María Teresa Cid Polo
Expediente 1069/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Teresa Cid Polo
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1069/2018, del índice de este juzgado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto concluido, para los efectos legales procedentes. Finalmente, en cumplimiento en lo dispuesto en el punto Vigésimo del Acuerdos General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que signa el Actuario adscrito al Segundo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el impedimento 15/2018, en el que se resolvió: "Primero.- Se declara sin materia el impedimento formulado. Segundo.- Remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 1069/2018, de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, al Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, y sede en San Lázaro, en turno, para que se avoque a su conocimiento y resolución. En consecuencia, acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítesele al Tribunal de Alzada, que de no tener inconveniente legal alguno, una vez que tenga conocimiento del juzgado que se avocará al conocimiento del juicio de amparo, lo informe a este órgano jurisdiccional, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho proceda. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que signa el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa haber admitido el impedimento propuesto por este Juzgado de Distrito, y aplazó el dictado de la resolución correspondiente, hasta en tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncie sobre los impedimentos planteados por o respecto de jueces de Distrito; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por MARÍA TERESA CID POLO, por su propio derecho, por el que solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN y otras autoridades. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1069/2018. Del estudio integral de la demanda el suscrito juzgador se encuentra impedido para resolver el presente juicio, por las siguientes razones. El artículo 17 constitucional, dispone a la letra, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)". El precepto legal de previa transcripción, tutela el derecho fundamental de acceso a la justicia que debe impartirse a los gobernados de manera pronta, completa e imparcial. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que esas características tienen las siguientes connotaciones: Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El criterio en que se hacen estas precisiones, es la jurisprudencia número 2ª./J. 192/2007, que establece: "Novena Época Registro: 171257 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Página: 209 ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Ahora, tratándose de los funcionarios que tienen encomendada esa tarea, en los juicios de amparo, como lo son Ministros, Magistrados o Jueces del Poder Judicial de la Federación, existen ocasiones en las que la función jurisdiccional se ve limitada, afectando el requisito de imparcialidad, con el que debe actuar. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que el principio de "imparcialidad", propio del derecho de acceso a la justicia, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Igualmente, la Sala en cita ha señalado que el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: Subjetiva: que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, la cual en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y los que lo obligan a inhibirse del conocimiento del asunto sometido a su jurisdicción; y b) Objetiva: que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido, observando el marco jurídico de que se trate. La jurisprudencia reseñada es de los siguientes datos de localización, rubro y texto: "Décima Época Registro: 160309 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 1/2012 (9a.) Página: 460 IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal". Por su parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia del País ha establecido que la "imparcialidad" a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, como se ve del contenido de la jurisprudencia número 2ª./J.192/2017, transcrita en párrafos anteriores. De lo expuesto se obtiene que una de las condiciones que debe reunir el juzgador para estar en aptitud de impartir justicia, es la ausencia de hechos o circunstancias personales que le impidan ser objetivo, a fin de cumplir con el principio de imparcialidad que consigna el precepto Constitucional invocado. El legislador ha buscado asegurar el cumplimiento de la aludida característica de imparcialidad, a través de la precisión de causas de impedimento por virtud de las cuales los operadores del derecho, en el caso de incurrir en alguna de ellas, debe manifestarlo y excusarse para conocer del asunto, ya que esas causas hechos o circunstancias constituyen una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, o de titulares de las funciones jurisdiccionales; puesto que el solo hecho de actualizarse alguna causa de impedimento prevista por la ley, lleva a presumir parcialidad respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión, o incluso, un interés directo en el asunto. Así, cualquiera de esas circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto. En lo que a la Ley de Amparo concierne, el artículo 51 contempla las siguientes causas de impedimento: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: l. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." De la interpretación gramatical del precepto transcrito, se observa que en caso de satisfacerse cualquiera de los supuestos que contempla, es forzosa la excusa del funcionario, es decir, no hay lugar a la discreción del operador del derecho, para determinar si estima conveniente o no abstenerse del conocimiento del asunto, sino que el texto de la ley es claro al establecer qué: "deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento". Ello, en atención a que el legislador, le niega taxativamente idoneidad al juzgador, dando por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el invocado numeral 51 de la Ley de Amparo, a fin de garantizar la neutralidad en el proceso. Corolario de lo expuesto, el método de interpretación gramatical, utilizado para analizar el artículo 51 de la Ley de Amparo, no sólo debe prevalecer por consigna del artículo 14 Constitucional, sino que, incluso, es acorde con la interpretación teleológica del propio precepto legal, al ser claro que la finalidad de las causas por las que el operador del derecho debe inhibirse del conocimiento de ciertos asuntos, es, precisamente, para asegurar la imparcialidad en la impartición de justicia. Al respecto se invoca, por las razones que la informan, la tesis 