María Teresa Contreras Gaxiola

Expediente 245/2023 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
245/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • María Teresa Contreras Gaxiola
  • Luis Carlos Martínez Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Amparo en revisión

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso del índice de este Tribunal Federal, por el que se le remitió testimonio de la sentencia dictada en el presente asunto y los anexos correspondientes. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, por lo que se remitió el testimonio de dicha sentencia a la autoridad recurrida, cuyo acuse de recibo se acuerda por este auto; en consecuencia, archívese este juicio de amparo como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de control. Por ello, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 12, 14, fracción II y 17, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este expediente es susceptible de ser CONSERVABLE, debido a que no contiene relevancia documental, ni documentos originales.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de tres días que establece el numeral 104, de la Ley de Amparo, para que la quejosa hiciera valer el recurso de reclamación que prevé dicho precepto legal en contra del proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, en el que este Tribunal Federal, declara que legalmente carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por María Teresa Contreras Gaxiola y Héctor Ricardo Favela Contreras, en su carácter de coherederos de la sucesión a bienes de Héctor Federico Favela García; por tanto se declara firme el acuerdo referido, en tal virtud, remítase la demanda de amparo y sus anexos al Juzgado de Distrito el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, solicitando el acuse de recibo respectivo, para estar en posibilidad de archivar el presente asunto. Ahora bien, visto el escrito de cuenta mediante el cual Víctor Manuel Palacios Hidalgo, quien se ostenta abogado patrono de la parte tercera interesada en el juicio natural, esencialmente solicita que se declare firme la incompetencia decretada en este asunto y se remita el expediente al Juez de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta, sin mayor proveído, toda vez que el ocursante no tiene reconocida la personalidad que ostenta como abogado patrono de la parte tercera interesada en el juicio natural, en el presente juicio de amparo directo; aunado a ello, en acuerdo de veinte de abril anterior, este Tribunal Federal se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, determinación que en esta fecha se declara firme, ordenándose la remisión del citado juicio al Juzgado de Distrito el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, para que se provea lo que en derecho proceda.

  3. Amparo en revisión

    ...este Tribunal Federal ACEPTA LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA, declinada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, para conocer del amparo en revisión interpuesto por Javier Ruiz Peña autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Luis Carlos Martínez Contreras, en contra de la resolución el quince de junio de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, en el juicio de amparo indirecto 546/2022-IV. Lo considerado, salvo lo que determine el Pleno de este Tribunal Colegiado en el momento procesal oportuno. Esto es así, debido a que se estima que de las constancias enviadas se advierte que el acto reclamado, consiste en la omisión, tanto del Notario Público como de la Titular del Archivo General de Notarías del Estado de México, de autorizar la escritura pública catorce mil novecientos sesenta y siete, consistente en el contrato de compraventa, mutuo con interés y garantía hipotecaria, esto, ante la falta de firma y sello del Notario Cuarenta y Tres que en su momento la elaboró y con ello, la falta de anotación preventiva y definitiva, así como, la inscripción en el Instituto de la Función Registral; en tanto que, la escritura pública cuyas formalidades se cuestionan, para efectos de su autorización e inscripción, inciden en actos de naturaleza civil, pues en ella se contiene la eventual formalización de un contrato de compraventa, además, de uno de mutuo con interés y garantía hipotecaria. Lo considerado, en la medida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se fija conforme a la naturaleza del acto reclamado sin tomar en consideración la calidad formal o material de la autoridad que, en su caso, haya emitido el acto. En ese sentido, al margen del carácter formal de las autoridades responsables, lo contundente es que las omisiones que se les atribuyen, están relacionados con el derecho civil, ya que al emitir determinaciones vinculadas con actos u omisiones en torno a la anotación preventiva, y en su caso, definitiva de la referida escritura, se atiende no sólo a actuaciones desde el plano administrativo, sino a elementos y normas reguladas en la legislación civil que repercuten en la situación jurídica que guarda el inmueble cuya propiedad defiende el recurrente, y por ende, en el patrimonio de éste, dado que como lo afirma, el aludido inmueble aún se encuentra inscrito a nombre de su vendedora; y con esto pierde importancia que la actividad de las responsables sea materialmente administrativa; de ahí que se sostiene la competencia aceptada de manera precedente. Es aplicable en el caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro P./J. 13/2020 (10a.); Décima Época; materia común; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO, DICTADOS POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA POR ESTIMAR QUE LA RESPONSABLE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE INCIDE EL ACTO RECLAMADO Y, EN SU CASO, A LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES CONSIDERADAS COMO RESPONSABLES. