, en el plazo de tres días, lo devuelva diligenciado o manifieste el impedimento legal que tuviere para ello..."
- Principal
MESA V-C "... Vista la demanda de amparo promovida por María Teresa Cortés Montalvo, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Oaxaca, con sede en esta ciudad y otra autoridad; presentada el seis del actual tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, como en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, con el juicio de amparo indirecto 1616/2014. En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. La promovente de amparo reclama el oficio de veintidós de octubre de dos mil catorce, folio 219001/410100/1.4/CIVIL-PENAL/1659, suscrito por el Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos dependiente del Departamento Contencioso de la Delegación Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual hace del conocimiento del adeudo con motivo del cobro indebido de la pensión por viudez a nombre del extinto Silva Piotrowsky Felipe, por la cantidad de $77,046.50 (setenta y siete mil cuarenta y seis pesos, cincuenta centavos, moneda nacional); asimismo, requiere el pago por dicho adeudo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, el último de los preceptos, interpretado en sentido contrario; dichos normativos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo". (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Se invocan en apoyo, por su contenido y por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis y jurisprudencia siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Tesis 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Marzo de 1999, Novena Época, materia administrativa). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". (Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época). Los artículos, tesis y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, los parámetros que deben satisfacerse para considerar que un acto emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: 1. La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra consonancia con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, donde se establece que autoridad es la que la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; por tanto, el juicio de amparo resultara notoriamente improcedente cuando se promueva contra actos de algún funcionario que no tenga el carácter de autoridad. Ahora bien, existen distintos tipos de relación que pueden darse en la actividad del Estado: De supra a subordinación, supraordinación y coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad; lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De ahí que, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características, como ya vimos, son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En consecuencia, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. En la especie, la promovente de amparo reclama el oficio de veintidós de octubre de dos mil catorce, folio 219001/410100/1.4/CIVIL-PENAL/1659, suscrito por el Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos dependiente del Departamento Contencioso de la Delegación Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual hace del conocimiento del adeudo con motivo del cobro indebido de la pensión por viudez a nombre del extinto Silva Piotrowsky Felipe, por la cantidad de $77,046.50 (setenta y siete mil cuarenta y seis pesos, cincuenta centavos, moneda nacional); asimismo, requiere el pago por dicho adeudo. Ahora, el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia que forma parte de la administración pública federal paraestatal y cumple con una función consistente en la prestación del servicio público de seguridad social, y en algunos casos, en sustitución de los patrones en las obligaciones de seguridad social que originalmente, respecto de sus trabajadores, corresponden a ellos. Así, se ha considerado que tiene reconocido un doble carácter: 1. Organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y 2. Ente asegurador en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Desde esa perspectiva son dos las funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige; y otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. Así las cosas, el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, establece: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De lo anterior se advierte que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Como se aprecia, los actos que reclama la quejosa derivan de la prestación vinculada a la función del instituto como ente asegurador. Luego, si el oficio de veintidós de octubre de dos mil catorce, folio 219001/410100/1.4/CIVIL-PENAL/1659, suscrito por el Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos dependiente del Departamento Contencioso de la Delegación Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, es planteado por un asegurado o beneficiario respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, la actuación en relación con el trámite no es un acto de autoridad. En ese supuesto dicha Jefatura Delegacional no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, pues la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), en su actuación en torno al cobro indebido de la pensión por viudez. Se invocan en apoyo, por su contenido y por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, las jurisprudencias siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." (Jurisprudencia 2a./J. 134/2011 que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del Tomo XXXIV, mes de Septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." (Jurisprudencia 2a./J. 211/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2009, visible en la página 303 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Administrativa, 2a./J. 211/2009, Novena Época, Registro: 165782) Con el propósito de poner en claro tal conclusión, conviene acotar que hasta antes de la vigencia de la actual Ley de Amparo, en nuestro sistema jurídico mexicano se siguió la idea de que para la procedencia del juicio de amparo, era