1a. LXXll/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "Novena Época Registro: 181320 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Junio de 2004 Materia(s): Común Tesis: 1a. LXXII/2004 Página: 234 INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse "conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley", con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente." Luego si se toma en cuenta que las fracciones II y VI del artículo 51 en cita, disponen, en lo conducente, que los Jueces de Distrito "(.) deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; VI. Si figuran como parte en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento". En tanto que el artículo 5º, de la propia Ley de Amparo establece que son partes en el juicio constitucional; I. El quejoso; II. La autoridad responsable; III. El tercero interesado, y IV. El Ministerio Público Federal, al figurar como quejoso el suscrito juzgador, entre las partes de un juicio de amparo muy semejante al que aquí se acuerda; ello, lleva a colegir que si un Juez de Distrito está señalado con ese carácter en un procedimiento constitucional, similar al que le es turnado para su integración y resolución, si versa sobre un acto reclamado semejante; en ese supuesto se configuran las causales de impedimento previstas en las fracciones II y VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, que lo obligan a excusarse del conocimiento del ulterior juicio de derechos fundamentales, a fin de garantizar su imparcialidad en la resolución. En el presente caso, la hoy quejosa María Teresa Cid Polo, señala como acto reclamado el siguiente: "a. El Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales, así como los artículos transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. b. El Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en vigor a partir del martes seis de noviembre de dos mil dieciocho, en particular: B.1. Artículos Primero y Segundo Transitorios de ese Decreto. B.2. Artículo Primero por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, por consiguiente la totalidad de disposiciones normativas que derivan de ese ordenamiento (artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y demás conforme a los conceptos de violación)." El suscrito Juzgador, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante escrito presentado con fecha veintiocho de noviembre del año en curso, presenté demanda de amparo contra el acto reclamado consistente en la "Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos" por lo que se actualizan las fracciones II y VI del artículo 51 de la Ley de amparo, al estarse reclamando la misma legislación, por afectación personal, tanto del quejoso, como del suscrito. Estas razones constituyen una forma particular de incapacidad del titular de este Juzgado de Distrito llamados a asumir la calidad titular de las funciones jurisdiccionales, ya que esa función se ve limitada, y permite presumir parcialidad respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse actualizado un interés directo en el asunto, ya que figuro como quejoso en un juicio de amparo semejante al que se acuerda. Así, que se considera que tales circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto; siendo estas relaciones o intereses personales, que puedan conllevar a que exista presunción de parcialidad en el juzgador, se les ha denominado impedimentos y se encuentran previstas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, transcrito. Así, de satisfacerse cualquiera de los supuestos establecidos en el referido numeral, resulta forzosa la excusa del funcionario, a fin de asegurar una tutela de neutralidad en el juicio y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador, dando por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos ahí previstos. De igual manera, de la lectura del precepto en estudio, se aprecia que los jueces de distrito deben manifestar estar impedidos para conocer de los juicios de amparo de su conocimiento, cuando figuren como parte en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento. Lo anterior, pone en evidencia que el suscrito juzgador federal se encuentra ubicado en las causas de impedimento previstas en el artículo 51, fracciones II y VI, de la Ley de Amparo, de ahí que se estima que debo excusarme de conocer y resolver el fondo del caso en concreto, pues el suscrito tengo interés personal en el juicio de amparo indirecto en el que figuro como quejoso, donde se reclama la misma Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Decreto idéntico al que es materia en el sumario constitucional en que se actúa. Bajo esas condiciones, con base en los artículos 51, fracciones II y VI, 52 y 53, todos de la Ley de Amparo, me excuso de conocer del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 54, fracción III, inciso c), del ordenamiento legal en cita, remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Octavo Circuito, a fin de que determine lo conducente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 51, fracciones II y VI, 52 y 53, todos de la Ley de Amparo, el que suscribe Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad de Apizaco, me encuentro impedido para resolver el juicio de amparo promovido por María Teresa Cid Polo, contra los actos que reclama del Presidente de la República y otras autoridades, ya transcritos en párrafos anteriores. Por ende, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Octavo Circuito, a fin de que determine lo conducente. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que firme los oficios que deriven con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada; asimismo, se les hace de su conocimiento que tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 11 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbica; sin perjuicio de que éste Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. En observancia al artículo 3º. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expediente (FESE) asimismo, en acatamiento a los artículos 3 y 5 de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización e integración del expediente electrónico del presente asunto a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. Con copia de la demanda de amparo fórmese cuaderno de antecedentes. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la ley de la materia, se ordena realizar las notificaciones a la parte quejosa electrónicamente, agregando al presente asunto constancia de dicha notificación. Finalmente, no ha lugar a decidir sobre la suspensión de los actos reclamados solicitada, en atención al impedimento legal planteado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 53 de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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