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron sobre el Tribunal Colegiado de Circuito competente para conocer del recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de desechamiento de la demanda dictado por un Juez de Distrito con competencia mixta al estimar que no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. La Segunda Sala determinó que la competencia para conocer del recurso de queja interpuesto contra el auto que desecha la demanda o del recurso de revisión contra la sentencia que decrete el sobreseimiento, en ambos casos por estimar que no se está ante actos de autoridad, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia administrativa, pues de ese modo al resolverse el conflicto no se prejuzgará sobre el fondo de ese medio de defensa atendiendo al criterio residual previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que se actualicen los supuestos de excepción establecidos en las fracciones II del artículo 50 y III del diverso 51 de ese ordenamiento legal; en cambio, la Primera Sala sostuvo que para determinar qué Tribunal Colegiado de Circuito es el competente para conocer de un recurso de queja interpuesto contra la determinación del Juez de Distrito que desecha la demanda por estimar que no se está ante actos de autoridad, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las señaladas como responsables. Criterio jurídico: De la interpretación sistemática de los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se sigue que la competencia para conocer de un recurso de queja contra el auto de desechamiento de la demanda o de un recurso de revisión contra la sentencia que decreta el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito con competencia mixta, por estimar que la responsable no es autoridad para efectos del juicio de amparo, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia en la que incide el acto reclamado y, en su caso, a la naturaleza de las autoridades consideradas como responsables. Justificación: Aun cuando la Primera Sala no abordó la problemática relativa a la competencia para conocer del recurso de revisión respectivo, a fin de generar seguridad jurídica sobre el criterio que debe prevalecer, el estudio contempló los Tribunales Colegiados de Circuito que deben conocer tanto del recurso de queja como del recurso de revisión interpuestos contra el acuerdo que desecha la demanda y decreta el sobreseimiento en el juicio, respectivamente. Para determinar la competencia por materia del Tribunal Colegiado de Circuito que debe conocer de un recurso de queja interpuesto contra el auto de desechamiento de la demanda o de un recurso de revisión contra el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito con competencia mixta, por estimar que las responsables no son autoridades para efectos del juicio de amparo debe atenderse, en principio, a la naturaleza del acto reclamado. Complementariamente, podrá considerarse la naturaleza de las autoridades estimadas como responsables respecto de las cuales no se hubiera desechado la demanda de amparo o sobreseído en el juicio, toda vez que en algunos casos no basta con atender a la naturaleza del acto reclamado." Con fundamento en los artículos 81, 82, 84, 86, 88, y 91, de la Ley de Amparo, SE ADMITE el amparo en revisión interpuesto por Javier Ruiz Peña autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Luis Carlos Martínez Contreras, en contra de la resolución de quince de junio de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, en el juicio de amparo indirecto 546/2022-IV. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92, de la Ley de Amparo vigente, notifíquese lo anterior por medio de LISTA al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, conforme a lo dispuesto por los numerales 5, fracción IV, 26, fracción III, de la ley de la materia; haciéndole de su conocimiento que queda a su disposición copia del escrito de agravios en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Colegiado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 82, de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista a la contraparte de la recurrente el presente auto admisorio, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, si a sus intereses conviene interponga revisión adhesivo. Es aplicable por analogía al caso la Jurisprudencia visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia (s) Común, Página 5, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO ADHESIVO Y ALEGATOS. EN EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES CONVENIENTE QUE SE SEÑALE DE MANERA EXPRESA LA POSIBILIDAD QUE TIENEN LAS PARTES DE PROMOVERLO O FORMULARLOS Y EL PLAZO PARA TAL EFECTO. De la interpretación del artículo 181 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén el principio de interpretación más favorable a la persona y el derecho de acceso a la justicia, deriva que, para garantizar que en un solo juicio se resuelva acerca de la totalidad de las violaciones procesales aducidas tanto por la quejosa, como por el promovente de la demanda de amparo adhesivo, y en aras de otorgar certeza respecto de las prerrogativas de cada una de las partes involucradas en el juicio de amparo directo, es conveniente señalar expresamente en el auto admisorio que éstas pueden formular alegatos o interponer amparo adhesivo y el plazo para tal efecto; sin embargo, es importante destacar que, en caso de que no se realice el señalamiento indicado, ello no afecta la validez del referido auto admisorio, ya