no indispensable sino en realidad inexcusable la presencia de un acto derivado del poder público como tal, precisamente, porque el juicio de amparo, desde su génesis, fue concebido como un medio de control constitucional de los actos de esa clase de poder, que, desde luego, se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a nuestra carta magna. Desde luego, la existencia de este requisito limitaba a los particulares la posibilidad de acudir al juicio de amparo, atento a que condicionaba su procedencia legal a que el acto emanara, justamente, de un acto de autoridad con las características propias de un ente dotado de poder público, lo que de suyo permitía que muchos de esos actos escaparan del examen constitucional del juicio de amparo. Sin embargo, esa limitación fue atenuada con la vigencia de la actual Ley de Amparo, porque la procedencia del juicio de amparo se abrió para abarcar no sólo actos de autoridad como ente dotado de imperio o poder público, sino también actos de particulares, tal como expresamente se advierte en el artículo 5° fracción II, de ese ordenamiento jurídico. Como es fácil advertir, la incorporación de actos realizados por particulares al espectro de procedencia del juicio de amparo, tuvo como propósito abrir nuevas posibilidades de impugnación de actos a través de la vía constitucional. Empero, aunque la intención del legislador es palpable al respecto, que, se insiste, no es otra más que abrir un abanico más amplio de impugnación de actos por medio del juicio de amparo, lo cierto es que la procedencia de este juicio respecto de actos de particulares no es irrestricta o ilimitada, sino que, por disposición expresa del propio legislador, quedó condicionada al supuesto en que esos actos de particular, por su naturaleza o efectos, resulten equivalentes a los de una autoridad o ente del poder público. Esto no significa otra cosa más que aun cuando el legislador abrió la posibilidad legal de introducir los actos de particulares a la procedencia del propio juicio de amparo, no se olvidó de la génesis de este juicio, que no es sino un medio de control constitucional de actos derivados de entes cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad, tan es así que en la última porción normativa del artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, el legislador estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos que se equiparen a los de autoridad y las funciones estén determinadas en una norma general. Con esto queda claro que el concepto de autoridad para el efecto de la procedencia del juicio de amparo, debe concebirse, por general, por exclusión de los actos de particulares, salvo que esos actos, por su naturaleza y efectos, sean equivalentes a los de una autoridad, lo cual es jurídicamente razonable si se toma en cuenta que la naturaleza, antecedentes y la evolución del juicio de amparo, apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, de ahí que resulte necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es dable atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace acerca de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con tal teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en el propio plano, o sea, en igualdad, motivo por el cual para resolver sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o bien, contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, con lo cual, desde luego, hay una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior al de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, las cuales, por cierto, se regulan por el derecho público, que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por el actuar de los órganos del Estado, entre los que figura, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, se destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la carta magna prevé una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, porque el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los propios tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, o sea, por encima de los particulares, las cuales se regulan también por el derecho público que contempla mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que se destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, previstas en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. Importa destacar que para definir el concepto de autoridad responsable hay que distinguir las relaciones jurídicas, para lo cual se debe examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que, desde luego, tiene como condición que el propio promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, Septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones y acuerdos, el que indica y, por autorizadas para tal efecto, a las personas que menciona; pues no tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones en calle Camino Real, manzana 6, lote 6, Los Molinos Santiago Etla, Oaxaca, San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, Código Postal 68263; con fundamento en los artículos 27 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento despacho al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, encomiende a quien corresponda realice lo siguiente: 1. Notifique personalmente el contenido del presente auto, a la parte quejosa María Teresa Cortés Montalvo, en el domicilio citado; para tal efecto remítase copia autorizada de la presente determinación. 2. Requiera a la promovente para que el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio en esta ciudad, donde reciba sus notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista de acuerdos, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de la materia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias, contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE POR DESPACHO A LA PARTE QUEJOSA..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA MARÍA TERESA CORTÉS MONTALVO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DICTADO EL 14 DE ABRIL DE 2015. CONSTE.)
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