que la precisión en comento deriva de la propia Ley de Amparo. Ahora, cuando se realice la notificación por lista del auto admisorio mencionado, se tendrá la certeza de que las partes conocen la prerrogativa con la que cuentan, y así lograr concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias. Además, la notificación del acuerdo admisorio de la demanda de amparo al tercero interesado en el juicio debe efectuarse por medio de lista, porque no es la primera notificación, ya que ésta la constituye la diversa que realiza la autoridad responsable para emplazarlo al juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 178, fracción II, de la ley de la materia." Toda vez que la parte quejosa señala un domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado dentro de la residencia de este Tribunal Colegiado; en consecuencia, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, practíquensele en dicho domicilio, con fundamento en la parte conducente de los artículos 26 y 29, de la Ley de Amparo vigente. En ese sentido, por lo que hace a las personas que Javier Ruiz Peña autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Luis Carlos Martínez Contreras, señala como autorizados para oír y recibir notificaciones en el escrito de cuenta, no ha lugar a tenerlos por designados, pues el promovente no puede sustituirse o delegar tales facultades a un tercero. En atención a la solicitud de la parte promovente y, toda vez que se encuentra registrada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, consulta de expedientes con el nombre de usuario "willians15", con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación mediante su citado nombre de usuario. En consecuencia, se ordena a la Oficial Judicial "A" Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este Tribunal Federal, para que de inmediato proceda a la captura de los datos del citado usuario en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes. Respecto del correo electrónico que proporciona, únicamente se le tiene como medio de contacto no procesal. Conforme con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos adscritos a la Secretaría de Acuerdos, y demás personal de este Tribunal Colegiado que tenga intervención en la formación de este expediente para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo al acuerdo respectivo incorporarlas al expediente impreso. Sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Finalmente, conforme a una interpretación sistemática de los artículos 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ordenan realizar versiones públicas de las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de las partes que tienen el derecho para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, lo cual, deben manifestarlo de manera expresa a este Órgano Jurisdiccional, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa en el presente asunto, conlleva al no otorgamiento de su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibida la razón de imposibilidad suscrita por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de la cual se advierte la imposibilidad de notificar a los quejosos MARÍA TERESA CONTRERAS GAXIOLA y HÉCTOR RICARDO FAVELA CONTRERAS, en su carácter de coherederos de la sucesión intestamentaria a bienes de HÉCTOR FEDERICO FAVELA GARCÍA, el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual este Tribunal Federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos la razón de imposibilidad de mérito para los efectos legales conducentes y, toda vez que en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, no se pudo llevar a cabo la notificación a que se refiere la actuación de cuenta, notifíquese el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, ésta y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal a la parte quejosa por medio de la lista que se publica en este Tribunal Federal, con fundamento en lo dispuesto en la parte conducente del artículo 26 y 29, de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese mediante lista electrónica y personalmente a la parte quejosa MARÍA TERESA CONTRERAS GAXIOLA y HÉCTOR RICARDO FAVELA CONTRERAS, en su carácter de coherederos de la sucesión intestamentaria a bienes de HÉCTOR FEDERICO FAVELA GARCÍA el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "...se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado y remite la demanda de amparo promovida por MARÍA TERESA CONTRERAS GAXIOLA y HÉCTOR RICARDO FAVELA CONTRERAS, en su carácter de coherederos de la sucesión intestamentaria a bienes de HÉCTOR FEDERICO FAVELA GARCÍA, en contra de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 61/2023, de su índice, mediante la cual se revocó la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de remoción de albacea. Fórmese y regístrese el expediente impreso y electrónico respectivo con el número de Amparo Directo 245/2023. Ahora bien, este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, declara que legalmente carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por MARÍA TERESA CONTRERAS GAXIOLA y HÉCTOR RICARDO FAVELA CONTRERAS, en su carácter de coherederos de la sucesión intestamentaria a bienes de HÉCTOR FEDERICO FAVELA GARCÍA, en contra de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 61/2023, de su índice, mediante la cual se revocó la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de remoción de albacea. Por tanto, con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo con sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, a quien se estima le compete el conocimiento de la demanda de mérito, de conformidad con el precepto 37, del ordenamiento legal antes invocado, en atención a que la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado Federal. En efecto, el juicio de amparo directo que se tramita ante los Tribunales Colegiados de Circuito, procede en términos del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo vigente, contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras aquéllas que deciden el juicio en lo principal y por las segundas, las que sin decidirlo lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Esto es así, debido a que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 61/2023, de su índice, en donde se resolvió: "PRIMERO. Resultó esencialmente fundado el recurso de apelación hecho valer por MARÍA BÁRBARA FAVELA GONZÁLEZ, en consecuencia: SEGUNDO. Se REVOCA la sentencia interlocutoria de fecha siete (07) de noviembre de dos mil veintidós (2022), dictada por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, para quedar en definitiva en los siguientes términos: "(.) PRIMERO. Por los argumentos vertidos en el cuerpo del presente fallo, se declara improcedente el INCIDENTE DE REMOCIÓN DE ALBACEA intentado por MARÍA TERESA CONTRERAS GAXIOLA y HÉCTOR RICARDO FAVELA CONTRERAS, en contra de MARÍA BÁRBARA FAVELA GONZÁLEZ, por lo que, se le absuelve de la prestación reclamada; SEGUNDO. No se hace condena en costas en este incidente. TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (.)" TERCERO. No se hace especial condena en costas en esta instancia, por no estar el caso en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y con el testimonio del presente fallo y sus notificaciones, devuélvanse los autos originales al juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido." Como es de verse, el acto reclamado no decide el juicio en lo principal, ni lo da por concluido, lo cual no constituye una sentencia definitiva, al no resolver en lo principal y de manera definitiva el juicio de origen. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, de la Ley de Amparo, una vez que se declare firme la presente determinación, se ordena remitir la demanda de amparo con sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, a quien se estima le compete el conocimiento de la demanda de mérito, de conformidad con el precepto 37, del ordenamiento legal antes invocado, en atención a que la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado Federal. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de Tribunal Colegiado; en consecuencia, las notificaciones aún las personales se le practicarán por medio de lista electrónica, con fundamento en la parte conducente de los artículos 26 y 29, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, toda vez que la notificación del presente acuerdo debe ser personalmente y, tomando en cuenta que en la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como domicilio el despacho ubicado en calle Berriozábal número 7, Colonia Tlalnepantla Centro, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y como dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este Tribunal Colegiado; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al TRIBUNAL COLEGIADO MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO (NAUCALPAN) EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, tenga a bien ordenar a quien corresponda, notifique la presente determinación a los quejosos MARÍA TERESA CONTRERAS GAXIOLA y HÉCTOR RICARDO FAVELA CONTRERAS, en su carácter de coherederos de la sucesión intestamentaria a bienes de HÉCTOR FEDERICO FAVELA GARCÍA; habilitando para tal efecto días y horas inhábiles; asimismo, deberá requerirles para que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, dentro del término improrrogable de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de mérito, señale un domicilio procesal que se ubique dentro de la residencia de este Tribunal, apercibido que de no hacerlo así, sin mayor proveído, las subsecuentes notificaciones, aún las de índole personal que se ordenen en el presente expediente le serán practicadas por medio de lista; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 29 de la Ley de Amparo aplicable. Por lo que hace a las personas que señala como autorizadas, se les reconoce dicho carácter en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, limitación que subsiste hasta en tanto se acredite que pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho, y su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; ello, sin perjuicio de que aquellas personas que ya tengan sus cédulas profesionales registradas podrán promover en el presente asunto en los términos más amplios que consagra el mencionado precepto legal, circunstancia que al efecto se verificará en el momento en que ocurran ante este Tribunal Colegiado. Luego, conforme con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos adscritos a la Secretaría de Acuerdos, y demás personal de este Tribunal Colegiado que tenga intervención en la formación de este expediente para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo al acuerdo respectivo incorporarlas al expediente impreso. Lo anterior, sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. En consecuencia, este Tribunal Colegiado CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda promovida por MARÍA TERESA CONTRERAS GAXIOLA y HÉCTOR RICARDO FAVELA CONTRERAS, en su carácter de coherederos de la sucesión intestamentaria a bienes de HÉCTOR FEDERICO FAVELA GARCÍA, y por tanto, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente, una vez que quede firme este auto, se ordena remitir la demanda de amparo y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda."

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